TA TOL - Sentencia 73001-33-33-010-2019-00331-02 (13-03-2025)

Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Diego Alexander Solorzano García Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 73001-33-33-010-2019-00331-02

Demandante: Diego Alexander Solorzano García

Apoderado: Andrés Felipe Bernal Quintero

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial.

Apoderado: Juan Pablo Barrera Ordoñez

Tema: Bonificación Judicial

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de abril del 2023 , proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La Demanda. (Documento 02Demanda.Pdf, expediente digital). El demandante por conducto de apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección

El demandante por conducto de apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas (Fls. 3 a 4, documento 02Demanda.Pdf, expediente digital).

Como pretensiones solicitó:

1. Declarar la nulidad del Oficio No. DESAJIBO1 8-1354 del 27 de abril del 2018, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, denegó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial.

2. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto originado como consecuencia del recurso de apelación interpuesto el 6 de junio del 2018 contra el Oficio No. DESAJIBO18-1354 del 27 de abril del 2018.

A título de restablecimiento del derecho 1.Condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley 4° de 1992, consistente en el pago de las diferencias prestacionales dej adas de percibir por concepto de prima de servicios, vacacional, de navidad, de productividad, bonificación por serviciosSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

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prestados, cesantías y demás, por los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y años subsiguientes; suma que resulta de la diferencia de lo pagado actualmente y el aumento que se haga con base en la norma citada a partir de 1 de enero de 2013.

2.Que se declare la inaplicabilidad por excepción de inconstitucionalidad, respecto a los artículos 1 del Decreto 383 de 2013, en especial el aparte del artículo 1° en cuanto a la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, por ser violatorio de algunas normas de carácter superior contenidas en el preámbulo y los artículos 4, 93 y 53 de la Constitución Nacional.

3. Que se extienda el valor de la b onificación judicial establecida en el Decreto No. 383 de 2013, para que sea incluida como factor prestacional y que se reliquide la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, primas de productividad, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos a los cuales tenga derecho el demandante.

4. Que las sumas reconocidas sean debidamente ajustadas, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 del C. de P.A y de lo C.A.

demandante.

4. Que las sumas reconocidas sean debidamente ajustadas, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 del C. de P.A y de lo C.A.

Hechos. (Fls 1 a 3, documento 02Demanda.Pdf, expediente digital). Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera sintetizada dispuso:

1. El demandante se encuentra vinculado a la Rama Judicial y ocupa en la actualidad el cargo de (Escribiente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué) desde el 4 de julio de 2017.

2. Mediante el Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensión, en ese sentido, así se le ha reconocido.

3. El 10 de abril del 2018 el demandante realizó la reclamación administrativa en el que solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

4. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio Nro. DESAJIBO1 8-1354 del 27 de abril del 2018 , negó el reconocimiento solicitado; contra dicho acto interpuso recurso de apelación el 6 de junio del 2018 , sin que a la fecha hubiere sido resuelto.

Normas violadas y concepto de la violación. (Fls. 4 a 5, documento 02Demanda.Pdf, expediente digital).

sin que a la fecha hubiere sido resuelto.

Normas violadas y concepto de la violación. (Fls. 4 a 5, documento 02Demanda.Pdf, expediente digital). Adujo como normas vulneradas los artículos 53 de la Constitución Política; Ley 4 de 1992; Ley 270 de 1996; Decreto 383 de 213; Ley 1437 de 2011, artículo 138 , Decreto 2663 de 1950, artículo 127.

Como concepto de violación, indicó que la Bonificación Judicial se creó para nivelar los salarios de los servidores públicos de la Rama Judicial , y que desde la promulgación de la Ley 4 de 1992, se reconoció un derecho adquirido, según loSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

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dispuesto en su artículo 2, literal a), que establece: "En ningún caso se podrá desmejorar sus salarios y prestaciones sociales ", respetando los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los especiales. Sostuvo que los efectos de esta bonificación han alterado la base prestacional del demandante.

Alegó que el Decreto 383 de 2013 regula la Bonificación Judicial como un emolumento prestacional mensual, constituyendo factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad en Salud. Sin embargo, afirmó que esta normativa vulnera los derechos laborales y prestacionales, por cuanto la bonificación solo se tiene en cuenta para

base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad en Salud. Sin embargo, afirmó que esta normativa vulnera los derechos laborales y prestacionales, por cuanto la bonificación solo se tiene en cuenta para realizar los descuentos de salud y pensión, y no se incluye en la liquidación de la s demás prestaciones sociales y salariales.

Señaló que se tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en el C.S del T, en su artículo 127, el cual manifiesta que salario lo constituye todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprest ación directa del servicio, como lo son primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extras, porcentajes sobreventas, comisiones, valor de trabajo en días de descanso y otros emolumentos.

Contestación de la demanda. Por auto de 16 de febrero del 2021 , el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada. (documento 11AutoAdmiteDemanda.Pdf, expediente Digital).

Surtida la notificación, se evidencia mediante constancia secretarial del 24 de junio del 2021, que la entidad demandada no contestó la demanda (Documento 15DespachoParaFijarFechaAudiencia.Pdf, expediente digital).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial No presentó concepto.

La sentencia apelada. (Documento 26Sentencia.Pdf, expediente digital). Es la proferida el 31 de octubre del 2023 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva que resolvió: i). Declarar probada de oficio parcialmente la

La sentencia apelada. (Documento 26Sentencia.Pdf, expediente digital). Es la proferida el 31 de octubre del 2023 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva que resolvió: i). Declarar probada de oficio parcialmente la excepción de cobro de lo no debido sobre las prestaciones reclamadas desde el 1 de enero del 2013 hasta el 3 de julio del 2017; ii). Inaplicar por inconstitucional e ilegal la palabra “Únicamente” contenida en la disposici ón normativa del inciso 1° del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyen, por cuanto la bonificación judicial si constituye factor salarial para la base de liquidación de todas las prestaciones sociales; iii). Declarar la existencia del acto ficto negativo que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante el 6 de junio de 2018, contra el Oficio No. DESAJIBO18 -1354 del 27 de abril del 2018; iv). Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio DESAJIBO18 -1354 del 27 de abril del 2018; v). Ordenar a la entidad demandada a reliquidar y pagar a favor del demandante todas las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial, causadas a partir del 4 de julio del 2017 y mientras perduré su vinculación laboral con la Rama Judicial, cancelando las diferencias que se generen en consecuencia de la reliquidación, actualizándolas mes a mes conforme a la fórmula establecida en la parte motiva; vi). Negar las demás pretensiones de la demanda; vii). Sin condena en costas.Sentencia 2ª Instancia

mes a mes conforme a la fórmula establecida en la parte motiva; vi). Negar las demás pretensiones de la demanda; vii). Sin condena en costas.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

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Para llegar a la anterior decisión, el juez concluyó que el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 que creó la bonificación judicial para los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vulnera el principio de legalidad. Este principio exige que todas las actuaciones administrativas se ajusten al ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en este caso; el decreto restringió indebidamente el concepto de salario al limitarlo únicamente a las cotizaciones al Sistema General de Pensiones y de Seguridad Social en Salud, excluyéndolo para l a liquidación de otras prestaciones sociales y del mismo concepto de salario, en contravención de la Constitución, la ley, la jurisprudencia y las normas internacionales ratificadas por Colombia.

En el análisis fáctico del caso, consideró que, de acuerdo con los medios de prueba aportados al proceso, como las certificaciones laborales y el contenido del acto administrativo demandado, se acredita que desde el año 2013 , la entidad demandada no consideró la bonificación judicial como parte del salario de la demandante. La administración liquidó sus prestaciones sociales y salariales con un salario básico reducido al no incluir dicha bonificación como factor salarial,

demandada no consideró la bonificación judicial como parte del salario de la demandante. La administración liquidó sus prestaciones sociales y salariales con un salario básico reducido al no incluir dicha bonificación como factor salarial, desconociendo así lo establecido en el Decreto 383 de 2013.

Recurso de apelación – parte demandada. (Documento 28Apelación10-2019-331.Pdf, expediente digital). En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, el apoderado judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló l a sentencia, argu mentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácter salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos, y que no es posi ble extender la bonificación al no constituir un factor salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto, la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el niv el central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3 ; por esta razón, se opone a dicha condena , porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias

porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional.

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicamente un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, hizo referencia nuevamente a la sentencia C-337 de 1993 proferidas por la Corte Constitucional relacionadas con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pr etensiones del demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados , y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidoresSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

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judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibi ción contenida en el artículo

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judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohibi ción contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989. Además, desconocería las reglas de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de

2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización pre supuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002 en sus artículos 22 y 23.

Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garan tice la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo que se señala como desconocido y solicitó analizar si el Juez de instancia pudo incurrir en un fallo extra petita, de ser así, que se negara todo derecho que no sea congruente con lo negado en el oficio por el cual se niega la reclamación administrativa, toda vez que en el numeral sexto se están reconociendo derechos futuros, mismo que no se habían solicitado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 21 de febrero de 2025 el recurso de apelación se

futuros, mismo que no se habían solicitado.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 21 de febrero de 2025 el recurso de apelación se admitió; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Documento 26_AutoAdmiterec_7300133330102019033_0_20250221104105169.Pdf, expediente digital).

Alegatos de conclusión.

Parte demandante: No presentó alegatos de conclusión.

Parte demandada No presentó alegatos de conclusión.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer del recurso de apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El fondo del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado se centra en determinar, si el demandante tiene derecho a que se leSentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

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reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liquida r el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidor de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. I. La Sala de Decisión estudia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 28 de abril de 2023, proferida por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva , en tanto solo le está dado al juez de la segunda instancia pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatido s por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1. Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Gregoria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Galle go Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros, Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM

Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de enero de 2011, Radicación número: 25000 -23-26-000-1997-13804 (19865), Demandante: Marleny Bermúdez Aya y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, Asunto: Recluso – Muerte en centro penitenciario / Detención preventiva – Presunción de inocencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ; Sentencia del 7 de diciembre de 2017, Radicación número: 08001 -2331-000-2009-01122-01, Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado: Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

Demandante: Seguros del Estado S.A Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, Demandado:

Seguros del Estado S.A, Asunto: Recurso de apelación – Límites.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA; Sentencia de 15 de septiembre de 2016, Radicación número: 250002324-000-2007-90177-01, Demandante: Alexander Méndez Mendoza, Demandado: Concejo de Bogotá D.C., Asunto: Acto que ha perdido fuerza ejecutoria.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

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Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so

puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

II. Por la forma como se activó el asunto y como se contestó la demanda, es dable entender que se aceptaron las estipulaciones probatorias; por lo tanto, este asunto es de puro derecho y las pruebas vertidas sirven para resolver el asunto.

III. Por otro lado, se tiene: Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad A partir de los artículos 4, 29, 209 de la Carta4, se reconoce a favor de la Jurisdicción Especializada de lo Contencioso Administrativo 5 la facultad de imponer para un caso concreto la inaplicación de una norma general por la vía de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad6, porque las normas de inferior rango que resulten contradictorias a aquellas otras a las cuales por disposición constitucional deben subordinarse a la Constitución, garantiza la vigencia del principio de legalidad; la técnica jurídica precisa, si la incompatibilidad se da ent re una norma de inferior jerarquía y la Constitución, la figura asume la nominación de “ excepción de inconstitucionalidad”, y si tal incompatibilidad se da con otra norma diferente a la Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero

Constitución, la nominación es la de “excepción de ilegalidad” 7.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN; Sentencia del 16 de agosto de 2022, Radicación número 73001-23-00000-2008-00587-01 (52803), Demandante: Esperanza Beltrán Ibáñez, Demandado: Nación – Rama Judicial – Municipio de Ibagué, Referencia: Reparación directa – apelación de sentencia, Asunto: Responsabilidad del Estado / Error Judicial -Carga de sustentación material para que pueda habilitarse la competencia del superior / Teoría general de los recursos. 4 Sentencia C-037 de 26 de enero de 2000, M.P. Dr. VLADIMIRO NARANJO.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dr. GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, proferida el 15 de julio de 2004, Radicación número: 25000-23-26-000-200201834-01 (AP), Actor: José Ignacio Arias y Otros, Demandado: La NaciónMinisterio de Comunicaciones y Otros, Referencia: Acción Popular.

6 Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicció n de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el

interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.

La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

7 Sentencia T -389-09. Referencia: expediente T -1400804, Acción de tutela instaurada por ADRIÁN ESTEBAN LÓPEZ JIMÉNEZ contra Tribunal Superior de Valledupar -Sala Penal-, Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO; Sentencia del 28 de mayo de 2009.

Sentencia C-037-00. Referencia: expediente D-2441, Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 de la Ley 4ª. de 1913, Demandante: Ramón Esteban Laborde Rubio, Magistrado Ponente: Dr.

VLADIMIRO NARANJO MESA; Sentencia del 26 de enero de 2000.Sentencia 2ª Instancia Radicado: 73001-33-33-010-2019-00331-02

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Por ello se sabe, “ EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD -Concepto y alcance La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tant o no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que

facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tant o no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una c aso concreto y las normas constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política.

DEFECTO SUSTANTIVO POR INAPLICACIÓN DE EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la excepción de inco nstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo es debido a que, el juez competente empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental. Por lo tanto, bas