TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2018-00066-01 (27-02-2025)

República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Magistrado Ponente. Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ

Ibagué, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: No. 73001-33-33-009-2018-00066-01

Medio de control: REPARACION DIRECTA

Demandante: HERNÁN ANTONIO LÓPEZ Demandado: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA Referencia: Apelación de sentencia.

I. OBJETO

Se encuentran las presentes diligencias en esta Corporación a efectos de resolver el recurso de apelación promovido por el extremo demandante, en contra la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el día 28 de septiembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El señor Hernán Antonio López , a través de apoderado judicial, instauró demanda de reparación directa en contra del Municipio de San Sebastián de Mariquita, solicitando las siguientes:

II.1. DECLARACIONES Y CONDENAS

II.1.1. Declarar administrativamente responsable al Municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima, de todos y cada uno de los perjuicios materiales causado s, y que tienen que ver con las sumas adeudadas por esa entidad derivadas del contrato de arrendamiento de bien inmueble No. 0047 del 23 de febrero de 2015.

II.1.2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al Municipio de San Sebastián de

arrendamiento de bien inmueble No. 0047 del 23 de febrero de 2015.

II.1.2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al Municipio de San Sebastián de Mariquita Tolima , a pagar al señor HERNAN ANTONIO LOPEZ, la suma correspondiente a los cánones de arrendamiento entre el 21 de septiembre de 2015, hasta el 20 de mayo de 2016 , a razón de $3.671.950.20 mensuales, para un total de $29.375.601.60.

II.1.3. Que las anteriores sumas de dinero sean debidamente actualizadas.

II.2. HECHOS

Como sustento fáctico relevante la parte demandante señaló:2

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II.2.1. Entre Hernán Antonio López y el Municipio de San Sebastián de Mariquita , se celebró el contrato de arrendamiento de bien inmueble No. 0047, el 23 de febrero de 2015, cuyo objeto fue contratar el arrendamiento de la edificación ubicada en la Carrera 5ª con Calle 3ª de este municipio, para el funcionamiento del archivo central e histórico del mismo.

II.2.2. Que el pazo del contrato se fijó por 210 días calendario, y un valor de $26.320.539, que, según la cláusula sexta, corresponderían $25.703.651 al canon de arrendamiento y los restantes $616.888 al IVA asumido por el Municipio.

que, según la cláusula sexta, corresponderían $25.703.651 al canon de arrendamiento y los restantes $616.888 al IVA asumido por el Municipio.

II.2.3. Que el plazo del contrato venció el 20 de septiembre de 2015, no obstante, la entidad arrendataria no entregó el inmueble al arrendador, y por el contrario lo continuó utilizando para los mismos fines para los que lo tomó en arrendamiento.

II.2.4. Que el demandante mediante escrito fechado el 21 de noviembre de 2015, dirigido al señor alcalde de la época, Álvaro Bohórquez Osma, solicitó que se adelantaran los trámites para la nueva contratación ya fuera con él o con la nueva administración, pero a pesar del transcurso del tiempo, no se suscribió nuevo contrato y la entrega del bien se materializó solo hasta el mes de mayo de 2016, sin recibir el valor del arrendamiento, pese a los requerimientos elevados por el interesado en tal sentido.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Dentro del término de traslado , el apoderado del municipio de San Sebastián de Mariquita contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y además señaló:3

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IV. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022, resolvió:

IV. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia proferida el 28 de septiembre de 2022, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de Inexistencia de contrato estatal de conformidad con la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios enervada por el demandado Municipio de San Sebastián de Mariquita, de consuno con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por Hernán Antonio López en contra del Municipio de San Sebastián de Mariquita, según lo argumentado en esta sentencia.

TERCERO: No Condenar en Costas a la vencida, de cara a lo indicado en precedencia.

CUARTO: De no ser apelada esta providencia, se ordena el archivo definitivo del expediente correspondiente al medio de control, previo las anotaciones de rigor por secretaria.”

Para llegar a la anterior decisión el a quo consideró:4

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HERNAN ANTONIO LÓPEZ Vs. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA RAD: 009-2018-00066-01 “Ya agotados los estadios procesales previos, y conforme el acervo probatorio militante en el plenario, corresponde descender sobre el análisis y solución al caso propuesto en esta demanda, el cual teniendo en cuenta lo alegado por el promotor de esta diligencia, se analiza bajo la óptica de la teoría de la actio in rem verso, ponderándose además que, no existe acto contractual que ampare los periodos reclamados en el presente

esta demanda, el cual teniendo en cuenta lo alegado por el promotor de esta diligencia, se analiza bajo la óptica de la teoría de la actio in rem verso, ponderándose además que, no existe acto contractual que ampare los periodos reclamados en el presente asunto, como aquellos perjuicios derivados del irregular obrar contractual del Estado

En tal medida pasamos a examinar los elementos constitutivos de la responsabilidad Estatal, para lo que a continuación se relacionan:

El daño: Conforme lo argüido en el libelo genitor, el daño se estructura en la privación del uso, goce y disfrute del bien inmueble distinguido con M.I. No. 362 - 9916, de propiedad del demandante, adquirido a título de compraventa como se prueba en el plenario. (…) Así, conforme la documental obrante en archivo 03ApoderadoMarquita, se tiene que, no obstante, el contrato fue liquidado el 18 de noviembre de 2015, y su plazo termin ó el 20 de septiembre de 2015, el inmueble continúo siendo ocupado y destinado para el archivo central de la Alcaldía municipal, hasta el mes de marzo de 2016.

Por lo que puede establecer con claridad que, efectivamente hubo una ocupación del inmueble sin que mediara contrato o relación negocial legal entre las partes, desde el 20 de septiembre de 2015 y hasta el 1° de marzo de 2016, como se desprende de la certificación anotada, en la que se destaca que, la nueva sede en donde se ubica el archivo central, según contrato que fue suscrito el día 1° de marzo de 2016.

Con todo, así aparece demostrado el daño que se alega como irrogado por la activa,

archivo central, según contrato que fue suscrito el día 1° de marzo de 2016.

Con todo, así aparece demostrado el daño que se alega como irrogado por la activa, siendo que ahora corresponde examinar, si dicho daño deviene en antijuridico e imputable a la administración.

Antijuridicidad e imputabilidad a la administración: Superado este escollo, en orden a establecer la antijuridicidad del daño y su imput abilidad, a partir de la teoría de la actio in rem verso, para lo que tenemos que escudriñar al tenor de la jurisprudencia unificada por el Consejo de Estado, los supuestos (…)

Entonces, conforme lo oteado en el plenario, podemos establecer que al término del plazo indicado en el contrato No. 047 de 2015, el actor eleva solicitud adiada el 21 de noviembre de 2015 (cerca de 1 mes después de cumplido el plazo del contrato), en la que solicitó: “… me permito poner a disposición nuevamente el predio para el uso que se ha venido dando por parte de la Administración Municipal, con el fin de que se adelanten los trámites tendientes a la nueva contratación ya sea en esta o en la próxima administración.”

Dicha petición, fue respondida por la Administración Municipa l, a través de misiva adiada el 17 de diciembre de 2015, donde se informó: “De acuerdo a su solicitud me permito informarle que se notificara al equipo de empalme de la nueva Administración, con el fin de tener en cuenta el inmueble para continuar con el a rchivo de todos los documentos de la Administración Municipal.”

Asimismo, en una segunda petición elevada el 05 de enero de 2016 en la que se indicó,

con el fin de tener en cuenta el inmueble para continuar con el a rchivo de todos los documentos de la Administración Municipal.”

Asimismo, en una segunda petición elevada el 05 de enero de 2016 en la que se indicó, “… me permito poner a disposición nuevamente la casa de mi propiedad ubicada en la5

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calle 3 No. 5-01 bario La Ermita de esta municipalidad, donde hasta la fecha ha venido funcionando el archivo central e histórico municipal.”; solicitud que fue reiterada el 18 de febrero de 2016, reclamándose además: “… solicito a la persona que se designe se proceda a cancelar los cánones de arrendamiento adeudados a la fecha…”.

Frente a lo que media respuesta emitida por la Administración Municipal, según oficio No. 02443 de 06 de abril de 2016, en la que se indicó: “… me permito manifestarle que la Administración Municipal no puede reconocer ningún pago por concepto de canon de arrendamiento, ya que a la fecha no tiene ningún acto contractual suscrito con usted.”

Por lo tanto, dadas estas particularidades fácticas de este asunto, prima facie, puede descartarse los supuestos indicados en el literales b) y c) esto es, los que se refieren a “En los que es urgente y necesario adquirir bienes solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud” y a “En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria

ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud” y a “En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno”; pues claramente, dicho contrato relacionado con el arrendamiento de un inmueble destinado al archivo municipal, no guarda relación alguna con la garantización (sic) del derecho a la salud, y mucho menos se erige como una situación capaz enarbolar una urgencia manifiesta, pues no se enmarca dentro del art. 42 de la ley 80/93.

Así las cosas, solo resta examinar el supuesto establecido en el literal a) atrás reseñado, que atañe a: “Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente e n el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo”; en consecuencia, contrastadas las diligencias, al tenor del parámetro jurisprudencial evocado, para el Despacho no se encuentra a creditado de manera fehaciente que haya sido exclusivamente la administración la que hubiese constreñido o ejercido su poder superior ante el administrado para obtener el suministro de bienes o servicios en su beneficio; pues como se prueba en el proceso, vencido el plazo de ejecución pactado para el contrato No. 0047 de 2015, solo después

constreñido o ejercido su poder superior ante el administrado para obtener el suministro de bienes o servicios en su beneficio; pues como se prueba en el proceso, vencido el plazo de ejecución pactado para el contrato No. 0047 de 2015, solo después de transcurridos cerca de treinta (30) días de tal vencimiento, el contratista eleva una petición, no con el objeto que se le reintegrara su inmueble, sino que ponía a disposición de la administración municipal (saliente por cambio de periodo electoral) el bien inmueble para que continuara siendo utilizado para el archivo municipal, y es así que incluso en los meses de enero y febrero de 2016, al elevar la peticiones – el actor – ante la nueva administración municipal, reitera su voluntad de que el predio sea puesto a disposición de la administración para su uso como archivo municipal, en tanto que, solo hasta la misiva de febrero de 2016, el actor atina en reclamar el pago de unos cánones de arrendamiento vencidos por el lapso comprendido desde el vencimiento del plazo contractual.

Bajo tal egida, es claro que, si bien la administración municipal continúo haciendo uso del inmueble destinado para el archivo municipal, el cu al fue objeto de contrato de arrendamiento No. 0047 de 2015, tal uso, posterior al contrato, no estuvo amparado en acto contractual y es que recuérdese, como lo consigna la ley y lo reafirma la6

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HERNAN ANTONIO LÓPEZ Vs. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA RAD: 009-2018-00066-01 jurisprudencia, la regla general es la formalidad del contrato estatal, y como requisito

HERNAN ANTONIO LÓPEZ Vs. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA RAD: 009-2018-00066-01 jurisprudencia, la regla general es la formalidad del contrato estatal, y como requisito ad substantiam actus de este, es que debe constar por escrito, pues vale aclarar, en materia de contratación pública, no existe el contrato verbal o tácito, como así pareciera interpretarlo el actor, pues ello solo opera en el ca mpo del derecho civil (el que rige relaciones entre los particulares), que no en el derecho contencioso administrativo.”

V. RECURSO DE APELACIÓN

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia el apoderado de la parte demandante promovió recurso de apelación contra la anterior decisión, en los siguientes términos:

(…)

“Con todo respeto disiento de las razones en que se apoya el fallo recurrido para resolver en la forma como lo hizo, y que en esencia tienen que ver con el hecho de no haberse suscrito un nuevo contrato renovando el ya existente, lo que condujo a la señora Juez de Primera Instancia a declarar probada la excepción de inexistencia de contrato estatal y en consecuencia negar las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

(…) Durante el transcurso del debate probatorio, quedaron probados en primera instancia porque no existe causal que invalide lo actuado y el ente demandado no logró desvirtuar los hechos de la demanda así:

La celebración de un contrato de arrendamiento entre los señores HERNAN ANTONIO LOPEZ y el Municipio de SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, cuyo objeto fue contratar el arrendamiento de la edificación ubicada en la Carrera 5ª

La celebración de un contrato de arrendamiento entre los señores HERNAN ANTONIO LOPEZ y el Municipio de SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, cuyo objeto fue contratar el arrendamiento de la edificación ubicada en la Carrera 5ª con Calle 3ª de este municipio, para el funcionamiento del archivo c entral e histórico del mismo, así como el plazo y el valor del canon. Con esto se desvirtúa la posición del Juzgado por cuanto no es cierto que no existiera contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, esto es entre mi mandante y el Municipio demandado, quizás debió decirse que no aparece prueba escrita de su renovación, pero debe entenderse que como sucede entre particulares, los contratos de arrendamiento legalmente se renuevan de manera tácita, esto es si los contratantes no deciden otra cosa a la fecha de su vencimiento inicial.

(…)

Y es que efectivamente esto fue lo que sucedió, pero no como pretende hacerlo creer el fallo impugnado por culpa del arrendador, por cuanto que probado igualmente quedó, como lo he sostenido durante todo el debate p rocesal, que si bien el plazo del contrato se venció y debido al cambio de administración municipal, el mismo no fue renovado, también que la entidad demandada no entregó el inmueble al arrendador y por el contrario continuó utilizándolo para los mismos fi nes para los que lo tomo en arrendamiento, como fue el funcionamiento de sus archivos y documentos de su propiedad, hasta la fecha en que decidieron desocuparlo y la cual certifica el mismo ente territorial, lo que sucedió varios meses después tiempo duran te el cual siguió el ente usufructuándolo, cuando si su intención era no renovar el contrato, debió7

que decidieron desocuparlo y la cual certifica el mismo ente territorial, lo que sucedió varios meses después tiempo duran te el cual siguió el ente usufructuándolo, cuando si su intención era no renovar el contrato, debió7

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HERNAN ANTONIO LÓPEZ Vs. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA RAD: 009-2018-00066-01 proceder a desocuparlo una vez finalizó la fecha inicial y entregárselo a su arrendador.

(…)

Y es que precisamente por estas razones es que no se inició la acción como contractual, sino que se ha insistido en la ORDINARIA DE REPARACION DIRECTA (O ACCION IN REM VERSO) consagrada en el artículo 140 del C. P.

A. C. A., por cuanto que también se halla plenamente acreditado el enriquecimiento sin causa por part e del ente demandado, sin que sea aceptable pretender enrostrársele la negligencia y desidia del ente territorial al propietario del inmueble a quien fue al que de manera obligada y tácita se le impuso una carga que no tenía por qué soportar, todo por lo q ue siempre sucede en las entidades públicas y ahora como sustento de este recurso lo reitero nuevamente, como es la negligencia e inoperancia de sus servidores quienes por lo general llegan a los cargos públicos no con el fin para el que se eligen, que es servir al público, sino para satisfacer sus ambiciones personales y las de sus jefes políticos, sin que sea de recibo el argumento que se ha venido utilizando para justificar su inoperancia y oponerse a la demanda como es el no haberse renovado el contrato

público, sino para satisfacer sus ambiciones personales y las de sus jefes políticos, sin que sea de recibo el argumento que se ha venido utilizando para justificar su inoperancia y oponerse a la demanda como es el no haberse renovado el contrato de arrendamiento y más grave aún, aceptado por el fallador, lo cual tendría validez si al momento del vencimiento del contrato inicialmente suscrito, de una vez se le hubiera permitido al arrendador recuperar su inmueble, toda vez que se insiste la entida d continuo beneficiándose del mismo hasta cuando se le quiso devolver, pero sin cancelarle los cánones de arrendamiento que se causaron hasta dicha entrega, que por cierto no fue por voluntad propia, sino por la insistencia del propietario quien de manera reiterativa solicitaba o bien su entrega o la renovación del contrato, negligencia o falla para nada atribuida al arrendador como también lo pretende hacer creer la Juez de Primera Instancia, sino del ente arrendatario. Y es que también insisto en que si se pudiera aceptar lo considerado en la sentencia y si por ejemplo el señor Hernán Antonio López hubiera decidido de manera unilateral recuperar su inmueble inmediatamente no se renovó el contrato, donde quedan varios interrogantes como: Qué hubiera hecho con todos esos elementos de propiedad pública?, acaso si lo hubiera hecho no tendría que afrontar diferentes procesos, entre ellos uno grave como el penal por destruir o disponer de bienes de propiedad de la entidad pública? y muchos más que para nada fueron si quiera considerados por la juez de instancia, sino que tan solo se limitó al hecho de no existir renovación escrito del contrato de arrendamiento.

Por estas consideraciones es que como lo dejé claro en la demanda, “se insiste sí

nada fueron si quiera considerados por la juez de instancia, sino que tan solo se limitó al hecho de no existir renovación escrito del contrato de arrendamiento.

Por estas consideraciones es que como lo dejé claro en la demanda, “se insiste sí se da la figura excepcional de tal enriquecimiento sin causa, atendiendo los postulados de la línea jurisprudencial que rige sobre este tema, como es que de manera fehaciente y evidente, la situación afrontada por el accionante es por culpa exclusiva de la entidad territorial, sin su participación y sin su culpa, toda vez que, por la supremacía del ente territorial, se le impuso la carga de seguir aceptando que le ocuparan su inmueble sin renovarle el contrato, pero sí destinándolo para lo que lo venía utilizando el Municipio, por fuera del término del plazo del contrato de arrendamiento que se había suscrito entre las partes”.

(…)8

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Tampoco resulta de recibo que se le pretenda trasladar la culpa de la situación presentada al arrendador o que por su omisión fue que no se suscribió la renovación del contrato o que éste no lo ofreció nuevamente al ente territorial, si precisamente ante este hecho, de manera insistente el señor López sí acudió por todos los medios posibles, verbales y escritos ante la Alcaldía del Municipio demandado, donde finalmente se le indicó que el camino a seguir era la Conciliación, la que se intentó lográndose un acuerdo, que tampoco fue aprobado co n el mismo argumento, siendo esa la razón por la que toco instaurar la presente demanda de reparación y no la contractual.”

indicó que el camino a seguir era la Conciliación, la que se intentó lográndose un acuerdo, que tampoco fue aprobado co n el mismo argumento, siendo esa la razón por la que toco instaurar la presente demanda de reparación y no la contractual.”

VI. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación promovido por el extremo demandante fue admitido mediante proveído fechado el 16 de marzo de 20231. Luego de notificar el recurso al Procurador Judicial delegado ante esta Corporación, el 24 de abril de 2023 ingresó al Despacho para la correspondiente sentencia2.

VII. CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

Dentro del término conferido, el delegado del Ministerio Público ante esta Corporación no presentó concepto.

Al no observarse causal alguna de nulidad procesal que invalide la actuación, la Sala procede a decidir la controversia conforme a las siguientes:

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SEGUNDA INSTANCIA

VIII.1. Competencia

En primer lugar, es menester indicar que de conformidad con la cláusula general de competencia consagrada en el inciso 1º del artículo 104 del C.P.A.C.A., esta jurisdicción puede aprehender el conocimiento del presente asunto, pues se trata de una controversia originada en un hecho sujeto al derecho administrativo en el que está involucrada una entidad pública.

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es c ompetente para resolver el recurso de alzada en contra de las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera

Como corolario de lo anterior, según las voces del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es c ompetente para resolver el recurso de alzada en contra de las sentencias proferidas por los Jueces Administrativos en primera instancia y como quiera que según la regla general consagrada en el inciso 1º del artículo 243 ibídem, los fallos emitidos por los Jueces y Tribunales Administrativos son pasibles de ser apelados, es claro que esta Colegiatura es competente para dirimir el presente asunto en Sala de Decisión tal como lo prevé el artículo 125 ejusdem.

VIII.2. Definición del recurso

Conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, normativa aplicable al caso de autos por remisión expresa del canon 306 de la Ley 1437

1 Ver índice 005 aplicativo Samai. 2 ver índice 010 aplicativo Samai.9

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HERNAN ANTONIO LÓPEZ Vs. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA RAD: 009-2018-00066-01 de 2011, el estudio en esta segunda instancia se circunscribirá a la inconformidad formulada por la parte accionante en contra de la sentencia de primer grado. En este sentido, el apoderado del señor Hernán Antonio López insiste en que se celebró un contrato de arrendamiento con el Municipio de San Sebastián de Mariquita para el uso de una edificación de su propiedad como archivo central e histórico del municipio, y que el municipio continuó utilizando el inmueble para los mismos fines aún luego del vencimiento del plazo contractual, sin devolverlo al arrendador ni pagar los cánones de

uso de una edificación de su propiedad como archivo central e histórico del municipio, y que el municipio continuó utilizando el inmueble para los mismos fines aún luego del vencimiento del plazo contractual, sin devolverlo al arrendador ni pagar los cánones de arrendamiento correspondientes, motivo por el cual se configuró la renovación tácita del vínculo negocial. Sostuvo que la negligencia y desidia del municipio impusieron una carga injusta al arrendador, quien no pudo recuperar su inmueble ni recibir los pagos de arrendamiento por culpa exclusiva de la entidad pública, de manera que confluyen todos los presupuestos para que se reconozca un enriquecimiento sin causa. VIII.3. Problema jurídico

La Sala deberá determinar si en el presente caso se configuró un enriquecimiento sin justa causa a favor del Municipio de San Sebastián de Mariquita , originado en la ocupación y goce del bien inmueble ubicado en la carrera 6ª No. 3-32 Villa Holanda, sin que mediara vínculo contractual, lo que habría desencadenado un empobrecimiento injustificado del señor Hernán Antonio López.

VIII.4. Del enriquecimiento sin justa causa

La teoría del enriquecimiento sin causa parte de la concepción de justicia como fundamento de las relaciones reguladas por el derecho, bajo la cual no se concibe un traslado patrimonial entre dos o más personas sin que exista una causa eficiente y justa para ello. Por tanto, el equilibrio económico existente en una determinada relación jurídica debe afectarse — para que una persona se enriquezca y otra se empobrezca — mediante una causa que se considere ajustada a derecho.

La prohibición del enriquecimiento sin causa, principio general del derecho y fuente de

jurídica debe afectarse — para que una persona se enriquezca y otra se empobrezca — mediante una causa que se considere ajustada a derecho.

La prohibición del enriquecimiento sin causa, principio general del derecho y fuente de obligaciones, tiene un desarrollo normativo en el artículo 831 del Código de Comercio3. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado ha establecido que para que se presente deben reunirse los siguientes requisitos : 1) un enriquecimiento, esto es, una ventaja patrimonial; 2) un correlativo empobrecimiento; 3) la ausencia de una causa que justifique el desequilibrio patrimonial; 4) que el afectado no cuente con otra acción; consideraciones a las que se suma el que con su configuración 5) no se pretenda soslayar una disposición imperativa de la ley. VIII.5. De la actio in rem verso

Teniendo en cuenta que se hace referencia al enriquecimiento sin causa y a la actio in rem verso, y que, en ocasiones, se consideran la misma acepción, la doctrina diferencia tales conceptos de manera que, el primero es un principio general del derecho que prohíbe incrementar el patrimonio sin razón justificada; mientras que el segundo es la

3 Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro.10

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HERNAN ANTONIO LÓPEZ Vs. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA RAD: 009-2018-00066-01 figura procesal por medio de la cual se intenta la pretensión que reclama los efectos de la vulneración de dicho principio general4.

La actio in rem verso aparece entonces como un medio de naturaleza subsidiaria, es

figura procesal por medio de la cual se intenta la pretensión que reclama los efectos de la vulneración de dicho principio general4.

La actio in rem verso aparece entonces como un medio de naturaleza subsidiaria, es decir, sólo es procedente cuando el demandante no cuenta con ningún otro tipo de acción para pretender el restablecimiento patrimonial solicitado, luego tiene, además, un rasgo excepcional, dado que el traslado patrimonial injustificado (enriquecimiento alegado), no debe tener nacimiento u origen en n inguna de las fuentes de las obligaciones señaladas en el Código Civil; a más que se trata de un medio de carácter meramente compensatorio, esto es, que a través suyo no se puede pretender la indemnización o reparación de un perjuicio, sino que su contenid o y alcance se circunscribe al monto en que se enriqueció sin causa el patrimonio del demandado, que debe corresponder correlativamente al aminoramiento que padeció el demandante5.

Ahora bien, en sede de lo contencioso administrativo el principal asunto que ha circulado sobre el enriquecimiento sin causa es el relacionado con la ejecución de actividades en favor de una entidad estatal sin que medie un contrato entre esta y el ejecutor.

El Honorable Consejo de Estado inicialmente reconocía el carácter autónomo de la actio in rem verso cuando quiera que se pretenda la declaración del enriquecimiento sin justa causa de la parte demandada y el consecuente restablecimiento del desequilibrio patrimonial generado por tal situación, sin embargo, posteriormente la Alta Corporación en un análisis de la Sala Plena de la Sección Tercera en la Sentencia de Unificación de 19 de noviembre de 2012, exp. 24897 consolidó su c