TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2018-00096-01 (15-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Mag. Ponente: John Libardo Andrade Flórez

Ibagué, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-012-2018-00096-01

INTERNO: 00962/2022

DEMANDANTE: CECILIA NUÑEZ SALAZAR Y OTROS

DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS

DESPOJADAS

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2022, por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué , que negó las pretensiones de la demanda, no observándose nulidad alguna que invalide lo actuado dentro del presente medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por

CECILIA NUÑEZ SALAZAR Y OTROS en contra LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS.

ANTECEDENTES La señ ora Cecilia Núñez Salazar, quien obra en nombre propio y en nombre y representación de sus menores hijos Yeimy Rocío Chaguala Núñez, Yudy Camila Chaguala Núñez, María Fernanda Chaguala Núñez ; y los señores Jorge Luis Arciniegas Núñez, Juan Carlos Núñez Salazar, Simón Núñez Salazar, Héctor Javier Núñez Salazar, Flor Alba Núñez Salazar, Gonzalo Núñez Salazar, María Nancy Gutiérrez Núñez, Sandra Liliana Gutiérrez Núñez, Gladys Patricia Núñez Salaz ar,

Núñez Salazar, Flor Alba Núñez Salazar, Gonzalo Núñez Salazar, María Nancy Gutiérrez Núñez, Sandra Liliana Gutiérrez Núñez, Gladys Patricia Núñez Salaz ar, actuando por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda, con la finalidad de obtener mediante sentencia judicial, un pronunciamiento favorable sobre las siguientes:

PRETENSIONES1

A través de este medio de control los demandantes pretenden que se dec lare la nulidad de la Resolución No RI 01724 del 29 de diciembre de 2016 y la Resolución No 01378 del 21 de abril del 2017, y recurso de reposición resuelto el 18 de septiembre del 2017, que decidió no iniciar el estudio formal de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

1Fls. 53-55, Documento 02, expediente electrónicoEXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 2

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TIERRAS DESPOJADAS

Como consecuencia a título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la Nación - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a pagar a Cecilia Núñez Salazar, quien obra en nombre propio y en

Como consecuencia a título de restablecimiento del derecho solicita se condene a la Nación - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a pagar a Cecilia Núñez Salazar, quien obra en nombre propio y en nombre y representación de sus menores hijos Yeimy Rocío Chaguala Núñez, Yudy Camila Chaguala Núñez, María Fernanda Chaguala Núñez ; y los señores Jorge Luis Arciniegas Núñez, Juan Carlos Núñez Salazar, Simón Núñez Salazar, Héctor Javier Núñez Salazar, Flor Alba Núñez Salazar, Gonzalo Núñez Salazar, María Nancy Gutiérrez Núñez, Sandra Liliana Gutiérrez Núñez, Gladys Patricia Núñez Salaz ar, , por concepto de:

1. DAÑOS MATERIALES: la suma de $179.673.436 discriminados así: por el valor de la Finca $100.000.000, por el valor de nueve aptos para el trabajo material la suma de $79.673.436. • DAÑOS MORALES la suma $885.260.400, originados en el daño sicológico y mental mezclado con angustia, aflicción, depresión y neurosis. • DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN la suma de $1.770.520.800, originados a todo el núcleo familiar porque las (12) personas sufrieron modificación de las condiciones normales de vida que le impuso desdén, desprotección de estado, dejación de estado, calculo la cuantía en Doscientos (200) S alarios Mínimos

Mensuales Legales Vigentes

Total: $2.835.454.636.

Adicionalmente solicita la reparación de los daños anteriores y se condene a la

dejación de estado, calculo la cuantía en Doscientos (200) S alarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

Total: $2.835.454.636.

Adicionalmente solicita la reparación de los daños anteriores y se condene a la Nación - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a pagar a favor de los demandantes, el valor correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano entre la fecha que se dicte sentenc ia y la fecha en se haga efectivo el pago; y a pagar a los actores las cantidades que corresponden al valor de los intereses comerciales de las sumas a que se condene, desde la fecha en que se dicte sentencia y la fecha en se haga efectivo el pago de la demanda. Las anteriores pretensiones las cimentó la parte actora en los siguientes

HECHOS2

Manifiestan los demandantes que, en el año 2014, habitaban en la finca llamada El Corazón, localizada en la vereda la Betulia, del Municipio de Ortega - Tolima, con área de 8 Hectáreas 750 Metros Cuadrados , momento en el cual iniciaron situaciones de acoso por parte de los vecinos y autoridades, que incluyeron vías de hecho, que pusieron en peligro las vidas, los bienes, patrimonio razón por la cual el día 12 de junio del 2016, salieron del mencionado predio con el

2 Fls. 55-65, Documento 02, Expediente electrónicoEXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 3

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: CECILIA NUÑEZ SALAZAR Y OTROS

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consecuente desplazamiento , situación que fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación.

1. Mediante Resoluciones No RI 01724 del 29 de diciembre de 2016 y Resolución No 01378 del 21 de abril del 2017, y el consecuente recurso de reposición resuelto el 18 de septiembre del 2017 , la demandada decidió no iniciar el estudio formal de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas

Forzosamente.

2. Manifiestan los demandantes que , para obtener la inscripción en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por la salida forzosa, tiene que ser el objeto activo miembro de un grupo armado ilegal, sin tener en cuenta que existe delincuencia y otros hechos por los cuales se desplazan las familias.

3. Por considerar que los demandantes tenían derecho a la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y dicha omisión constituyó perjuicios para los demandantes de orden material y moral, se presentó el medio de control con el fin de se ordene a la entidad demandada la nulidad de los actos demandados y el reconocimiento de los perjuicios alegados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN Se indicaron en la demanda como normas violadas las siguientes: Constitución Nacional: artículo 6,13 y 90 Ley 1448 de 2011

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN Se indicaron en la demanda como normas violadas las siguientes: Constitución Nacional: artículo 6,13 y 90 Ley 1448 de 2011 Indica que la parte demandante que la Unidad de Restitución Tierras al no iniciar el estudio formal de una solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, produjo daños y perjuicios a la demandante y su núcleo familiar. Por lo anterior, considera que los actos administrativos que se abstuvieron de iniciar el estudio formal de la solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas, son “irregular” o “nula”, “por ser abiertamente contraria al orden legal” , ya que los demandantes son personas desplazadas por otros actores violentos distintos de los grupos armados habituales (vecinos y las mismas autoridades locales), circunstancia que no fue valorada por la entidad demandada en su determinación. En consecuencia, estima que la demandada no dio cumplimiento a la igualdad de trato ante la ley, la misma Ley 1448 de 2011 que establece el trámite de inscripción de bienes y las distintas sentencias de la Corte Constitucional sobre desplazamiento forzado en Colombia.EXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 4

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE

TIERRAS DESPOJADAS

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS La apoderada s e opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, argumentando que los demandantes no tienen derecho a la inscripción en el RTDAF, en tanto no se cumplen con los requisitos en tanto la demandante manifiesta amenazas y acoso por parte de los vecinos. Adiciona que en el proceso administrativo no se allegaron, las pruebas y documentos necesarios y establecidos en la ley, así como tampoco se establecieron que las circunstancias de modo y tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos manifestados por la demandante efectivamente hubieren existido. Agregó, que del expediente se puede concluir no se encuentra probado que exista un actor o un grupo armado al margen de la ley que hubiere causado el desplazamiento, sino que por el contrario se encuentra demostrado que la señora tenía problemas con sus vecinos por un tema de servidumbre, situación que no se encuadra en lo establecido en el artículo 3 de la ley 1448 de 2001. Finalmente, presentó las excepciones que denominó inexistencia del nexo causal entre la pérdida jurídica del predio y los hechos de violencia , inepta demanda por ausencia de concepto de violación y la que denominó genérica.

SENTENCIA RECURRIDA4

El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, profirió sentencia el día 30 de junio de 2022 , declaró probada la excepción propuesta por la entidad y en consecuencia negó la s pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en

de junio de 2022 , declaró probada la excepción propuesta por la entidad y en consecuencia negó la s pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, determinando en la parte resolutiva lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción propuesta por la entidad demandada denominada “INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA PÉRDIDA JURÍDICA DEL PREDIO Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA” y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por CECILIA NÚÑEZ SALAZAR en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: Sin CONDENA en costas, según lo motivado.

TERCERO: Por Secretaría HACER entrega de los remanentes que por concepto de gastos ordinarios del proceso existan a favor del accionante.

3 Fls. 80-104, 112-136, Documento 02, expediente electrónico 4 Fol. Documento 18_18_ del expediente digitalizado índice samai de primera instanciaEXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 5

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TIERRAS DESPOJADAS

CUARTO: Una vez en firme, REALIZAR las anotaciones en el programa respectivo y efectuado la totalidad de los trámites acá ordenados, ARCHIVAR el expediente.

TIERRAS DESPOJADAS

CUARTO: Una vez en firme, REALIZAR las anotaciones en el programa respectivo y efectuado la totalidad de los trámites acá ordenados, ARCHIVAR el expediente.

QUINTO: NOTIFICAR esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del C.P.A.C.A. Se advierte que contra la misma procede el recurso de apelación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación (Art. 247 Ibídem).” Para arribar a tal conclusión, planteó como problema jurídico principal, si resulta procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y en consecuencia, establecer si la señora Cecilia Núñez Salazar tiene derecho a que la entidad demandada inicie estudio formal de la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, respecto al predio de su propiedad denominado “El Corazón”, ubicado en la Vereda La Bertulia del Municipio de Ortega - Tolima, identificado con el folio de Matricula Inmobiliaria No. 360-19417.

Adicionalmente, como problema secundario, si r esultaba procedente declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los perjuicios de orden material, moral y daño a la vida de relación causados a los demandantes, como consecuencia de la determinación adoptada por la entidad en los actos administrativos censurados, referente a no iniciar el estudio formal de la solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, formulado por Cecilia Núñez Salazar respecto del inmueble antes citado. Seguidamente, realizó el estudio del marco normativo aplicable y se refirió al

Forzosamente, formulado por Cecilia Núñez Salazar respecto del inmueble antes citado. Seguidamente, realizó el estudio del marco normativo aplicable y se refirió al derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, los titulares a la restitución y la información de la solicitud de registro ; respecto al requisito de tiempo encontró probado que efectivamente los presuntos hechos ocurrieron en vigencia de la citada ley y finalmente determinó que respecto al último requisito, no se encontraba acreditado en la actuación surtida ante la Unidad de Tierras que el abandono del predio haya tenido como consecuencia infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, situación que impedía acceder a las pretensiones de la demanda. Concluyendo entonces que, los actos administrativos demandados se encontraban revestidos de la presunción de legalidad que lo s amparaba, fue expedido por la autoridad competente y en cumplimiento de los parámetros normativos establecidos en la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes, por ello se despachar on desfavorablemente las pretensiones elevadas en el libelo introductor, declarando probada la excepción de mérito denominada “INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA PÉRDIDA JURÍDICA DEL PREDIO Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA” propuesta por la entidad demandada.EXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 6

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DEMANDANTE: CECILIA NUÑEZ SALAZAR Y OTROS

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IMPUGNACIÓN5

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia, solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Reitera los argumentos presentados en la demanda y reiteró que el caudal probatorio esta sufrientemente probado las situaciones fácticas que demuestran “la falla del servicio, los daños, los hechos y su nexo causal.” La imputabilidad de la responsabilidad y el nexo de causalidad. Sostiene, que no existe una debida valoración de las pruebas y el fallo desconoce la irresponsabilidad y la dejación del Estado a través de sus entes territoriales como “Fiscalía, Personería, Policía, Ejército, Inspección de Policía, que hacen parte de la Institucionalidad. Por lo anterior, solicita a esta Corporación revocar la Sentencia de Primera Instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante auto del 12 de diciembre de 2022 por reunir los requisitos legales, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, el 30 de junio de 2022. En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el

demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, el 30 de junio de 2022. En los términos de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se advierte que dentro del término comprendido entre la notificación del auto que concedió la apelación y la ejecutoria de la providencia que admitió el respectivo recurso no hubo pronunciamiento alguno de las partes. Así mismo, de acuerdo con la constancia secretarial de ingreso al Despacho para decisión de fondo de fecha 02 de febrero de 2023 , con constancia que admitió el recurso de apelación interpuesto fue notificada al agente del Ministerio Público el 17 de enero de 2023 , quien guardó silencio dentro del término concedido para rendir concepto. Encontrándose el proceso en estado de decidir, a ello se procede, con base en las siguientes CONSIDERACIONES COMPETENCIA De conformidad con el artículo 153 del C.P.A.C.A., esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte

5 Documento 020 del expediente digitalEXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 7

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demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral

DEMANDADA: NACIONUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCION DE

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demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, del 30 de junio de 2022 , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si la demandante cumplió los presupuestos legales para la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, o si, por el contrario, se encuentra probada la excepción denominada “Inexistencia de Nexo Causal Entre La Pérdida Jurídica del Predio y los Hechos de Violencia ” y se debe confirmar la decisión de primera instancia que negó pretensiones de la demanda. TESIS DE LA SALA La tesis que sostendrá la Sala, se circunscribe en afirmar que la demandante no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011, norma que debe aplicarse en el caso bajo estudio por lo tanto tal como lo determinó la primera instancia no es dable la solicitud de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

FUNDAMENTO DE LA TESIS DEL DESPACHO AL PROBLEMA JURÍDICO

DEL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS Y

ABANDONADAS FORZOSAMENTE

LEY 1448 DE 2011

A través de la mencionada ley se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Entre otros temas se establecieron, los mecanismos tendientes a revertir la situación

LEY 1448 DE 2011

A través de la mencionada ley se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Entre otros temas se establecieron, los mecanismos tendientes a revertir la situación de despojo y abandono de las tierras, padecidas por las víctimas del conflicto , procurando, preferentemente, retornarlas a los predios que ocupaban como propietarias o poseedoras antes de la situación anómala que les impuso salir de allí, ya que de no ser posible se contempla, subsidiariamente, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación.

Estableciendo en el artículo tercero la condición de victima en estos casos así:

“ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS . Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión delEXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 8

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conflicto armado interno. <Apartes subrayados CONDICIONADLMENTE exequibles> También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera

TIERRAS DESPOJADAS

conflicto armado interno. <Apartes subrayados CONDICIONADLMENTE exequibles> También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

PARÁGRAFO 1. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable.

De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

PARÁGRAFO 2. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera

niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los t érminos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

PARÁGRAFO 3. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

PARÁGRAFO 4. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

PARÁGRAFO 5. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácterEXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 9

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político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado

DEMANDADA: NACIONUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCION DE

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político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3°) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminale s, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.” (Negrilla de la Sala)

De acuerdo con lo determinado en los artículos 72 a 79 de la referida ley, en el trámite de restitución de tierras por abandono forzado o despojo, se surte en dos etapas, una primera de naturaleza administrativa ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la segunda de orden judicial, a cargo de los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras y de las salas civiles especializadas en restitución de tierras de los tribunales superiores de distrito judicial, así:

“ARTÍCULO 72. ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS. El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconoce r la compensación correspondiente.

Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y reconoce r la compensación correspondiente. Las acciones de reparación de los despojados son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación.

En el caso de bienes baldíos se procederá con la adjudicación del derecho de propiedad del baldío a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la adjudicación.

La restitución jurídica del inmueble despojado se realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, según el caso. El restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el registro de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del derecho de posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de pertenencia, en los términos señalados en la ley.

En los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por equivalente para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación, previa consulta con el afectado. La compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de restitución. (…)”EXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 10

La compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de restitución. (…)”EXPEDIENTE: 73001-33-33-012-2018-00096-01 10

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TIERRAS DESPOJADAS

ARTÍCULO 73. PRINCIPIOS DE LA RESTITUCIÓN. La restitución de que trata la presente ley estará regida por los siguientes principios:

1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo posrestitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas; NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012.

2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese derecho; NOTA: Expresión subrayada declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-715 de 2012.

3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas;

4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad;

restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas;

4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad;

5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o compensación;

6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas;

7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la comunidad contará con la plena participación de las víctimas;

8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados.

En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.

ARTÍCULO 74. DESPOJO Y ABANDONO FORZADO DE TI