TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2021-00034-01 (22-05-2025)

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Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación No. Interno No. 73001-33-33-009-2021-00034-01 0140-2024 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Rubén Darío Vidal Demandado Tema Nación-Departamento del Tolima-Ministerio de EducaciónFomag y otro Sanción moratoria

I. ASUNTO A DECIDIR De conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 247 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales FOM AG en contra de la sentencia fechada el 06 de diciembre de 2023, proferida por Juzgado Noveno (9°) Administrativo Oral del

Circuito de Ibagué.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones.1 “DECLARACIONES PRIMERA: Que se declare que frente a la petición presentada por intermedio de apoderado el 25-08-2020 con radicación número IBA2020ER014291 ante los convocados no se dio contestación, quedando agotada la actuación administrativa.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior se declare la nulidad del acto administrativo presunto negativo que nace a la vida jurídica por no dar contestación a la petición presentada por intermedio de apoderado el 25-08-2020 con radicación número IBA2020ER014291.

CONDENAS PRIMERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de

la petición presentada por intermedio de apoderado el 25-08-2020 con radicación número IBA2020ER014291.

CONDENAS PRIMERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se condene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL IBAGUÉ Y MUNICIPIO DE IBAGUÉ – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por expreso cumplimiento de sentencias del Tribunal Administrativo del Tolima como hoy del plan nacional de desarrollo al cumplimiento de lo CONSAGRADO EN LA LEY 244 DE 1995, SUBROGADA POR LA 1071 DE 2006 a que

1 Índice de descarga 6 SAMAI. Folio 5 a 6.Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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tiene derecho mi poderdante con efectos desde el 27/01/2020 hasta la fecha de su pago el 06/02/2020.

SEGUNDA: Se ordene que dicha liquidación sea cancelada como lo ordena la Ley 244 de 1995, subrogada por la 1071 de 2006. Un día de salario a partir del partir [SIC] DEL 27/01/2020 hasta la fecha de su pago el 06/02/2020. Por lo tanto, se condene a los demandados al pago de ($1.556.248) por el no pago cumplido de las cesantías parciales de la poderdante.

TERCERA: Ordenar el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar

demandados al pago de ($1.556.248) por el no pago cumplido de las cesantías parciales de la poderdante.

TERCERA: Ordenar el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo del salario y el pago de intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoría de la sentencia por el tiempo siguiente hasta que se cumpla su totalidad la condena demás emolumentos de conformidad con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 Código de PROCEDMIENTO Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

2. Fundamentos fácticos2.

• El señor Rubén Darío Vidal con radicación SAC IBA2019ER11333 de fecha 10/10/2019 solicitó el pago de sus cesantías parciales con destino de compra -construcción de vivienda.

• El 25 de octubre de 2019 se profiere la Resolución 1053-003395, la cual fue notificada el 08 de noviembre del mismo año, por medio del cual reconocen y pagan las cesantías solicitadas por el educador, pese a esto, el pago se hizo efectivo solo hasta el 06 de febrero de 2020.

• Debido a lo anterior, el 25 de agosto de 2020 se radica solicitud de reconocimiento y pago de la sanción mora por el no pago oportuno de las cesantías, con radicación número IBA2020ER014291.

• Con ocasión a la falta de respuesta por parte del municipio, nació a la vida jurídica un acto administrativo presunto negativo, con el que se agota la actuación administrativa.

3. Contestación de la demanda.

• Con ocasión a la falta de respuesta por parte del municipio, nació a la vida jurídica un acto administrativo presunto negativo, con el que se agota la actuación administrativa.

3. Contestación de la demanda.

• Nación-Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio3. La vocera judicial de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se opone a todas y cada una de las pretensiones, al considerar que la negativa está ajustada a derecho, así como también, indica que no es procedente que dicha entidad sea condenada al pago de la sanción moratoria en favor de la accionante, como quiera que no son responsables de la precitada sanción, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Aunado a esto, propuso como medios exceptivos los que indicó de la siguiente manera; (i) ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del fondo de

2 Índice de descarga 6 SAMAI. Fl 6. 3 Índice de descarga 16 SAMAI. Fls. 1 a 11.Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de la sanción moratoria, y (ii) el reconocimiento oficioso de alguna excepción. Ahora bien, como fundamentos facticos y jurídicos de defensa, estableció que mediante acto

Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de la sanción moratoria, y (ii) el reconocimiento oficioso de alguna excepción. Ahora bien, como fundamentos facticos y jurídicos de defensa, estableció que mediante acto administrativo de reconocimiento y pago No. 3395 del 25 de octubre de 2019, expedida por la Secretaria de Educación del Municipio, se ordenó el pago de las cesantías parciales de la demandante, las cuales fueron solicitadas el 10 de octubre de 2019, no obstante, que el ente territorial profirió la resolución de reconocimiento de la cesantía en término, es claro que se tardó más de 15 días en radicar la documentación ante la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., pues lo hizo hasta el 15 de noviembre de 2019, lo cual implica una transgresión a los términos establecidos por el legislador, en cuanto el trám ite para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales, y de ahí la necesidad de que esta entidad sea llamada a responder dentro del presente litigio.

• Municipio de Ibagué4.

Admitida la demanda, el apoderado judicial del ente territorial accionado descorrió oportunamente su traslado, oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones incoadas, al considerar que estas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que le permitan al juzgador de instancia proferir una condena en su contra, pues indica que no son la entidad encargada para reconocer y pagar la prestación de la sanción moratoria, en cuanto esto le compete al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.

le permitan al juzgador de instancia proferir una condena en su contra, pues indica que no son la entidad encargada para reconocer y pagar la prestación de la sanción moratoria, en cuanto esto le compete al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG. Luego de efectuar un recuento normativo , con el ánimo de sustentar su oposición propuso los siguientes medios exceptivos: (i) inexistencia de la obligación demandada a cargo del Municipio; (ii) falta de vicio en los Actos Administrativos que se acusan, y (iii) el reconocimiento oficioso de alguna excepción.

La sentencia apelada.5 Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, el Juzgado Noveno (9°) Administrativo del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primer grado el 06 de diciembre de 2023, la cual declaró la existencia y nulidad del acto administrativo derivado del silencio negativo del FOMAG frente a la petición radicada el 25 de agosto de 2020 mediante la que el FOMAG negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías de la demandante. Partiendo del análisis efectuado a las pruebas documentales contenidas en el sub-lite, el a-quo señaló que desde la reclamación de cesantías -presentada el 10 de octubre de 2019hasta que culminó el trámite a cargo de la entidad territorial -12 de noviembre de 2019 -, la actuación se efectuó durante el termino concedido para ello, empero, en lo que tiene que ver con la actuación a cargo del FOMAG, se advierte que una vez fue enviada por parte del ente territorial, la Resolución de reconocimiento de las cesantías parciales para pago, esto es, el 12 de noviembre

a cargo del FOMAG, se advierte que una vez fue enviada por parte del ente territorial, la Resolución de reconocimiento de las cesantías parciales para pago, esto es, el 12 de noviembre de 2019 la entidad contaba con 45 días hábiles para proceder a consignar el valor de las cesantías, término que fenecía el 17 de enero de 2020, no obstante, el valor de las cesantías fueron puestos a disposición el 27 de enero de 2020, por lo tanto, la actuación se extendió por 9 días sobrepasando el plazo legal dispuesto para el cumplimiento de la actuación bajo su cargo; deviniendo claramente, que, FOMAG es responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías de la parte demandante, como consecuencia del incumplimiento de los términos previstos para efectuar el pago, aclarando que, es solo por este periodo o lapso, frente al cual se puede responsabilizar al FOMAG por la mora que caus ó en el trámite que le correspondía.

4 Índice de descarga 18 SAMAI. Fls. 1 a 8. 5 Índice de descarga 40 SAMAI. Fls 1 a 25.Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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Finalmente advierte que, pese a que el artículo 57 de la Ley 1955 del año 2019 establece que “(…) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia

“(…) La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos event os el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías”, en el presente asunto el incumplimiento se advierte solo por parte del FOMAG al momento del desembolso del dinero, por tanto, corresponde a dicha entidad la responsabilidad del pago de la sanción moratoria.

4. Fundamentos de la impugnación.6

Con miras a sustentar su oposición, sostuvo que el demandante pretende hacer incurrir en error al Despacho de instancia, toda vez que en los hechos de la demanda se indica que la cesantía fue cancelada en fecha cierta, sin embargo, afirma que existe un margen de diferencia del pago de esta, pues es distinta la fecha en la que los dineros fueron puestos a disposición del docente, con la fecha en la se efectúa el cobro del dinero.

Argumenta que dicha información puede ser evidenciada en el certificado de pago de las cesantías expedido por la Fiduprevisora S.A, la cual fue aportada en la etapa de alegatos de conclusión.

Aunado a lo anterior, adjunta el siguiente certificado de pago de cesantía

“(…)

” Descendiendo a la contabilización del retardo, indica que, de conformidad con los antecedentes administrativos, esto es, que la solicitud de cesantía fue radicada el día 10 de octubre de 2019,

“(…)

” Descendiendo a la contabilización del retardo, indica que, de conformidad con los antecedentes administrativos, esto es, que la solicitud de cesantía fue radicada el día 10 de octubre de 2019,

6 Índice de descarga 42 SAMAI. Fls 1 a 5.Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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y que fue resuelta con la expedición de la Resolución No. 3395 del 25 de octubre del 2019, se generó un total de 4 días de mora, así:

Concluyó afirmando que la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, no es la entidad llamada a reconocer el pago de la sanción moratoria.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 12 de abril de 2024 7, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiera manifestado sobre el mismo8, ingresando al despacho para proferir sentencia9.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que corresponde a los Tribunale s Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia

grado, según voces de los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que corresponde a los Tribunale s Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces administrativos.

2. Problema jurídico.

En términos de la apelación, el problema jurídico que se plantea se contrae a establecer los días en los que se incurrió en mora, y la entidad y/o entidades responsables de pagar la sanción moratoria en razón al pago tardío de las cesantías solicitadas.

3. Tesis planteadas.

3.1. Tesis de la parte demandante.

Sostuvo que presentó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías, el 10 de octubre de 2019, a lo cual, la Secretaría de Educación Municipal expidió la Resolución 1053 -003395, siendo esta notificada el 8 de noviembre del mismo año, y haciéndose efectivo el pago hasta el 06 de febrero de 2020.

Ahora bien, expresa que el 25 de agosto de 2020 radicó solicitud de reclamación y pago de sanción moratoria, bajo radicado IBA2020ER014291, de la cual, no recibió respuesta alguna, por tanto, argumenta que mediante el acto administrativo negativo presunto que nació en razón al silencio de la entidad, los demandados están negando el pago de la sanción moratoria. Debido a esto, solicita que se declare la existencia y nulidad del precitado acto ficto o presunto se condene a los demandados al pago de la sanción mora debida.

3.2. Tesis de la parte demandada.

Debido a esto, solicita que se declare la existencia y nulidad del precitado acto ficto o presunto se condene a los demandados al pago de la sanción mora debida.

3.2. Tesis de la parte demandada.

7 Índice de descarga 50 SAMAI. Fls, 1 y 2. 8 Índice de descarga 52 SAMAI. Fl 1, 9 Índice de descarga 54 SAMAI. Fl 1.Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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• Municipio de Ibagué.

Advierte que no son la entidad encargada para reconocer y pagar la prestación de la sanción moratoria, en cuanto esto le compete al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, de conformidad con la Ley 244 de 1995, así como también, del p roveído de 2 de febrero de 2012, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la Consejera Bertha Lucia Ramírez de Páez. Sin perjuicio de lo anterior, expresa que el acto administrativo objeto de demanda no está viciado de nulidad por lo que “su vida jurídica debe ser mantenida intacta”

• Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del

Magisterio - FOMAG. Menciona que con la modificación que introducida por el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la intención del legislador fue evitar que el patrimonio autónomo Fondo de Prestaciones Sociales

Magisterio - FOMAG. Menciona que con la modificación que introducida por el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la intención del legislador fue evitar que el patrimonio autónomo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio continúe pagando de sus recursos, indemnizaciones de carácter económico por vía judicial o administrativa, “lo cual, sin lugar a dudas, comprende también la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales o definitivas de los docentes afiliados a este”. De igual forma, adjunta imagen en la que se certifica que, pese a que la fecha de expedición del acto administrativo de reconocimiento y pago se remite al 25 de octubre de 2019, y la notificación de este, al 8 de noviembre del mismo año, no es sino hasta e l 15 de noviembre de 2019 que la Fiduciaria “La Previsora S.A” recibe el acto.

3.3. Tesis del Juzgado de primera instancia.Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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Decide declarar la existencia del acto administrativo ficto producto del silencio administrativo respecto de la petición radicada el 25 de agosto de 2020 con radicados IBA2020ER014291, mediante el cual la Nación – Ministerio de Educación FOMAG y el Municipio de Ibagué, negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías del accionante, y a título de restablecimiento del derecho, ordena al FOMAG el pago de la

el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías del accionante, y a título de restablecimiento del derecho, ordena al FOMAG el pago de la indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día (9) de retardo.

3.4. Tesis del Tribunal.

De conformidad con los argumentos de disenso planteados por el recurrente, en vista de que los mismos se limitan a (i)solicitar la exclusión de responsabilidad para con el FOMAG, al alegar que el reconocimiento y pagó tardío de las cesantías es única y exclusivamente imputable la “burocracia ineficiente del ente territorial”, esto en concordancia al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, y (ii) indicar que el retardo causado equivale solo a 4 días, le corresponderá a esta Corporación modificar la sentencia proferida en primera instancia, como quiera que, la responsabilidad del pago de la sanción moratoria si recae en cabeza de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, pero solo por 4 días, como se explicará a detalle, a continuación.

4. Desarrollo de la tesis de la Sala.

4.1. Marco normativo y jurisprudencial.

• Régimen de cesantías de los docentes y la sanción moratoria por pago tardío.

La Ley 91 de 1989 no reguló el derecho de los docentes al reconocimiento y pago de esta prestación, y en esa perspectiva la sanción por mora en el pago de las cesantías es una figura creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportuno de las cesantías, pues a través del establecimiento de una sanción pecuniaria para las entidades públicas por la

creada por la Ley 244 de 1995, cuyo objetivo es proteger el pago oportuno de las cesantías, pues a través del establecimiento de una sanción pecuniaria para las entidades públicas por la demora en el pago de esta prestación, se bu scaba que estas expidieran la resolución de reconocimiento y pago en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.10 En este sentido, la Ley 244 de 1995 se ocupó de determinar los destinatarios de la sanción, fijar los términos para la liquidación; reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado; y estab lecer el término para que opere la respectiva sanción y su valor.11 Así, respecto al procedimiento y los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías, la norma indica que la administración tiene 45 días para pagar la prestación solicitada. El término comienza a correr una vez han transcurrido 15 días desde la r adicación de la petición, periodo en el que la administración debe emitir un pronunciamiento de fondo en el que reconozca o niegue el pago del auxilio de cesantía. A esos 60 días se suman 5 días más correspondientes al término de ejecutoria del acto de reconocimiento y liquidación, cuyo trámite debe agotarse en 65 días hábiles, y a partir del día 66, se reconocerá y pagará al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías. De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de

un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías. De otra parte, la Ley 1071 de 2006 modificó la Ley 244 de 1995, y precisó su ámbito de aplicación, pues mientras en la Ley 244 de 1995 establecía que los destinatarios de la norma eran los servidores públicos de todos los órdenes, en le nueva disposición s e dijo que lo eran los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus

10 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de marzo de 2007, Rad. 2000 -02513-01 (IJ) C.P. Jesús María Lemus Bustamante. 11 Artículo 1º Ley 244 de 1995.Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, y agregó que para los mismos efectos, se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma transitoria o permanente, los funcionarios y trabaj adores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Igualmente, extendió los efectos de la sanción a la demora en el trámite del retiro parcial de las cesantías, pues la Ley 244 de 1995 solo se refería a las cesantías definitivas, y mantuvo los mismos términos para el trámite de reconocimiento y pago del au xilio de cesantía, así como el valor de la sanción moratoria por retardo en su pago.

mismos términos para el trámite de reconocimiento y pago del au xilio de cesantía, así como el valor de la sanción moratoria por retardo en su pago. Debe advertirse igualmente, que con la expedición del Decreto 1272 de 2018 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, se reglamentó el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los docentes con el propósito de agilizar esos trámites y cumplir los acuerdos suscritos con FECODE el 16 de junio de 2017. El referido decreto definió el procedimiento, los plazos y responsabilidades de los actores que intervienen en el reconocimiento de las prestaciones, esto es, las entidades territoriales certificadas en educación y la sociedad fiduciaria encargada del mane jo de los recursos del FOMAG, señalando que las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas a cargo de dicho Fondo deben ser resueltas sin exceder 15 días hábiles contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario.12 Con respecto al pago de las cesantías indicó que dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación y ejecutoria del acto administrativo que reconoce las solicitudes de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la sociedad fiduciaria deb e efectuar los pagos correspondientes.13 Cabe señalar que, en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes, el Consejo de Estado profirió múltiples decisiones contradictorias, pues de un lado sostuvo que los docentes no son destinatarios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, señalando que el legislador no

contradictorias, pues de un lado sostuvo que los docentes no son destinatarios de la norma que consagra la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, señalando que el legislador no señaló expresamente que los mismos fueran beneficiarios de esta disposición, y que los docentes están cobijados por un régimen especial que no consagró la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a su favor. En otras providencias, nuestro órgano de cierre reconoció que la sanción por mora en el pago de las cesantías sí procede para miembros del magisterio, pues sostuvo que existía abundante jurisprudencia que soporta la tesis de la compatibilidad de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 con el régimen de cesantías de los docentes, por cuanto se trata de una normativa que cobija a todos los empleados y trabajadores del Estado.14 En reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo expidió la Sentencia de Unificación por Importancia jurídica Sentencia CE -SUJ-SII-012-2018, SUJ-012S2, del 18 de julio de 2018, rad. No. 73001 -23-33-000-2014-00580-01 (Número Interno: 49612015), donde se estudió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por un docente contra la Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del Tolima, y en el citado fallo sentó jurisprudencia para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, según las siguientes reglas:

12 Artículo 2.4.4.2.3.2.22.

para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, según las siguientes reglas:

12 Artículo 2.4.4.2.3.2.22. 13 Artículo 2.4.4.2.3.2.27. 14 Ver, entre otras sentencias del 8 de abril de 2008, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. No. 7300123310002004165501,Expediente No. 73001-33-33-009-2021-00034-01

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a) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corre sponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

b) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley15 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por

días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

c) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

Al identificar la precitada sentencia dos posiciones jurisprudenciales sobre el asunto, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó jurisprudencia respecto de los siguientes temas: i) La naturaleza del empleo del docente y la aplicación de la ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial, ii) la exigibilidad de la sanción moratoria, iii) el salario base de liquidación de la sanción moratoria, y iv) La incompatibilidad de la sanción moratoria con la indexación. Por su parte, la H. Corte Constitucional ha emitido varias sentencias en las que se ha pronunciado sobre el régimen de prestaciones sociales de los miembros del Magisterio; sin embargo, solo hasta la sentencia C-486 de 2016, abordó la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías a los docentes. Como antecedentes jurisprudenciales recordó que en la

embargo, solo hasta la sentencia C-486 de 2016, abordó la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías a los docentes. Como antecedentes jurisprudenciales recordó que en la sentencia C-448/1996, la Corte se pronunció sobre una demanda contra el parágrafo primero del artículo 3º de la Ley 244 de 1995. Posteriormente, en la Sentencia C-928 de 2006 la Corte se ocupó de analizar la sanción moratoria por retardo en el pago de las cesantías, explicando en aquella oportunidad que los docentes están amparados por un régimen especial de prestaciones sociales previsto en la Ley 91 de 1989, modificada por la Ley 812 de 2003. Luego, a través de la sentencia C-486 de 2016 la Corte examinó el artículo 89 de la Ley 1769 de 2015, en cuya decisión se dijo que de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales han sido considerados como servidores públicos con características especiales, y en lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación, es ap