TSDJ BUG - Auto 76111310500120261006601 de 2026
Detalles
- Título
- TSDJ BUG - Auto 76111310500120261006601 de 2026
- Autor
- Tribunal Superior de Buga
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
REFERENCIA: IMPUGNACIÓN DE TUTELA.
DEMANDANTE: WILSON ZULUAGA MENESES Y OTROS.
AGENTE OFI: CARLOS ADOLFO TIGREROS ARCE Y OTROS.
DEMANDADO: INPEC Y USPEC RADICACIÓN: 76-111-31-05-001-2026-10066-01.
AUTO INTERLOCUTORIO No. 172
Discutido y aprobado en sala virtual
Guadalajara de Buga, Valle, diez (10) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
El expediente llegó a la Sala con ocasión de la impugnación de la Sentencia No. 055 del 27 de octubre de 2026, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela presentada por Wilson Zuluaga Meneses, Noé Biscue Robledo, Julián Adolfo Triana Alvarán, Daniel Gildardo Fajardo Durango, Luis Miguel Reina Brand , Michael Steven Arias Munar , Carlos Enrique Peña Martínez , Carmen David Mosquera Hinestroza , Juan Pablo Saavedra Hurtado y Wilson Cifuentes Pavi contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.
Al revisar el expediente para avocar conocimiento, la Sala advierte la existencia de una causal de nulidad que impide continuar con el trámite de la impugnación y hace necesaria su declaratoria, así como la devolución de las diligencias al juzgado de origen.
Al revisar el expediente para avocar conocimiento, la Sala advierte la existencia de una causal de nulidad que impide continuar con el trámite de la impugnación y hace necesaria su declaratoria, así como la devolución de las diligencias al juzgado de origen.
Los accionantes, quienes se encuentran privados de la libertad en la Subestación de Policía del corregimiento de Costa Rica, promovi eron acción de tutela por intermedio de su agente oficioso en contra del INPEC y la USPEC, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, vida, integridad personal, salud e igualdad, debido a su permanencia prolongada en instalaciones destinadas a la detención transitoria, cuya capacidad es de cinc o personas y que actualmente albergan diez. Señal aron, además, las deficientes condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad, las dificultades para garantizar la alimentación y la situación particular de salud de uno de los internos, quien requiere atención especializada en psiquiatría.
La acción de tutela fue admitida mediante Auto No. 0094 del 13 de octubre de 2026 1, en el que se dispuso la vinculación de distintas autoridades y entidades, sin incluir expresamente a la Dirección Regional Occidente del INPEC ni al Establecimiento Penitenciario Villa de las Palmas de Palmira. Posteriormente, mediante Auto No. 0097 del 21 de octubre siguiente2, se ordenaron nuevas vinculaciones, sin que tampoco se convocara a dichas dependencias.
No obstante, se observa que el 22 de octubre de 2026 3, mediante mensaje de datos, la Secretaría del despacho comunicó directamente a dichas dependencias su vinculación al
dependencias.
No obstante, se observa que el 22 de octubre de 2026 3, mediante mensaje de datos, la Secretaría del despacho comunicó directamente a dichas dependencias su vinculación al trámite constitucional, con fundamento en los informes rendidos por otros intervinientes,
1 Archivo 004 del expediente digital. 2 Archivo 016 del expediente digital. 3 Archivo 020 del expediente digital.concediéndoles un término de cuatro horas para pronunciarse sobre los hechos de la tutela, sin que mediara una providencia judicial que dispusiera expresamente su comparecencia. Sobre el particular, el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tramitación de la acción de tutela estará a cargo del juez, mientras que el artículo 16 ib ídem dispone que las providencias se notificarán a las partes e intervinientes por el medio que aquel considere más expedito y eficaz.
En concordancia con lo anterior , la Corte Constitucional , en la Sentencia SU -116 de 2018, reiteró que “el juez constitucional, como director del proceso, está obligado a -entre otras cargasintegrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico”.
En ese sentido, debe distinguirse entre la decisión judicial que dispone la vinculación de un
pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico”.
En ese sentido, debe distinguirse entre la decisión judicial que dispone la vinculación de un tercero y la actuación secretarial encaminada a comunicarla, pues mientras la primera corresponde al juez, en ejercicio de sus facultades de dirección del proceso , la segunda constituye una actividad de ejecución que no puede sustituir la determinación de la autoridad judicial competente.
Ahora bien, aunque en el auto admisorio se autorizó a la secretaría para vincular, sin necesidad de nueva providencia, a quienes tuvieran relación fáctica o jurídica con el asunto, tal disposición no podía entenderse como una habilitación para trasladarle la facultad de valorar las actuaciones y determinar qué ot ros sujetos debían integrar el contradictorio, atribución que corresponde al juez constitucional.
Precisamente, en el presente asunto, la comunicación del 22 de octubre de 2026 no se limitó a transmitir una orden judicial previamente adoptada, sino que, a partir de los informes rendidos por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcel ario de Guadalajara de Buga y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira, se estimó pertinente convocar a la Dirección Regional Occidente del INPEC y al Establecimiento Penitenciario Villa de las Palmas de Palmira, valoración que correspondía efectuar a la autoridad judicial mediante la respectiva providencia.
Así, si bien se encuentra acreditado el envío del mensaje de datos a las direcciones electrónicas de las referidas dependencias, ello no permite equiparar dicha comunicación
mediante la respectiva providencia.
Así, si bien se encuentra acreditado el envío del mensaje de datos a las direcciones electrónicas de las referidas dependencias, ello no permite equiparar dicha comunicación con una decisión judicial de vinculación, pues el correo electrónico constituye un medio válido para notificar providencias, mas no sustituye la determinación judicial que dispone la comparecencia de un tercero al proceso.
La irregularidad adquiere especial relevancia al advertirse que la Dirección Regional Occidente del INPEC, pese a no haber sido vinculada expresamente mediante providencia judicial, resultó destinataria de órdenes en la Sentencia No. 055 del 27 de octubre de 2026, circunstancia que compromete su derecho de defensa y contradicción, al haberse adoptado una deci sión que le impuso obligaciones sin que previamente se hubiera dispuesto su comparecencia por la autoridad judicial competente.
Aunado a lo anterior, la nulidad tampoco se saneó porque la Dirección Regional Occidente del INPEC no compareció efectivamente al trámite de tutela; y aún si en gracia de discusión se aceptará que su vinculación fue válida a través del mencionado oficio (que no lo es) el término de cuatro (4) horas otorgado no garantiza su derecho de defensa y contradicción.En ese orden, conforme a lo previsto en el artículo 133, numeral 8 del CGP, la Sala advierte una irregularidad procesal que compromete las garantías del debido proceso de la entidad vinculada, circunstancia que impide avocar conocimiento de la impugnación y hace necesaria la declaratoria de nulidad.
Por tanto, en aras de garantizar los derechos de defensa y contradicción de las dependencias mencionadas, habrá de declararse la nulidad de la Sentencia No. 055 del 27 de octubre de
la declaratoria de nulidad.
Por tanto, en aras de garantizar los derechos de defensa y contradicción de las dependencias mencionadas, habrá de declararse la nulidad de la Sentencia No. 055 del 27 de octubre de 2026, para que el juzgado de origen disponga, mediante providencia judicial su vinculación, les conceda la oportunidad de pronunciarse sobre la acción constitucional y, posteriormente, adopte la decisión que en derecho corresponda, conservando las demás actuaciones válidamente surtidas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral, actuando en sede constitucional, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
RESUELVE.
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia No. 055 del 27 de octubre de 2026 , proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela presentada por Wilson Zuluaga Meneses, Noé Biscue Robledo , Julián Adolfo Triana Alvarán , Daniel Gildardo Fajardo Durango , Luis Miguel Reina Brand , Michael Steven Arias Munar, Carlos Enrique Peña Martínez , Carmen David Mosquera Hinestroza, Juan Pablo Saavedra Hurtado y Wilson Cifuentes Pavi contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER, de forma inmediata las diligencias al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, Valle del Cauca , para que adopte las decisiones que en derecho
SEGUNDO: DEVOLVER, de forma inmediata las diligencias al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, Valle del Cauca , para que adopte las decisiones que en derecho correspondan, garantice el debido proceso de los intervinientes y contin úe el trámite constitucional conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.
Las Magistradas,
CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE
Ponente
Firma electrónica
GLORIA PATRICIA RUANO BOLAÑOS
Firma electrónica
YULI MABEL SÁNCHEZ QUINTEROFirmado Por:
Consuelo Piedrahita Alzate Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 001 Laboral Tribunal Superior De Buga - Valle Del Cauca
Gloria Patricia Ruano Bolaños Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 002 Laboral Tribunal Superior De Buga - Valle Del Cauca
Yuli Mabel Sánchez Quintero Magistrada Sala 003 Laboral Tribunal Superior De Buga - Valle Del Cauca
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
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