TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2019-00290-01 (22-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-012-2019-00290-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandante: JAIME JAVIER RINCON VASQUEZ

Apoderado: JAIME AUGUSTO RICO LEZAMA

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Apoderado: María del Pilar Bernal Cano

Tema: Contrato realidad

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el treinta y uno (31) de Octubre de dos mil veintidós (2022), por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Ibagué que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Jaime Javier Rincón Vásquez1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra él Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) solicitando que se acojan las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 73-2-2019006395 de fecha 06 de junio de 2019, expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENAy suscrito por el Director Regional del Tolima, en el cual se negó

006395 de fecha 06 de junio de 2019, expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENAy suscrito por el Director Regional del Tolima, en el cual se negó el reconocimiento de una relación laboral como docente instructor de esa entidad.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se declare la existencia de una relación laboral, se condene a la demandada a pagar las contraprestaciones correspondientes a la relación laboral encubierta por el periodo comprendido desde junio de 2005 hasta la actualidad, tales como salarios, pagos por trabajo suplementario, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios, bonificaciones y aportes patronales a la seguridad social, se ordene la indexación de las sumas reconocidas en la sentencia que ponga fin al proceso. Se ordene el cumplimiento del fallo conforme a l o dispuesto en los artículos 189, 192 y 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

11 Por medio de apoderado.2

Se condene a la demandada al pago de las costas procesales.

1.1.2. Hechos

De forma sucinta, en relación con las pretensiones de la demanda, se expusieron las siguientes circunstancias fácticas:

Indicó que Jaime Javier Rincón Vásquez laboró para el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en calidad instructor contratista y en otras funciones, desde el mes de junio del 2005, ejerciendo el cargo de instructor contratista impartiendo formación profesional en el área agrícola a través de contratos de prestación de servicios.

Señaló que, durante dicho período, prestó sus servicios de manera personal ,

mes de junio del 2005, ejerciendo el cargo de instructor contratista impartiendo formación profesional en el área agrícola a través de contratos de prestación de servicios.

Señaló que, durante dicho período, prestó sus servicios de manera personal , remunerada y subordinada como “instructor contratista” en el Servicio Nacional de AprendizajeSENA, regional Tolima, dirigido y supervisado en cumplimiento a lo ordenado en los lineamientos, diseños curriculares, guías de aprendizaje y cronogramas desarrollados en los diferentes horarios, supervisado por los directivos de la entidad entre ellos: la coordinación académica, coordinación misional y subdirectora del centro ,realizando labores bajo órdenes estrictamente suministradas sobre la formación profesional integral siguiendo los proyect os referenciados y guías de aprendizaje establecidas por la coordinación académica , la misional y la subdirección del centro de formación del SENA.

Evocó la continuidad de las labores desempeñadas, e ste rol incluía, además de la capacitación respectiva de aprendices , el cumplimiento de horario en el centro académico, cumplimiento de cronogramas de actividades , asistencia a las aulas , espacios donde debía impartir la formación profesional, indicándosele al accionante las competencias, resultados de aprendizaje que debía orientar, con la condición de ejecutar horas específicas de inicio y finalización de las fases del proyecto formativo, las cuales debía efectuar de manera estricta, aportando como exigencia el cronograma contentivo de las actividades anteriormente citadas, radicándolas en la plataforma Sofía plus, supervisado por el coordinador académico quien vigilaba y llamaba la atención ante el eventual incumplimiento. Alude que, además de prestar

cronograma contentivo de las actividades anteriormente citadas, radicándolas en la plataforma Sofía plus, supervisado por el coordinador académico quien vigilaba y llamaba la atención ante el eventual incumplimiento. Alude que, además de prestar sus servicios en las diferentes aulas de los centros de formación, debía realizar visitas a los aprendices en etapa productiva (cronograma que también le entregaba el coordinador académico) en las diferentes empresas.

Mencionó que, durante este período, se le orden ó cumplir un horario d e trabajo ,(basado en las directrices de las actividades y cronogramas) , para impartir la formación profesional a los grupos de aprendices en diferentes turnos , diurnos , nocturnos , sábados y algunos festivos , en las instalaciones del SENA o en los lugares dispuestos por la entidad según la necesidad d el servicio, por lo tanto, recibió órdenes para laborar por parte de los supervisores, coordinadores académicos, por parte de otros instructores vinculados del SENA, recibiendo instrucciones en los diferentes equipos de desarrollo curricular, equipos pedagógicos, de investigación, autoevaluación, registro calificado, equipos de calidad, entre otros.

Aseguró que Rincón Vásquez suscribió con el subdirector del centro de formación, una lista de contratos titulados de prestación de servicios, en los cuales el SENA definía el objeto , cargo y seguimientos durante el periodo de vinculación laboral, así mismo, cumplía horarios, órdenes y directrices de formación académicas, por lo cual recibía mensualmente un salario como instructor.

Declaró que, el 03 de mayo de 2019 solicito por el tiempo laborado ante la autoridad demandada el reconocimiento de una relación laboral (contrato realidad), así como3

cual recibía mensualmente un salario como instructor.

Declaró que, el 03 de mayo de 2019 solicito por el tiempo laborado ante la autoridad demandada el reconocimiento de una relación laboral (contrato realidad), así como3

el pago de las contraprestaciones derivadas de este reconocimiento, y que dicha petición fue denegada mediante el acto administrativo N ° 73 -2-2019-006395, fechado el 06 de junio de 2019.

1.2. Contestación de la demanda

El Servicio Nacional de AprendizajeSENA expresó oposición a las pretensiones, negándolas en su mayoría, del mismo modo, mencionó que respecto a los hechos aducidos por el demandante son meramente afirmaciones subjetivas, a excepción de la validez del Acto Administrativo contenido en el oficio N° 73-2-2019-006395 del 06 de jun io de 2019, indicando así que no existe violación de normativi dad, pues indica que, la contratación suscrita con el demandante está regulada por el Decreto Ley 222 de 1983,La Constitución Política y Ley 80 de 1993.

Expresó que conforme al artículo 32 de la ley 80 , en ningún caso los contratos de prestación de servicios generan relación laboral ni prestaciones sociales, pues estos se celebran de acuerdo a la necesidad de la entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse por personal de plante o requieran conocimientos especializados, estableciendo así, la naturaleza propia del Contrato de prestación de servicios y la autonomía del accionante en cada una de sus actividades desarrolladas, refiriendo que dentro de la documentación que presenta como prueba el demandante, no se demuestra que exista el elemento de subordinación o dependencia.

autonomía del accionante en cada una de sus actividades desarrolladas, refiriendo que dentro de la documentación que presenta como prueba el demandante, no se demuestra que exista el elemento de subordinación o dependencia.

Indicó que, en sentencias del Consejo de Estado y Corte constitucional, se manifestó que el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia frente al contrato de prestación de servicios , suscrito por el t érmino estrictamente necesario, sin existencia de continuidad, siendo claro en determinar que, la vigilancia de un supervisor y adjudicación de horario se manifiesta de común acuerdo conforme al cumplimiento del objeto del contrato y no significa por ello que exista una subordinación o dependencia con el empleador.

Reiteró que el acto acusado se ajusta al ordenamiento jurídico, en virtud de que la relación con el demandante fue de carácter contractual, derivada de la suscripción de los siguientes contratos de prestación de servicios:

-Contrato de Prestación de Servicios 115 de julio de 2005 con fecha de terminación 30 de diciembre de 2005. -Contrato de Prestación de Servicios 138 del 22 de agosto de 2005, fecha de terminación 3 de noviembre de 2011 -Contrato de Prestación de Servicios 036 de 2006, con fecha de terminación 10 meses. -Contrato de Prestación de Servicios 100 de 2007, con fecha de terminación 6 meses. 16 de septiembre de 2007. -Contrato de Prestación de Servicios 264 de 2007, con un plazo 3 meses 15 días28 de diciembre de 2007. -Contrato 38 de 22 de febrero de 2011fecha terminación 30 de junio de 2011

-Contrato de Prestación de Servicios 264 de 2007, con un plazo 3 meses 15 días28 de diciembre de 2007. -Contrato 38 de 22 de febrero de 2011fecha terminación 30 de junio de 2011 -Contrato de Prestación de Servicios 315 de 2011, con un plazo 4 meses 28 días19 de julio de 2011. -Contrato de Prestación de Servicios 66 del 26 de enero de 2012, con un plazo .29 de junio de 2012 -Contrato de Prestación de Servicios 576 de julio de 2012. Con un plazo 5 meses -Contrato de Prestación de Servicios 407 de 2013, con un plazo 9 meses 22 días, 15 de diciembre de 2012 -Contrato de Prestación de Servicios 1387 noviembre de 2013, con un plazo hasta 16 de diciembre de 2016 -Contrato de Prestación de Servicios y modificación al contrato 162 de enero de 2014.- con un plazo hasta 31 de agosto de 20144

-Contrato de Prestación de Servicios 1702 de 2014. Con un plazo - 30 de diciembre de 2014 -Contrato de Prestación de Servicios y modificación al contrato 132 de 2015con un plazo 11 de diciembre de 2015 -Contrato de Prestación de Servicios 191 de 2016. 16 de diciembre de 2016, con un plazo de diciembre de 2017 -Contrato de Prestación de Servicios 586 de 2017. Con un plazo hasta el 19 de diciembre de 2016 -Contrato de Prestación de Servicios 780 de 2018.con un plazo hasta el 14 de diciembre de 2018

-Contrato de Prestación de Servicios 586 de 2017. Con un plazo hasta el 19 de diciembre de 2016 -Contrato de Prestación de Servicios 780 de 2018.con un plazo hasta el 14 de diciembre de 2018

Como consecuencia de lo anterior, durante la ejecución de los respectivos contratos se realizó estrictamente el cumplimiento del objeto de los mismos y como se indicó, la remuneración recibida constituye honorarios no salario.

Alegó la tacha de los testimonios, la excepción de prescripción para toda la suma u obligación que pueda resultar probada y que se haya realizado con anterioridad a tres años.

1.3. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Doce Administrativo Mixto de Ibagué dictó sentencia de primera instancia el 31 de octubre de 202 2, en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de “PRESCRIPCIÓN”, respecto del pago de las prestaciones sociales, anteriores al 1° de febrero de 2016, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del oficio No. 73-2-2019-006395 del 6 de junio de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, a reconocer a favor del señor JAIME JAVIER RINCÓN VÁSQUEZ durante el periodo del 1º febrero de 2016 hasta

CONDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, a reconocer a favor del señor JAIME JAVIER RINCÓN VÁSQUEZ durante el periodo del 1º febrero de 2016 hasta el 18 de diciembre de 2019; salvo interrupciones, como instructor de dicho establecimiento público las prestaciones sociales de carácter legal de acuerdo con los honorarios pactados entre las partes, tales como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, mas no podrán reconocerle aquellas extralegales, como quiera que estas son beneficios para los empleados p úblicos. Las sumas reconocidas deberán actualizarse tal como se dejó precisado en las consideraciones del presente proveído.

CUARTO: ORDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, al pago a los aportes al Sistema General de Pensiones al señor JAIME JAVIER RINCÓN VÁSQUEZ debiendo tomar como ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (los cuales se liquidarán con base a los honorarios pactados en los respectivos contratos de prestación de servicios) a efectos de determinar mes a mes si e xiste una diferencia entre los aportes que se debieron pagar y los realizados por el contratista, y cotizar al fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, por tal motivo, se ordenará al contratista, acreditar el pago de los mismos durante el periodo de desde el 15 de julio de 2005 hasta el 18 de diciembre de 2019 (salvo interrupciones) y, en el caso que no lo hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje como le incumbía como trabajador.

de 2019 (salvo interrupciones) y, en el caso que no lo hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje como le incumbía como trabajador.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 192, 193 y 195 del C.P.A.C.A.5

SÉPTIMO: Sin condena en costas.

OCTAVO: Por Secretaría HACER entrega de los remanentes que por concepto de gastos ordinarios del proceso existan a favor del accionante.

NOVENO: Una vez en firme, EFECTUAR las anotaciones correspondientes y efectuado la totalidad de los trámites acá ordenados, ARCHIVAR el expediente.

Las consideraciones expuestas por el juzgado de primera instancia para tomar las decisiones previas fueron las siguientes:

De las pruebas presentadas en el plenario, se identifica que el actor prestó sus servicios bajo contratos de prestación de servicios en el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, indicando así, que, en la ejecución de las actividades, se realizaron de manera personal, con una remuneración específica, sin oportunidad de delegar a terceros, y bajo una subordinación destinada en la forma ordenada por los instructores o coordinadores, conjuntamente al horario impuesto por los colegios en los cuales debía impartir clases a estudiantes de 10° y 11°, actividades que tuvieron una relación inherente con la misión , objetivo y las funciones propias de la entidad.

Constató que, de los contratos de prestación de servicios ejecutados en los

que tuvieron una relación inherente con la misión , objetivo y las funciones propias de la entidad.

Constató que, de los contratos de prestación de servicios ejecutados en los periodos del 15 de Julio de 2005 al 18 de diciembre de 2019, las funciones desarrolladas eran inherentes a la entidad, y se realizaron de conformidad a la manera convenida en los contratos a efecto de garantizar el pago respectivo , destacó que, en el transcurso de la celebracion de estos , la entidad demandada suscribió contratos con dos cooperativas de trabajo : Coosertep Ltda y Laboorum; en los siguientes periodos:

-A través de la Cooperativa de Trabajo Coosertep:

Desde el 1 de octubre al 15 de diciembre de 2006

-A través de la Cooperativa de trabajo Laboroum:

DESDE HASTA

01/02/2008 01/09/2008 01/10/2008 30/12/2008 05/05/2009 30/12/2009 01/02/2010 17/12/2010

Conforme a lo anterior, el juez indicó que, el uso de las cooperativas de trabajo asociado en la celebracion d e los contratos de prestación de servicios , fue un mecanismo de la entidad demandada, con el fin de disfrazar el elemento esencial de subordinación que existía entre el accionante y la entidad demandada ya que dicha situación no alter ó el hecho de que el trabajador estuviera al servicio d e la entidad, considerando así que Rincón Vásquez estuvo al servicio de la entidad bajo la configuración de una labor personal , subordinada a las instrucciones y condiciones impuestas previamente por la entidad.

entidad, considerando así que Rincón Vásquez estuvo al servicio de la entidad bajo la configuración de una labor personal , subordinada a las instrucciones y condiciones impuestas previamente por la entidad.

Analizadas las declaraciones del Señor Jairo Enrique Ortiz Perdomo y el señor Jorge Alberto Idárraga, quedó demostrado que el accionante recibía órdenes por parte de los coordinadores académicos del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA ,se encontraba bajo supervisi ón de un jefe, cumplía un horario laboral de 8 horas diarias ,prestó los servicios de forma personal y directa en la instalaciones de la entidad , que en atención a la directriz de dictar clases a estudiantes de grados 10° y 11°, su jornada laboral debía ceñirse a los establecimientos educativos.6

Consideró que l as funciones desarrolladas durante el término de la relación contractual, cuyo objeto era el de “Instructor para apoyar el desarrollo de los diseños de actividades de formación integral, formulación de proyectos , elaboración de programas de formación, diseño de actividades de aprendizaje…”, debían ser cumplidas por el demandante, de manera personal, subordinada a las instrucciones y condiciones impuestas previamente por la entidad, actividades que en el desarrollo del objeto contractual como instructor, en los diferentes programas del área agrícola, no podrían ser delegadas, ni realizadas en lugares distintos a los espacios propios del centro de educación y en las aulas de clase, bajo la imposibilidad de prestar las clases a estudiantes de 10° y 11° desde su casa o cualquier sitio distinto , así como también recibía una remuneración por realizar estas labores , encontrándose probadas las características y elementos de una verdadera relación laboral.

imposibilidad de prestar las clases a estudiantes de 10° y 11° desde su casa o cualquier sitio distinto , así como también recibía una remuneración por realizar estas labores , encontrándose probadas las características y elementos de una verdadera relación laboral.

Precisó que, la naturaleza inicial respecto a la función de apoyo a la gestión fue desde el inicio un servicio inh erente en el desarrollo misional de la entidad demandada, máxime que la entidad pública era la que imponía las instrucciones, condiciones a seguir, cumplimiento de las competencias, guías y coordinación continua para desempeñar su función como instructor.

El Juez concluyó, conforme a lo acreditado en el proceso, que el demandante laboró desde el 15 de julio de 2005 hasta el 18 de diciembre de 2019, logrando demostrar la existencia de una relación laboral, reconociendo así, los aportes al sistema general de pensiones salvo interrupciones dada su imprescriptibilidad.

Declaró la excepción de prescripción propuesta por la apoderada del Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena, indicando que, se reconoce la prescripción de los periodos con antelación al 1° de febrero de 2016. En efecto, reconoció el pago de prestaciones sociales, tales como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, causadas a partir de los contratos celebrados el 1° de febrero de 2016 hasta el 18 de diciembre de 2019 salvo int errupciones, como instructor de dicho establecimiento público, denegó las demás pretensiones.

1.4. Recurso de apelación

La autoridad demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera

establecimiento público, denegó las demás pretensiones.

1.4. Recurso de apelación

La autoridad demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, argumentando que no debió accederse a las pretensiones de la demanda, al no acreditarse los elementos de prestación personal del servicio y subordinación propios de una relación laboral. Explicó que, se suscribieron una serie de contratos de prestación de servicios con el demandante, los cuales tenían una amplia diferencia respecto al contrato de trabajo suscrito por los servidores públicos.

Sostuvo que no se acreditaron en su totalidad los elementos esenciales de un contrato laboral, ya que los contratos suscritos con el SENA se realizaron bajo la modalidad de prestación de servicios, orientada a cubrir necesidades específicas, por lo cual, el contrato referenciado no puede ser ajeno al control por parte de la entidad estatal. Explicó que, en cualquier modalidad contractual, es habitual realizar seguimientos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Resaltó que no se halló evidencia de que el demandante careciera de independencia en la ejecución de sus obligaciones, ni de que estuviera bajo subordinación completa con el Sena.

Indicó el apelante que el aspecto puntual de la subordinación, debió probarse su permanencia durante todo el tiempo del contrato, conforme a la vocación y a la equidad o similitud de las actividades cumplidas por los trabajadores de planta, debiendo probarse por el demandante la inserción en el círculo rector, organizativo7

y disciplinario de la entidad que demuestre, la influencia decisiva de la entidad en el desarrollo y cumplimiento de su objeto contractual.

debiendo probarse por el demandante la inserción en el círculo rector, organizativo7

y disciplinario de la entidad que demuestre, la influencia decisiva de la entidad en el desarrollo y cumplimiento de su objeto contractual.

Añadió que la relación entre el Sena y el demandante se ejecutó bajo los estrictos parámetros y obligacionales del contrato de prestación de servicios, mas no bajo la subordinación alegada por el demandante, pue específicamente la relación entre los extremos contractuales, se dio bajo el claro parámetro normativo del artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993.

Aseveró que no existen pruebas en el expediente que demuestren los indicios de la prestación personal del servicio y que no se cuenta con la claridad de que el lugar de trabajo del actor fuera la sede del SENA, ya que en los últimos años el accionante prestó sus servicios en el programa de articulación media, en ese sentido aseveró que, si alguien controlaba alguna manifestación de horario era el colegio en el cual el actor estaba desplegando su formación, no el SENA.

En cuanto a la prestación personal del servicio y subordinación, mencionó que los testigos Jairo Enrique Ortiz Perdomo y Jorge Alberto Idarraga, presentan discordancias, además, mostró la inconformidad con relación a las decisiones asumidas en la sentencia apelada, como es el hecho de la tacha de testigos presentada por la apoderad a de la parte demandante frente a los testigos Jairo Enrique Ortiz Perdomo y Jorge Alberto Idarraga, en virtud que estas personas tienen demandado al Sena por hechos muy semejantes y por ello, les asiste interés en el mismo, pues en este evento, sus pretensiones tendrían similares resultados.

Enrique Ortiz Perdomo y Jorge Alberto Idarraga, en virtud que estas personas tienen demandado al Sena por hechos muy semejantes y por ello, les asiste interés en el mismo, pues en este evento, sus pretensiones tendrían similares resultados.

Finalmente, Enfatizó que era responsabilidad de Rincón Vásquez, derribar la validez del contrato de prestación de servicios y probar la existencia de una relación laboral con la entidad, demostrando esencialmente la subordinación o dependencia plena por parte del supuesto empleador, lo cual permitiría aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Consideró que este principio no se logró probar en el caso en cuestión.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Este asunto es competencia de esta Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, el cual establece que los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas en prim era instancia por los jueces administrativos, así como de las apelaciones de autos susceptibles de este recurso.

Asimismo, esta Sala se atendrá a lo estipulado en el artículo 328 del CGP, mediante la remisión del artículo 306 del CPACA. Dicha disposición prevé que el pronunciamiento debe limitarse a los argumentos planteados por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio en los casos previstos por la ley.

2.2. Procedibilidad del recurso de apelación

De acuerdo con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, situación que se presenta en el caso en estudio.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, son apelables las sentencias de primera instancia, situación que se presenta en el caso en estudio.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación, corresponde a esta Sala evaluar si, contrariamente a lo decidido por el juez de primera instancia, no8

existían elementos suficientes para declarar la existencia de una relación laboral entre las partes.

2.3.1. Tesis de la Sala

La sentencia de prime ra instancia será confirmada, ya que se acreditaron los presupuestos de una relación laboral entre las partes, por encontrarse probados los tres elementos constitutivos del contrato realidad: i) Prestación personal del servicio, ii) remuneración, iii) subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Así al realizar el análisis respecto a las pruebas testimoniales, se demostró claramente que el accionante sí estaba bajo subordinación, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y debía cumplir un horario conforme a directrices impartidas por la entidad, para el efectivo desarrollo de las mismas. Se resalta que no encuentra sentido para esta sala, que se desarrollen actividades relacionadas a impartir la educación como instructor a estudiantes de los grados 10° y 11° de manera autónoma en instituciones educativas, ya que, al ser una actividad de carácter magistral, su jornada laboral debe ceñirse a los establecimientos educativos en donde el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, tengan un acuerdo

y 11° de manera autónoma en instituciones educativas, ya que, al ser una actividad de carácter magistral, su jornada laboral debe ceñirse a los establecimientos educativos en donde el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, tengan un acuerdo para acreditar la titulación de los aprendices. 2.4. Marco normativo

2.4.1. Contrato realidad2

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de servicios la Ley 80 de 1993 en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas ac tividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales ”, contenidas en el precitado

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “no puedan realizarse con personal de planta o” y “en ningún caso (…) general relación laboral ni prestaciones sociales ”, contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

2 Marco normativo tomado de la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, el 14 de marzo de 2024, dentro del proceso identificado con el radicado 41001-23-33-000-2015-00250-01, en el que la demandante es Rosa María Caguano Guacho.9

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la co