TA TOL - Sentencia 73001-33-33-012-2018-00272-01 (22-05-2025)

Ibagué, veintisiete (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación Nº Interno: 73001-33-33-012-2018-00272-01 1010-2024

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

Demandante: MARIA ELIZABETH PULECIO MURILLO

Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR

FAMILIAR

IASUNTO A DECIDIR

De conformidad con lo establecido en los artículos 153 y 243 del C.P.A.C.A., procede esta Sala Oral de decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora en contra de sentencia proferida el 26 de junio de 2024 por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

IIANTECEDENTES

1. Declaraciones.1

PRIMERA: Se declare la nulidad del Oficio No. 73-20000 del 4 de diciembre de 2017, emitido por el Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF .

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se declare la existencia de una relación laboral entre la demandante y la entidad demandada desde 1° de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014.

TERCERA: Se ordene a las entidades demandada a reconocer y pagar a favor de la demandante las siguientes sumas dineros: a) auxilio de cesantías, b) intereses a las cesantías, c) prima de servicios, d) vacaciones, c) subsidio de transporte, d) horas

demandante las siguientes sumas dineros: a) auxilio de cesantías, b) intereses a las cesantías, c) prima de servicios, d) vacaciones, c) subsidio de transporte, d) horas extras, e) trabajo habitual en días dominicales y festivos y compensatorios, f) subsidio familiar, g) sanción por la no afiliación a salud, pensiones, a riesgos profesionales y a la caja de compensación familiar, e) sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y i) la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las acreencias laborales.

CUARTA: Se condene a la entidad demandada a reembolsar a la demandante la suma correspondiente a los aportes de salud y pensión.

QUINTA: Se ordene al pago de la retención a la fuente.

1 Ver Expete JuzgadoC.Ppal -Archivo 21– fls-50-5173001-33-33-012-2018-00272-01

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SEXTA: Se ordene la devolución del 10% como constitución en garantía a favor de la demandada.

SÉPTIMA: Se ordene que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

OCTAVA: Se declare que no ha existido nunca solución de continuidad en la prestación del servicio.

NOVENA: Se ordene a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 189, 192 y 193 del Código de Procedimiento

del servicio.

NOVENA: Se ordene a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 189, 192 y 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

DÉCIMA: Se remita copia autentica de la sentencia con las respectivas constancias de notificación y ejecutoria al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, en orden de proveer su pago y cumplimiento de manera oportuna de conformidad con el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

DECIMA PRIMERA: Se condene a la entidad demandada en costas y en agencias en derecho

2.- Fundamentos fácticos2

Como fundamento de sus pretensiones, la apoderada de la parte accionante expuso los hechos que son susceptibles de sintetizarse así:

1La señora María Elizabeth Pulecio Murillo prestó sus servicios como psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBFCecilia de la Fuente de Lleras – Regional Tolima, a través de diferentes contratos de prestación de servicios desde el 01 de febrero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2014.

2Señaló que el objeto de los contratos consistió en la ejecución de actividades misionales, como de atención directa o de apoyo administrativo, relacionado con el cumplimiento de funciones institucionales en el restablecimiento de derechos de niños y adolescentes y en el desarrollo de planes de acción de las dependencias comprometidas con la operación de las modalidades del proyecto C-320-1104-7.

3Indicó que la demandante además de cumplir con las funciones establecidas

derechos de niños y adolescentes y en el desarrollo de planes de acción de las dependencias comprometidas con la operación de las modalidades del proyecto C-320-1104-7.

3Indicó que la demandante además de cumplir con las funciones establecidas en los contratos de prestación de servicios realizaba labores como visitas domiciliarias, asistencia a audiencias en los juzgados de familia, supervisión a los programas de preven ción en los municipios de Ortega, Guamo, Coello y Suarez, disponibilidad los fines de semana del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y seguimiento y supervisión de las instituciones.

4 manifestó que durante el tiempo que la señora María Elizabeth prestó sus servicios al ICBF recibió órdenes directas del supervisor y se desempeñó de manera exclusiva, continuada e ininterrumpida.

5Expresó que la demandante no recibió la totalidad de emolumentos que recibían los trabajadores de planta del IBCBF, ni le pagaron las prestaciones

2 Ver Expete JuzgadoC.Ppal -Archivo 21– fls-51-5373001-33-33-012-2018-00272-01

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sociales de orden legal; igualmente indicó que la mismas debía cumplir un horario de trabajo de lunes a viernes de 08;00 am a 12:00 pm y de 02:00 pm a 06:00 pm, y realizar turnos los fines de semana en la Defensoría de Familia

3.- Contestación de la demanda3.

Oportunamente la apoderada judicial de la accionada descorrió traslado de la

06:00 pm, y realizar turnos los fines de semana en la Defensoría de Familia

3.- Contestación de la demanda3.

Oportunamente la apoderada judicial de la accionada descorrió traslado de la demanda, oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.

Luego de citar las disposiciones legales que regulan el contrato de prestación de servicios, señaló que este era de carácter civil y no laboral, por lo que el acto administrativo demandado no estaba viciado de nulidad, debido que fue expedido conforme a la realidad que gobernó a las partes y a los postulados establecidos en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

Sostuvo que la señora Pulecio Murillo se vinculó mediante contratos de prestación de servicios de manera voluntaria, aceptado las condiciones allí establecidas y con pleno conocimiento de que dicha vinculación no generaba vínculo laboral, comprometiéndose a cumplir el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su responsabilidad, motivo por el cual el ICBF no podía reconocer derechos salariales y prestacionales propios de una relación laboral, cuando la vinculación fue mediante contrato de prestación de servicios.

Dijo que el contrato realidad se aplicaba cuando se verificaba la continua prestación del servicio remunerada propia de la actividad misional de la entidad para ejecutarlos en sus propias dependencias, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desborda las necesidades de coordinación; igualmente señaló que el hecho de que la ejecución de un contrato coincidiera con el horario laboral de la entidad, ello no

bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desborda las necesidades de coordinación; igualmente señaló que el hecho de que la ejecución de un contrato coincidiera con el horario laboral de la entidad, ello no podía considerarse como un elemento que desnaturalizara d el contrato de prestación de servicios, puesto que existían actividades que demandaban efectuarse durante un lapso determinado, sin que ello afectara la autonomía del contratista.

Adujo que la demandante no había aportado prueba sumaria de la existencia de la subordinación o dependencia respecto del ICBF, por lo que no había logrado desvirtuar la presunción que predica que los contratos de prestación de servicios no generan relación laboral, ni reconocimiento de prestaciones sociales; así mismo señaló que las relaciones de coordinación entre el contratante y el contratista no implicaban la existencia del elemento subordinación, pues lo que se buscaba con dicha coordinación era garant izar la efectiva prestación de los servicios contratados.

Propuso los siguientes medios exceptivos: i) Falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) Inexistencia o falta de causa para demandar; iii) Cobro de lo no debido; iv) Inexistencia de la Obligación; y v) Prescripción.

4.- La sentencia apelada4

3 Ver Expte Juzgado – c PpalArchivo 21 . fls 58-94 4 Ver Expete Juzgado – C.PPal – Archivo 1773001-33-33-012-2018-00272-01

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Lo es la proferida el 26 de junio de 2024 por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

Luego de trascribir las disposiciones legales y jurisprudenciales que regulan el contrato realidad, señaló que existió una prestación personal el servicio por parte de la demandante, ya que ejecutó de manera personal las funciones establecidas en los contratos de prestación de servicios, como quiera que el objeto de los contratos era brindar atención terapéutica en el área de psicología a niños, niñas y adolescentes y sus familias para prevenir y restituir el ejercicio integral de los derechos de la niñez.

Expresó que también se encontraba acreditado el elemento remuneración, toda vez que el ICBF le había cancelado a la demandante honorarios por las actividades desarrolladas dentro de la ejecución de los diferentes contratos de prestación de servicios.

Aseveró que, revisadas las obligaciones descritas en los contratos de prestación de servicios, así como las declaraciones de los testigos respecto del cumplimiento de horarios y órdenes impartidas a la demandante por parte del Coordinador del Centro Zonal del Espinal, se podía advertir que ello obedecía al principio de coordinación contractual y no al elemento esencial de subordinación.

Además, señaló que las funciones desarrolladas por la actora consistían en la realización de visitas a niños, niñas y adolescentes a su núcleo familiar, a las

al principio de coordinación contractual y no al elemento esencial de subordinación.

Además, señaló que las funciones desarrolladas por la actora consistían en la realización de visitas a niños, niñas y adolescentes a su núcleo familiar, a las familias de adopción y a las familias sustitutas, sesiones psicológicas, rendir experticia cuando se tratara del proceso del sistema de responsabilidad penal y solicitudes de restablecimiento de derechos.

Dijo que la parte actora no había demostrado los elementos configurativos de la relación laboral, por lo que había incumplido con la carga de la prueba prevista en el artículo 167 del C.G.P.

En relación con la tacha del testigo Bernardo Vallejo Ochoa propuesta por la entidad accionada, en razón a que dicho señor había iniciado acción legales contra el ICBF por los mismos hechos que aquí se debaten, sostuvo que conforme a lo ha dispuesto el Consejo de Estado, los testimonios sospechosos no pueden despacharse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa; en tal sentido expresó que la declaración vertida por el citado señor había sido coherente y consecuente al percibir o entender que entre la demandante y la accionada existía una presunta relación laboral porque cumplía un horario y recibía directrices.

Finalmente condenó en costas a la demandante sobre el 5% del valor de las pretensiones.

5.- El recurso de apelación5.

Interpuesto oportunamente por la apoderada judicial de la demandante, en el cual solicita la revocatoria del fallo de primer grado, para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

Interpuesto oportunamente por la apoderada judicial de la demandante, en el cual solicita la revocatoria del fallo de primer grado, para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

5 Ver Expdte Jugado – Archivo 1973001-33-33-012-2018-00272-01

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Aseveró que la señora María Elizabeth Pulecio Trujillo durante el tiempo que prestó sus servicios para el ICBF, pese de haber sido mediante contrato de prestación de servicios, cumplió a cabalidad con sus funciones logrando demostrar los tres elementos para la configuración del contrato realidad.

Afirmó que la señora Palecio Trujillo estuvo bajo la subordinación del coordinador, tal como lo manifestaron los testigos, pues tenía que realizar visitas a niños, niñas y adolescentes por fuera del casco urbano del Municipio de Espinal y además los fines de semana debía acompañar a los defensores de familia o los juzgados de responsabilidad penal para adolescentes, según las directrices impartidas por el coordinador del Centro Zonal del Espinal.

Refirió que la aquí demandante no tenía autonomía para realizar sus obligaciones tal como lo habían indicado los testigos oídos en el proceso, pues esta cumplía con las directrices dadas por el coordinador del Centro Zonal del Espinal.

Adujo que no compartía la decisión adoptada por el a quo en donde indicó que las obligaciones establecidas en los contratos y lo manifestado por los testigos obedecían al principio de coordinación contractual y no al elemento subordinación, pues la señora Pulecio Trujillo había estado bajo la

las obligaciones establecidas en los contratos y lo manifestado por los testigos obedecían al principio de coordinación contractual y no al elemento subordinación, pues la señora Pulecio Trujillo había estado bajo la subordinación del coordinador del Centro Zonal del Espinal

III. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto 30 de octubre de 2024 se admitió el recurso de alzada interpuesto por el apoderado de la parte actora, sin que ninguno de los sujetos procesales se hubiese manifestado sobre el mismo, y como quiera que no se requirió la práctica de pruebas, y que dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recur so de alzada no se presentaron alegatos de cierre, se dispuso dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 5 del Artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1.- Sobre la competencia

Es competente esta Colegiatura para desatar la impugnación contra la sentencia proferida el pasado el 26 de junio de 2024 por el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué , según voces del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al definir que son apelables las sentencias de primera instancia proferidas por los jueces administrativos.

2.- La impugnación

Los argumentos de disenso de la accionante se concretan en señalar, que en el plenario se demostró claramente los tres elementos de la relación laboral lo que daba lugar a la declaratoria de la existencia del contrato realidad; indicando

2.- La impugnación

Los argumentos de disenso de la accionante se concretan en señalar, que en el plenario se demostró claramente los tres elementos de la relación laboral lo que daba lugar a la declaratoria de la existencia del contrato realidad; indicando igualmente que, co ntrario a lo manifestado por el a quo , existían elementos probatorios suficientes que demostraban la existencia del elemento subordinación y dependencia;73001-33-33-012-2018-00272-01

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3. Problema jurídico.

El problema jurídico que aquí se plantea consiste en determinar, si el acto administrativo que negó el reconocimiento de una relación laboral y el pago de prestaciones sociales derivadas del mismo se ajustó a derecho, o si, por el contrario, se debe rec onocer que entre la accionante MARIA ELIZABETH PULECIO MURILLO y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, existió una relación de hecho de carácter laboral legal o reglamentaria a pesar de su vinculación mediante contratos de prestación servicios, y, por ende, si la citada señora tiene derecho a que se le reconozcan y paguen las prestaciones sociales dejadas de percibir como consecuencia de dicha relación simulada mediante contrato de prestación de servicios.

4. Marco legal y jurisprudencial

El efecto normativo y garantizador del principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el artículo 53 de la Carta Política, está dirigido a proteger los

4. Marco legal y jurisprudencial

El efecto normativo y garantizador del principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, contenido en el artículo 53 de la Carta Política, está dirigido a proteger los derechos de primera y s egunda generación, es decir, el derecho al trabajo y garantías laborales, indistintamente del sujetos (llámese Estado y/o particular) y vínculo contractual en sentido formal, toda vez que su función va dirigida a hacer valer la relación laboral sobre sobre cualquier otra figura en la que se enrostra. Punto de partida inherente al pensamiento unificador de nuestros órganos de cierre constitucional y jurisdiccional en sus diferentes providencias.

El tratamiento jurisprudencial de los contratos realidad, de donde se concluyeen cuanto a su configuración -, que constituye un requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, esto es, i) la prestación personal del servicio (de manera permanente), ii) la continuada dependencia y subordinación y iii) una remuneración en contraprestación por la labor realizada, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público.

Al tenor, el Decreto 2400 de 1968, régimen de administración de personal de la Rama Ejecutiva, en la parte final del artículo 2º dice que “para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”

Tal Decreto fue modificado y adicionado, mediante el artículo 7° del Decreto

funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.”

Tal Decreto fue modificado y adicionado, mediante el artículo 7° del Decreto 1950 de 1973, y por el artículo 1º del Decreto 3074 de 2008, que expresaron:

“Artículo 7º. Salvo lo que dispone la ley para los trabajadores oficiales, en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que se señala en el presente Decreto Nacional.

La función pública que implique el ejercicio de la autoridad administrativa no podrá ser objeto de contrato ni delegarse en el personal vinculado mediante esta modalidad”.

Y el artículo 1º del Decreto 3074 de 2008:73001-33-33-012-2018-00272-01

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“Articulo 1o. Modificase y adicionase el Decreto número 2400 de 1968, en los siguientes términos:

El artículo 2º quedará así:

(…)

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”

En sentencia de fecha 5 de junio de 2014, el Honorable Consejo de Estado, a través de un esfuerzo interpretativo, recurrió a los criterios consignados por la

contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones”

En sentencia de fecha 5 de junio de 2014, el Honorable Consejo de Estado, a través de un esfuerzo interpretativo, recurrió a los criterios consignados por la Corte Constitucional (funcional, igualdad, temporal, excepcional, continuidad), para así establece r una metodología más abierta, a la hora de valorar las diferentes prerrogativas que puedan estar ínsitas en la problemática abordada, resaltándose la conceptualización de la “permanencia”, como un factor determinante a la hora de elucubrar el principio de la realidad sobre las formalidades, por lo que en dicha providencia y a través del juicio de constitucionalidad del inciso final el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968 y el aparte del artículo 1º del Decreto 3074 de 2008, nuestro Órgano de Cierre acude a la sentencia C-614 del 2 de septiembre de 2009, MP Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la que, entre otras cosas, decantó algunos criterios que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios. Tales criterios son:

I. Criterio funcional: esto es, si la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el reglamento, la ley y la constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral.

II. Criterio de igualdad: si las labores desarrolladas son las mismas que

en el reglamento, la ley y la constitución, será de aquellas que debe ejecutarse mediante vínculo laboral.

II. Criterio de igualdad: si las labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato l aboral y no a la contratación pública.

III. Criterio temporal o de la habitualidad: si las funciones contratadas se asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual, o sea que si se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral.

IV. Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a actividades nuevas y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recarg o laboral para el personal de planta, puede acudirse a la contratación pública; pero si la gestión contratada equivale al giro normal de los negocios de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual.73001-33-33-012-2018-00272-01

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debe corresponder a una relación laboral y no puramente contractual.73001-33-33-012-2018-00272-01

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V. Criterio de la continuidad : si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, esto es, para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral.

En ese sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C -171 de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, expreso:

“En suma, de lo expuesto hasta aquí puede concluirse que el carácter de propio o permanente de la función contratada por una entidad del Estado, permite diferenciar si realmente se trata de un contrato laboral o de un contrato de prestación de servicios, ya que si la labor contratada hace parte de las funciones permanentes de la entidad o puede ser realizada por empleados de planta o no requiere conocimientos especializados, se trata en realidad de un contrato laboral aunque las partes le den el nombre y forma de contrato de prestación de servicios.

Así, la Corte ha evidenciado la existencia de una gran brecha entre la regla de prohibición de contratación de servicios de funciones permanentes de las entidades públicas y la realidad fáctica relativa a este tema, constatando al efecto la falta de eficac ia real de dicha prohibición derivada de los preceptos constitucionales mencionados, ineficacia que afecta temas estructurales de la Carta de 1991, como los principios rectores del derecho al trabajo y de la

efecto la falta de eficac ia real de dicha prohibición derivada de los preceptos constitucionales mencionados, ineficacia que afecta temas estructurales de la Carta de 1991, como los principios rectores del derecho al trabajo y de la función pública. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reiterado de manera enfática la abierta inconstitucionalidad de “.., todos los procesos de des laboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que utilizan formas … legalmente válidas, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación contractual y falsear la verdadera relación de trabajo”. (…)

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha sostenido la existencia de claros límites constitucionales a la contratación estatal derivados directamente de la Carta Política en sus artículos 25, 53, 123 y 125 Superiores, de manera que ésta debe respeta r prevalentemente la regla general de acceso al trabajo permanente con el Estado, de respeto por la vinculación laboral con la administración, y por tanto la prohibición respecto de la celebración de contratos de prestación de servicios cuando se trata de desempeñar funciones de carácter permanente o propias de la entidad, cuando exista personal de planta que pueda desarrollarlo o cuando no se requieran conocimientos especializados. En consecuencia, esta Corporación ha advertido e insistido, especialmente a las autoridades administrativas o empleadores del sector público, p ero también a los particulares o empleadores del sector privado, sobre el necesario respeto a la prohibición derivada de las normas constitucionales mencionadas, de contratar a través de contrato de prestación de servicios, funciones permanentes y propias del objeto de las entidades privadas o públicas, ya que esta práctica “desdibuja el concepto de contrato”

constitucionales mencionadas, de contratar a través de contrato de prestación de servicios, funciones permanentes y propias del objeto de las entidades privadas o públicas, ya que esta práctica “desdibuja el concepto de contrato” y “porque constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores” “pues su incumplimiento genera graves consecuencias administrativas y penales.” (Resalta la Sala).

Ahora bien, sobre este aspecto, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fallo del día 16 de febrero de 2012, expediente con radicación interna 1187-11. Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, manifestó:73001-33-33-012-2018-00272-01

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“La Sala ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretendan ocultarl a, es dable acudir a los principios constitucionales del artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos estable cidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.” (…)

“Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el actor pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad

realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.” (…)

“Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el actor pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.

Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta , requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral. Todo ello con el propósito de realizar efectivamente el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En este mismo senti