TA TOL - Sentencia 73001-33-33-011-2018-00464-01 (29-05-2025)

Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 1 de 33

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

No. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo, y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y Fiscalía General de la Nación Tema: Responsabilidad del Estado por p rivación de la libertad – Ley 906 de 2004.

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2021 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué , mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda Los señores Edgar Peña Carrillo como víctima directa, Gladys Arellano Rodríguez (compañera permanente), Eduard Peña Arellano (hijo), Jenny Daniela Peña Arellano (hija), Yulieth Valentina Peña Arellano (hija), Alexander Peña Carrillo (hermano),

(compañera permanente), Eduard Peña Arellano (hijo), Jenny Daniela Peña Arellano (hija), Yulieth Valentina Peña Arellano (hija), Alexander Peña Carrillo (hermano), María Nelly Peña Carrillo (hermana), Víctor Sanín Peña Carrillo (hermano), Belkis Peña Carrillo (hermana), José Eliecer Arellano Rodríguez (cuñado), Juvenal Pinzón Tovar (cuñado), Flor Alba García Fajardo (cuñada), Carmen Rocío Escobar Daza (cuñada), Víctor Raúl Ardila Ardila (cuñado), Erika Lizeth Ardila Peña (sobrina), Nicole Dayanna Peña Escobar (sobrina), Luis Carlos Pinzón Peña (sobrino), Cindy Viviana Ardila Peña (sobrina), Yuli Pinzón Peña (sobrina), Cristian Jesús Amaya Pinzón (sobrino nieto), Jorge Enrique Escobar Torres (amigo) y José Luis Escobar Daza (amigo), por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 del C. de P.A. y de lo C.A. promovieron demanda contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación , con el fin de obtener una decisión favorable sobre las siguientes,

Pretensiones:

1. Declarar administrativamente responsable a la parte demandada por el daño antijurídico causado a los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad de la que fue objeto Edgar Peña Carrillo, entre el 22 de febrero de 2012 y el 9 de mayo de 2014.Sentencia 2ª Instancia

Medio de control: Reparación Directa

libertad de la que fue objeto Edgar Peña Carrillo, entre el 22 de febrero de 2012 y el 9 de mayo de 2014.Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 2 de 33

2. Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la parte demandada

al pago de los siguientes conceptos y montos:

• Perjuicios inmateriales:

a. Perjuicios morales: Demandante Parentesco Monto Edgar Peña Carrillo Víctima directa 100 s.m.l.m.v. Gladys Arellano Rodríguez Compañera permanente 100 s.m.l.m.v. Eduard Peña Arellano Hijo 100 s.m.l.m.v. Jenny Daniela Peña Arellano Hija 100 s.m.l.m.v. Yulieth Valentina Peña Arellano Hija 100 s.m.l.m.v. Alexander Peña Carrillo Hermano 50 s.m.l.m.v. María Nelly Peña Carrillo Hermana 50 s.m.l.m.v. Víctor Sanín Peña Carrillo Hermano 50 s.m.l.m.v. Belkis Peña Carrillo Hermana 50 s.m.l.m.v. José Eliecer Arellano Rodríguez Cuñado 25 s.m.l.m.v. Juvenal Pinzón Tovar Cuñado 25 s.m.l.m.v. Flor Alba García Fajardo Cuñada 25 s.m.l.m.v. Carmen Rocío Escobar Daza Cuñada 25 s.m.l.m.v. Víctor Raúl Ardila Ardila Cuñado 25 s.m.l.m.v.

Flor Alba García Fajardo Cuñada 25 s.m.l.m.v. Carmen Rocío Escobar Daza Cuñada 25 s.m.l.m.v. Víctor Raúl Ardila Ardila Cuñado 25 s.m.l.m.v. Erika Lizeth Ardila Peña Sobrina 35 s.m.l.m.v. Nicole Dayanna Peña Escobar Sobrina 35 s.m.l.m.v. Luis Carlos Pinzón Peña Sobrino 35 s.m.l.m.v. Cindy Viviana Ardila Peña Sobrina 35 s.m.l.m.v. Yuli Pinzón Peña Sobrina 35 s.m.l.m.v. Cristian Jesús Amaya Pinzón Sobrino nieto 25 s.m.l.m.v. Jorge Enrique Escobar Torres Amigo 25 s.m.l.m.v. José Luis Escobar Daza Amigo 25 s.m.l.m.v.

b. Daño a la vida de relación: El reconocimiento y pago a favor de Edgar Peña Carrillo , en el equivalente a 100 s.m.l.m.v.

-Perjuicios materiales: a. Lucro cesante: El reconocimiento y pago en favor de Edgar Peña Carrillo, de los dineros dejados de percibir por el tiempo que estuvo detenido , debidamente indexados, partiendo de que antes de ser privado de la libertad se desempeñaba como trabajador independiente en actividades agrícolas en la finca de propiedad familiar ubicada en la Vereda Los Andes, del Municipio de Fresno - Tolima, estimando el lucro cesante en la suma de $26 566.000 pesos (o la que resulte probada), por el termino de 26 meses y 17 días en que estuvo privado de la libertad.

b. Daño emergente: El reconocimiento y pago en favor de Edgar Peña Carrillo de la

probada), por el termino de 26 meses y 17 días en que estuvo privado de la libertad.

b. Daño emergente: El reconocimiento y pago en favor de Edgar Peña Carrillo de la suma de $15.000.000 de pesos, por la defensa técnica que empleó en el proceso penal.

3. Condenar en costas a la parte demandada (Archivo pdf Image_00001, páginas 38 a 40, del expediente digital).

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes

Hechos relevantes:

1. El 22 de febrero de 2012 se realizó ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno Tolima audiencia de formulación de imputación al señor Edgar Peña Carrillo por el delito de Acceso Carnal Violento, diligencia en cual se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, cárcel del Municipio de Fresno Tolima.

2. El 8 de mayo de 2014, en la continuación de la audiencia de juicio oral, el Juez Penal del Circuito de Fresno Tolima emitió el sentido de fallo de carácter absolutorioSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 3 de 33

ordenando la libertad inmediata de Edgar Peña Carrillo.

3. El 24 de julio de 2014 se realizó la audiencia de lectura de fallo en la que se absolvió al procesado por el delito de Acceso Carnal Violento . La decisión fue recurrida en

3. El 24 de julio de 2014 se realizó la audiencia de lectura de fallo en la que se absolvió al procesado por el delito de Acceso Carnal Violento . La decisión fue recurrida en apelación por la fiscalía. La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Ibagué, mediante decisión de 4 de octubre de 2017 (lectura de fallo) resolvió el recurso de apelación, confirmando la providencia apelada.

4. El demandante estuvo privado de su libertad durante el lapso comprendido entre el 22 de febrero de 2012 al 9 de mayo de 2014, esto es, por 26 meses y 17 días (Archivo pdf Image_00001, páginas 53 a 54, del expediente digital).

Trámite procesal La demanda se presentó el 30 de octubre de 2018 y por reparto le correspondió su conocimiento al Juzgado Once Administrativo Mixto de Ibagué, que por auto del 6 de mayo de 2019 la admitió, ordenó la notificación a la parte demandada, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público (Archivos pdf Image_00001, página 3 ; 01.011-2018-00464ACCIONREPARACIONDIRECTA TOMO 2, página 67, del expediente digital).

Contestación de la demanda NaciónRama JudicialDirección Seccional de Administración Judicial La entidad, por conducto de apoderado judicial s e opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a los hechos manifestó que se atiene a lo que resulte probado en el proceso, y que efectivamente correspondan a la privación de la libertad. Manifestó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial por ausencia de nexo causal ; así,

demanda. Frente a los hechos manifestó que se atiene a lo que resulte probado en el proceso, y que efectivamente correspondan a la privación de la libertad. Manifestó que no hay responsabilidad de la Rama Judicial por ausencia de nexo causal ; así, aseguró que es evidente que la privación de la libertad del demandante Edgar Peña Carrillo fue producto de la actuación del ente investigador, lo que rompe el nexo de causalidad entre el acto jurisdiccional de privación de la libertad como medida de aseguramiento, y el daño que se alega como causado. Aunado a esto, aseguró que el juez de control de garantías cumplió con las funciones que le asigna la Ley 906 de 2004, porque trabaja con elementos probatorios , evidencia física e información legalmente obtenida , elementos que no constituyen plena prueba y que son insuficientes para discutir la responsabilidad, por lo que concluyó que la medida de aseguramiento impuesta al accionante obedeció a principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación.

Expuso que cuando el ente investigador incumple sus deberes probatorios y el juez debe absolver al procesado, como en el caso concreto, no surge la responsabilidad del Estado respecto de la Nación - Rama Judicial, debido a que la privación preventiva de la libertad tuvo origen en el acervo probatorio allegado por la fiscalía, y que en el caso concreto no reunió los requisitos para convertirse en plena prueba. Por lo anterior, aseguró que la teoría presentada por la Fiscalía General de la Nación en el juicio oral no tuvo respaldo en las pruebas recaudadas legalmente y allegadas al proceso; de estas, no se tuvo certeza suficiente para impartir condena. Por último,

en el juicio oral no tuvo respaldo en las pruebas recaudadas legalmente y allegadas al proceso; de estas, no se tuvo certeza suficiente para impartir condena. Por último, propuso las excepciones que denominó i. Inexistencia de perjuicios, argumentando que la privación de la liberta d estuvo dentro del marco legal y constitucional; ii. Ausencia de nexo causal, porque la Fiscalía con su obrar fue deficiente en el ejercicio probatorio, que a su turno que la única causa del daño; iii. Falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que la responsabilidad por la probable privación injusta es la fiscalía, por cuanto en quien solic ita la medida de aseguramiento (Archivo pdf 01. 011 -2018-00464 ACCION REPARACION DIRECTA TOMO 2 , páginas 84 a 99, del expediente digital).Sentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 4 de 33

Nación – Fiscalía General de la Nación Obrando por intermedio de apoderad a judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que no es posible declarar la responsabilidad de la entidad porque no se evidenció un error judicial, una actuación arbitraria o un defectuoso funcionamiento de la administración como sostiene el demandante. Seguidamente, objetó la cuantía respecto de los perjuicios morales y su tasación, argumentando que se ha establecido el máximo de 100 s.m.l.m.v. como tope frente al daño moral; de la

funcionamiento de la administración como sostiene el demandante. Seguidamente, objetó la cuantía respecto de los perjuicios morales y su tasación, argumentando que se ha establecido el máximo de 100 s.m.l.m.v. como tope frente al daño moral; de la misma manera se pronunció frente al daño en la vida en relación , y agregó que no obra prueba que acredite alteración alguna a la vida del señor Edgar Peña Carrillo.

Propuso las excepciones que denominó i. Falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que con el Estatuto de Procedimiento Penal vigente no le incumbe a la Fiscalía General de la Nación la imposición de la medida de aseguramiento . Su labor se enfoca en el trabajo de investigación, para que con las pruebas obrantes se pueda solicitar como medida pr ovisional la privación preventiva de la libertad del individuo, en caso de que se considere conveniente. Con lo anterior, argumentó que es labor del Juez de Control de Garantías estudiar esa solicitud mediante el análisis de las pruebas recopiladas por la fiscalía, para decidir si decreta o no las medidas de aseguramiento solicitadas, por lo que la entidad al tener la titularidad de la acción penal, buscó con la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento que el presunto infractor de la ley penal no pudiera obstruir la justicia o que en su defecto representara un peligro para la sociedad ; ii. Ausencia del daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación, afirmó que la entidad no está legitimada para responder por los daños presuntamente causados al demandante, y que la entidad, por el hecho de tener la titularidad de la acción penal, propendió a evitar que los presuntos infractores de la ley penal pudieran obstruir la

no está legitimada para responder por los daños presuntamente causados al demandante, y que la entidad, por el hecho de tener la titularidad de la acción penal, propendió a evitar que los presuntos infractores de la ley penal pudieran obstruir la justicia o presentaran un peligro para la sociedad ; iii. Inexistencia del nexo de causalidad, porque en el proceso no hay prueba que conlleve a la responsabilidad patrimonial y administrativa de la entidad.

Finalmente, aseguró que la entidad obró conforme a los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios, y no correspondió a una actuación arbitraria y violatoria al derecho de defensa, sino que al sindicado se le brindaron plenas garantías procesales durante el proceso , razón por la cual solicitó denegar todas las pretensiones de la demanda, al no haberse configurado ningún daño antijurídico, ni falla en el servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación (Archivo pdf 01. 011 -2018-00464 ACCION REPARACI ON DIRECTA TOMO 2 , páginas 116 a 1 32, del expediente digital).

Providencia apelada Es la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2021 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

Al respecto, consideró que pese a que las pruebas técnicas que respaldaban la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación se excluyeron del juicio porque el perito que realizó el examen sexológico a la menor, y la psicóloga que realizó su valoración no fueron escuchados dentro del proceso para ratificar sus informes, para el momento en que se realizó la audiencia de imputación de cargos, dichos medios

que realizó el examen sexológico a la menor, y la psicóloga que realizó su valoración no fueron escuchados dentro del proceso para ratificar sus informes, para el momento en que se realizó la audiencia de imputación de cargos, dichos medios tenían plena validez jurídica , y permitían inferir razonablemente que el imputado podía ser el autor de la conducta delictiva por la cual se le investigaba. Expuso que de acuerdo con el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 el juez de control de garantías por petición de la fiscalía, decreta la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados oSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 5 de 33

de la información obtenidos legalmente, pu eda inferir razonablemente que el imputado podría ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre que la medida de aseguramiento se tornara como necesaria para evitar que el imputado obstruyera el debido ejercicio de la justicia, constituyera un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o que resultare probable que el imputado no comparecería al proceso o que no cumplirá la sentencia ; en ese escenario, consideró que la medida impuesta al demandante, para ese momento resultaba razonable y proporcional , porque pretendía garantizar la comparecencia del sindicado, y la seguridad de la víctima, enfatizando que al momento de realizar

consideró que la medida impuesta al demandante, para ese momento resultaba razonable y proporcional , porque pretendía garantizar la comparecencia del sindicado, y la seguridad de la víctima, enfatizando que al momento de realizar procedimiento de identificación e individualización y arraigo, el demandante intentó huir y agredir a los funcionarios que realizaron la diligencia.

Agregó que la imposición de una medida de aseguramiento en contra de una persona que posteriormente es declarada inocente no implica una responsabilidad patrimonial del Estado, y reiteró que la medida resultó indispensable para adelantar el proceso penal y la seguridad de la víctima, y por consiguiente no resultaba irrazonable, ni desproporcionada. Tales elementos hicieron presumir razonadamente que el acusado era el responsable de la conducta delictiva que se le imputaba, considerando que los supuestos nor mativos para la imposición de la medida de aseguramiento se cumplieron , denegando las pretensiones de la demanda (Archivo pdf 15. AUDIENCIA - SENTENCIA 1RA INSTANCIA , del expediente digital).

Recurso de apelación – Parte demandante La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2021 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Ibagué para que se revoque, y en su lugar se acceda a las pre tensiones de la demanda.

La parte apelante afirmó que de acuerdo con el artículo 420 de la Ley 906 de 2004 es función del juez de conocimiento apreciar la prueba pericial, y al Juez de Garantías, encargado de decidir sobre la restricción del derecho a la libertad de una persona, le

función del juez de conocimiento apreciar la prueba pericial, y al Juez de Garantías, encargado de decidir sobre la restricción del derecho a la libertad de una persona, le corresponde tener conocimiento claro y preciso sobre la prueba pericial elaborado en materia de psicología. Por esa razón, no es suficiente que la fiscalía allegue como elemento material de prueba, una denominada valoración psicológica y que ello implique una inferencia razonable de autoría o participación de una persona en la comisión de un delito; pese a que la decisión se tome en una etapa temprana del proceso ello no releva al juez de analizar la técnica, procedimiento y protocolo empleados por el profesional, para el abordaje técnico (psicología) de un menor de edad en caso de abuso sexual.

Adujo que el juez de primera instancia erró al considerar que si una psicóloga emite un concepto como consecuencia de un abordaje a un menor de edad en un proceso administrativo llevado por la Comisaría de Familia, automáticamente su concepto debe ser aceptado por el juez de garantías, sin que sea necesario efectuar un análisis intenso del estudio y de su confiabilidad.

A continuación, cuestionó en su integridad el análisis técnico aportado en el proceso penal, señalando que este no distingue entre una entrevista, una valoración y una evaluación psicológica , además, si el objetivo del estudio era dar continuidad al proceso de restablecimiento de derechos por parte del área de psicología , debió agotarse en debida forma el protocolo dispuesto para el efecto y para las comisarías de familia, respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; es más, debió

proceso de restablecimiento de derechos por parte del área de psicología , debió agotarse en debida forma el protocolo dispuesto para el efecto y para las comisarías de familia, respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; es más, debió realizarse evaluaciones forenses, y no entrevistas o valoraciones entendidas estas como ejercicios intermedios. También indicó que el estudio no fue exhaustivo , niSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 6 de 33

tuvo el alcance debido, pues debió precisar si lo analizado podía soportarse también fuera de un contexto de abuso sexual. En ese sentido, el estudio n o cumple los procedimientos técnico - científicos esperados para la exploración de presuntos abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes; no sigue protocolos de entrevista para abordaje de niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de abuso sexual ; no es una verdadera valoración psicológica, sino unas meras entrevistas, y al ser entrevistas no hay un análisis de la validez de las declaraciones, ni de credibilidad de sus contenidos ; no tiene rigor científico, además de contener procedimientos incompatibles con la deontología y bioética de los profesionales en psicología según la Ley 1090 de 2006 ; no es valoración psicológica, sino entrevista psicológica, por lo que no cumple con los lineamientos de una evaluación jurídica

procedimientos incompatibles con la deontología y bioética de los profesionales en psicología según la Ley 1090 de 2006 ; no es valoración psicológica, sino entrevista psicológica, por lo que no cumple con los lineamientos de una evaluación jurídica forense, al dar luces de opinión, y no de probabilidad ni de certeza, además de tener un fin administrativo y no judicial ; la valoración realizada por la Comisar ía de Familia, parte de la hipótesis que el hecho efectivamente ocurrió, y no se plantean hipótesis alternativas por lo que hace inviable que esta prueba del PARD, sea trasladada a un proceso judicial, ocurriendo un sesgo confirmatorio, cual es pretender encontrar de manera a priori la confirmación del abuso sexual ; no es un estudio objetivo ni tiene soporte científico; la entrevista no fue grabada ni trascrita, para garantizar la preservación de la prueba según la Ley 1652 de 2013.

Indicó que el juez de primera instancia de forma anticipada concluyó que el juez de control de garantías tuvo razón al imponer la medida de aseguramiento con base en una presunta “valoración psicológica”; no obstante, esta no se ajusta a la psicología forense, como se ha señalado en párrafos anteriores, además que el único que pude determinar este criterio de credibilidad es el juez de conocimiento al momento de proferir una sentencia, pero apoyado en una evaluación psicológica rendida por una experta en psicología forense. En adición, expuso que una psicóloga forense emitió una “valoración” pese a que no era idónea para conceptuar sobre la credibilidad en el relato de la menor, siendo esta competencia del j uez de conocimiento en la

una “valoración” pese a que no era idónea para conceptuar sobre la credibilidad en el relato de la menor, siendo esta competencia del j uez de conocimiento en la sentencia; así, le otorg ó mediante falso juicio de raciocinio un mérito que no le correspondía a esa “prueba”, error en el cual el juez de garantías también incurrió al momento de imponer la medida restrictiva de la libertad.

Expuso que el concepto de valoración sexológica realizada a la menor ante el Instituto Nacional de Medicina Legal, no podía ser tenido como prueba porque ni al momento de las audiencias concentradas, ni escuchado el testigo en el juicio oral , se podría acreditar inferencia razonable, siquiera, en virtud a que si la menor no fue atendida por el galeno de manera oportuna, porque no puso en conocimiento de su progenitora, familia o amigos, la presunta situación afrontada; la valoración no daría cuenta de signos de violenc ia en la humanidad de la adolescente, y por tanto esa valoración del juez resulta irrelevante, porque el ingrediente normativo de la violencia no sería probada, por la demora de la menor en acudir al perito.

De otra parte, señaló que al demandante no debió imponérsele medida de aseguramiento de detención preventiva, porque la fiscalía en la solicitud de audiencia, lo citó a una audiencia de formulación de imputación que es un acto de mera comunicación en el que se le informa al indiciado que va a ser investigado por unos hechos que se encuadran típicamente en el Código Penal , y no lo citó para la imposición de medida de aseguramiento que le afectó su libertad personal, con lo

mera comunicación en el que se le informa al indiciado que va a ser investigado por unos hechos que se encuadran típicamente en el Código Penal , y no lo citó para la imposición de medida de aseguramiento que le afectó su libertad personal, con lo cual comprometió su derecho fundame ntal al debido proceso y al derecho de defensa.

Mencionó que en el presente asunto, no se configuró la urgencia como elemento plausible para solicitar e imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, por cuanto los hechos ocurrieron en el año 2009 y solo 3 años después laSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 7 de 33

Fiscalía consideró urgente la imposición de la medida. El demandante no cambió su lugar de residencia, y acudió de manera voluntaria a interrogatorio facultativo, lo cual en grado de probabilidad indica que quiso afrontar el juicio penal a que fue sometido, por lo que era posible que la fiscalía adelantara el proceso estando el demandante en libertad, considerando como caprichosa la petición de la medida efectuada por la fiscalía . Asimismo, el transcurso de ese tiempo indica que el demandante no cometió o trató de cometer el delito por el cual se le investigó, ni con la víctima ni con otras personas , que sí podría ser el argumento serio para solicitar la restricción de su libertad , y en ese sentido, con el recaudo de otros elementos cotejar la información que finalmente fundamentó la imposición de la medida.

la víctima ni con otras personas , que sí podría ser el argumento serio para solicitar la restricción de su libertad , y en ese sentido, con el recaudo de otros elementos cotejar la información que finalmente fundamentó la imposición de la medida.

Refirió que los jueces penales coincidieron en indicar que no es ajustado a las reglas de la experiencia que una persona (la menor), no haya comunicado el abuso del que fuera víctima a su progenitora, ni a ninguna otra persona, siendo un acto violento, y que igualmente, la progenitora haya tardado 25 días en poner en conocimiento de las autoridades la conducta delictiva presuntamente desplegada por el demandante; así como tampoco, que la víctima continuara sosteniendo comunicación con el presunto victimario. Los elementos aducidos por la fiscalía al momento de solicitar la medida de aseguramiento son contradictorios en sus versiones, como lo dejaron claro los jueces penales en sus sentencias.

Explicó que el fin constitucional expuesto por la fiscalía fue el peligro que representaba la libertad de l demandante para la comunidad infantil, mientras que el Juez de Garantías determinó que el fin constitucional de la medida era el peligro para la víctima, lo cual no es lo mismo, y transgrede el principio de congruencia entre lo solicitado y lo resuelto, y el principio de justicia rogada en materia penal. Sumado a ello, el juez de primera instancia adujo que la medida era razonable para asegurar la comparecencia del indiciado al proceso, aspecto que no fue objeto de pronunciamiento por parte de los jueces penales ni de la fiscalía. Añadió, que los informes de policía judicial no son prueba, sino crit erios orientadores de la

asegurar la comparecencia del indiciado al proceso, aspecto que no fue objeto de pronunciamiento por parte de los jueces penales ni de la fiscalía. Añadió, que los informes de policía judicial no son prueba, sino crit erios orientadores de la investigación, y constituyen un parámetro o dialogo interno entre el cuerpo de investigadores y el fiscal del caso, que no puede argüirse en medio de convicción, menos para basar una medida de aseguramiento.

Los referidos yerros procedimentales y sustanciales comprometen la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado.

Otro punto es el relacionado con la condena en costas del proceso y la fijación en agencias en derecho, las cuales considera excesivas y por consiguiente deben ser reajustadas reduciendo su monto (Archivo pdf 18. APELACION SENTENCIA EDGAR PEÑA CARRILLO, del expediente digital).

Trámite de segunda instancia Mediante auto de 9 de mayo de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , el cual se tramitó según lo previsto en el artículo 247, numeral 5, de la ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 (Archivo pdf 005_AutoAdmiteApelación, del expediente digital).

Pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación frente al recurso de apelación La entidad se pronunció respecto del recurso de apelación, argumentando que de lo probado en este proceso, no se observa la existencia de una privación injusta de la libertad porque la actuación de la entidad se sujetó a los requisitos establecidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004.

probado en este proceso, no se observa la existencia de una privación injusta de la libertad porque la actuación de la entidad se sujetó a los requisitos establecidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004. Aseguró que la investigación adelantada en contra del demandante es una cargaSentencia 2ª Instancia Medio de control: Reparación Directa Radicación: 73001-33-33-011-2018-00464-01

Nro. interno: 308-2022

Demandante: Edgar Peña Carrillo y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Página 8 de 33

publica que estaba obligado a sop