TA TOL - Sentencia 73001-33-33-751-2014-00190-01 (15-05-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE: LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA Ibagué, quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 73001-33-33-751-2014-00190-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: VICTOR ALFONSO QUINTERO - OTROS

APODERADO: LEONIDAS TORRES LUGO

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

POLICÍA NACIONAL

APODERADO: NUMAEL DEL CARMEN QUINTERO OROZCO

DEMANDADO: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA

APODERADO: MARY YADIRA GARZÓN REY

TEMA: LESIONES A CIVIL CON ARMA DE FUEGO – DAÑO

ESPECIAL

CUESTIÓN PREVIA El presente asunto fue puesto en consideración de la Sala; sin embargo, el Magistrado Carlos Arturo Mendieta Rodríguez presentó impedimento para conocerlo; por lo que se resolverá con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 del C.P.A.C.A, previo a emitir el pronunciamiento de fondo. El Magistrado Dr. Carlos Arturo Mendieta Rodríguez sustenta el impedimento en el numeral 5° del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 130 del C.P.A.C.A, que señala: “(…) 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.” En virtud de lo anterior, sostiene como sustento del impedimento “…advierto estar incurso en una causal de impedimento, como quiera que el profesional del derecho Dr.

mandatario del juez o administrador de sus negocios.” En virtud de lo anterior, sostiene como sustento del impedimento “…advierto estar incurso en una causal de impedimento, como quiera que el profesional del derecho Dr. LEÓNIDAS TORRES LUGO, quien actúa como apoderado judicial de la parte demandante en estas diligencias, es el mismo a quien he otorgado poder para que en mi nombre y representación inicie proceso judicial, configurándose la causal de impedimento indicada en el numeral 5 del artículo 141 del Código General del Proceso”. A juicio de la Sala el impedimento presentado por el Dr. Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, fundado en la causal 5° del artículo 141 del CGP, puede afectar la imparcialidad del Magistrado al momento de resolver de fondo el asunto; por lo que se declarará fundado el mismo.

1. OBJETO DE LA SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuestos por la parte demandada en contra de la sentencia del 27 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado D écimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

2. ANTECEDENTES

La parte demandante, en ejercicio del medio de control de reparación directa, mediante apoderado, promovió demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – PolicíaRadicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 2 de 20

Nacional, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 2 de 20

Nacional, con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales, materiales y daño a la vida en relación sufridos por la lesión cerebral, incapacidad e invalidez de Edimer Rodríguez Aguirre , quien fue lesionado en su cabeza por un proyectil de arma de fuego disparado por miembros de la Policía Nacional Metropolitana de Ibagué en hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2012.

Que se ordene a la demandada reconocer y pagar a favor de los demandantes la totalidad de los perjuicios morales, materiales y el daño a la vida en relación.

Que se ordene a la demandada cumplir con lo establecido en el artículo 192 del CPACA.

3. HECHOS

Los que tienen relevancia jurídica son los siguientes:

3.1. El 12 de noviembre de 2012, siendo las 2:30 pm, Edimer Rodríguez Aguirre, se encontraba presenciando una carrera de motociclismo en la intersección de la calle 41 con carrera 6 de Ibagué, cuando fue impactado en su cabeza por proyectil de arma de fuego, disparado por Unidades de la Policía Nacional Metropolitana de Ibagué; pro lo que fue trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E de la cuidad de Ibagué.

3.2 Que, en el Hospital Federico Lleras Acosta, sin ordenar ni practicar examen alguno al deman dante procedieron a suturar la herida que presentaba en su cabeza; sin embargo, ante los reclamos de Jorge Armando Duque, el personal médico del hospital,

3.2 Que, en el Hospital Federico Lleras Acosta, sin ordenar ni practicar examen alguno al deman dante procedieron a suturar la herida que presentaba en su cabeza; sin embargo, ante los reclamos de Jorge Armando Duque, el personal médico del hospital, procedieron a practicarle un TAC cerebral, en el que se evidenció la presencia en su cerebro de proye ctil de arma de fuego, heridas craneoencefálicas, laceración cerebral, fractura conminuta temporal izquierda, con contusión hemorrágica.

3.3 El 13 de noviembre de 2012, se le practic ó a Edimer Rodríguez Aguirre , una craniectomía fronto+ temporal izquierda drenaje+ de hematoma subdural e intracerebral+ esquirlectomia+ injerto dural y posteriormente, el paciente fue trasladado para la Unidad de Cuidados Intensivos, para cuidados post operatorios, donde permaneció durante 5 días.

3.4 Que el demandante permaneció en el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E en la unidad de cuidados intensivos y en piso, desde el día 12 de noviembre de 2012 hasta el 21 de noviembre del mismo año, lapso en el cual se le practicó la craniectomía y múltiples terapias y proced imientos de rehabilitación , pero a l darle salida del hospital present ó secuelas.

3.5 El 5 de noviembre de 2013, le toman RMN articulación temporomandibular, que muestra disminución en la movilidad de excursión condilar y disminución de la amplitud del esp acio temporomandibular en su aspecto posterior en la ATM derecha, por los resultados del RMN articulación temporomandibular, y se practicó cirugía maxilo facial.

del esp acio temporomandibular en su aspecto posterior en la ATM derecha, por los resultados del RMN articulación temporomandibular, y se practicó cirugía maxilo facial.

3.6 Que se gún los dictámenes forenses y de especialistas, como consecuencia de la herida recibida el actor, tuvo secuelas irreversibles presentando el siguiente diagnostico “Herida penetrante en cráneo (proyectil arma de fuego), secuelas funcionales definitivas: paresia ramo superior nervio facial izquierdo, limitación apertura bucal, hipoacusia, síndrome vertiginoso …”

3.7 Que l a Fiscalía General de la Nación a través de la Fiscalía Quinta delegada de la unidad de delitos con la Unidad Individual, inici ó investigación de los hechos con sus colaboradores del CTI, por el delito de Tentativa de Homi cidio, proceso con radicaciónRadicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 3 de 20

730016106625201202240, investigación que fue enviada a la Juzgados de Instrucción Penal Militar de Ibagué.

3.8 Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Tolima, en dictamen solicitado por la Fiscalía General de la Nación, rendido el 29 de noviembre de 2013 le dictaminó al demandante invalidez y pérdida de su capacidad laboral.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que las secuelas que le causaron a Edimer Rodríguez Aguirre son consecuencia directa del impacto de proyectil de arma de fuego que afectó su cráneo en el área frontal, siendo por ende la responsabilidad de sus lesiones y secuelas a quien le propino el disparo.

Que el Hospital Federico Lleras Acosta a través de su personal médico, cumplió con el deber de prestar la mejor atención al paciente que conllevo a la recuperación de salud de este evitándole la muerte, así mismo manifiesta que la atención prestada durante el lapso que estuvo al cuidado del hospital y hasta el día de su salida fue la apropiada para este tipo de pacientes, por lo que no se presentó ningún incumpliendo a la norma de atención, siendo realizada de manera oportuna y satisfactori a, pegada a los protocolos y guías medicas institucionales según la mecánica de trauma referida para el paciente.

Que el diagnóstico dado, los exámenes, el tratamiento, la medicación y medidas de atención antes y durante la hospitalización no representaro n una falla en el servicio ni una morosidad en la atención, por el contrario, fueron oportunos descartándose la falla o falta de atención en la prestación del servicio médico.

Que la conducta del Hospital Federico Leras Acosta se ajustó al deber de protección de los derechos del paciente al brindarle la atención requerida diligente que confirma que el paciente fue valorado, diagnosticado, tratado, formulado, observado por especialistas, hasta lograr la recuperación de su salud no existiendo falla de los se rvicios de salud

los derechos del paciente al brindarle la atención requerida diligente que confirma que el paciente fue valorado, diagnosticado, tratado, formulado, observado por especialistas, hasta lograr la recuperación de su salud no existiendo falla de los se rvicios de salud brindado.

Propuso las excepciones de: Ausencia de nexo de causalidad ; Ausencia de culpa de profesional; Culpa exclusiva de un Tercero y la Genérica.

4.2 NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Sostuvo que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que no hay prueba alguna que permita establecer que haya sido un proyectil de arma estatal el causante de las lesiones de Edimer Rodríguez Aguirre, incluso afirma que no hay certeza si fue impactado sobre la cuadra donde se lle vaba a cabo el procedimiento policial o por si el contrario fue víctima de una gresca continua a estos hechos, por lo que pudo haber sido lesionado en otro contexto diverso al de los hechos materia de estudio,Radicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 4 de 20

siendo el creador de su propio riesgo cuando en efecto y sin medir las consecuencias se enfrenta a otras personas civiles que esgrimían armas de fuego.

Que el régimen aplicable es la falla probada del servicio y es al demandante a quien le corresponde probar la ocurrencia de la falla aducida y el origen estatal del arma causante de las lesiones.

Que el régimen aplicable es la falla probada del servicio y es al demandante a quien le corresponde probar la ocurrencia de la falla aducida y el origen estatal del arma causante de las lesiones.

Que se adelantó una investigación disciplinaria y la misma fue archivada, que en síntesis esta determinó que no habría lugar a efectuar juicios de reproche policial alguno, puesto que no hay prueba que señale que hubiese sido un arma estatal la que causó las lesiones del actor, dado que se allegaron las pruebas en material penal y fue allí donde se arribó el dictamen técnico que indicaba que no es posible cotejar las armas estales con el proyectil que le fue encontrado el demandante.

Que no es posible atribuir responsabilidad patrimonial a la demandada por lo que no es responsable patrimonialmente por los perjuicios que reclaman los demandantes, al presentarse los eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y la culpa de un tercero ajeno a la administración.

Por lo anterior, solicita se nieguen las pretensiones.

4.3 LLAMADA EN GARANTÍA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A

Indicó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Que los hechos carecen de respaldo fáctico y probatorio, sin que exista responsabilidad imputable al Hospital Federico Lleras Acosta ya que se evidencia una inexistencia del nexo causal entre el procedimiento médico y el perjuicio inferido, por ende, no surge responsabilidad alguna de la aseguradora al pago de una indemnización.

Propuso las excepciones de: Inexistencia de falla en el servicio por parte del Hospital Federico Lleras Acosta; Inexistencia de daño antijuridico por parte del Hospital Federico

responsabilidad alguna de la aseguradora al pago de una indemnización.

Propuso las excepciones de: Inexistencia de falla en el servicio por parte del Hospital Federico Lleras Acosta; Inexistencia de daño antijuridico por parte del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué; Inexistencia de nexo causal por parte del Hospital Federico Leras Acosta ; Inexistencia de Responsabilidad por parte del Hospital Federico Leras Acosta e Inexistencia en cuantificación del daño.

Como excepciones frente al llamamiento en garantía pr opone: 1. Evento no amparado por el contrato de seguro, 2 Limite del valor asegurado y deducible pactado, 3. Límite de pago de daños morales y 4. Excepciones genérica o ecuménica.

5. SENTENCIA APELADA

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, en sentencia del 27 de octubre de 20 20, accedió parcialmente a las pretensiones, tras considerar que no se encuentra probada una falla en el servicio por parte de los demandados; no obstante, se evidencia la existencia de un daño antijurídico ocasionado por un proyectil de arma de fuego de accionar desconocido, sin que se hubiese demostrado un a causal de exoneración de responsabilidad estatal, por lo que se le imputara la responsabilidad del Estado por la rupt ura del equilibrio en el reparto de las cargas públicas respecto de los demandantes.

Concluyó que la lesión del derecho a la salud y a la vida sufrido por E dimer Rodríguez Gutiérrez resulta imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda

demandantes.

Concluyó que la lesión del derecho a la salud y a la vida sufrido por E dimer Rodríguez Gutiérrez resulta imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez que este daño antijurídico tuvo origen dentro de la ejecución de un operativo policial,Radicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 5 de 20

esto es, al interior de la persecución policial y del enfrentamiento suscitado entre los delincuentes y los miembros de la fuerza pública.

Por tanto, la a quo, resolvió:

“(…) PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción ausencia de nexo de causalidad, propuesta por el HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE y la llamada en garantía LA PREVISORA SEGUROS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: DECLARAR Administrativa y extracontractualmente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior CONDENESE a la Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional, a pagar a las demandantes, como indemnización de perjuicios las sumas de dinero que se mencionan en los siguientes acápites.

A). PERJUICIOS INMATERIALES

PERJUICIO MORALES

indemnización de perjuicios las sumas de dinero que se mencionan en los siguientes acápites.

A). PERJUICIOS INMATERIALES

PERJUICIO MORALES

NOMBRE CALIDAD IDENTIFICACIÓN SMLMV

1 Edimer Rodríguez García Víctima directa 79780871 100 2 I.S Rodríguez García Hijo NUIP 1201465843 100

ALTERACIONES GRAVES DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA –

DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

NOMBRE CALIDAD IDENTIFICACIÓN SMLMV

1 Edimer Rodríguez García Víctima directa 79780871 100

B). PERJUCIOS MATERIALES

En la modalidad de Lucro Cesante Pasado y Futuro, para el señor EDIMER RODRÍGUEZ AGUIRRE identificado con cedula de ciudadanía 79780871 de

Bogotá:

A. Lucro Cesante Pasado. $78.590.799,61

B. Lucro Cesante Futuro. $146.748.052,99

Total, de Perjuicios Materiales $225.338.852,60

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDÉNESE en costas a la parte accionada NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del C.G.P, para lo cual se fija la suma equivalente al cuatro por ciento (4%) de las condenas impuestas, como agencias en derecho.Radicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

equivalente al cuatro por ciento (4%) de las condenas impuestas, como agencias en derecho.Radicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 6 de 20

SEXTO: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A. (…)”

6. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada, inconforme con la sentencia, en su apelación indicó que no existe suficientes pruebas para determinar alguna responsabilidad de la Policía Nacional, lo que sí está probado es que el CTI Grupo de Balística, no indicó expresamente a quien pertenecía el arma cuyo proyectil hirió al demandante, pues, solo concluyó que “No siendo apto para correlación de identidad arma proyectil”.

Que el a quo le otorgó mayor relevancia a una prueba testimonial, que a una prueba técnica del CTI que determinó que los proyectiles recolectados en la escena no corresponden a la Policía Nacional.

Que en desarrollo de los hechos objeto de estudio, agentes de Policía fueron agredidos y no solo con puños y patadas sino con rocas y armas de fuego, sin que pueda darse por sentado que las lesiones en la humanidad del demandante fueron causadas con arma de dotación oficial y esto se da en el entendido que quienes fraudulenta e ilegalmente arremetieron con armas de fuego contra la fuerza pública, pudieron ser quienes causaron el daño alegado.

Que el régimen aplicable es de la falla probada del s ervicio y es al demandante a quien

arremetieron con armas de fuego contra la fuerza pública, pudieron ser quienes causaron el daño alegado.

Que el régimen aplicable es de la falla probada del s ervicio y es al demandante a quien le corresponde probar la ocurrencia de la misma.

Que nada permite establecer que los miembros de la Policía Nacional tengan incidencia en la lesión del demandante, pues, ninguna prueba hay sobre el particular, sin que exista nexo de causalidad alguno entre dichas pretensiones y la víctima, ya que la parte actora no allegó ni un solo elemento de prueba que permita sostener que el daño causado obedeció al uso de armas de fuego por parte de la Policía Nacional.

Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia apelada y en su lugar, se nieguen las pretensiones.

7. TRÁMITE PROCESAL

El proceso fue radicado en esta Corporación el 1 de febrero de 2021. Mediante auto del día 10 de mayo de 2021, se admitió el recurso de ape lación, y el 28 de marzo de 2022, se corrió traslado a las partes, por término de 10 días, para que presentaran sus alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público, por un término igual, para que rindiera su concepto; oportunidad en la que la par te demandante y parte demandada reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivos escritos.

8. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA SALA

8.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los

8.1. COMPETENCIA

Es competente el Tribunal Administrativo del Tolima para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y por los artículos 153 y 243 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el art. 328 del CGP.

8.2. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar sí: Radicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 7 de 20

1. Se encuentra acreditado el daño antijurídico alegado por la parte demandante con ocasión a las lesiones sufridas por Edimar Rodríguez Aguirre. ii) Se encuentra acreditada la falla del servicio por exceso de fuerza de la Policía Nacional en los hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2012, donde resultó lesionado Edimar Rodríguez Aguirre , dentro de un enfrentamiento que se presentó entre ciudadanos y miembros de la Policía Nacional en el sector de

la calle 41 con carrera 5ª de Ibagué, durante una carrera de motos autorizada. iii) En caso, nega tivo, es posible aplicar en este asunto régimen de responsabilidad objetiva por daño especial e imputar el daño alegado a la demandada.

8.3. TESIS DE LA SALA

La sala confirmará la sentencia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones e imputar responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, bajo el régimen de responsabilidad objetiva – daño especial.

La sala confirmará la sentencia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones e imputar responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, bajo el régimen de responsabilidad objetiva – daño especial.

En este asunto están acreditadas que las lesiones de Edimar Rodríguez Aguirre, fueron causada por una herida de arma de fuego, en momentos en que se presentaba una confrontación entre agentes de la Policía Nacional y un grupo de ciudadanos que se encontraban en el sector de la calle 41 con carrera 5ª mientras se desarrollaba una carrera de motos autorizada en el municipio de Ibagué, en aplicación a la jurisprudencia del Consejo de Estado, sería irrelevante determinar la autoría del causante del daño para imputar responsabilidad al Estado, toda vez que su declaratoria en estos precisos eventos solo exige que el daño se produzca en el marco de un enfrentamiento en el que estén involucradas fuerzas estatales, aspecto que al estar suficientemente probado en el proceso, impone la necesidad de declarar la existencia de responsabilidad estatal en cabeza de la demandada, por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce, proviene del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de justicia y equidad1.

8.4 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

1 Lo antes dicho, no resulta un razonamiento novedoso, sino que, por el contrario, proviene de vieja data. En sentencia de 7 de abril de 1994, exp 9261 ya la Sección había dicho: “Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la

“Así las cosas, la Sala concluye que no hay prueba que permita establecer quien disparó el arma que lesionó a la menor. La confusión que se presentó en el enfrentamiento donde hubo fuego cruzado, no permite saber si fue la Policía o la guerrilla la que les ionó a la menor, sin que exista la posibilidad de practicar una prueba técnica sobre el proyectil por cuanto éste salió del cuerpo de la menor. Pero lo que sí no ofrece ninguna duda es que la menor sufrió un daño antijurídico que no tenía porqué soportar, en un enfrentamiento entre fuerzas del orden y subversivos y si bien es cierto aquellas actuaron en cumplimiento de su deber legal, la menor debe ser resarcida de los perjuicios sufridos por esa carga excepcional que debió soportar; por consiguiente, la decisión correcta fue la tomada por el a - quo, en virtud de la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda”.

En caso similar al hoy estudiado, en sentencia de 8 de agosto de 2002, con ponencia del Dr Ricardo Hoyos Duque se afirmó:

En síntesis, son imputables al Estado los daños sufridos por las víctimas cuando éstos excedan los sacrificios que se imponen a todos las personas y en su causación interviene una actividad estatal. En este régimen el hecho del tercero exonerará de responsabilidad a la administración sólo cuando sea causa exclusiva del daño, es decir, cuando éste se produzca sin ninguna relación con la actividad administrativa. Pero no la exonerará cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber

cuando el daño se cause en razón de la defensa del Estado ante el hecho del tercero, porque si bien esa defensa es legítima, el daño sufrido por las víctimas ajenas a esa confrontación es antijurídico, en cuanto éstas no tenían el deber jurídico de soportar cargas superiores a las que se imponen a todos los demás asociados. Y todo esto sin importar quién sea el autor material del daño que se cause durante la confrontación, es decir, si durante un enfrentamiento armado entre agentes estatales y un grupo al margen de la ley, por ejemplo, se causa una lesión a un particular ajeno a esa confrontación, para efectos de establecer la responsabilidad del Estado no es necesario que la lesión haya sido causada por uno de sus agentes. (Negrillas fuera de texto).Radicación: 73001-33-33-751-2014-00190-01

Acción: Reparación Directa

Demandante: Edimar Rodríguez Aguirre - otro Demandado: Ministerio de Defensa-Policía Nacional Página 8 de 20

A partir de la Constitución Política de 1991, las entidades públicas deben responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen por acción u omisión siempre que les sean imputables 2, y no es que anteriormente no respondieran, es sólo que con su vigencia, ella dispuso en un articulado ese sentido.

Nuestro órgano de cierre3 aduce que “Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la

en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado Colombiano, contenidos en el artículo 1 superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. De igual forma, con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, en sentencia del 09 de mayo de 2011, radicación No.: 54001-23-31000-1994-08654-01(19976), expresó:

“Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto p or la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de i mputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio –simple, presunta y probada-; daño especial –desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional), y; adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputa bilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el

(…)

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputa bilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica. Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”.

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisio nes”. Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico -jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

2 La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos

por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C -333 de 1996. Postura que fue seguida en la sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula genera