TA TOL - Sentencia 730013333009-2018-00376-02 (13-02-2025)

2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Gustavo Rivas Cadena y Otros.

Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 73001-33-33-009-2018-00376-02

Demandante: Gustavo Rivas Cadena y otros.

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Bonificación Judicial

La Sala de Decisión resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de abril de 2024, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva , mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES La demanda El demandante por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho previsto en el artículo 138 del C. de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas

Como pretensiones solicitó:

de P.A. y de lo C.A. promovió demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se despachen las siguientes:

Declaraciones y condenas

Como pretensiones solicitó:

1. Se inaplique parcialmente el Decreto 0383 del 2013, por medio del cual se creó la bonificación judicial para servidores públicos de la Rama Judicial.

2. Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios DESAJIBO 18-1571 del 18 de mayo de 2018, DESAJIBO 18 -573 del 21 de febrero de 2018, DESAJIBO 18 -574 del 21 de febrero de 2018, DESAJIBO 18-430 del 9 de febrero de 2018, DESAJIBO 18-435 del 9 de febrero de 2018, DESAJIBO 18-575 del 21 de febrero de 2018, y se declare la existencia de los actos administrativos fictos o presuntos generados al no resolverse los respectivos recursos de apelación interpuesto contra los anteriores actos administrativos.

A título de restablecimiento del derecho2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

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1. Condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley 4 de 1992, consistente en el pago de las

1. Condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de la bonificación judicial como nivelación salarial y prestacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley 4 de 1992, consistente en el pago de las diferencias prestacionales deja das de percibir por concepto de prima de servicios, vacacional, de navidad, de productividad, bonificación por servicios prestados, cesantías y demás, a partir de 1 de enero de 2013.

2. Ordenar la actualización de las condenas en los términos del artículo 187 del C. de P.A. y de lo C.A.

Hechos: Como circunstancias fácticas destacables, la parte activa en la demanda de manera

sintetizada dispuso:

1. Los demandantes se encuentran vinculados a la Rama Judicial, al momento de presentar la demanda de la siguiente manera: Gustavo Rivas Cadena se encuentra vinculado desde el 1 de enero de 2013, ocupando el cargo de Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué; Ángela Patricia Salamanca Garzón se encuentra vinculada desde el 22 de febrero de 1999, ocupando el cargo de Juez Tercero Promiscuo Municipal de purificación; Adriana del Pilar Guzmán Martínez se encuentra vinculada desde el 21 de febrero de 2008, ocupa el cargo como Juez Primera Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué; Natalia Andrea Hurtado Prieto se encuentra vinculada desde el 1 de febrero de 2012, ocupa el cargo de Oficial Mayor en el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué. Por su parte, Francia Marcela de la Vega Triviño se encu entra

de 2012, ocupa el cargo de Oficial Mayor en el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué. Por su parte, Francia Marcela de la Vega Triviño se encu entra vinculada desde el 8 de abril de 2011, ocupa el cargo de Profesional Universitario Grado 16 en el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué. Finalmente, Richard Silva Ortiz se encuentra vinculado desde el 16 de julio de 2009, ocupa el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Décimo Administrativo.

2. Mediante el Decreto 383 de 2013 se creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en ese sentido, así se le ha reconocido.

3. Por tal motivo, solicitaron ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la inclusión de la bonificación judicial contemplada en el decreto 383 de 2013, como factor salarial para todos los efectos legales, y que se ordenara la reliquidación y pago de la totalidad de las prestaciones sociales. Las aludidas reclamaciones fueron

presentadas en las siguientes fechas:

Ángela Patricia Salamanca Garzón 8 de febrero de 2018 Adriana del Pilar Guzmán Martínez 8 de febrero de 2018 Natalia Andrea Hurtado Prieto 8 de febrero de 2018 Francia Marcela de la Vega Triviño 8 de febrero de 2018 Richard Silva Ortiz 8 de febrero de 2018 Gustavo Rivas cadena 9 de mayo de 2018

4.La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial denegó las

Richard Silva Ortiz 8 de febrero de 2018 Gustavo Rivas cadena 9 de mayo de 2018

4.La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial denegó las peticiones y guardo silencio respecto de los recursos de apelación interpuestos de la siguiente manera:

Gustavo Rivas Cadena, oficio DESAJIBO 18-1571 del 18 de mayo de 2018, y recurso2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

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de apelación interpuesto el 31 de mayo de 2018.

Ángela Patricia Salamanca Garzón, o ficio DESAJIBO 18 -573 del 21 de febrero de 2018, y recurso de apelación de 28 de febrero de 2018.

Adriana del Pilar Guzmán Martínez, oficio DESAJIBO 18 -574 del 21 de febrero de 2018, y recurso de apelación de 28 de febrero de 2018.

Natalia Andrea Hurtado Prieto, oficio DESAJIBO 18-430 del 9 de febrero de 2018, y recurso de apelación de 21 de febrero de 2018.

Francia Marcela de la Vega Triviño, oficio DESAJIBO 18-435 del 9 de febrero de 2018, y con recurso de apelación 21 de febrero de 2018.

Richard Silva Ortiz Oficio DESAJIBO 18-575 del 21 de febrero de 2018, y con recurso

y con recurso de apelación 21 de febrero de 2018.

Richard Silva Ortiz Oficio DESAJIBO 18-575 del 21 de febrero de 2018, y con recurso de apelación de 28 de febrero de 2018.

Normas violadas y concepto de la violación Adujo como normas vulneradas los artículos 2, 13, 25, 53, 93 y 209 de la Constitución Política de Colombia; Ley 4 de 1992; código Sustantivo de Trabajo artículos 1, 9, 10, 11, 127 y 128; ley 270 de 1996.

Como concepto de violación, indicó que la Bonificación Judicial fue creada para nivelar los salarios de los servidores públicos de la Rama Judicial y que, desde la promulgación de la Ley 4 de 1992, se reconoció un derecho adquirido, según lo dispuesto en su artículo 2, literal a), que establece: "En ningún caso se podrá desmejorar sus salarios y prestaciones sociales ", respetando los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los especiales. Sostuvo que los efectos de esta bonificación han alterado la base prestacional de los demandantes.

Alegó que el Decreto 383 de 2013 regula la Bonificación Judicial como un emolumento prestacional mensual, constituyendo factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad en Salud. Sin embargo, afirmo’ que esta norme desconoce la génesis de la prestación alegada en cuanto fue creada como contraprestación del servicio y es pagada de manera habitual y periódica

Sostuvo que la Bonificación Judicial debe ser considerada un factor salarial, sin

prestación alegada en cuanto fue creada como contraprestación del servicio y es pagada de manera habitual y periódica

Sostuvo que la Bonificación Judicial debe ser considerada un factor salarial, sin importar su denominación, ya que es p ercibida mensualmente como contraprestación al trabajo habitual y ordinario del servidor público , esto es, se constituye en verdadero salario.

Finalmente, afirmó que los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos por que son contrarios a l os principios constitucionales en materia laboral, como el de favorabilidad, condición más beneficiosa, remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, primacía de la realidad sobre las formalidades, y al derecho al trabajo garantizado desde la Constitución Política (Archivo , 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 232 a 247, del expediente digital).

Contestación de la demanda Por auto de l 9 de agosto de 2019, se admitió la demanda, y ordenó notificar a la entidad demandada.2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

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Surtida la notificación, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en oportunidad (Archivo pdf 01. CuaernoPrincipal, páginas 208 a 209 del expediente digital).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Por conducto de apoderado judicial, la entidad contestó la demandada oponiéndose

CuaernoPrincipal, páginas 208 a 209 del expediente digital).

Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Por conducto de apoderado judicial, la entidad contestó la demandada oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. En primer lugar, Explicó que desde el 1 de enero de 1993 y por m andato legal, coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales: un régimen ordinario, denominado de los "No Acogidos", aplicable a los servidores judiciales vinculados antes de esa fecha que optaron por continuar bajo las disposicion es anteriores; y un régimen especial, denominado de los "Acogidos", dirigido a los empleados y funcionarios judiciales que eligieron acogerse a las nuevas disposiciones salariales y a quienes ingresaron a la Rama Judicial a partir del 1 de enero de 1993 ; siendo este último caso el de la demandante.

En relación con el Decreto 383 de 2013 y normas concordantes, adujo que por mandato legal la bonificación judicial constituye factor salarial únicamente para calcular la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Indicó que respecto al carácter salarial de ciertos emolumentos derivados de la relación legal y reglamentaria de los servidores judiciales, los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y e n lo Contencioso Administrativo han ratificado, en distintas sentencias (sin especificarlas), la potestad del legislador según mandato constitucional para disponer que ciertos conceptos salariales se liquiden sin tomar en cuenta el salario total del servidor público, sin que esto implique omisión o incorrecto desarrollo de deberes legales. Al respecto,

del legislador según mandato constitucional para disponer que ciertos conceptos salariales se liquiden sin tomar en cuenta el salario total del servidor público, sin que esto implique omisión o incorrecto desarrollo de deberes legales. Al respecto, mencionó la sentencia C-279-96 expedida por la Corte Constitucional, que se pronunció sobre la expresión “sin carácter salarial” como ajustada a la constitución.

Explicó que, de acuerdo con la Constitución y la ley, el legislador tiene libre configuración legislativa para determinar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, y por tanto, es posible que indique que determinados emolumentos no constituyan factor salarial para algunos salario o prestaciones sociales; de allí que la pretensión de inaplicar por inconstitucional el Decreto 383 de 2013 es improcedente. Adicionalmente, adujo que la administración ha venido aplicando el ordenamiento jurídico vigente, dándole estricto cumplimiento.

Propuso como excepciones las que denominó : i) de la impo sibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones del demandante; y ii) una excepción innominada o genérica (Archivo,pdf 01.CuaernoPrincipal, páginas 208 a 209 del expediente digital).

La sentencia apelada Es la proferida el 30 de abril de 2024 por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva qué que resolvió: i) Declarar no probada las excepciones de la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones del demandante , ii.) Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 9 de mayo de 2015 , en el caso de

material y presupuestal de reconocer las pretensiones del demandante , ii.) Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal sobre las diferencias en las prestaciones causadas con anterioridad al 9 de mayo de 2015 , en el caso de Gustavo Rivas Cadena y 8 de febrero de 2015 , en el caso de Ángela Patricia Salamanca Garzón, Adriana del Pilar Guzmán Martínez, Natalia Andrea Hurtado Prieto, Francia Marcela de la Vega Triviño y Richard Sil va Ortiz. iii.) inaplicar por inconstitucional la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

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cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en la disposición normativa del inciso 1° del artículo 1º del decreto 383 de 2013, iv.) declarar la existencia de los actos administrativos fictos negativos que se gener aron al omitir resolver los recursos de apelación interpuestos en el desarrollo del trámite administrativo, de la siguient e manera; Gustavo Rivas Cadena Acto ficto que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 31 de mayo de 2018; Ángela Patricia Salamanca Garzón Acto ficto que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 28 de febrero de 2018; Adriana del Pilar Guzmán Martínez Acto ficto que se generó al omitir resolver

se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 28 de febrero de 2018; Adriana del Pilar Guzmán Martínez Acto ficto que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 28 de febrero de 2018 ;Natalia Andrea Hurtado Prieto Acto ficto que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 21 de febrero de 2018 ;Francia Marcela de la Vega Triviño Acto ficto que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 21 de febrero de 2018 ; Richard Silva Ortiz Acto ficto que se generó al omitir resolver el recurso de apelación interpuesto el 28 de febrero de 2018 ; v.) Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio DESAJIBO 18-1571 del 18 de mayo de 2018; Oficio DESAJIBO 18-573 del 21 de febrero de 2018 ; Oficio DESAJIBO 18-574 del 21 de febrero de 2018 ; Oficio DESAJIBO 18 -430 del 9 de febrero de 2018 ; Oficio DESAJIBO 18-435 del 9 de febrero de 2018; Oficio DESAJIBO 18-575 del 21 de febrero de 2018. Así como, la nulidad de los actos fictos negativos originados del silencio guardado ante los recur sos de apelación interpuestos ; vi.) Reliquidar y pagar en favor de Gustavo Rivas Cadena, desde el 1º de enero de 2013; todas las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 9 de mayo de 2015 (por prescripción trienal) y mientras

sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 9 de mayo de 2015 (por prescripción trienal) y mientras perdure su vinculación laboral con la entidad. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación ; Reliquidar y pagar a favor de los señores Ángela Pa tricia Salamanca Garzón, Adriana Del Pilar Guzmán Martínez; Natalia Andrea Hurtado Prieto; Francia Marcela De La Vega Triviño Y Richard Silva Ortiz, desde el 1º de enero de 2013, en los periodos que efectivamente hayan estado vinculados a la Rama Judicial; todas las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial; pero con efectos fiscales a partir del 8 de febrero de 2015 (por prescripción trienal) y mientras perdure su vinculación laboral con la entidad. Desde luego, cancelando las diferencias que se hayan generado como consecuencia de la reliquidación; vi.) negar las demás pretensiones, vii.) no condenar en costas a la parte demandada.

Para llegar a la anterior decisión, el Juez concluyó que el artículo 14 de la Le y 4 de 1992 – norma que ordenó la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial, y per se constituye el fundamento normativo del Decreto 383 de 2013 –, no restringió ni limitó el carácter prestacional de la bonificación judicial; por lo tanto, el juzgado de instancia concluyó que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria al excluir l a bonificación judicial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios, desconociendo el criterio de equidad y trasgrediendo los derechos

juzgado de instancia concluyó que el ejecutivo excedió su facultad reglamentaria al excluir l a bonificación judicial para liquidar las prestaciones sociales de sus beneficiarios, desconociendo el criterio de equidad y trasgrediendo los derechos fundamentales de los trabajadores.

Con fundamento en lo indicado, determinó que el Decreto 383 de 2013 se torna parcialmente inconstitucional e ilegal, y en consecuencia, en aplicación de principios pro homine, remuneración mínima vital y móvil, favorabilidad, irrenunciabilidad a derechos laborales, equidad y los principios rectores establecidos en el artículo 53 de la constitución política, y, declaró la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el artículo 1° del decreto 383 de 2013.2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

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Recurso de apelación En desacuerdo con la decisión del juzgado de origen, la apoderada judicial de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apeló el fallo, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácte r salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales

fallo, argumentando que la orden emitida implica necesariamente reconocer que la bonificación posee carácte r salarial, lo cual contraviene la ley. Señaló que el acto administrativo demandado fue dictado conforme a los parámetros legales establecidos y que no es posible extender la bonificación al no constituir un factor salarial, según lo estipulado en los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015. Por lo tanto, la entidad está impedida para realizar cálculos o reajustes distintos a los estrictamente autorizados por el nivel central, basándose en las disposiciones y lineamientos otorgados por el Gobierno Nacional.

Advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha aplicado correctamente el contenido de dichas prescripciones legales, cumpliendo con la formalidad establecida en su artículo 3. Por esta razón, se opone a dicha condena , porque de hacerlo implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, con las correspondientes consecuencias penales, fiscales y disciplinarias. Asimismo, solicitó la revocación del numeral sexto, en el cual se están otorgando derechos y sentencias ultra y extra petita, facultades que solo se aplican al juez constitucional.

Citando el Decreto 383 de 2013, indicó que por expreso mandato legal la bonificación constituye únicamente un factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Siste ma General de Seguridad Social en Salud. Además, hizo referencia nuevamente a la sentencia C -279 de proferida por la Corte Constitucional relacionada con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial

Constitucional relacionada con la potestad que tiene el legislador de determinar qué constituye o no salario.

Finalmente, manifestó que la bonificación judicial fue regulada sin carácter salarial y los decretos de que la regulan no han sido declarados nulos, y por tanto, siguen gozando de la presunción de la legalidad; además, existe una imposibilidad presupuestal para reconocer las pr etensiones de la demandante, señalando que los valores solicitados no están presupuestados , y que los incrementos en la nómina para el reconocimiento de dichas acreencias laborales a todos los servidores judiciales reclamantes, podrían contravenir la prohi bición contenida en el artículo 71 del Decreto 111 de 1986, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989. Además, desconocería las reglas de apropiación presupuestal del Decreto 1068 de

2015. Reconocer las pretensiones reclamadas sin la autorización p resupuestal requerida implicaría que el ordenador del gasto incurriera en actuaciones disciplinarias conforme a la Ley 734 de 2002.

Destacó que, según la jurisprudencia citada, sin la respectiva disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de l os recursos necesarios para asumir el gasto y cumplir con las obligaciones impuestas por la ley o las sentencias judiciales, la administración judicial está impedida para generar o disponer reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales.

Por consiguiente, solicitó revocar la sentencia apelada, teniendo en cuenta que la administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo que se señala como desconocido (Archivo pdf 005_MemorialWeb_RecursoAPELACION00920183.pdf, del expediente digital).2ª Instancia

administración judicial ha venido aplicando correctamente el contenido normativo que se señala como desconocido (Archivo pdf 005_MemorialWeb_RecursoAPELACION00920183.pdf, del expediente digital).2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante auto de sustanciación del 20 de noviembre de 2024 el recurso de apelación se admitió; y se ordenó que una vez esté ejecutoriada la decisión, ingresara el proceso para proferir sentencia (Archivo pdf. 10Auto resuelve c , del expediente digital).

Alegatos de conclusión. Parte demandante Guardó silencio.

Parte demandada Guardó silencio.

Ministerio público. No presentó concepto.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Competencia Este tribunal es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con los artículos 104, inciso 1, 153 y 243 del C. de P. A. y de lo C.A; pues se cuestiona una sentencia proferida por un Juez del Circuito Administrativo de Neiva – en cumplimiento al Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de 2024 – en la que es parte una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso

una entidad pública, por causa de una actuación sujeta al derecho administrativo.

Problema jurídico. El quid del asunto de conformidad con la sentencia impugnada y el recurso impetrado, se centra en determinar, si l a demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la Bonificación Judicial como factor salarial, y por ello, debe tenerse en cuenta para liqui dar el salario y las prestaciones sociales que devenga como servidora de la Rama Judicial.

Límites de la apelación. Pasa la Sala de Decisión a estudiar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2024, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva, en tanto solo le está dado al ad quem pronunciarse sobre los cuestionamientos hechos al fallo, sin que se pueda infiltrar en el estudio de tópicos que no fueron debatidos por el o los recurrentes; así lo ha dicho de manera reiterada el Consejo de Estado1.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 9 de marzo de 2016, Radicación número: 81001 -23-31-000-2009-00008-01(39160), Demandante: Ana Greg oria López Laya y Otra, Demandado: Rama Judicial, Asunto: Tema: Daños causados por la administración de justicia / Error Jurisdiccional.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación número: 17001-2331000-2002-01526-01(37533), Demandante: Luis Alfonso Gallego Morales Y Otro, Demandado: NaciónMinisterio de Defensa - Ejercito Nacional, Asunto: Recurso de apelación – Limites y competencia del juez de segunda instancia.

Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA; Sentencia del 14 de julio de 2016, Radicación2ª Instancia Radicado: 730013333009-2018-00376-02

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Así las cosas, es claro que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los cuestionamientos que hace el recurrente a la providencia impugnada, por lo que no le está dado al ad quem estudiar asuntos de la sentencia que no fueron atacados en la alzada, a menos que en la segunda instancia se observe una ostensible violación a derechos fundamentales de las partes (esto último, en procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa

procura de la preservación de la eficacia y supremacía jurídica de la Constitución), así lo advirtió, la Sección Primera del Consejo de Estado2.

Aunado a lo anterior, el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa3 reiteró que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por lo dispuesto en el recurso de apelación, en tanto a través de este se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontar los argumentos que el juez de primera instancia presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ant e la segunda instancia. Finalmente, estableció que, como Teoría General de los Recursos que “Es necesario que exista congruencia entre la sustentación de la impugnación y lo decidido en la providencia objeto de censura, so pena de que no se pueda analizar la alzada”.

Marco normativo y jurisprudencial De conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 16, literal e) de la Constitución Política, el Congreso de la República a través de la Ley 4 de 1992 señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados de la Rama Judicial, entre otros.

número: 13001 -23-31-000-2003-02167-01(41482), Demandante: José Eugenio Arroyo Pino y Otros,

Demandado: Nación –Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Asunto: Recurso de apelación – procedencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Con sejero Ponente: WILLIAM GIRALDO GIRALDO; Sentencia del 26 de noviembre de 2009, Radicación número 25000 -23-27-000-200700024-01 (17272), Demandante: Hospital Universitario Clínica San Rafael, Demandado: Dirección Distrital de Impuestos – Secretaría de Hacienda Distrital, Asunto: Recurso de apelación – Objeto / Sustentación del recurso de apelación – Sirve al ad quem para soportar la decisión de revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 26 de