TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2018-00344-02 (02-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 73001-33-33-009-2018-00344-02

Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: AMPARO SÁENZ MOLINA

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Tema: BONIFICACIÓN JUDICIAL - DECRETO 383 DE 2013

CUESTIÓN PREVIA

De conformidad con lo señalado en Auto del 10 de abril de 2025, por medio del cual se declaró fundado el impedimento presentado por el Doctor Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, se procede a integrar Sala con el Magistrado que sigue en turno, esto es, el Doctor José Andrés Rojas Villa.

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la entidad demandada, contra la sentencia proferida el día 31 de julio de 2024, mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora AMPARO SÁENZ MOLINA , actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio del Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentó demanda contra la NACIÓN – RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , elevando las siguientes:

PRETENSIONES

Derecho, presentó demanda contra la NACIÓN – RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , elevando las siguientes:

PRETENSIONES

“PRIMERA. - Se declare la ocurrencia del fenómeno jurídico denominado silencio administrativo negativo, por cuanto LA NACION - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIONExpediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandantes: AMPARO SÁENZ MOLINA

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

2 EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL no desató el recurso de apelación presentado el 25 de abril de 2018 interpuesto contra e l acto administrativo DESAJIB018 - 1220 del 17 de abril de 2018, y su consecuencial nulidad absoluta.

SEGUNDA: la declaratoria a través de la jurisdicción Contencioso Administrativa de la/ Nulidad absoluta del acto administrativo por ser contrario a ley y a la constitución contenido en el Oficio DSAJIBO181220 del 17 de abril de 2018 , (notificado el 23 de abril de 2018), expedido por la Dirección Seccional de Administración Judicial de esta capital, por medio del cual negó a mi mandante la señora AMPARO SAENZ MOLINA, el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelación

SAENZ MOLINA, el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelación salarial a la que tiene derecho el demandante d e conformidad con el artículo 3º, de la Ley 4ª. de 1992 correspondiente a los años 2013, 2014, 2015,2016,2017 tal como lo solicitó a través del suscrito abogado mediante escrito presentado el día 09 de abril de 2018 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital.

TERCERA .- Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral precedente, se CONDENE a LA NACION - RAMA JUDICIAL y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante como servidor de la Rama Judicial, teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3º. de la Ley 4ª. de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prestaciones económicas tales como Primas de Servicios, Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2013,2014,2015,2016,2017 y los años futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3º. de la Ley 4ª. de 1992, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del

encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aumento que se haga con base en dicha normativa, la que deberá hacerse efectiva a partir del 1°. De enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

CUARTA. - De igual modo, se ordenará la actualización de las condenas en los términos del artículo 195 del C. C. A. dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= R. H. INDICE FINAL

INDICE INICIAL

En la que el valor presente @ se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto delExpediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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3 no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoría de esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el Índice Final de Precio s al Consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha firmeza de esta providencia por el Índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso”.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS “1. Mi mandante la señora AMPARO SAENZ MOLINA presta sus servicios

aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso”.

Las anteriores pretensiones las soporta en los siguientes:

HECHOS “1. Mi mandante la señora AMPARO SAENZ MOLINA presta sus servicios a la Rama Judicial desde el 09/08/1994 a la fecha, labor que ha desempeñado en forma continua e ininterrumpida, ocupando el cargo de Profesional Universitario 14 del CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA SALA ADMINISTARTIVA - AUDITORIA de Ibagué.

2. Mi poderdante ha venido percibiendo su remuneración salarial y prestacional según lo establecido en los Decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y con base en el preceptuado en la Ley 53 de 1997.

3. Con base en la Ley 4ª. de 1992, se establecieron los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º. de esa normativa, por medio del cual el Gobierno Nacional cada año modifi cara el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º. literal a) b) y d) aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.

4. Reglamentada la ley 4ª. de 1992, el Gobierno Nacional mediante decretos anuales ha fijado la remuneración básica mensual y en general el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte especifica de la distribución de atribuciones en esta materia prevista en el literal f) numeral 19 del artículo 150 de la Constitucional.

el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público, cumpliendo con la parte especifica de la distribución de atribuciones en esta materia prevista en el literal f) numeral 19 del artículo 150 de la Constitucional.

5. El artículo 14 de la citada Ley 4ª. de 1992 señala las normas, objetivos y criterios que debe obse rvar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Nacional.

En virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante Decretos dictados anualmente, ha reglamentado la prima especial sin carácter salarialExpediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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4 prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª. de 1992 la cual se fijó con un monto del 30% de la remuneración básica d e los funcionarios judiciales en la norma relacionados, pero ello ocurrió únicamente para los Jueces, Magistrados y demás funcionarios, no sucediendo lo mismo hasta ahora para el grueso de los empleados de la Rama Judicial como en efecto lo prevé el parágrafo único del artículo 14 de la citada ley 4ª. de 1992.

Magistrados y demás funcionarios, no sucediendo lo mismo hasta ahora para el grueso de los empleados de la Rama Judicial como en efecto lo prevé el parágrafo único del artículo 14 de la citada ley 4ª. de 1992.

Es por ello, que mi mandante en su condición Profesional Universitario 14 del CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTARTIVA AUDITORIA de Ibagué., en acatamiento a lo normado, por el "Derecho a la Igualdad" con los sueldos de sus superiores tiene derecho también a que se le reconozca la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional.

8. Pues obsérvese, que la referida prima especial sin carácter de salario equivalente al 30% de la remuneración mensual para los jueces y Magistrados entre otras autoridades judiciales, ha venido siendo reglamentada por el Gobierno Nacional mediante las siguientes disposiciones: art'. 9º. del Decreto 51 de 1993; art. 9º, del Decreto 104 de 1994; artículo 7º. del Decreto 43 de 1995; art. 9º, del Decreto 34 de 1996; art. 9º, del Decreto 47 de 1997; art. 6º. del Decreto 64 de 1998; art. 9º, del Decreto 43 de 1999; art. 9º. del Decreto 2739 de 2000; art. 9º. del Decreto 1474 de 2001; art. 6º. del Decre to 673 de 2002; art. 9º, del Decreto 3568 de 2003; art. 9º. del Decreto 4171 de 2004; art. 9º. del

Decreto 1474 de 2001; art. 6º. del Decre to 673 de 2002; art. 9º, del Decreto 3568 de 2003; art. 9º. del Decreto 4171 de 2004; art. 9º. del Decreto 935 de 2005; art. 6º. del Decreto 389 de 2006; art. 6º. del Decreto 618 de 2007; art. 6°, del Decreto 658 de 2008; art. 8°, del Decreto 723 de 2009; art. 4º. del Decreto 1405 de 2010 y art. 8º. del Decreto 1039 de 2011, y actualmente por jurisprudencia de los tribunales y el Consejo de estado esta prima especial es factor salarial.

9. La ley 4 de 1992 fue expedida para regular la remuneración de los empleados de la rama judicial en desarrollo de la misma se expido el decreto 383 de 2013 el cual estableció: Se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones, El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a, de 1992, DECRETA: Artículo 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente

de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1 de enero de 2013, se percibirá" mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas,Expediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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5 así: ( ... ). PARAGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes. A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las ta blas del presente articulo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

10. La norma en cita despoja a la bonificación de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los

bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

10. La norma en cita despoja a la bonificación de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los empleados y funcionarios destinatarios de la misma. Se recorta así lo conquistado du rante el cese de actividades y contenido en el Acta de Acuerdo en cuanto a la nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992 y se desnaturaliza este mandato en cuanto ordenó al Gobierno Nacional que nivelara la remuneración de los emple ados y funcionarios de la Rama

Judicial.

11. La bonificación sin carácter salarial despoja a los servidores públicos destinatarios de la misma de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.

12. En efecto, el concepto de remuneración, en principio, es omnicomprensivo de todos los pagos que recibe el trabajador o empleado como consecuencia o contraprestación del trabajo. Con dicha expresión se designan, entonces, los pagos derivados de una rela ción laboral. Por ello, esta noción difiere sustancialmente de la de honorarios, en la que no existe vínculo laboral.

13. En conclusión, la noción de bonificación no es otra cosa, antes y después de la Carta Política de 1991, "y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un "plus" para añadir el valor del ingreso laboral del servidor." Las primas especi ales y de igual forma las

después de la Carta Política de 1991, "y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un "plus" para añadir el valor del ingreso laboral del servidor." Las primas especi ales y de igual forma las bonificaciones, pues, representan un incremento en la remuneración básica de los servidores públicos, no pudiendo asignarse otro sentido "al concepto de prima usado por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una consecuencia diferente a la de representar un incremento remuneratorio".

14. Con este actuar la NACIONRAMA JUDICIAL - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA desconoce la definición jurídica de salario que consiste en la remuneración que paga el patrono al empleado o servidor público como retribución al servicio prestado.Expediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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15. Mi mandate por intermedio del suscrito presento derecho de petición agotando vía gubernativa solicitando el pago de la bonificación como factor salarial y la dirección ejecutiva de adminis tración judicial se pronunció mediante acto administrativo DSAJIBO18 -1220 del 17 de abril de 2018, (notificado el 23 de abril de 2018), negando lo peticionado.

16. El suscrito presente recurso de apelación contra el mentado acto administrativo el 25 de abril 2018, al no responder la demandada el

de 2018, (notificado el 23 de abril de 2018), negando lo peticionado.

16. El suscrito presente recurso de apelación contra el mentado acto administrativo el 25 de abril 2018, al no responder la demandada el recurso de apelación presentado el 25 de abril de 2018 contra el acto administrativo No. DSAJIBO18-1220 del 17 de abril de 2018, (notificado el 23 de abril de 2018, quedo agotada la vía gubernativa al estar frent e al fenómeno jurídico del silencio administrativo.

17. El requisito de procedibilidad quedo agotado conforme se demuestra con la certificación dada por la procuraduría 26 delegada para asuntos administrativos.

18. Ante esta realidad se desconocieron po r parte de la demandada derechos laborales de mi representada, a los cuales tiene derecho”.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Durante el término de traslado, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, allegó contestación de la demanda1 a través de apoderado judicial , oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones enunciadas en la demanda , de igual forma, manifiesta que no le conta ninguno de los hechos y se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso de referencia.

Señaló la coexistencia de dos regímenes salariales y prestacionales en la Rama Judicial desde el 1 de enero de 1993, a saber, el de los servidores acogidos y el de los no acogidos, la parte demandada formuló oposición a las pretensiones invocadas en la demanda. En sustento de su postura, adujo

Rama Judicial desde el 1 de enero de 1993, a saber, el de los servidores acogidos y el de los no acogidos, la parte demandada formuló oposición a las pretensiones invocadas en la demanda. En sustento de su postura, adujo que la bonificación judicial consagrada en el Decreto 383 de 2013 únicamente reviste naturaleza salarial para efectos de integrar la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De igual manera, indicó que la administración judicial ha dado aplicación estricta a las disposiciones normativas vigentes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del citado decreto, motivo por el cual resultaba improcedente acceder a lo pretendido en la demanda. De conformidad con

1 Folios 100-105 del Cuaderno Principal, del Expediente Digital del JuzgadoExpediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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7 lo anterior, advirtió que cualquier decisión en sentido contrario desconocería el marco legal aplicable y podría derivar en consecuencias de orden penal, fiscal y disciplinario para la entidad.

Para finalizar, propuso como excepciones la inexistencia de perjuicios y la excepción innominada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 31 de ju lio de 2024 , el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo lo siguiente:

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En sentencia proferida el día 31 de ju lio de 2024 , el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo lo siguiente:

“(…) se colige que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria7, pues al desarrollar el contenido de la Ley que reglamenta, desbordó los limites previamente establecidos, al excluir la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales de sus ben eficiarios. Porque como se señaló, desconoció que esa nivelación debía realizarse atendiendo criterios de equidad, y no, desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiarios.

Vale resaltar que la bonificación judicial tuvo por finalidad nivelar los salarios de los empleados y jueces frente a las asignaciones de los Magistrados de Tribunal y Altas Cortes, regidos por la misma Ley 4 de

1992. En tal virtud, al solo haberse establecido como factor salarial para la base de cotización del sistema de seguridad social en pensión y salud, es evidente la transgresión de derechos fundamentales de los trabajadores, pues con ese tipo de decisiones administrativas, se desconocen los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales.

Por es e motivo, dicha norma se torna inconstitucional e ilegal; y en aplicación de los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la

los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, se declarará la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del decreto 383 de 2013, porque contrario a lo que afirma la demandada, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Merced a lo anterior , se declarará la existencia del acto ficto negativo derivado del silencio administrativo, en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011; se declarará la nulidad de los actos administrativosExpediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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8 demandados y, por ende, se accederán a las pretensiones de la demanda, en el sentido de incluir la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales (…)”.

RESUELVE:

“PRIMERO. -DECLARAR no probada la excepción denominada inexistencia de perjuicios, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. -DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 9 de abril de 2015 , conforme a lo expuesto en la parte motiva.

esta providencia.

SEGUNDO. -DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 9 de abril de 2015 , conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO.– INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL E ILEG AL la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Si stema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 383 de 2013, sus decretos modificatorios y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales, conforme se expresa en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. - DECLARAR   la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de ap elación interpuesto el 25 de abril de 2018 contra el oficio DESAJIBO 18-1220 del 17 de abril de 2018.

QUINTO. - DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio DESAJIBO 18 -1220 del 17 de abril de 2018 y en el acto ficto negativo que se generó al no resolver el recurso de apelación interpuesto el 25 de abril de 2018, como se esbozó en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO.-Como consecuencia de lo anterior y a t ítulo de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN-RAMA JUDICIALDEAJ en virtud

providencia.

SEXTO.-Como consecuencia de lo anterior y a t ítulo de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la NACIÓN-RAMA JUDICIALDEAJ en virtud de la Ley 4 de 1992, reliquidar y pagar a favor de la se ñora AMPARO SÁENZ MOLINA identificada con c édula de ciudadan ía N° 38.243.738, desde el 1 ° de enero de 2013, en los periodos que efectivamente haya estado vinculada a la Rama Judicial; todas las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 9 de abril de 2015 (por prescripción trienal), y mientras perdure su vinculación laboral con la entidad. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación.Expediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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9 Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1° de enero de 2013, deberán ser canceladas por la Rama Judicial al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de la demandante,

de la bonificación judicial como factor salarial desde el 1° de enero de 2013, deberán ser canceladas por la Rama Judicial al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor de la demandante, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles.

SÉPTIMO. –Negar las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO. - NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

NOVENO. -La demandada dará cumplimiento a esta providenc ia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.

DÉCIMO. - Ejecutoriada esta providencia sino fuere apelada archívese el expediente, previa anotación en el software de gestión.

UNDÉCIMO. - Advertir a las partes que los memoriales se recepcionarán únicamente a través de la ventanilla virtual de samai”.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL , interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque dicha decisión, manifestando que, carece de fundamentos jurídicos y fácticos suficientes, y se aparta de las disposiciones normativas aplicables.

Señala, que el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dispuesto en la sentencia, resulta contrario a lo establecido en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, los cuales limitan expresamente su carácter

Señala, que el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dispuesto en la sentencia, resulta contrario a lo establecido en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015, los cuales limitan expresamente su carácter salarial para efectos específicos de cotización al sistema de seguridad social, razón por la que dicha bonificación no puede incluirse en las reliquidaciones ordenadas, ya que esto implicaría una interpretación extensiva y errada de la normativa vigente.

Afirma, que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no accederá a lo solicitado, pues si lo hiciera claramenteExpediente: 73001-33-33-006-2021-00076-02

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10 estaría desacatando el orde namiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Asimismo, alegó que las decisiones tomadas en el fallo desconocen principios básicos del derecho administrativo, tales como la congruencia de la sentencia y el respeto al marco presupuestal establecido , puesto que cualquier reconocimiento que implique afectaciones económicas no previstas presupuestalmente vulnera lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y otras normas de orden público que exigen disponibilidad presupuestal previa para la asunción de compromisos

cualquier reconocimiento que implique afectaciones económicas no previstas presupuestalmente vulnera lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y otras normas de orden público que exigen disponibilidad presupuestal previa para la asunción de compromisos financieros por parte de las entidades públicas.

Finalmente, planteó que la decisión del juez de primera instancia incurrió en un posible fallo ultra o extra petit a, al otorgar derechos no solicitados explícitamente en la demanda. Por esta razón, solicit ó revocar las órdenes contenidas en los numerales de la sentencia que exceden las pretensiones iniciales, por cuanto estas decisiones vulneran el principio de congru encia procesal, por lo que solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante Auto del 04 de octubre de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la entidad demandada , contra la sentencia proferida el día 31 de julio de 2024, el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva.

CONSIDERACIONES

PARTE PROCESAL

Es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver la presente controversia, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Corresponde a esta Corporación determinar si a la parte demandante le asiste derecho al reconocimiento, pago y reliquidación de sus prestaciones sociales, con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, c