TA TOL - Sentencia 73001-33-33-011-2018-00442-02 (20-03-2025)

Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación No.

Interno No: 73001-33-33-011-2018-00442-02

1111-2023

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jhon Faber Cartagena Galindo

Demandado:

Tema: NaciónRama Judicial - Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial Bonificación judicial

I. ASUNTO A DECIDIR De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra de la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el demandante formuló las siguientes pretensiones: “(…) 1) Que se declare que la bonificación judicial reconocida a mis mandantes mediante el Artículo 1° del Decreto 383 del 6 de Marzo de 2013 y demás decretos que, lo desarrollan, es factor salarial para todos los efectos legales por, cuanto su causa y efecto es la nivelación S alarial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial del poder público, teniéndose como fuente normativa la Ley 4a de 1992, además porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo percibida de manera periódica, habitual y permanente.

1. Que se declare la NULIDAD, de las actos administrativos que se relacionan a

porque se trata de una retribución fija y directa del trabajo percibida de manera periódica, habitual y permanente.

1. Que se declare la NULIDAD, de las actos administrativos que se relacionan a continuación; por medio de los cuales se negó la petición de que la Bonificación Judicial constituya factor salarial para todos los efectos, y por consiguiente, se negó la reliquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que hasta la fecha han percibido y las que perciban hacia el futuro los poderdantes, tomando como factor salarial para ello el 100% de la bonificación judicial, la cual vienen percibiendo de manera mensual e ininterrumpida desde el mes de enero de 2013:

• DESAJIBO17-3998 del 21 de octubre de 2017 - Jhon Faber Cartagena

Galindo.

1 Índice de descarga 5 folio 12 a 15 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-011-2018-00442-02

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1. Que, se declare la EXISTENCIA y posterior NULIDAD de los actos administrativos Fictos o Presuntos, fruto, del silencio administrativo negativo de LA NACIÓN RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR.DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por no haber resuelto los recursos de apelación concedidos en contra de los siguientes actos administrativos, por lo que se entienden confirmados; quedando así agotada la vía administrativa;

DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por no haber resuelto los recursos de apelación concedidos en contra de los siguientes actos administrativos, por lo que se entienden confirmados; quedando así agotada la vía administrativa;

• Frente al oficio DESAJIB017-3998, se concedió el recurso el 9 de noviembre de 2017 mediante la resolución DESAJIB017-4321.

1. Que se declare que mis representados tienen derecho a que la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN , JUDICIAL seccional del Tolima, les reconozca, reajuste y pague, una reliquidación de las prestaciones sociales, esto es, Primas de Servicios, Prima de Vacaci ones, Prima de Navidad, Prima de Productividad, Prima de Bonificación por servicios prestados; Cesantías, Intereses de las Cesantías, Aportes al sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, y demás acreencias laborales a que tuvieren derecho, desde el 1° de enero de 2013 hasta la fecha, hasta que sea cumplida la sentencia y en adelante, incluyendo como factor salarial el 100% de la bonificación judicial devengada mes a mes de manera ininterrumpida desde enero. de 2013 a la fecha.

1. Que se hagan l as declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados.

1. Todo lo anterior, previo declarar la inaplicabilidad por EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, respecto de los Artículos 1° y 3° del Decreto 383 del 6 de marzo de 2013 y, los decretos que lo desarrollan, en especial el aparte del Artículo 1°

INCONSTITUCIONALIDAD, respecto de los Artículos 1° y 3° del Decreto 383 del 6 de marzo de 2013 y, los decretos que lo desarrollan, en especial el aparte del Artículo 1° en cuanto a la frase (…) y constituirá únicamente factor salaria para la base de cotización al Sistema: General de Pensiones u al Sistema General de Seguridad Social. e n Salud", por ser manifiestamente violatorios de algunos Tratados Internacionales ratificados por Colombia y de normas de carácter superior contenidas en el Preámbulo y los artículos 4°, 93 y 53 de la Constitución Nacional, que consagran la Primacía de la realidad sobre las formas; el Principio de Favorabilidad que prima a favor de los empleados, y el Principio de irrenunciabilidad a los derechos mínimos establecidos en las normas laborales, entre otros.

Como consecuencia de las anteriores pretensiones y a título de restablecimiento del derecho, que: 7) Se condene a la NACIÓN RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA 'DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en la seccional del Tolima por el Doctor CÉSAR AUGUSTO MOLINA SUAREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reconocer, reajustar, liquidar, reliquidar y pagar a mis mandantes la totalidad de las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de cancelar en los años 2013 - 2014 -201520162017 -2018 y todos los subsiguientes, hasta la inclusión en nómina de los factores salariales debidamente indexados y lo que se determine a pagar de la liquidación de sus prestaciones sociales, incluyendo el 100%

inclusión en nómina de los factores salariales debidamente indexados y lo que se determine a pagar de la liquidación de sus prestaciones sociales, incluyendo el 100% de la bonificación judicial com o factor salarial para todos los efectos, en razón a que se devenga mes a mes de manera ininterrumpida desde enero de 2013 a la fecha.

1. Se condene a la NACIÓN. – RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDIC IALRadicado No. 73001-33-33-011-2018-00442-02

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representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), a reajustar la bonificación judicial conforme a los porcentajes de incremento salarial establecidos por el Gobierno Nacional al inicio de cada año toda vez que su naturaleza es netamente salarial y por ende corre con la misma suerte que la remuneración fija mensual.

1. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación) a que se reconozca, reliquide y pague las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado y la inclusión del 100% de la bonificación judicial como factor

MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación) a que se reconozca, reliquide y pague las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo pagado y la inclusión del 100% de la bonificación judicial como factor constitutivo de salario ajustada al incremento solicitado en la prete nsión anterior para la liquidación de todas las prestaciones sociales y laborales que desde el año 2013 y hasta la fecha efectiva de pago hayan percibido mis poderdantes.

1. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AUGUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), para que los dineros reconocidos sean pagados debidamente indexados y actualizados de acuerdo al índice de precios al consumidor, con el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia y por el tiempo siguiente hasta que se cumpla en su totalidad la condena, como se d ispone en el inciso 3 del artículo 192 del C.P.A.C.A.

1. Se condene en costas a la NACIÓNRAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada legalmente en seccional del Tolima por el Doctor CESAR AU GUSTO MOLINA SUÁREZ (o quien haga sus veces al momento de la notificación), teniendo en cuenta la omisión en el acatamiento Constitucional, Convencional, Legal y

Jurisprudencial.

1. Solicito que, en el eventual caso de resultar a favor de mi representado el proceso y

en cuenta la omisión en el acatamiento Constitucional, Convencional, Legal y Jurisprudencial.

1. Solicito que, en el eventual caso de resultar a favor de mi representado el proceso y una vez finalice el trámite respectivo quedando en firme la sentencia, se expida copia autentica de la misma con la indicación de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así: ‐ El señor Jhon Faber Cartagena Galindo se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de 2003, desempeñand o a la hora de interponer la demanda el cargo de Citador III del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales Municipales de Ibagué.

‐ En la Ley 4 de 1992, se establecieron los criterios y objetivos mediante los cuales cada año el Gobierno Nacional modificará el sistema salarial de los empleados de la Rama Judicial, entre otros, lo cual viene haciendo anualmente mediante la expedición de Decretos.

2 Índice de descarga 5 folios 9 a 12 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-011-2018-00442-02

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‐ En cumplimiento de lo anterior, fue expedido el Decreto 083 del 2013, mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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‐ En cumplimiento de lo anterior, fue expedido el Decreto 083 del 2013, mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, misma que inició a pagarse desde el 1 de enero del 2013; sin embargo, esta bonificación no ha sido tenida en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión.

‐ La Rama Judicial ha venido pagando la bonificación judicial desde el 1 de enero de 2013 conforme lo consagró el aludido Decreto, y en razón a que este pago goza de carácter periódico, permanente y habitual, debió haberse tenido en cuenta como factor salarial pues, el Consejo de Estado ha señalado que el salario comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución directa por sus servicios.

‐ A partir de lo anterior, el 29 de septiembre de 2017 el demandante solicitó a la NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Tolima, que se reconociera la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales. No obstante, fue negada mediante oficio DESAJIBO17-3998 del 21 de octubre de 2017 , y ante la presentación del recurso de apelación interpuesto no obtuvo respuesta alguna por parte de la entidad.

3. Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la accionada descorrió el traslado de la demanda, oponiéndose a las pretensiones en especial a la dirigida a inaplicar por

3. Contestación de la demanda3.

Dentro del término legal conferido el apoderado de la accionada descorrió el traslado de la demanda, oponiéndose a las pretensiones en especial a la dirigida a inaplicar por inconstitucionalidad el aparte “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud...” del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y 1 del Decreto 1269 de 2015, por cuanto la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas normas, en cumplimiento de la formalidad consagrada en su artículo 3°. Indicó que, de accederse a lo solicitado se estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, pues, el Decreto 383 de 2013 fue expedido por el Gobierno Nacional, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992, significando ello que al establecerse la Bonificación Judicial únicamente como factor Salarial para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se está haciendo por expreso mandato legal. Con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, indicó que, sobre el carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral y reglamentaria de los servidores públicos, se ha establecido que el disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, no implica una omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes, razón por la cual el legislador tiene la libertad para disponer que determinados emolumentos se liquiden sin

conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, no implica una omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes, razón por la cual el legislador tiene la libertad para disponer que determinados emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor judicial, como sucede con el Decreto 0383 de 2013.

4. Sentencia apelada4.

3 Índice de descarga 10 expediente SAMAI. 4 Índice de descarga 4 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-011-2018-00442-02

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Lo es la proferida el 28 de abril de 2023, mediante la cual el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones. Estableció que el demandante se encontraba vinculado laboralmente a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de 2003 y que a la fecha de presentación de la demanda fungía como citador III en el Centro de Servicios de los Juzgados Penales Municipales de Ibagué. En consecuencia, desde el 2013 y con ocasión al Decreto 383 de 2013 ha devengado la bonificación judicial por él creada, solicitando su reconocimiento como factor salarial el 29 de septiembre de 201 7, no obstante, le fue negada. Después de realizar un análisis normativo en el correspondiente acápite, dando aplicación al precedente vertical y a una interpretación amplia de los derechos laborales, señaló que el

obstante, le fue negada. Después de realizar un análisis normativo en el correspondiente acápite, dando aplicación al precedente vertical y a una interpretación amplia de los derechos laborales, señaló que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013, excediendo el ejecutivo su facultad reglamentaria pues excluyó la bonificación salarial para liquidar las prestaciones sociales con la expedició n del Decreto 383 de 2013 desconociendo que debía realizar la nivelación atendiendo criterios de equidad tal y como lo ordenaba y fue la finalidad del legislador en la Ley 4 de 1992 y no desmejorando los salarios y prestaciones sociales de sus beneficiari os y desconociendo principios mínimos fundamentales. En consecuencia, dando aplicación a los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, acogió la excepción de inconstitucionalidad deprecada, e inaplicó la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 al considerar que, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 al considerar que, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales. Finalmente, declaró la existencia del acto ficto o presunto que se generó al no haberse resuelto el recurso de apelación y su nulidad junto al oficio DESAJIBO 17 -3998 del 21 de octubre y, declaró prescritas las acreencias laborales anteriores al 29 de septiembre de 2014.

5. Recurso de apelación5.

Interpuesto oportunamente por el vocero judicial del extremo accionado, solicita la revocatoria del fallo de primer grado y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda. Señala que el acto administrativo demandado Oficio No. DESAJIBO17-3998 del 21 de octubre de 2017, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal, pues la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están somet idos al imperio de la ley y obligados a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, debiendo darle estricto cumplimiento a los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015 que establecen que la bonificación judicial no c onstituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales que devengan sus beneficiarios y por ende el demandante, pues ellos gozan de legalidad al estar vigentes a la fecha.

5 Índice de descarga 32 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-011-2018-00442-02

gozan de legalidad al estar vigentes a la fecha.

5 Índice de descarga 32 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-011-2018-00442-02

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Adicionalmente, solicita se revoque o modifique la decisión que concedi ó efectos ultra y extra petita, pues no se puede reconocer o decretar el pago sobre emolumentos que de suyo no se tratan, ni se causaron en el oficio de la nulidad, incurriendo en un IMPOSIBLE JURÍDICO, desconociendo principios de la administración de just icia como la congruencia del fallo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se están reconociendo pretensiones sin la debida y requerida autorización presupuestal incurriendo ello en un desequilibro presupuestal y una falta disciplinaria, pues no se cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 4 de diciembre de 20246 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demanda, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se

hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C. de P.A. y de lo C.A.

IV. CONSIDERACIONES

1. Sobre la competencia.

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces d e los artículos 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos en segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), decidió declarar infundado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares contornos a los que aquí se analizan, tal y como se advirtió en el auto que admitió el recurso de apelación dentro del sub lite.

2. Problema jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y

2. Problema jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liquidadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 1 de enero de 2013 , o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho. Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera per tinente este Colectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate.

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3. Marco normativo y jurisprudencial. 3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la República, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de lo contemplado en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 " Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigié ndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.

Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que

se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia del dicha norma y no manifestaron optar por este última, razón por la cu al dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

De otra parte, la citada disposición en su artículo 14 dispuso:

“ARTICULO 14: El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradore s delRadicado No. 73001-33-33-011-2018-00442-02

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Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con fundamento en dicha disposición normativa, se inició el proceso de nivelación salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, proceso este que se fue desarrollando paulatinamente con las expedición de los decretos 610 de 1998 y 440 de 2004, a través de los cuales se establecieron unas bonificaciones a los Magistrado de Tribunal y otros funcionarios; sin embargo dicha nivelación salarial sólo surtió efectos para los demás los servidores de la Rama Judicial hasta la expedición del Decreto 383 de 2013.

3.1.1 De la bonificación judicial de los servidores de la Rama Judicial

El Gobierno Nacional, en desarrollo del mandato establecido en la Ley 4 de 1992 expidió el Decreto 383 de 2013, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones ”, en los siguientes términos

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los

siguientes términos

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (…)

Parágrafo. La bonificación judicial c reada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del v alor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la res