TA TOL - Sentencia 73001-33-33-009-2021-00185-01 (15-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-009-2021-00185-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandantes: Alicides Tique Tapiero

Apoderado: Wilmer Yackson Peña Sánchez

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Apoderado: Jefher Ricardo Riaño Muñoz Tema: Diferencia salarial del 20%, prima de actividad y subsidio familiar

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de noviembre de 2022, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Alicides Tique Tapiero 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

1.1.1.1. Principales

Se declare la nulidad del acto administrativo identificado con el número 20183110965201: MDN -CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10, del 24 de mayo de 2018.

Se declare la existencia del silencio administrativo negativo y, como consecuencia

20183110965201: MDN -CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10, del 24 de mayo de 2018.

Se declare la existencia del silencio administrativo negativo y, como consecuencia de ello, la existencia de un acto ficto o presunto mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad, derivado del derecho de petición identificado con el radicado BW1CL2PBKC.

Se declare la nulidad del acto ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad, con fundamento en el derecho de petición radicado bajo el número BW1CL2PBKC.

1 Por medio de apoderado.2

1.1.1.2. Subsidiarias

En caso de no prosperar la nulidad, y conforme a lo previsto en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, pide que:

Se aplique la excepción de inconstitucionalidad, para inaplicar los actos administrativos demandados, y en su lugar se apliquen los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política, conforme al concepto de violación expuesto.

Se aplique la excepción de convencionalidad, para inaplicar los actos administrativos demandados, y en su lugar se apliquen los artículos 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al concepto de violación desarrollado.

Que, en caso de existir acto administrativo físico relacionado, se declare también su nulidad.

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al concepto de violación desarrollado.

Que, en caso de existir acto administrativo físico relacionado, se declare también su nulidad.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que el demandante ha desempeñado las mismas funciones que un soldado profesional que fue incorporado como voluntario.

Se declare que el demandante se encuentra en el mismo supuesto de hecho que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional respecto del derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad.

Se condene a la parte demandada al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir a título de salario básico mensual o asignación salarial mensual, conforme a lo establecido en la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000.

Se condene a la parte demandada al reconocimiento y pago de la prima de actividad conforme a las normas vigentes.

Se condene a la parte demandada al reconocimiento y pago del subsidio familiar con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Se ordene que la prima de actividad sea liquidada y pagada de acuerdo con los porcentajes establecidos para los oficiales y suboficiales, conforme a las normas vigentes.

Se condene a la parte demandada a reliquidar todas las prestaciones sociales y/o factores salariales, así como aquellos que no tengan naturaleza salarial, con base en un salario básico conformado por el salario mínimo legal mensual vigente aumentado en un 60%.

Se condene a la parte demandada a efectuar dichos pagos desde el año de ingreso del demandante al Ejército Nacional hasta el cumplimiento real y efectivo de la

en un salario básico conformado por el salario mínimo legal mensual vigente aumentado en un 60%.

Se condene a la parte demandada a efectuar dichos pagos desde el año de ingreso del demandante al Ejército Nacional hasta el cumplimiento real y efectivo de la presente sentencia, con intereses y actualización conforme al índice de precios al consumidor (IPC).

Se condene a la parte demandada al pago de agencias en derecho, costas procesales y demás gastos del proceso.3

Se ordene el cumplimiento de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1.1.2. Hechos

El apoderado del actor consignó de forma sucinta las siguientes circunstancias fácticas:

Indicó que el Ejército Nacional está organizado jerárquicamente, de mayor a menor rango, en: Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales.

Señaló que, antes del año 2000, los soldados eran denominados soldados voluntarios y estaban regulados por la Ley 131 de 1985.

Explicó que, en desarrollo de las disposiciones generales establecidas en la Ley 4ª de 1992, el Ejecutivo expidió el régimen salarial y prestacional para los soldados profesionales mediante el Decreto 1794 de 2000.

Agregó que, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 de 2000, el Ejecutivo también expidió el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales, contenido en el Decreto Ley 1793 del mismo año.

Precisó que dicho decreto permitió a los soldados voluntarios activos incorporarse

de 2000, el Ejecutivo también expidió el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales, contenido en el Decreto Ley 1793 del mismo año.

Precisó que dicho decreto permitió a los soldados voluntarios activos incorporarse como soldados profesionales, siempre que manifestaran su intención y fueran aprobados por los Comandantes de Fuerza.

Aclaró que, una vez incorporados, se les aplicaba integralmente el nuevo régimen, salvo en lo relacionado con la prima de antigüedad.

Indicó que el Decreto 1793 también dispuso que su ámbito de aplicación abarcaba tanto a los nuevos soldados profesionales como a los soldados voluntarios incorporados, y que, de esta manera, la carrera administrativa quedó conformada por ambas categorías.

Sostuvo que, una vez realizada la incorporación, los soldados voluntarios adquirían la condición de soldados profesionales en igualdad de condiciones frente a los nuevos.

Manifestó que el régimen dispuso que todos los soldados profesionales, incluidos los que provenían de la categoría de voluntarios, debían desempeñar las mismas funciones, tales como operaciones militares, conservación y restablecimiento del orden público, entre otras.

Afirmó que también se estableció un tratamiento igualitario en lo relacionado con el retiro, reincorporación, situaciones administrativas, programas de capacitación, vestuario, alimentación y régimen de reserva, con excepción del aspecto salarial.

Explicó que, en materia salarial, se establecieron dos esquemas de remuneración: a) para los soldados profesionales que fueron voluntarios: salario mínimo mensual incrementado en un 60% ; y, b) para los nuevos soldados profesionales (que no fueron voluntarios): salario mínimo mensual incrementado en un 40%.

a) para los soldados profesionales que fueron voluntarios: salario mínimo mensual incrementado en un 60% ; y, b) para los nuevos soldados profesionales (que no fueron voluntarios): salario mínimo mensual incrementado en un 40%.

Sostuvo que el actor fue incorporado como soldado profesional nuevo, sin haber sido soldado voluntario, y que desde su vinculación ha ejecutado las mismas4

funciones que los soldados profesionales provenientes de la categoría de voluntarios.

Adujo que tales funciones también son idénticas a las que cumplen los Oficiales y Suboficiales en lo que respecta a la prima de actividad.

Precisó que, pese a desempeñar funciones equivalentes a las de los soldados profesionales voluntarios, su representado recibe una remuneración inferior, lo que configura una situación de discriminación salarial.

Manifestó que el actor ha estado activo en condiciones equivalentes a las de los Oficiales, Suboficiales y soldados profesionales provenientes de la categoría de voluntarios, y que se encuentra en el mismo supuesto de hecho previsto para el reconocimiento y pago de la prima de actividad.

Aseguró que la entidad no le ha reconocido ni pagado dicha prima, incurriendo así en un trato discriminatorio.

Señaló que el 5 de mayo de 2018, el actor presentó derecho de petición radicado bajo el número BW1CL2PBKC, mediante el cual solicitó el reconocimiento de la diferencia salarial del 20%, el reajuste del subsidio de familia y el reconocimiento y pago de la prima de actividad.

Adujo que la entidad guardó silencio frente a las solicitudes relacionadas con la diferencia salarial y la prima de actividad, configurándose así un silencio administrativo negativo.

pago de la prima de actividad.

Adujo que la entidad guardó silencio frente a las solicitudes relacionadas con la diferencia salarial y la prima de actividad, configurándose así un silencio administrativo negativo.

Indicó que, mediante acto administrativo 20183110965201 del 24 de mayo de 2018, la entidad negó la viabilidad jurídica de reconocer el subsidio de familia con fundamento en el Decreto 1794 de 2000.

Sostuvo que los documentos solicitados en ese mismo derecho de petición no fueron entregados.

Explicó que el actor elevó una nueva solicitud a través de la página web de la entidad, identificada con el código V3BADQJ184, en la que consultó sobre las funciones y diferencias entre soldados voluntarios y profesionales.

Afirmó que la entidad solo respondió dicha petición en cumplimiento de un fallo de tutela, mediante los oficios 00383 del 30 de julio de 2018 y 20183131332691 del 13 de julio de 2018.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional expresó oposición a las pretensiones de la demanda, argumentando que los soldados voluntarios no tenían la calidad de empleados ni de servidores públicos, por lo que solo percibían una bonificación y no un salario, y no tenían derecho al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, con la expedición del Decreto 1793 de 2000, que estableció la figura del soldado profesional, se permitió que aquellos vinculados como soldados voluntarios bajo la Ley 131 de 19 85 pudieran manifestar su intención de incorporarse a esta nueva categoría, lo cual se materializó a partir del 1° de enero de 2001, ingresando

soldado profesional, se permitió que aquellos vinculados como soldados voluntarios bajo la Ley 131 de 19 85 pudieran manifestar su intención de incorporarse a esta nueva categoría, lo cual se materializó a partir del 1° de enero de 2001, ingresando a la carrera militar con el régimen prestacional correspondiente.

En ese sentido, se previó para los soldados profesionales el reconocimiento de una asignación mensual y de prestaciones sociales, beneficios a los que no tenían5

acceso quienes ostentaban previamente la condición de soldados voluntarios. La entidad precisó que, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Consejo de Estado, se ordenó el reajuste salarial del 20 % para quienes mutaron su condición a soldados profesionales, conforme a lo previsto en la norma vigente.

Sin embargo, sostuvo que en el caso concreto no existe fundamento de hecho ni de derecho que permita modificar la decisión contenida en el acto administrativo demandado, el cual -según afirmó- se encuentra ajustado a la normativa aplicable.

En cuanto a la prima de actividad, señaló que las normas prestacionales de los miembros de las Fuerzas Militares distinguen entre los sujetos beneficiarios, esto es, por un lado, oficiales y suboficiales, y por otro, soldados profesionales e infantes de marina. En consecuencia, indicó que el Decreto 1211 de 1990, por el cual se reformó el estatuto de oficiales y suboficiales, contempló el reconocimiento de la prima de actividad exclusivamente para dicho personal en servicio activo, razón por la cual esta prestación no resulta aplicable a los soldados profesionales.

Por último, respecto a la solicitud de reajuste del subsidio familiar, afirmó que no le

prima de actividad exclusivamente para dicho personal en servicio activo, razón por la cual esta prestación no resulta aplicable a los soldados profesionales.

Por último, respecto a la solicitud de reajuste del subsidio familiar, afirmó que no le resulta aplicable al accionante el contenido del Decreto 1794 de 2000 en relación con dicha partida, en virtud de la declaratoria de nulidad con efecto ex tunc del Decreto 3770 de 2009, toda vez que el derecho del actor se configuró bajo la vigencia del Decreto 1161 del 24 de junio de 2014.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2022, declaró que se había producido el fenómeno del silencio administrativo negativo en relación con la petición del 5 de mayo de 2018 presentada por la parte actora ant e la entidad accionada, en atención a los argumentos expuestos. Asimismo, negó las demás pretensiones de la demandante, conforme a lo expuesto en el acápite considerativo de esta decisión, y dispuso que no se condenaría en costas a la parte demandante.

La autoridad judicial expresó que se negarían las pretensiones del demandante, ya que no se encontró soporte legal ni judicial que las respaldara. En ese sentido, señaló que no se demostró el derecho que el actor consideraba le asistía, ya que su situación particular, derivada de su incorporación, lo obliga a someterse a los postulados del Decreto Reglamentario 1794 de 2000. Refirió que desde su vinculación, el actor ha ostentado la categoría de soldado profesional, lo que lo coloca en una situación diferente respecto a los soldados voluntarios que fueron incorporados como profesionales.

vinculación, el actor ha ostentado la categoría de soldado profesional, lo que lo coloca en una situación diferente respecto a los soldados voluntarios que fueron incorporados como profesionales.

Señaló que no se observa vulneración al principio de igualdad que justifique el reconocimiento de la prima de actividad en las mismas condiciones que los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, dado que dichos soldados no tienen el mismo nivel j erárquico, ni desempeñan las mismas funciones, ni ostentan las mismas responsabilidades que aquellos.

Finalmente, indicó que el subsidio familiar actualmente reconocido al actor por la entidad se ajusta a las normas aplicables a su situación, por lo que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo contenido en el No. 20183110965201 del 24 de mayo de 2018.

1.4. Recurso de apelación6

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia solicitando su revocatoria y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones formuladas en la demanda.

Insistió en que los soldados voluntarios incorporados como soldados profesionales constituyen el grupo relevante para el presente juicio de comparación, toda vez que pasaron de estar regidos por la Ley 131 de 1985 al Decreto 1793 de 2000, vinculándose al mismo cargo ocupado por el demandante, el único contemplado en dicha carrera administrativa: el de soldado profesional.

Sostuvo que este grupo resulta fundamental en el proceso, ya que son ellos, y solo ellos, quienes desempeñan las funciones propias de la carrera administrativa establecida por el Decreto 1793 de 2000, a la cual también pertenece el actor.

Sostuvo que este grupo resulta fundamental en el proceso, ya que son ellos, y solo ellos, quienes desempeñan las funciones propias de la carrera administrativa establecida por el Decreto 1793 de 2000, a la cual también pertenece el actor.

Subrayó que la comparación solicitada debe limitarse a los soldados que ingresaron a la carrera administrativa del Decreto 1793 de 2000 y ostentan el mismo cargo que el actor, en tanto se encuentran en condiciones equivalentes.

Precisó que, una vez identificados los sujetos comparables, corresponde analizar los presupuestos de la presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad, en su modalidad de “trabajo igual, salario igual”, así como las garantías consagradas en el artículo 53 de la Constitución, particularmente en lo relativo al “pago proporcional del trabajo”.

Manifestó que, en contraposición a lo sostenido por el fallo apelado, el Decreto 1793 de 2000 prevé un tratamiento igualitario en todos los aspectos: régimen de responsabilidades, obligaciones, funciones, retiro, situaciones administrativas, educación y salud, tanto para los soldados vinculados mediante conversión a través de las Órdenes Administrativas de Personal, como para quienes ingresaron directamente como nuevos soldados profesionales, como es el caso del demandante.

Indicó que la carrera administrativa regulada por dicho decreto es de naturaleza sui generis, en tanto no contempla ascensos, pues solo prevé un único cargo: el de soldado profesional. Afirmó que tanto el actor como los soldados voluntarios convertidos a profesionales se encuentran en ese mismo cargo, todos regidos por la misma norma –el Decreto 1793 de 2000– y vinculados con posterioridad al 1° de enero de 2000, ya sea por conversión o por ingreso directo.

convertidos a profesionales se encuentran en ese mismo cargo, todos regidos por la misma norma –el Decreto 1793 de 2000– y vinculados con posterioridad al 1° de enero de 2000, ya sea por conversión o por ingreso directo.

Aseguró que la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 003 de 2016, del 25 de agosto de 2016, no resulta aplicable al caso, ya que no aborda la igualdad de trato salarial frente a funciones idénticas. Señaló que dicha providencia no se pronunció sobre el derecho a la igualdad en su modalidad de “trabajo igual, salario igual”, ni sobre las garantías constitucionales del artículo 53 de la Constitución, en relación con la comparación entre un soldado profesional ex novo y soldados voluntarios convertidos, como ocurre en este proceso.

Agregó que la entidad demandada no demostró la existencia de un sistema de evaluación o desempeño diferenciado para los grupos comparados, ni acreditó diferencias estructurales institucionales relevantes, toda vez que todos ostentan la misma categoría de soldados profesionales.

Reiteró que, a pesar de desempeñar funciones idénticas, ambos grupos reciben remuneraciones distintas: unos perciben como salario básico el salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%, mientras que otros, como el7

demandante, reciben un incremento del 40 %, diferencia que, en su concepto, vulnera el principio de igualdad.

En consecuencia, sostuvo que la entidad demandada debió justificar la diferencia salarial acreditando que el salario recibido por el actor guarda proporcionalidad con la calidad y cantidad de trabajo aportado, y que, en igual sentido, el incremento del

En consecuencia, sostuvo que la entidad demandada debió justificar la diferencia salarial acreditando que el salario recibido por el actor guarda proporcionalidad con la calidad y cantidad de trabajo aportado, y que, en igual sentido, el incremento del 20 % otorgado a los demás soldados profesionales –provenientes de la conversión– responde a un mayor aporte laboral, lo cual no fue probado a lo largo del proceso.

En cuanto a la prima de actividad, expresó que, dado que esta tiene como finalidad premiar a quienes “permanezcan en el desempeño de sus funciones”, debería otorgarse a todo el personal que continúe ejerciéndolas, como el aquí demandante. Señaló que dicha prestación, prevista para oficiales y suboficiales, no exige el cumplimiento de una función específica ni determinada cantidad o calidad de trabajo. Por tanto, afirmó que, si el legislador no hizo distinciones, al intérprete le está vedado hacerlas. En con secuencia, reiteró que, en virtud del principio de “a trabajo igual, salario igual”, el personal activo, incluido el actor, debe percibir dicha contraprestación.

Respecto al subsidio familiar, el apelante señaló que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estuvo vigente desde el 1° de enero de 2001 hasta el 23 de junio de 2014, fecha en que fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014. Sostuvo que, conforme a dicha disposición, el segundo elemento hipotético exigido para acceder al subsidio es la existencia de una unión marital de hecho vigente dentro del período de vigencia del artículo mencionado, es decir, entre el 1° de enero de 2001 y el 23 de junio de 2014.

es la existencia de una unión marital de hecho vigente dentro del período de vigencia del artículo mencionado, es decir, entre el 1° de enero de 2001 y el 23 de junio de 2014.

Indicó que, de haberse acogido esta interpretación conforme al texto normativo, el despacho habría constatado que el demandante declaró una unión marital de hecho desde el 1° de febrero de 2011, situación vigente dentro del período exigido por la norma. Por lo tanto, dicha condición se cumplía durante el tiempo en que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estuvo en vigor.

Sostuvo que la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse sobre los cargos planteados, particularmente en relación con la excepción de inconstitucionalidad invocada para negar el subsidio familiar, como la supuesta contravención al artículo 48 de l a Constitución y la afectación al interés superior del menor, argumentos introducidos en la reforma de la demanda.

Afirmó que, al “revivir” el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 en el año 2017, este recobró vigencia y, en consecuencia, derogó tácitamente el Decreto 1161 de 2014. Agregó que esta interpretación resulta más favorable a los derechos laborales del demandante, dado que no existe en el ordenamiento jurídico una norma expresa que subrogue o derogue directamente el artículo en cuestión, lo que permite afirmar su vigencia a partir de una interpretación sistemática.

Consideró que la sentencia desconoció el principio constitucional de la condición más beneficiosa, consagrado en el artículo 53 de la Constitución, al desatender la expectativa legítima generada por el tránsito normativo en materia de seguridad

Consideró que la sentencia desconoció el principio constitucional de la condición más beneficiosa, consagrado en el artículo 53 de la Constitución, al desatender la expectativa legítima generada por el tránsito normativo en materia de seguridad social tras la expedición del Decreto 1161 de 2014. Afirmó que la decisión, además de ser contraria a la Constitución, desconoció sin justificación el precedente constitucional aplicable al caso.

Sostuvo que, para la fecha en que el demandante ingresó a la entidad demandada, el Decreto 1794 de 2000 se encontraba vigente, lo que hacía plausible la expectativa de adquirir el subsidio familiar. Afirmó que el cambio normativo introducido por el8

Decreto 1161 de 2014 frustró esa posibilidad. En su criterio, si el juez de primera instancia hubiese reconocido la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el fallo habría sido distinto. Incluso bajo una interpretación restrictiva de la s ubrogación del artículo 11, el demandante se hallaba amparado por una expectativa legítima generada durante su vigencia, lo cual le daba derecho a su reconocimiento, aunque aún no se hubiera consolidado un derecho subjetivo.

Finalmente, reprochó que el fallo no valoró el juicio de comparación con suboficiales y oficiales a quienes sí se les reconoció dicho derecho, omitiendo considerar este precedente relevante para el caso concreto.

1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 27 de febrero de 2023 , se admitió el recurso de apelación . En esta instancia, las partes y el Ministerio Público no intervinieron.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Mediante auto del 27 de febrero de 2023 , se admitió el recurso de apelación . En esta instancia, las partes y el Ministerio Público no intervinieron.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, conforme al artículo 153 del CPACA, que atribuye a los tribunales administrativos el conocimiento, en segunda instancia, de las apelaciones contra sentencias dictadas por los jueces administrativos en primera instancia.

Asimismo, esta Sala se ceñirá a lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA, y se pronunciará exclusivamente sobre los argumentos planteados por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

Conforme al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, las sentencias de primera instancia son apelables, condición que se cumple en el presente caso.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde determinar si el demandante, en su calidad de soldado profesional, tiene derecho a percibir una asignación salarial equivalente a la de los soldados voluntarios que fueron posteriormente incorporados como profesionales; si le asiste el derecho al reconocimiento de la prima de actividad en los mismos términos en que se concede a los oficiales y suboficiales del Ejército; y si le corresponde el pago del subsidio familiar conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

2.3.1. Tesis de la Sala

a los oficiales y suboficiales del Ejército; y si le corresponde el pago del subsidio familiar conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

2.3.1. Tesis de la Sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, en tanto que el demandante no tiene derecho al reajuste salarial solicitado, ni al reconocimiento de la prima de actividad, ni a la modificación en la liquidación del subsidio familiar. Asimismo, las diferencias entre el régimen jurídico aplicable al actor y el previsto para los servidores con los que pretende ser equiparado se encuentran respaldadas en un marco normativo y constitucional plenamente válido, el cual establece distinciones fundadas en criterios razonables, proporcionales y objetivos. En consecuencia, el trato diferenciado que alega el demandante no configura una vulneración del principio de igualdad, toda vez que obedece a elementos sustanciales que justifican9

su configuración normativa y, por ende, hacen improcedente la equiparación pretendida.

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Solución al primer problema jurídico sobre reajuste salarial del 20%

De acuerdo con lo acreditado en el proceso, el señor Alcides Tique Tapiero prestó servicio militar en el Ejército entre el 20 de mayo de 2004 y el 12 de noviembre de

2005. Posteriormente, se desempeñó como alumno para soldado profesional en la misma institución entre el 15 de febrero y el 19 de abril de 2008, e ingresó como soldado profesional el 20 de abril de 2008. A continuación, se transcribe el extracto de la certificación obrante en el cuaderno del expediente, en la que se sustenta lo

soldado profesional el 20 de abril de 2008. A continuación, se transcribe el extracto de la certificación obrante en el cuaderno del expediente, en la que se sustenta lo afirmado2:

Ahora bien, según lo planteado en la demanda, el actor, en calidad de soldado profesional, tiene asignadas las mismas funciones que los soldados profesionales que fueron incorporados al Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares que estaban activos an tes de su entrada en vigencia, es decir, los soldados voluntarios , pero que pese a ello se encuentra en una situación de discriminación salarial pues nunca ha recibido el salario proporcional a su trabajo.

Pues bien, en relación con el régimen de personal, salarial y prestacional aplicable a los soldados voluntarios, debe precisarse que el artículo 1º de la Ley 131 de 1985 estableció la posibilidad de que quienes hubieran prestado su servicio militar obligatorio manifestaran su voluntad de continuar vinculados a la Fuerza Pública bajo la modalidad de servicio militar voluntario. Al respecto, los artículos 1º, 2º y 3º de la citada norma disponían lo siguiente:

“Artículo 1. Sin perjuicio de las disposiciones vigentes que regulan el servicio militar obligatorio, el Gobierno podrá establecer el servicio militar voluntario dentro de los términos de esta Ley.

Artículo 2. Podrán prestar el servicio militar voluntario quienes, habiendo prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las autoridades militares podrán organizar otras modalid ades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.

prestado el servicio militar obligatorio, manifiesten ese deseo al respectivo Comandante de Fuerza y sean aceptados por él. Las autoridades militares podrán organizar otras modalid ades de servicio militar voluntario, cuando las circunstancias lo permitan.

Parágrafo 1. El servicio militar voluntario, se prestará por un lapso no menor de 12 meses.

2 SAMAI, expediente digital, archivo 041AntecedentesEjercitoNal, página 13.10

Parágrafo 2. La Planta de Personal de soldados que preste el servicio militar voluntario será establecida por el Gobierno.

Artículo 3. Las personas a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Ré