TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2017-00035-02 (20-03-2025)

Ibagué, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2.025)

Radicación No.

Interno No: 73001-33-33-012-2017-00035-02

1246-2023

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Samuel Franco López

Demandado:

Tema: NaciónRama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Bonificación judicial

I. ASUNTO A DECIDIR De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C. de P.A. y de lo C.A., procede esta Sala Oral a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del extremo pasivo en contra de la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones1.

Como petitum de la demanda, el demandante formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERA: la decl aratoria a través de la jurisdicción Contencioso Administrativa de la Nulidad absoluta del acto administrativo contenido en el Oficio No. Dejaib16 1546 del 25 de noviembre de 2016 expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital, por medio del cual negó a mi mandante el reconocimiento y pago de la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo la bonificación judicial como factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelaci ón salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidad con el artículo 3° de la Ley 4ª de

factor salarial en concordancia con lo preceptuado en la ley 4 de 1992 nivelaci ón salarial a la que tiene derecho el demandante de conformidad con el artículo 3° de la Ley 4ª de 1992 correspondiente a los años 2013, 2014, 2015, 2016, tal como lo solicitó a través de la suscrita abogada mediante escrito presentado el día 23 de noviemb re de 2016 a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de esta capital.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración a que se refiere el numeral precedente, se CONDENE a LA NACIÓNRAMA JUDICIAL Y CONSEJO SUPERIOD DE LA JUDICATURA, a ordenar el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional a que tiene derecho mi mandante como servidora de la Rama Judicial, teniendo en cuenta para ello lo establecido por el artículo 3° de la Ley 4ª de 1992, y que consiste en la cancelación de las diferencias prestacionales dejadas de percibir por concepto de prestaciones económicas tales como Primas de Servicios,

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Vacacional, de Navidad, de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, Cesantías y demás, adeudados por los años 2013, 2014, 2015, 2016, y los años futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3° de la Ley 4ª, la cual se encuentra vigente

Cesantías y demás, adeudados por los años 2013, 2014, 2015, 2016, y los años futuros, con fundamento en lo establecido en el artículo 3° de la Ley 4ª, la cual se encuentra vigente para su aplicación; SUMA ESTA QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO ACTUALMENTE y el aume nto que se haga con base en dicha normativa, a que deberá hacerse efectiva a partir del 1° de enero de 2013, fecha en que adquirió el derecho a la nivelación salarial y prestacional y hasta el día que se presenta esta demanda.

TERCERA: De igual modo, se ordenar la actualización de las condenas en los términos del artículo 195 del C.C.A. dando aplicación a la siguiente fórmula:

R= R.H.

En la que el valor presente se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto del no pago de sus prestaciones, desde cuando debieron pagarse hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente en la fecha firmeza de esta providencia por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho lapso”.

2. Fundamentos fácticos2.

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así: ‐ Que el señor Samuel Franco López se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de 1990 hasta la fecha, labor que ha desempeña do de forma continua

hechos que son susceptibles de sintetizarse así: ‐ Que el señor Samuel Franco López se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de 1990 hasta la fecha, labor que ha desempeña do de forma continua e ininterrumpida, ocupando actualmente el cargo de escribiente del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué.

‐ Que por medio de la Ley 4ª de 1992, se establecieron los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2° de esa normativa, por medio del cual el Gobierno Nacional cada año modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1° literal a) b) y d) aumentando sus remuneraciones.

‐ Que en cumplimiento de lo anterior, fue expedido el Decreto 083 del 2013, mediante el cual se creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, misma que inició a pagarse desde el 1 de enero del 2013; sin embargo, esta bonificación no ha sido tenida en cuenta como factor prestacional salvo en lo que respecta al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión.

‐ Que el concepto de remuneración, en principio es omnicomprensivo de todos los pagos que recibe el trabajador o empleado como consecuencia o contraprestación del trabajo. Con dicha expresión se designan, entonces, los pagos derivados de una relación laboral.

‐ Que, el demandante solicitó ante la entidad demandada que se le re conociera la bonificación judicial como factor constitutivo de salario mediante petición presentada

2 Índice de descarga 30 folios 22 a 28 expediente SAMAI.

ÍNDICE FINAL

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2 Índice de descarga 30 folios 22 a 28 expediente SAMAI.

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el 23 de noviembre de 2016, no obstante, la administración judicial resolvió la petición en agotamiento de la vía gubernativa mediante oficio DSAJIB16 -1546 de fecha 25 de noviembre de 2016.

3. Contestación de la demanda.

De conformidad con la constancia secretarial que reposa a folio 94 del cuaderno principal 3, el día 4 de abril de 2018 venció el término de 30 días para contestar la demanda en silencio.

4. Sentencia apelada4.

Lo es la proferida el 27 de junio de 2023, mediante la cual el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda. Estableció que el demandante se encontraba vinculado laboralmente a la Rama Judicial desde el 1 de octubre de 1990 y que a la fecha de presentación de la demanda fungía como Escribiente en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué. En consecuencia, desde el 2013 y con ocasión al Decreto 383 de 2013 ha devengado la bonificación judicial por él creada, solicitando su reconocimiento como factor salarial el 24 de noviembre de 2016, no obstante, le fue negada. Después de realizar un análisis normativo en el correspondiente acápite, dando aplicación al

solicitando su reconocimiento como factor salarial el 24 de noviembre de 2016, no obstante, le fue negada. Después de realizar un análisis normativo en el correspondiente acápite, dando aplicación al precedente vertical y a una in terpretación amplia de los derechos laborales, señaló que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial y por el cual se profirió el decreto 383 de 2013), no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial, que devengan los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, a partir del año 2013, excediendo el ejecutivo su facultad reglamentaria pues excluyó la bonificación salarial para liquidar las pre staciones sociales con la expedición del Decreto 383 de 2013 desconociendo que debía realizar la nivelación atendiendo criterios de equidad tal y como lo ordenaba y fue la finalidad del legislador en la Ley 4 de 1992 y no desmejorando los salarios y prest aciones sociales de sus beneficiarios y desconociendo principios mínimos fundamentales. En consecuencia, dando aplicación a los principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, acogió la excepción de inconstitucionalidad deprecada, e inaplicó la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensi ones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 al considerar que, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 al considerar que, la bonificación judicial también constituye factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales. Finalmente, declaró la nulidad del oficio DESAJIB 16 -1546 del 25 de noviembre de 2016 y declaró prescritas las acreencias laborales anteriores al 24 de noviembre de 2013.

5. Recurso de apelación5.

3 Índice de descarga 30 expediente SAMAI. 4 Índice de descarga 4 expediente SAMAI. 5 Índice de descarga 11 expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-012-2017-00035-02

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Interpuesto oportunamente por la vocera judicial del extremo accionado, solicita la revocatoria del fallo de primer grado y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones de la demanda. Señala que el acto administrativo demandado Oficio No. DESAJIBO16 -1546 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, corresponde a un acto administrativo dictado bajo los parámetros de orden legal, pues la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, como agentes del Estado y garantes del principio de legalidad, están so metidos al imperio de la ley y obligados a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, debiendo darle estricto cumplimiento a los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015 que

y obligados a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, debiendo darle estricto cumplimiento a los Decretos 383 y 1269 de 06 de mayo de 2013 y 09 de junio de 2015 que establecen que la bonificación judicial n o constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales que devengan sus beneficiarios y por ende el demandante, pues ellos gozan de legalidad al estar vigentes a la fecha. Adicionalmente, solicita se revoque o modifique la decisión que conc edió efectos ultra y extra petita, pues no se puede reconocer o decretar el pago sobre emolumentos que de suyo no se tratan, ni se causaron en el oficio de la nulidad, incurriendo en un IMPOSIBLE JURÍDICO, desconociendo principios de la administración de j usticia como la congruencia del fallo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se están reconociendo pretensiones sin la debida y requerida autorización presupuestal incurriendo ello en un desequilibro presupuestal y una falta disciplinaria, pues no se cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal que dé cuenta de la existencia de los recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones que le impongan la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 4 de diciembre de 20246, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demand a al respecto la parte demandante se pronunció, no obstante, como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso a dar

por la apoderada judicial de la parte demand a al respecto la parte demandante se pronunció, no obstante, como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, se dispuso a dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del artículo 247 del C. de P.A. y de lo C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. ‐ Pronunciamiento sobre el recurso de apelación7.

La apoderada de la parte demandante mediante memorial solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia, al considerar que, dentro del proceso se encuentra acreditado que el señor Samuel Franco López ha percibido la discutida bonificación de manera ininterrumpida, bajo un carácter ordinario, fijo y retributivo, constituyéndose así, como factor salarial por lo que no hay lugar a siquiera indicar que este pago sea un reconocimiento discrecional y ocasional por parte del empleador. En ese orden de ideas y citando jurisprudencia del Consejo de Estado advirtió que la definición de salario corresponde al desarrollo real del vínculo laboral y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya, por lo tanto, al configurarse los re quisitos de la naturaleza salarial de un pago no puede ser desconocido por la expedición de un Decreto marco, máxime si se tiene en cuenta que los derechos laborales deben prevalecer.

IV. CONSIDERACIONES

6 Índice de descarga 41 expediente SAMAI. 7 Índice de descarga 41 - 1expediente SAMAI.Radicado No. 73001-33-33-012-2017-00035-02

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1. Sobre la competencia.

Es competente esta Colegiat ura para desatar la impugnación contra la sentencia de primer grado, según voces de los arts. 153 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir en su orden que corresponde a los Tribunales Administrativos e n segunda instancia conocer de las apelaciones contra las sentencias de primera instancia dictadas por los jueces; asimismo, que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos. Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 73001 33 33 005 2016 00238 01 (1958 -2024) en auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), decidió declarar infundado el impedimento formulado por esta Corporación en casos con similares contornos a los que aquí se analizan, tal y como se advirtió en el auto que admitió el recurso de apelación dentro del sub lite.

2. Problema jurídico.

Se debe establecer si el acto administrativo enjuiciado infringió las normas Constitucionales y legales invocadas en el libelo introductorio, en cuanto negó al accionante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liqu idadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 1 de enero de 2013, o si, por el

pago de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías y demás), liqu idadas incluyendo la bonificación judicial devengada a partir del 1 de enero de 2013, o si, por el contrario, las mismas fueron reconocidas y canceladas conforme a derecho. Previo a resolver el problema jurídico arriba expuesto, considera pertinente este C olectivo, traer a colación las disposiciones legales que regulan el reconocimiento de la bonificación judicial objeto de debate,

3. Marco normativo y jurisprudencial. 3.1. Régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 150 numeral 19 literal e) consagra como atribución del Congreso de la República, la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos; en desarrollo de dicha normativa fue expedida la ley 4 de 1992, la cual en su artículo 1° dispuso que correspondía al Gobierno Nacional, dentro de los marcos establecidos en esa ley, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Gobierno Nacional, entre ellos, los de la Rama Judicial.

En virtud de lo contemplado en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 de 1993 " Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se d ictan otras disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la

disposiciones", y en sus artículos 1 y 2 dispuso:

"ARTICULO lo. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración deRadicado No. 73001-33-33-012-2017-00035-02

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otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismos o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndos e por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha”.

Del precepto normativo transliterado se infiere que para los empleados de la Rama Judicial existen dos sistemas de remuneración: i) el primero, hace referencia al sistema de acogidos y se aplica para todos aquellos que se vincularon a partir de la entrada en vigencia del referido decreto, esto es a partir del 07 de enero de 1993 y también para aquellos funcionarios que ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para

ya venían vinculados y que decidieron acogerse a dicho régimen antes del 28 de febrero del mismo año; y ii) un segundo régimen correspondiente al de no acogidos, que aplica para aquellos que se encontraban vinculados con anterioridad a la vigencia del dicha norma y no manifestaron optar por este última, razón por la cual dichos servidores continuaron bajo el amparo de las disposiciones anteriores.

De otra parte, la citada disposición en su artículo 14 dispuso:

“ARTICULO 14: El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama J udicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con fundamento en dicha disposición normativa, se inició el proceso de nivelación salarial de

funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”

Con fundamento en dicha disposición normativa, se inició el proceso de nivelación salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, proceso este que se fue desarrollando paulatinamente con las expedición de los decretos 610 de 1998 y 440 de 2004, a través de los cuales se establecieron unas bonificaciones a los Magistrado de Tribunal y otros funcionarios; sin embargo dicha nivelación salarial sólo surtió efectos para los demás los servidores de la Rama Judicial hasta la expedición del Decreto 383 de 2013.

3.1.1 De la bonificación judicial de los servidores de la Rama Judicial

El Gobierno Nacional, en desarrollo del mandato establecido en la Ley 4 de 1992 expidió el Decreto 383 de 2013, “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones ”, en los siguientes términos

“Artículo 1°. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en losRadicado No. 73001-33-33-012-2017-00035-02

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Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan,

Decretos números 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto número 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una boni ficación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (…)

Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia, no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del

las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el De partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”. (Se destaca fuera de texto).

De acuerdo con el precepto normativo anotado en precedencia, resulta claro que los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, sometidos al régimen salarial de acogidos y, a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995, y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o su stituyan, tienen derecho a recibir un bonificación judicial, la cual será cancelada de manera mensual y sólo constituirá factor salarial para efectos de la base de cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en Pensiones.

Igualmente resulta preciso señalar que, conforme a la Cartilla Laboral de la Rama Judicial, la bonificación judicial comenzó a reconocerse de manera mensual a partir del 10 de enero de 2013, de acuerdo a los valores estipulados en el citado Decreto que la creó, el cual estableció un reconocimiento gradual y fraccionado por un periodo de 6 años, esto es, desde el año 2013 hasta el año 2018, el cual será percibido por el funcionario siempre y cuando permanezca vinculado al servicio.

Posteriormente, dicho emolumento ha sido ajustado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de

hasta el año 2018, el cual será percibido por el funcionario siempre y cuando permanezca vinculado al servicio.

Posteriormente, dicho emolumento ha sido ajustado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024 conforme al parágrafo del artículo 1º, y en los mismos términos inicialmente reconocida. Así mismo, dicho s decretos han hecho lo propio para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, a los cuales el Decreto 384 de 2013 creo la bonificación judicial.

En casos en los que se ha analizado emolumentos económicos devengados por servidores en entidades del Estado y su carácter salarial, el Consejo de Estado ha señalado que, “ (...)Radicado No. 73001-33-33-012-2017-00035-02

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cualquier “incentivo” que se le dé a un trabajador de manera habitual y como contraprestación de su labor, como ocurre en este caso, debe significar ineludiblemente un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, que no puede desconocerse ni desnaturalizarse cercenándole el carácter de factor salarial. (…) Así las cosas, el Ejecutivo al establecer que este 26%, como rubro

público, que no puede desconocerse ni desnaturalizarse cercenándole el carácter de factor salarial. (…) Así las cosas, el Ejecutivo al establecer que este 26%, como rubro máximo a devengar por medio de este incentivo, no constituye factor salarial, lo que en realidad hace es despojar de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que de contera disminuye el monto de las prestaciones sociales. (…) Bajo ese entendido, el mentado “incentivo” que acá se analiza no tiene causa distinta a la del servicio que presta el funcionario e indudablemente es factor salarial, lo que hace forzoso concluir que restarle esa categorización a dicho emolumento y despojar ese porcentaje del salario, sería tanto como desmejorar en sus condiciones laborales a los servidores que devengan tal suma de dinero sin que la misma haga parte del salario. (…)” 8. En sentencia más reciente el Consejo de Estado9 al momento de analizar la naturaleza jurídica de esta misma bonificación judicial para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el emolumento para servidores de la Fiscalía, previsto en el Decreto 382 del 2013, constituye salario y debe hacer parte de sus prestaciones sociales. Ello implica que los llamados funcionarios no acogidos también deben recibir este pago de manera mensual. En dicha oportunidad, concluyó:

“Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 del marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: I) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, II) porque al ser ésta continua,

deprecada por el demandante: I) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, II) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados. Además de las anteriores consideraciones, la Sala recuerda que existe una sólida línea jurisprudencial creada por los Jueces y Magistrados de nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha bonificación al analizar el concepto de sal ario, la noción de factor salarial y los criterios que permiten su identificación, tomando como referencia lo que al respecto consagran la ley laboral colombiana y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indicando que según la ley laboral colombiana el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual y no por mera liberalidad del empleador . Así tenemos, que la susodicha bonificación judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye sala rio, pues constituye una retribución directa por sus servicios, incluidas las bonificaciones habituales. En este orden de ideas, para la