TA TOL - Sentencia 73001-33-33-011-2018-00355-01 (02-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicación: 73001-33-33-011-2018-00355-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Flor Alba Bernal Guerrero

Apoderado: Chisthian Hémanuel Jaramillo Muñoz

Demandado: Municipio de Flandes

Apoderado: Wilyan Jair Galarraga Guzmán Tema: Insubsistencia de provisional

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de mayo de 2023 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual fueron negadas las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

Flor Alba Bernal Guerrero 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Municipio de Flandes, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 205 del 27 de febrero de 2018, mediante la cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitaria, Código 219, Grado 5.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene su reintegro al mismo cargo que

febrero de 2018, mediante la cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitaria, Código 219, Grado 5.

Como consecuencia de lo anterior, se ordene su reintegro al mismo cargo que desempeñaba antes de la terminación del nombramiento, o a uno de igual o superior categoría.

Se condene al Municipio de Flandes al pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta la reincorporación al cargo que ocupaba o a uno de igual o superior categoría.

Se disponga que no existió solución de continuidad en la relación laboral para todos los efectos legales.

1 A través de apoderado judicial.2

Se ordene la indexación de las sumas reconocidas, conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

Se condene en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Indicó que la señora Flor Alba Bernal Guerrero fue incorporada a la planta de personal del Municipio de Flandes mediante la Resolución 115 del 9 de agosto de 2014, al ser nombrada en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitaria, Código 219, Grado 5.

Manifestó que, mediante la Resolución 205 del 27 de febrero de 2018, suscrita por el alcalde municipal de Flandes, se dio por terminado dicho nombramiento. Señaló que la motivación de este acto fue la declaratoria de nulidad del Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013 —por medio del cual se había establecido la planta de personal de la entidad—, decisión judicial que conllevó a la supresión del cargo que venía desempeñando.

de septiembre de 2013 —por medio del cual se había establecido la planta de personal de la entidad—, decisión judicial que conllevó a la supresión del cargo que venía desempeñando.

1.2. Contestación de la demanda

El Municipio de Flandes expreso oposición a las pretensiones de la demanda Sostuvo que, tal como se consignó tanto en el Decreto 021 del 21 de febrero de 2018 como en la Resolución 205 del 27 de febrero del mismo año, la terminación del nombramiento en provisionalidad de la demandante obedeció a la consecuencia lógica de haberse declarado, mediante decisión judicial ejecutoriada, la nulidad del Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013, mediante el cual se estableció la nueva planta de personal de la entidad, acto que sirvió igualmente de soporte para su nombramiento.

Argumentó que, si bien la desvinculación de la actora no obedeció al cumplimiento directo de un fallo judicial, sí fue consecuencia de éste, en tanto que, al declararse la nulidad del acto administrativo que fijaba la planta de personal, desapareció el soporte legal del cargo que venía desempeñando.

Afirmó que, como resultado de la nulidad del acto que definía la planta de personal, el Municipio se vio obligado a reorganizar su estructura administrativa, lo que implicó, de forma intrínseca, la supresión de cargos, entre ellos, el que ocupaba la demandante. Recordó que, conforme con el artículo 122 de la Constitución Política, no puede existir empleo público sin funciones determinadas legal o reglamentariamente, y que para proveer los empleos remunerados se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de personal y sus emolumentos previstos en el presupuesto

empleo público sin funciones determinadas legal o reglamentariamente, y que para proveer los empleos remunerados se requiere que estén contemplados en la respectiva planta de personal y sus emolumentos previstos en el presupuesto correspondiente.

Precisó que el cargo que desempeñaba la actora era el de Profesional Universitario, el cual estaba contemplado en la planta de personal adoptada mediante la Resolución 115 de 2014, pero no se encuentra previsto en la planta de personal vigente contenida en el Decreto 173 de 2008.

Concluyó que el acto demandado fue expedido por autoridad competente, con fundamento en normas aplicables y hechos reales y verificables, por lo que se ajusta al ordenamiento jurídico.

1.3. Sentencia de primera instancia3

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante providencia del 26 de mayo de 2023, resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.

Argumentó que no se demostró causal alguna de nulidad del acto administrativo demandado; por el contrario, se estableció que este fue expedido en cumplimiento de órdenes impartidas por esta jurisdicción, consistentes en la declaración de nulidad del acto administrativo que creó la planta de personal del ente territorial accionado, lo cual conllevó a la desaparición del cargo que desempeñaba la demandante.

Precisó que el nombramiento de la actora obedeció a la creación previa del cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 05, mediante el Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013, el cual establecía la planta de personal del ente territorial en su

Profesional Universitario, Código 219, Grado 05, mediante el Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013, el cual establecía la planta de personal del ente territorial en su nivel central. Anotó que dicho decreto fue declarado nulo por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, por lo que, el decreto que sirvió de sustento para la creación del empleo público que venía ejerciendo la demandante desde 2014 fue expulsado del ordenamiento jurídico por decisión judicial.

Concluyó que, en este contexto, no se desconoció lo previsto en el artículo 97 del CPACA, pues la resolución que nombró en provisionalidad a la demandante carecía de validez al derivarse de un acto administrativo general declarado nulo. Por tanto, aseguró que no era necesario revocar el acto particular de nombramiento mediante el procedimiento previsto en dicha norma, toda vez que la anulación del acto general produjo, como consecuencia, la pérdida de validez de los actos particulares que de él se derivaban.

Determinó que el argumento de la actora, según el cual no se le permitió interponer el recurso de reposición, no afecta la validez del acto acusado, en tanto dicha actuación no corresponde a una etapa de formación del acto, sino a una fase posterior incluso a su notificación. En ese orden, aseveró que la parte actora podía acudir directamente a la juri sdicción sin necesidad de agotar recurso administrativo alguno, primero, porque no se le brindó la oportunidad de hacerlo, y segundo, porque al tratarse de un acto emitido por el representante legal de un ente territorial, el recurso de apelación —

a la juri sdicción sin necesidad de agotar recurso administrativo alguno, primero, porque no se le brindó la oportunidad de hacerlo, y segundo, porque al tratarse de un acto emitido por el representante legal de un ente territorial, el recurso de apelación — que es de obligatorio agotamiento— resultaba improcedente.

Frente al planteamiento según el cual el acto acusado se expidió en contravía del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, por haberse modificado la planta de personal en época de ley de garantías, se precisó que la desvinculación de la demandante obedeció al cumplimiento de una sentencia judicial en firme que declaró la nulidad del acto que había creado su cargo, y no a una intención política orientada a reformar la estructura administrativa del municipio.

Señaló, además, que se encuentra plenamente acreditado que la actora ocupaba un empleo público en condición de provisionalidad, creado mediante el Decreto 086 del 10 de septiembre de 2013, el cual fue anulado judicialmente. Indicó que, una vez expulsado dicho acto del ordenamiento jurídico, y al no contemplarse en la sentencia la figura de la reviviscencia, resultaba procedente que el ente territorial, en aras de garantizar su funcionamiento, acudiera a esta figura mediante el Decreto 021 del 21 de febrero de 2018, para tener como vigente la planta de personal contenida en el Decreto 173 de 2008, expedido con anterioridad al acto anulado. Señaló que esta actuación se encuentra respaldada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha sostenido que, ante la nulidad de actos reglamentarios o generales, puede revivir la norma derogada cuando su ausencia genera un vacío normativo que afecte el

actuación se encuentra respaldada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha sostenido que, ante la nulidad de actos reglamentarios o generales, puede revivir la norma derogada cuando su ausencia genera un vacío normativo que afecte el funcionamiento de la administración.4

Coligió que, en tal sentido, al estar vigente nuevamente la planta de personal del Decreto 173 de 2008 —que no contemplaba el cargo desempeñado por la actora—, se produjo una supresión tácita del mismo. Dijo que la Resolución No. 205 del 27 de febrero de 2018 incluyó todos los motivos que llevaron a la desvinculación, por lo que no se advierte que haya sido expedida de forma irregular ni por falta de motivación.

Reiteró que la supresión del empleo constituye una causal de retiro del servicio prevista en el literal l) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, y que ni los derechos de los servidores inscritos en el escalafón de carrera administrativa ni la condición provisional del nombramiento se oponen a dicha figura.

En cuanto a la causal de nulidad por falsa motivación, sustentada en que el cargo desempeñado por la demandante continuó siendo ejercido por otros funcionarios del ente territorial, el juez señaló que no fueron aportados medios de prueba que respaldaran di cha afirmación. Recordó que la falsa motivación es uno de los denominados vicios materiales del acto administrativo, cuya particularidad, en contraposición con los vicios formales, es que no surge de la mera confrontación del acto con el ordenamiento juríd ico, sino de la verificación de circunstancias de hecho, es decir, de los comportamientos concretos de la administración. Expreso

contraposición con los vicios formales, es que no surge de la mera confrontación del acto con el ordenamiento juríd ico, sino de la verificación de circunstancias de hecho, es decir, de los comportamientos concretos de la administración. Expreso que, por lo tanto, al no existir elementos de convicción en tal sentido, no se demostró el cargo de falsa motivación alegado.

Insistió en que resultaba lógico que, ante la declaratoria de nulidad del acto que establecía la planta de personal y la reviviscencia de la planta anterior —que contemplaba una cantidad significativamente menor de cargos —, el municipio de Flandes adoptara medidas como la celebración de contratos de prestación de servicios con particulares, a fin de cubrir temporalmente algunas funciones de los empleos que habían sido suprimidos, mientras se tramitaba una adecuada reorganización administrativa.

Respecto de la causal de nulidad por desviación de poder, mencionó que en el acápite de normas violadas y concepto de la violación no se expuso argumento alguno sobre su configuración. Únicamente se hizo una referencia genérica, superficial y simultánea con la causal de falsa motivación en el hecho séptimo de la demanda, limitándose a afirmar que el cargo de la demandante era necesario y, por tanto, no podía desvinculársele.

1.4. Apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, señalando que no eran ciertos los argumentos en los que se basó el fallo, particularmente cuando se afirmó que “…esto pues luego del estudio de legalidad no se demostró ninguna de las causales de nulidad que censuraban la resolución No.205

señalando que no eran ciertos los argumentos en los que se basó el fallo, particularmente cuando se afirmó que “…esto pues luego del estudio de legalidad no se demostró ninguna de las causales de nulidad que censuraban la resolución No.205 del 27 de febrero de 2018; contrario a ello, se evidenció que el acto acusado se emitió como consecuencia de la declaratoria de n ulidad del Decreto 086 de 2013, derivándose de ello que el empleo público que ocupaba en provisionalidad la demandante dejara de existir en la planta de personal del municipio de Flandes…”. (sic).

Sostuvo que, conforme a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el cargo para el cual fue nombrada la demandante correspondía al de Profesional Universitario , Código 2019, Grado 05, razón por la cual, al momento de su desvinculación, existían en la planta de personal vigente —Decreto 173 de 2008 — cuatro cargos de igual denominación que la actora podía seguir ocupando.5

Indicó que el Municipio de Flandes expidió el acto acusado —Decreto 205 del 27 de febrero de 2018— con los siguientes fines:

• Violando el debido proceso y el principio de buena fe, al desvincular a los funcionarios sin haberles dado la oportunidad de ser escuchados previamente, ya fuera en juicio o antes de la expedición del acto administrativo acusado, máxime cuando en el proceso de simple nulidad no fueron vinculados.

• En abierta infracción de la ley de garantías, y desconociendo el derecho de defensa, toda vez que el nombramiento constituía un acto administrativo generador de derechos a favor de la demandante, y que, en caso de

• En abierta infracción de la ley de garantías, y desconociendo el derecho de defensa, toda vez que el nombramiento constituía un acto administrativo generador de derechos a favor de la demandante, y que, en caso de pretenderse su nulidad, debía acudirse a l a jurisdicción contencioso administrativa o, en su defecto, proceder a su revocatoria, lo cual requería el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho.

• Desnaturalizando una supuesta orden judicial de retiro de funcionarios por supresión de empleos, cuando en realidad dicha orden nunca fue impartida por la autoridad judicial, pues esta solo declaró la nulidad del decreto de planta, sin resolver situaciones jurídicas particulares como el nombramiento provisional de la demandante.

Además, sostuvo que la jurisprudencia ha señalado que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que fue expedido el acto anulado, por lo cual la situación jurídica que de él deriva debe retrotraerse al estado anterior, pero aclaró que existe una excepción a esta regla en el caso de los actos administrativos de carácter particular, en tanto estos crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, y por ende, producirán efectos hasta tanto no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción competente, o revocados con el consentimiento expreso y escrito de su titular.

Finalmente, cuestionó que la administración hubiese invocado como causal de retiro la supuesta supresión del cargo, sin considerar que la decisión judicial en ningún momento ordenó dicha supresión, y que para que esta operara era necesario un estudio técnico, administrativo y financiero que la justificara, el cual no existía al

la supuesta supresión del cargo, sin considerar que la decisión judicial en ningún momento ordenó dicha supresión, y que para que esta operara era necesario un estudio técnico, administrativo y financiero que la justificara, el cual no existía al momento de dar por terminado el nombramiento en provisionalidad.

1.5. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 19 de julio de 2024. Las partes y el agente del Ministerio Público no intervinieron en esta etapa del proceso.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 153 del CPACA. Según esta disposición, los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia, entre otros casos, de las apelaciones de las sentencias emitidas en primera instancia por los jueces administrativos.

A su vez, esta Sala se ceñirá a lo reglado en el artículo 328 del CGP, por remisión del artículo 306 del CPACA; en cuanto a que se hará pronunciamiento únicamente6

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin dejar de lado las decisiones que se deban adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

Conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, las sentencias de primera instancia son apelables, situación que se presenta en el presente caso.

2.3. Problema jurídico de segunda instancia

En atención a lo expuesto, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución 115 del 9 de agosto de 2014, expedida

2.3. Problema jurídico de segunda instancia

En atención a lo expuesto, corresponde a la Sala determinar la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución 115 del 9 de agosto de 2014, expedida por el alcalde municipal de Flandes, mediante la cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Flor Alba Bernal Gue rrero, quien se desempeñaba en el cargo de Profesional Universitario , Código 219 , Grado 05, adscrito a la Secretaría de Salud municipal.

2.3.1. Tesis de la sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto quedó acreditado en el proceso que el acto mediante el cual se dio por terminado el vínculo laboral de la demandante se fundó en la supresión tácita del empleo, como consecuencia de una decisión judicial que excluyó del ordenamiento jurídico la norma que establecía la planta de personal mediante la cual fue creado el cargo que venía desempeñando en provisionalidad. En ese sentido, al configurarse una causal de retiro del servicio conforme al literal l) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, se concluye que la motivación del acto de insubsistencia se ajusta a derecho.

Frente al argumento según el cual la demandante no podía ser retirada del servicio sin mediar su consentimiento para la revocatoria del nombramiento o un fallo judicial que declarara la nulidad del acto de vinculación, por tener presuntamente derechos consolidados, se advierte que dicho razonamiento carece de fundamento. Los nombramientos en provisionalidad, aun cuando se prolonguen en el tiempo, no generan expectativas legítimas de estabilidad laboral, ya que por su propia naturaleza son transitorios, circ unstancia que conoce quien acepta ser vinculado

nombramientos en provisionalidad, aun cuando se prolonguen en el tiempo, no generan expectativas legítimas de estabilidad laboral, ya que por su propia naturaleza son transitorios, circ unstancia que conoce quien acepta ser vinculado bajo dicha modalidad, sin que sea válido alegar posteriormente una vulneración de derechos por esa razón.

Ahora bien, si bien la jurisprudencia constitucional ha establecido que las personas nombradas en provisionalidad en cargos de carrera administrativa cuya vacancia es definitiva —cuando se trate de madres o padres cabeza de familia, personas próximas a pen sionarse (con tres años o menos para cumplir los requisitos) o en situación de discapacidad— deben recibir un tratamiento especial, lo cierto es que en el presente asunto no se acreditó que la demandante ostente alguna de dichas condiciones. Por consiguiente, no le son exigibles a la administración las garantías propias del personal de carrera administrativa, al tratarse de un nombramiento en provisionalidad.

Respecto al cargo por supuesta vulneración de la Ley de Garantías, en tanto el acto acusado fue expedido dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial de 2018, se observa que la administración actuó en cumplimiento de una orden judicial que obligó a revivir la vigencia de la norma anterior que fijaba la planta de personal, lo cual era indispensable para asegurar la continuidad en la prestación del servicio público. En consecuencia, tal como lo indicó el juez de primera instancia, no se configura vulneración alguna a las disposiciones contenidas7

en los artículos 32 y 38 de la Ley 996 de 2005, ya que no se advierte que, con la desvinculación de la demandante, producto de la supresión tácita del cargo en

en los artículos 32 y 38 de la Ley 996 de 2005, ya que no se advierte que, con la desvinculación de la demandante, producto de la supresión tácita del cargo en cumplimiento de un fallo judicial, se haya perseguido un interés distinto al de satisfacer las necesidades del servicio.

2.4. Marco normativo

El artículo 125 de la Constitución Política regula el ingreso, ascenso y retiro de la función pública, y establece las modalidades de vinculación con el Estado. Como regla general, los empleos en los órganos y entidades estatales se proveen mediante el sistema de carrera, al cual se accede a través de concurso público de méritos. De conformidad con dicha disposición, corresponde al legislador determinar el régimen jurídico aplicable, el sistema de nombramiento, los requisitos y condiciones para valorar los méritos y calidades de los aspirantes, así como también las causales de retiro del servicio oficial. Igualmente, la Carta Política prevé que, en los casos en que la Constitución o la ley lo dispongan expresamente, habrá cargos excluidos del régimen de carrera, tales como los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, y los demás que determine la ley.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 definió la carrera administrativa como “(…) un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los

de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna .”. Esta misma norma dispone que los cargos de libre nombramiento y remoción son aquellos a los que se asignan funciones de dirección, conducción y orientación institucional en la formulación de políticas y directrices, o aquellos que implican un grado de confianza especial por corresponder a funciones de asesoría institucional, o a la administración y manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado2.

Estos dos tipos de cargos representan los extremos en cuanto a la estabilidad en el empleo público. Por un lado, los empleos de carrera gozan de una estabilidad reforzada, que implica que el retiro solo puede producirse por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario o por las demás causales previstas en la Constitución o la ley 3. Este régimen busca asegurar que, en dichos cargos, factores ajenos al mérito y al servicio no incidan en las decisiones de nombramiento, ascenso o retiro.

Por el contrario, los cargos de libre nombramiento y remoción comportan una facultad discrecional para el nominador, quien, con base en consideraciones intuito personae, decide a quién confiar el desempeño de determinadas funciones y hasta cuándo mantener dicha relación. En consecuencia, el retiro de estos empleos también es discrecional, pues depende de la confianza que el funcionario inspire, aspecto que no puede medir se objetivamente y que requiere una valoración

cuándo mantener dicha relación. En consecuencia, el retiro de estos empleos también es discrecional, pues depende de la confianza que el funcionario inspire, aspecto que no puede medir se objetivamente y que requiere una valoración subjetiva en cada caso concreto4.

Excepcionalmente, los cargos de carrera pueden ser ocupados en provisionalidad. Esta figura tiene como finalidad atender las necesidades de personal de la administración cuando se presentan vacancias definitivas o temporales, mientras los cargos se proveen conforme a los requisitos legales, o mientras cesa la situación

2 Artículo 5 de la Ley 909 de 2004. 3 Inciso 5 del artículo 125 de la Constitución Política. 4 SU-556 de 2014.8

que originó la vacancia 5. Sin embargo, esta situación temporal no modifica la naturaleza jurídica del cargo, pues la circunstancia de hecho no tiene la facultad de alterar una determinación legal6.

En consecuencia, cuando se nombra a una persona en provisionalidad en un cargo de carrera, dicho nombramiento obedece a consideraciones técnicas y de mérito que avalan la idoneidad del aspirante para desempeñar una función pública específica.

En esa línea, la Corte Constitucional 7 ha concluido que, entre los dos extremos de estabilidad en el empleo público, existe una figura intermedia: la estabilidad relativa. Como se indicó, el nombramiento en provisionalidad responde a una necesidad temporal del servicio, sin que ello transforme la naturaleza del empleo, ni lo convierta en un cargo de libre nombramiento y remoción. En tal sentido, el nominador no adquiere discrecionalidad absoluta para disponer del cargo, razón por la cual surge una forma de estabilidad laboral intermedia. Así, la persona nombrada

convierta en un cargo de libre nombramiento y remoción. En tal sentido, el nominador no adquiere discrecionalidad absoluta para disponer del cargo, razón por la cual surge una forma de estabilidad laboral intermedia. Así, la persona nombrada en provisionalidad tiene una expectativa legítima de permanencia en el cargo hasta que este sea provisto mediante concurso público de méritos, aunque no goza de la estabilidad reforzada que protege al funcionario en propiedad, dado que no ha superado dicho concurso.

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta estabilidad relativa implica que el retiro del funcionario nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera debe estar debidamente motivado y fundado en razones acordes con la función pública en un Estado Social de Derecho. Ello garantiza la protección del derecho al debido proceso y a la igualdad en el acceso al servicio público. En tal sentido, debe “atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razó n específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto. Por supuesto, la razón principal consiste en que el cargo va a ser ocupado por un funcionario que ha participado en un concurso de méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace merecedor del cargo8.”9 En coherencia con lo anterior, el acto de retiro debe referirse a la aptitud del funcionario para desempeñar el cargo específico, por lo cual no son válidas las motivaciones abstractas o genéricas.

Dada esta exigencia, la Corte ha sostenido que la ausencia de una motivación

del funcionario para desempeñar el cargo específico, por lo cual no son válidas las motivaciones abstractas o genéricas.

Dada esta exigencia, la Corte ha sostenido que la ausencia de una motivación razonable en el acto administrativo que dispone el retiro de un funcionario que ha ejercido un cargo de carrera en provisionalidad, conlleva su nulidad. La omisión del deber de motivar dich o acto constituye una vulneración del derecho al debido proceso del servidor público afectado, toda vez que la naturaleza del cargo comporta una estabilidad relativa, la cual, en los casos de desvinculación, se traduce en el derecho a conocer las razones c oncretas que sustentan la decisión adoptada.10

Cabe señalar que esta interpretación sobre la estabilidad relativa de los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera fue acogida expresamente en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, según el cual: “… es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales

5 T-1206 de 2004. 6 SU-556 de 2014. 7 Ibídem. 8 Sentencia T-1310 de 2005. 9 C-279 de 2007. 10 SU-556 de 2014.9

consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.”

Esta disposición ha llevado al Consejo de Estado a reiterar la obligación de motivar el acto de retiro de funcionarios que ocupan en provisionalidad cargos de carrera, en los siguientes términos:

motivado.”

Esta disposición ha llevado al Consejo de Estado a reiterar la obligación de motivar el acto de retiro de funcionarios que ocupan en provisionalidad cargos de carrera, en los siguientes términos:

“La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrad