TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2017-00162-01 (22-05-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

SALA DE ORALIDAD

M.P. LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA

Ibagué, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Radicado: 73001-33-33-012-2017-00162-01

Medio de control: Nulidad y restablecimiento de derecho

Demandantes: Sandra Lasprilla Rodríguez

Apoderado: Wilson Leal Echeverry

Demandado: Universidad del Tolima Apoderado: Olga Lucía Arango Álvarez Tema: Insubsistencia de provisional por supresión del cargo

ASUNTO

Decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de febrero de 2021 por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Sandra Lasprilla Rodríguez1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Universidad del Tolima, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.1. Pretensiones

Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Acuerdo 030 del 19 de diciembre de 2016, mediante el cual se suprimieron 27 empleos del Nivel Profesional, Grado 18.

Se declare la nulidad del Oficio del 17 de enero de 2017, por medio del cual se dispuso

diciembre de 2016, mediante el cual se suprimieron 27 empleos del Nivel Profesional, Grado 18.

Se declare la nulidad del Oficio del 17 de enero de 2017, por medio del cual se dispuso que el empleo objeto de supresión era el ocupado por la señora Sandra Lasprilla Rodríguez, Nivel Profesional, denominado Profesional Universitario, Grado 18.

Se declare que el empleo desempeñado por Sandra Lasprilla Rodríguez es de carrera, conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004.

Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reintegro de Sandra Lasprilla Rodríguez al mismo cargo que venía desempeñando, en las mismas condiciones que tenía al momento de su desvinculación, o a otro de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad.

1 Por medio de apoderado.2

Se condene a la Universidad del Tolima a pagar a la demandante los salarios, primas, reajustes salariales, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que se produzca su reintegro efectivo al cargo.

Se condene a la Universidad del Tolima al pago de la indemnización por supresión del empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.

Se ordene que las sumas que se reconozcan sean pagadas en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Indicó que el 29 de enero de 1996, la Universidad del Tolima expidió el Acuerdo 001, mediante el cual se estableció el Estatuto para el personal administrativo, clasificando los empleos en los niveles Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, Técnico y Asistencial.

Señaló que el 3 de mayo de 2013, mediante Acuerdo 006, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima creó 24 empleos de Profesional Universitario, código 219, grado 18, en el nivel directivo, como resultado de un estudio técnico orientado a la reestructuración administrativa.

Manifestó que el 29 de septiembre de 2015, la señora Sandra Lasprilla Rodríguez fue nombrada en el cargo de Profesional Universitario, código 219, grado 18, adscrito a la Facultad de Ciencias Clínicas de la Salud, mediante Resolución 1408.

Anotó que en el año 2016 se suscribió el Convenio de Cooperación No. 001 entre la Universidad del Tolima y la Universidad del Valle, con el fin de desarrollar asistencia técnica para el fortalecimiento institucional, en atención a la crisis que afrontaba l a Universidad del Tolima.

Indicó que, en desarrollo de dicho convenio, la Universidad del Valle elaboró el documento titulado “Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la Universidad del Tolima – Plan de Alivio Financiero”, en el que se propusieron medidas de acc ión inmediata, entre ellas, la supresión de empleos del nivel profesional universitario grado 18.

Universidad del Tolima – Plan de Alivio Financiero”, en el que se propusieron medidas de acc ión inmediata, entre ellas, la supresión de empleos del nivel profesional universitario grado 18.

Expresó que en diciembre de 2016, la Universidad del Valle entregó dicho documento a la Universidad del Tolima, y este fue tenido en cuenta por la institución para adoptar la decisión de suprimir cargos.

Sostuvo que el 19 de diciembre de 2016, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima expidió el Acuerdo 030, mediante el cual se suprimieron 27 empleos del nivel profesional grado 18.

Indicó que el 17 de enero de 2017, el jefe de Relaciones Laborales de la Universidad del Tolima notificó a Sandra Lasprilla Rodríguez que, en virtud del Acuerdo 030 de 2016, el cargo de Profesional Universitario, grado 18, que ocupaba, había sido suprimido, y en consecuencia, era retirada de la institución.

Refirió que el estudio técnico elaborado por personal de la Universidad del Tolima, que habría servido como sustento para la supresión del cargo, no contenía una3

reorganización de dependencias ni cumplía con las exigencias previstas en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005, el Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015. Afirmó que el documento final que justificaría la supresión del empleo fue concluido con posterioridad a la expedición del Acuerdo 030 de diciembre de 2016.

Aseguró que solo hasta el 28 de agosto de 2017, mediante Resolución 1129, la Universidad del Tolima designó un equipo encargado de elaborar e implementar la

con posterioridad a la expedición del Acuerdo 030 de diciembre de 2016.

Aseguró que solo hasta el 28 de agosto de 2017, mediante Resolución 1129, la Universidad del Tolima designó un equipo encargado de elaborar e implementar la viabilidad técnica de la propuesta de rediseño organizacional y de la nueva planta de cargos, el cual debía apoyarse en las recomendaciones realizadas por la Universidad del Valle.

1.2. Contestación de la demanda

La Universidad del Tolima manifestó oposición a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que la supresión del cargo de Profesional Universitario Grado 18 ocupado por la actora fue una decisión debidamente justificada, sin vicios que permitan su anulación.

Frente al cargo de nulidad por presunta violación directa de los artículos 69 de la Constitución, 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, y 5 numeral 2 literales a), b) y c) de la Ley 909 de 2004, sostuvo que dichas normas no guardan relación con el contenido del acto demandado.

Indicó que el acto acusado, el Acuerdo 030 de 2016, tuvo por objeto la supresión de empleos como medida administrativa frente a una situación de crisis institucional, sin referirse a la clasificación del cargo suprimido como de libre nombramiento y remoción. Precisó que dicha clasificación fue dispuesta años antes mediante el Acuerdo 006 de 2012, que definió la planta global de personal y clasificó el cargo de Profesional Universitario Grado 18 como de libre nombramiento y remoción.

Por tanto, consideró jurídicamente improcedente extender la ilegalidad del acto

Acuerdo 006 de 2012, que definió la planta global de personal y clasificó el cargo de Profesional Universitario Grado 18 como de libre nombramiento y remoción.

Por tanto, consideró jurídicamente improcedente extender la ilegalidad del acto demandado a disposiciones contenidas en normas distintas, como el Acuerdo 006 de 2012, sobre las cuales no se ejerció en su momento ninguna acción, a pesar de que permitieron a la demandante acceder al empleo público.

En ese sentido, argumentó que el contenido del Acuerdo 030 de 2016 no puede analizarse a la luz de normas generales sobre carrera administrativa, por cuanto su propósito no fue clasificar empleos, sino adoptar medidas urgentes de reestructuración derivadas de estudios técnicos. Por ello, a su juicio, el cargo de nulidad se basa en una interpretación errada del objeto del acto acusado.

Adicionalmente, invocó el principio de autonomía universitaria para sustentar que las universidades públicas pueden expedir sus propios reglamentos y definir los procedimientos para elegir sus autoridades académicas y administrativas, dentro del marco cons titucional y legal. No obstante, aclaró que dicha autonomía no es absoluta, sino que está sujeta a límites constitucionales y legales, aunque sí permite que se adopten reglas internas para la provisión de cargos.

Destacó que, en el caso concreto, el artículo 38 del Acuerdo 001 de 1996 reguló de forma específica la clasificación del empleo en cuestión, descartando la existencia de vacío normativo alguno. Con base en ello, sostuvo que no resulta aplicable de forma di recta el régimen general de carrera administrativa, sino solo de manera supletoria frente a vacíos que, según la Universidad, no existían en este caso.4

de vacío normativo alguno. Con base en ello, sostuvo que no resulta aplicable de forma di recta el régimen general de carrera administrativa, sino solo de manera supletoria frente a vacíos que, según la Universidad, no existían en este caso.4

Frente al cargo de nulidad, relacionado con la presunta violación del bloque de legalidad conformado por los artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo 001 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad, los artículos 41 y 46 de la Ley 909 de 2004, los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005 (compilados en el Decreto 1083 de 2015), y el artículo 228 del Decreto 019 de 2012, la Universidad sostuvo que la demanda no ofrece fundamentos claros que permitan afirmar que el cargo desempeñado por la actora correspond ía a un empleo de carrera administrativa, razón por la cual el cargo de nulidad carece de sustento jurídico.

Indicó que las normas invocadas en la demanda regulan reformas de planta de personal en entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, condición que no comparte la Universidad del Tolima, por cuanto se trata de un ente universitario autón omo, con régimen especial, personería jurídica, y autonomía académica, administrativa y financiera, excluido de la Rama Ejecutiva conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Constitución.

Finalmente, señaló que la supresión del cargo obedeció a un proceso planeado y respaldado técnicamente, sustentado en el documento denominado “Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la Universidad del Tolima – Plan de Alivio Financiero ”, elaborado en 2016 por la Universidad del Valle, el cual sirvió

respaldado técnicamente, sustentado en el documento denominado “Asistencia técnica para el fortalecimiento institucional de la Universidad del Tolima – Plan de Alivio Financiero ”, elaborado en 2016 por la Universidad del Valle, el cual sirvió como insumo técnico para la propuesta de modificación de planta presentada en diciembre del mismo año.

Respecto al cargo de nulidad por falsa motivación del acto administrativo, afirmó que, al momento de expedirse el Acuerdo No. 030 de 2016, no existía aún un estudio consolidado, ya que solo se contaba con un primer informe presentado por la Universidad del Valle titulado “Plan de Alivio Financiero”, cuya naturaleza -alegaes distinta a la de un estudio técnico. No obstante, señaló que mediante documento del 16 de diciembre de 2016, el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de dicha universidad aclaró ante la División de Relaciones Laborales y Prestacionales el alcance del "Plan de Alivio Financiero", indicando que las recomendaciones contenidas en él se fundamentaron no solo en el estudio técnico ya mencionado, sino también en dos d ocumentos presentados por la organización sindical SINTRAUNICOL y en un informe de apoyo elaborado por la Asamblea de Profesores.

En ese sentido, sostuvo que al momento de adoptar el Acuerdo No. 030 de 2016 existían insumos suficientes que justificaban la supresión de 27 cargos de Profesional Universitario Grado 18, atendiendo a la crítica situación financiera e institucional que atr avesaba la Universidad, la cual amenazaba con llevarla a la cesación total de actividades. Por tanto, consideró improcedente afirmar que el acto

Profesional Universitario Grado 18, atendiendo a la crítica situación financiera e institucional que atr avesaba la Universidad, la cual amenazaba con llevarla a la cesación total de actividades. Por tanto, consideró improcedente afirmar que el acto adolece de falsa motivación, en la medida en que fue el resultado de un análisis serio y ponderado de la situación que enfrentaba la institución en ese momento.

Además, indicó que la Universidad adoptó medidas complementarias, como la reducción de rubros asignados a otras actividades y la eliminación de beneficios extralegales, sin que ello fuera suficiente para evitar la supresión de cargos, lo cual resultaba necesario para garantizar la continuidad del servicio.

Finalmente, frente al cargo de expedición irregular, sostuvo que la actuación de la Universidad al suprimir el empleo de la demandante -quien ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción - fue legítima y se ajustó a las disposiciones aplicables al régimen jurídico de las universidades públicas, por lo que solicitó denegar todas las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto se expidió en cumplimiento de las normas superiores que rigen las decisiones discrecionales del nominador.5

Frente al cargo de desviación de poder, la Universidad del Tolima señaló que solicitó concepto jurídico al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la viabilidad de realizar ajustes en la planta de personal, particularmente respecto de 31 ca rgos clasificados como de libre nombramiento y remoción. Dicha entidad respondió que, al tratarse de una universidad pública con personería jurídica, régimen especial y autonomía académica, administrativa y financiera -según lo previsto en el artículo 38 d e la Ley 489 de 1998 -, no le son aplicables las

respondió que, al tratarse de una universidad pública con personería jurídica, régimen especial y autonomía académica, administrativa y financiera -según lo previsto en el artículo 38 d e la Ley 489 de 1998 -, no le son aplicables las disposiciones de la Ley 909 de 2004 sobre reformas de planta de personal ni los procedimientos establecidos en ella, los cuales se dirigen a entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en los órdenes nacional y territorial. Por consiguiente, estas normas no pueden invocarse como fundamento del cargo planteado en la demanda.

En relación con el cargo de inexistencia de mejoramiento del servicio como consecuencia de la supresión de los cargos, argumentó que la Universidad del Tolima se vio forzada a adoptar medidas extraordinarias para enfrentar una grave crisis financiera y pre supuestal, bajo riesgo de cesar completamente sus actividades. En ese contexto, consideró improcedente sostener que la salida del demandante afectó negativamente la prestación del servicio, puesto que la decisión fue tomada como una medida urgente de conte nción para garantizar la sostenibilidad institucional.

Finalmente, respecto del cargo de violación de la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005, el Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015 -por presunto incumplimiento del marco legal en la elaboración del estudio técnico y por considerar que el Acuerdo No. 030 de 2016 no se fundó en dicho estudio-, sostuvo que, aunque este no se citó de manera literal en el acuerdo, sí constituyó un insumo determinante en la toma de decisiones. Precisó que el Consejo Superior Universitario, al verificar la coincidencia e ntre el plan de alivio financiero propuesto por la Universidad del

este no se citó de manera literal en el acuerdo, sí constituyó un insumo determinante en la toma de decisiones. Precisó que el Consejo Superior Universitario, al verificar la coincidencia e ntre el plan de alivio financiero propuesto por la Universidad del Valle del Cauca y el estudio técnico elaborado internamente por el grupo directivo de la Universidad del Tolima, resolvió suprimir los cargos de Profesional Universitario Grado 18, exceptua ndo cuatro de ellos que fueron específicamente referenciados en dicho estudio.

Por estas razones, insistió en que en la expedición del acto administrativo demandado se respetaron las normas superiores aplicables al ejercicio de la facultad discrecional del nominador.

1.2. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 26 de febrero de 2021, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte actora.

La autoridad judicial señaló que la demandante fue retirada de un empleo de libre nombramiento y remoción, circunstancia que conocía desde el momento mismo en que tomó posesión del cargo. Bajo esa premisa, advirtió que lo que realmente pretende la actora es un control de legalidad sobre los actos administrativos que, en su momento, categorizaron el empleo de Profesional Universitario Grado 18 como de libre nombramiento y remoción, y no como de carrera administrativa, lo cual resulta improcedente, en tanto t ales actos no fueron objeto de la demanda contenciosa promovida en esta instancia.6

Precisó que, si existía inconformidad frente al proceso de formación o al contenido

resulta improcedente, en tanto t ales actos no fueron objeto de la demanda contenciosa promovida en esta instancia.6

Precisó que, si existía inconformidad frente al proceso de formación o al contenido de dichos actos —esto es, aquellos mediante los cuales se definió la naturaleza del cargo—, la parte actora debió dirigir sus pretensiones en esa dirección; al no hacerlo, no puede pretender que en este proceso se ejerza control de legalidad sobre tales actos.

Agregó que en los procesos de supresión de empleos de libre nombramiento y remoción no resulta procedente aplicar las reglas propias de la supresión de empleos de carrera administrativa, como lo pretende la actora, puesto que ello exige, previamente, determinar la naturaleza del cargo, aspecto que no fue objeto del litigio, dado que los actos demandados se limitaron al retiro del servicio de la señora Lasprilla Rodríguez. Por ello, consideró que ese cargo tampoco estaba llamado a prosperar.

Indicó que los demás cargos serían analizados de manera conjunta, al compartir un mismo fundamento. En cuanto a la presunta violación directa del bloque de legalidad contenido en los artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo 001 de 1996 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, así como en los artículos 41 y 46 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, entre otras disposiciones, señaló que la parte actora insistió en que el cargo desempeñado era de carrera administrativa y que, en consecuencia, su supresión solo podía proceder por reestructuración organizativa o reorganización de una dependencia, conforme al

señaló que la parte actora insistió en que el cargo desempeñado era de carrera administrativa y que, en consecuencia, su supresión solo podía proceder por reestructuración organizativa o reorganización de una dependencia, conforme al artículo 46 del Acuerdo 001 de 1996, lo cual no ocurrió, ya que tanto el acto de retiro como el Acuerdo 030 de 2016 r espondieron únicamente a la adopción de un plan de alivio financiero.

Sostuvo que, según la demandante, la Universidad del Tolima no realizó un estudio técnico conforme con lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1083 de 2015 y la Ley 909 de 2004, sino que sustentó su decisión en el plan de alivio financiero elaborado por la Universidad del Valle, el cual no recomendó la supresión de empleos sino la declaratoria de insubsistencia, lo cual no satisface los requisitos legales exigidos.

Dijo que estos argumentos guardan relación con el tercer cargo, formulado por falsa motivación, en tanto el mencionado plan de alivio financiero no cumple con las características propias de un estudio técnico conforme a la ley, pues —reiteró— dicho informe no recomendó la supresión de cargos, sino la declaratoria de insubsistencia de los profesionales universitarios, como medida para generar un alivio financiero.

Indicó que estos mismos planteamientos son reiterados en los cargos siguientes, relacionados con la expedición irregular de los actos administrativos, desviación de poder, entre otros, toda vez que la Universidad del Tolima justificó la supresión del cargo con base en el plan de alivio financiero elaborado por la Universidad del Valle, el cual únicamente recomendó la insubsistencia, no la supresión de empleos.

poder, entre otros, toda vez que la Universidad del Tolima justificó la supresión del cargo con base en el plan de alivio financiero elaborado por la Universidad del Valle, el cual únicamente recomendó la insubsistencia, no la supresión de empleos.

La autoridad judicial recordó que, conforme al artículo 29 de la Ley 30 de 1992, la autonomía universitaria está “determinada por su campo de acción” e incluye la facultad de “darse y modificar sus estatutos” y “designar sus autoridades académicas y administrativas”. Señaló que, en ese marco, el Acuerdo 001 del 29 de enero de 1996 del Consejo Superior de la Universidad del Tolima establece, en su Capítulo III, Título IV, lo relativo a la supresión de empleos, señalando en el artículo 45 que la supresión de un cargo de libre nombramiento y remoción implica el retiro del servicio de quien lo desempeña.7

Indicó que los estatutos de la Universidad del Tolima regulan en forma general la supresión de empleos, sin establecer el procedimiento a seguir en caso de reestructuración organizativa o reorganización de una dependencia, por lo que, resulta necesario remitirse a la Ley 909 de 2004, cuyo artículo 41 establece que la supresión del empleo constituye causal de retiro del servicio, y su artículo 46 regula lo relativo a la reforma de las plantas de personal.

Consideró que todo acto administrativo de supresión de un empleo debe estar respaldado por un estudio técnico que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente. En ese sentido, dio la razón al apoderado de la parte actora en cuanto a que el informe de la Universidad del Valle recomendó la declaratoria de insubsistencia, no la supresión de los empleos.

normativa vigente. En ese sentido, dio la razón al apoderado de la parte actora en cuanto a que el informe de la Universidad del Valle recomendó la declaratoria de insubsistencia, no la supresión de los empleos.

Indicó que en el expediente obra el oficio del 19 de diciembre de 2016, suscrito por el Director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, en su calidad de supervisor del Convenio Específico No. 001 de 2016, mediante el cual respondió de manera puntual los interrogantes formulados por la Jefe de la División de Relaciones Laborales y Prestacionales de la Universidad del Tolima en comunicación del 16 de diciembre del mismo año. Manifestó que en dicho escrito el supervisor advirtió, entre otros aspectos, que antes de declarar la insubsistencia de los profesionales universitarios, era necesario suprimir previamente los empleos.

Sostuvo que la Universidad del Tolima podía adoptar el plan de alivio financiero como fundamento para la supresión del cargo ocupado por la demandante, en tanto constituía el punto de partida del estudio contratado con la Universidad del Valle, elaborado con ocasión de la crítica situación financiera de la institución. Agregó que dicho plan estaba debidamente soportado en razones objetivas y verificables, al tratarse de un estudio riguroso que cumplía con los requisitos normativos aplicables.

Afirmó que, en un caso de similares características, el Consejo de Estado avaló la validez de estudios técnicos como sustento para la supresión de cargos en procesos de reestructuración en instituciones universitarias. En relación con ello, indicó:

Destacó que, en noviembre de 2016, el equipo directivo de la Universidad del Tolima

validez de estudios técnicos como sustento para la supresión de cargos en procesos de reestructuración en instituciones universitarias. En relación con ello, indicó:

Destacó que, en noviembre de 2016, el equipo directivo de la Universidad del Tolima elaboró un estudio técnico sobre la supresión de 27 cargos de libre nombramiento y remoción, nivel profesional grado 18, en el que se evaluaron detalladamente las funciones asignadas a dichos empleos, concluyéndose que muchas de estas ya eran ejercidas por los directores de departamento, tales como planear, organizar, dirigir y evaluar.

Explicó que el mismo estudio proponía suprimir los cargos cuyas funciones se duplicaban o no correspondían con el grado y la remuneración asignada, en especial aquellos destinados a brindar apoyo a las direcciones de departamento, a la Vicerrectoría Admini strativa y al área de Desarrollo Humano, funciones que podían ser asumidas por personal de otro nivel. Asimismo, se sugirió eliminar los cargos de apoyo al IDEAD, bajo el entendido de que sus funciones podían ser ejecutadas por la Oficina Jurídica.

Precisó que se realizó un análisis de los procesos en los que participaban los profesionales universitarios grado 18 de las unidades académicas, y se verificó que las funciones de 21 de ellos, de libre nombramiento y remoción, se encontraban estrechamente relacionadas con las que desempeñaban los directores de departamento.8

Indicó que, entre otros aspectos, el estudio permitió identificar falencias administrativas y concluyó que algunos cargos de profesionales grado 18 resultaban innecesarios, lo que justificaba una reestructuración orientada a ajustar la planta de

departamento.8

Indicó que, entre otros aspectos, el estudio permitió identificar falencias administrativas y concluyó que algunos cargos de profesionales grado 18 resultaban innecesarios, lo que justificaba una reestructuración orientada a ajustar la planta de personal a las necesidades institucionales, mejorar la eficiencia y garantizar la calidad del servicio. Por esta razón, se recomendó la supresión de 27 de los 31 cargos existentes.

Aclaró que dicho estudio fue presentado al Consejo Superior Universitario el 19 de diciembre de 2016, oportunidad en la que se expresó que la Universidad ya contaba con justificaciones claras para proceder a la supresión de cargos. Refirió que l a decisión adoptada se basó tanto en el estudio elaborado por la Universidad del Tolima como en las recomendaciones formuladas por la Universidad del Valle, razón por la cual se aprobó el proyecto de acuerdo correspondiente.

Señaló que el estudio técnico sobre la supresión de los 27 cargos de profesional universitario grado 18 fue considerado dentro del informe final presentado por la Universidad del Valle, en cumplimiento del Convenio de Cooperación suscrito con la Universidad del Tolima.

En consecuencia, advirtió que la supresión del cargo de profesional universitario grado 18 ocupado por Sandra Lasprilla Rodríguez fue el resultado de un análisis técnico integral, elaborado por la Universidad del Tolima y complementado con el informe de al ivio financiero de la Universidad del Valle, constituyéndose ambos documentos en soporte técnico y jurídico de la decisión adoptada, la cual se ajustó a los requisitos legales, al abordar aspectos como los procesos misionales, la distribución de funciones, la evaluación del servicio, la reasignación de tareas y el

documentos en soporte técnico y jurídico de la decisión adoptada, la cual se ajustó a los requisitos legales, al abordar aspectos como los procesos misionales, la distribución de funciones, la evaluación del servicio, la reasignación de tareas y el análisis organizacional y ocupacional, entre otros.

Puntualizó que, si bien en el Acuerdo 030 de 2016 no se hace mención expresa del estudio técnico elaborado por la Universidad del Tolima, ello no desvirtúa su existencia ni configura una falsa motivación, toda vez que dicho estudio fue conocido y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad y recibió respaldo posterior por parte de la Universidad del Valle, al incluirlo en su informe final derivado del Convenio de Cooperación No. 001 del 30 de noviembre de 2016.

Finalmente, concluyó que no prosperan las pretensiones de la demanda, pues la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Añadió que las afirmaciones carecen de respaldo probatorio y que, por el contra rio, está acreditado que la expedición de los actos estuvo precedida de estudios técnicos detallados que cumplieron con los requisitos previstos en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, recomendando la supresión de cargos ante la situación de urgen cia financiera de la Universidad del Tolima.

1.3. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando su revocatoria y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el punto central del debate radica en la naturaleza del empleo ocupado

instancia, solicitando su revocatoria y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el punto central del debate radica en la naturaleza del empleo ocupado por la demandante, de la cual depende la determinación del régimen jurídico aplicable. Si bien reconoció que la Universidad del Tolima goza de autonomía para definir las formas de provisión de empleos y las situaciones administrativas de sus servidores, advirtió que dicha autonomía no puede ejercerse en contravía del ordenamien