TSDJ MED - Auto 05001310300920230030703 de 2026

TEMA: MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS – Inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro. Improcedencia de la cautela respecto de bienes pertenecientes a un patrimonio autónomo cuando se reclama el pago de una comisión derivada de un contrato de corretaje del cual dicho patrimonio no fue parte. Aplicación de los artículos 590 del Código General del Proceso y 1238 del Código de Comercio./

HECHOS: JCAC promovió proceso verbal relacionado con un contrato de corretaje celebrado con la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, respecto del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 001-694XXX. Según la demanda, la intermediación condujo a la celebración de un negocio fiduciario mediante el cual el inmueble fue transferido al Patrimonio Autónomo Fideicomiso P.A. Lote Palermo, cuya vocera y administradora es Fiduciaria Bancolombia S.A. El negocio fiduciario registró un valor de $30.553.127.000 para la transferencia del inmueble. El demandante sostuvo que su labor de intermediación generó una comisión del 3 %, equivalente a $916.593.810, cuyo pago no se efectuó. Durante el proceso, el inmueble inicialmente identificado con matrícula 001-694XXX experimentó una transformación registral a raíz de la constitución de una urbanización, donde se originaron múltiples folios de matrícula inmobiliaria . Con anterioridad se había decretado la inscripción de la demanda; sin embargo, al resolver una apelación de la parte demandada, el Tribunal había revocado esa determinación y ordenado levantar la medida.

Posteriormente, el demandante reformó la demanda para formular pretensiones también contra el

había decretado la inscripción de la demanda; sin embargo, al resolver una apelación de la parte demandada, el Tribunal había revocado esa determinación y ordenado levantar la medida. Posteriormente, el demandante reformó la demanda para formular pretensiones también contra el Fideicomiso P.A. Lote Palermo, representado por Fiduciaria Bancolombia S.A., y volvió a solicitar medidas cautelares. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín admitió la reforma de la demanda, pero negó las medidas cautelares solicitadas, pues consideró que no se configuraban los supuestos del artículo 590 del Código General del Proceso. Por tanto, el problema jurídico a considerar es si es procedente ordenar, con fundamento en el artículo 590 del Código General del Proceso, la inscripción de una demanda sobre inmuebles pertenecientes a un patrimonio autónomo cuando el demandante reclama el pago de una comisión derivada de un contrato de co rretaje del cual dicho patrimonio autónomo no fue parte ni asumió obligaciones.

TESIS: (…)Las medidas cautelares proceden en los procesos ejecutivos, para asegurar un derecho cierto e indiscutible que no ha sido satisfecho; en los procesos declarativos, tienen como finalidad asegurar el objeto de la pretensión, en caso de que salga airosa en la sentencia.(…) los literales a y b del art. 590 (…), taxativamente consagran como medida cautelar, la inscripción de la demanda en procesos declarativos; al respecto, la jurisprudencia patria ha precisado: “Lo anterior evidencia que la citada medida tiene lugar, en juicios declarativos, cuando en éstos (i) se discute el dominio u otro

procesos declarativos; al respecto, la jurisprudencia patria ha precisado: “Lo anterior evidencia que la citada medida tiene lugar, en juicios declarativos, cuando en éstos (i) se discute el dominio u otro derecho real principal directa o consecuencialmente; (ii) se debaten cuestiones relativas a “una universalidad de bienes”; y (iii) se busca el pago de perjuicios derivados de la responsabilidad civil contractual o extracontractual.(…)” Como se indicó línea atrás, con la reforma a la demanda se pretende como cautela la inscripción de la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria Nos. y 001-154XX49, propiedad de la codemandada Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora – Provincia de San Francisco de Asís y, 001-154XX27, 001-154XX28, 001-154XX29, 001 -154XX30, 001 - 154XX31, 001 -154XX32, 001 -154XX33, 001 -154XX35, 001154XX336, 001-154XX37, 001-154XX39, 001-154XX40, 001-154XX41, 001-154XX42, 001-154XX44, 001-154XX45, 001 -154XX46 y 001 -1543XX47, cuya titular del derecho real de dominio es la codemandada Fiduciaria Bancolombia S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso P.A. Lote Palermo.(…) De entrada, se constata, que en este proceso ya se había decretado la inscripción de la demanda como medida cautelar y el Tribunal al resolver el recurso de apelación que formuló la parte demandada, revocó la decisión de primer grado y levantó la cautela(…)La parte demandante

de la demanda como medida cautelar y el Tribunal al resolver el recurso de apelación que formuló la parte demandada, revocó la decisión de primer grado y levantó la cautela(…)La parte demandante reformó la demanda para introducir pretensiones en contra de la demandada Fideicomiso P.A. LOTEPALERMO, cuya vocera y administradora es Fiduciaria Bancolombia S. A.; con todo, un examen cuidadoso de la demanda permite colegir que en nada cambia la situación planteada; pues en efecto, se invoca un contrato de corretaje celebrado entre el demandante JCAC como corredor y la demandada Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora Provincia de San Francisco de Asís, como encargante, para la negociación de un inmueble que luego, ésta cristalizó con Fideicomiso P.A. LOTE PALERMO. Como se puede ver, se trata de dos negocios jurídicos distintos, sin que el demandante hubiera sido parte en el segundo. Además, la demanda tampoco tiene por objeto el segundo negocio, en el que intervino el Fideicomiso P.A. LOTE PALERMO, cuya vocera y administradora es Fiduciaria Bancolombia S. A. Bajo estas circunstancias, para la justificación y procedencia de la medida cautelar, no basta con introducir unas súplicas de responsabilidad contractual, cuando no se advierte como el Fideicomiso P. A. LOTE PALERMO puede ser responsable del cumplimiento de un contrato de corretaje en el que no fue parte y del que no asumió obligaciones. Conclusión: Por lo dicho, se impone la confirmación del auto recurrido.

MP: LUIS ENRIQUE GIL MARÍN

FECHA: 30/09/2026

PROVIDENCIA: AUTOM e d e l l í n

asumió obligaciones. Conclusión: Por lo dicho, se impone la confirmación del auto recurrido.

MP: LUIS ENRIQUE GIL MARÍN

FECHA: 30/09/2026

PROVIDENCIA: AUTOM e d e l l í n “Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA SEGUNDA CIVIL DE DECISIÓN

Lugar y fecha Medellín, treinta de septiembre de dos mil veintiséis Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703 Demandante Juan Camilo Álvarez Cardona Demandada Congregación de Las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora Provincia de San Francisco de Asís, y otro Providencia Auto No. Tema Medidas cautelares en procesos declarativos. Jurisprudencia. Decisión Confirma Sustanciador Luis Enrique Gil Marín

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido el 10 de febrero último por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, que admitió la reforma a la demanda y negó las medidas cautelares solicitadas, en el proceso verbal promovido por JUAN CAMILO ÁLVAREZ CARDONA , en contra de la

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS

MISIONERAS DE MARÍA AUXILIADORA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS y el FIDEICOMISO P.A. LOTE PALERMO, cuya vocera y administradora es FIDUCIARIA

MISIONERAS DE MARÍA AUXILIADORA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS y el FIDEICOMISO P.A. LOTE PALERMO, cuya vocera y administradora es FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 2 de 25

II. ANTECEDENTES

Por auto proferido el 09 de febrero del presente año, se admitió la reforma a la demanda y negó la medida cautelar solicitada, aduciendo que, con fundamento en el art. 590 del Código General del Proceso, se pretende como cautela la inscripción de la demanda sobre los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 001694490, 001 -1543327, 001 -1543328, 001 -1543329, 0011543330, 001 - 1543331, 001 -1543332, 001 -1543333, 0011543335, 001 -1543336, 001 -1543337, 001 -1543339, 0011543340, 001 -1543341, 001 -1543342, 001 -1543344, 0011543345, 001-1543346, 001-1543347 y 001-1543349.

A lo que advierte que, frente al folio de matrícula inmobiliaria No. 001-694490, existe decisión del superior que dispuso el levantamiento de la inscripción de la demanda; adicionalmente, se debe tener presente que el art. 590 del estatuto procesal, contempla varias hipótesis:

En el presente caso, se pretende la declaratoria de existencia e incumplimiento del contrato de corretaje; sin que resulte procedente ordenar la inscripción de la demanda como se

contempla varias hipótesis:

En el presente caso, se pretende la declaratoria de existencia e incumplimiento del contrato de corretaje; sin que resulte procedente ordenar la inscripción de la demanda como se pretende, porque el primer literal del dispositivo que viene citarse, para su procedencia trae como condición que, se trate de demanda que “verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes…” y, en este caso, no estamos frente al ejercicio de derechos reales ni de uno que derive de ellos.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 3 de 25

Y el segundo literal dispone: “cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual , ...” ; sin que en la demanda se pretende el reconocimiento de perjuicios derivados de una responsabilidad de tipo civil.

Contra esta decisión la parte actora interpuso el recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, indicando que, está configurado el presupuesto de perjuicio patrimonial que exige el literal b) del art. 590 del C. General del Proceso, en la modalidad de lucro cesante derivado del incumplimiento contractual; correspondiendo el lucro cesante conforme a la doctrina y la jurisprudencia… “ a la ganancia o utilidad que razonablemente debía ingresar al patrimonio del acreedor y que no se produjo como consecuencia directa del incumplimiento del deudor ”; no se trata de una expectativa eventual sino de una utilidad jurídicamente establecida y condicionada al cumplimiento de una obligación contractual.

consecuencia directa del incumplimiento del deudor ”; no se trata de una expectativa eventual sino de una utilidad jurídicamente establecida y condicionada al cumplimiento de una obligación contractual.

La comisión derivada del contrato de corretaje constituye esa utilidad patrimonial cierta y determinada, conforme con el art. 1341 de la codificación mercantil y, en este caso, una vez perfeccionado el negocio fiduciario sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 001 -694490, nació para las partes beneficiadas la obligación legal y contractual de pagar dicha comisión; la omisión en el pago impidió que al patrimonio del corredor ingresara el valor de la comisión; lo que configura un perjuicio patrimonial claro, actual y determinado, consistente en la utilidad que dejó de percibir por el incumplimiento en el pago; cuando se pretende la condena al pago de la comisión, se estáProceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 4 de 25 reclamando el resarcimiento del lucro cesante originado en la responsabilidad contractual; cumpli endo con los presupuestos del literal b) del art. 590 del C.G.P.

A pesar de que el Juzgado concluye que no se cumple con ese supuesto, por no emplear explícitamente la expresión “indemnización de perjuicios ”; en la reforma a la demanda se pretende el pago de perjuicios derivados de responsabilidad contractual, pues: “ 1. Existe un contrato de corretaje. 2. Se perfeccionó el negocio intermediado. 3. Surgió la obligación legal de pagar comisión (art. 1341 C.Co.). 4. Dicha obligación fue

contractual, pues: “ 1. Existe un contrato de corretaje. 2. Se perfeccionó el negocio intermediado. 3. Surgió la obligación legal de pagar comisión (art. 1341 C.Co.). 4. Dicha obligación fue incumplida. 5. Se reclama judicialmente el pago de la comisión impaga”.

De donde considera que, la pretensión de condena al pago de la comisión constituye, materialmente, la reparación del daño contractual derivado del incumplimiento; por lo tanto, el análisis de la tantas veces citada norma, no se pu ede limitar a la verificación terminológica, sino que debe atender a la naturaleza sustancial de la obligación reclamada.

La jurisprudencia ha señalado que, el juez debe interpretar la demanda en su conjunto, atendiendo la causa petendi y no la denominación formal empleada por la parte; la sentencia C -131 de 2002 explicó que el Juez tiene el deber de aplicar el derecho pertinente a los hechos probados, aunque no haya sido invocado expresamente; en este caso, los hechos narrados en la demanda describen con claridad: “ 1. La existencia de un contrato de corretaje. 2. La intermediación exitosa en el negocio fiduciario. 3.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 5 de 25 El perfeccionamiento del negocio. 4. La omisión en el pago de la comisión”.

El litigio desde el punto de vista material versa sobre responsabilidad contractual; siendo improcedente negar la medida porque no se empleó la expresión “ perjuicios”; amén, de que ello constituye una interpretación formalista que desconoce

comisión”.

El litigio desde el punto de vista material versa sobre responsabilidad contractual; siendo improcedente negar la medida porque no se empleó la expresión “ perjuicios”; amén, de que ello constituye una interpretación formalista que desconoce la obligación de dilucidar íntegramente la demanda y, aplicar el derecho sustancial correspondiente y, concierne a un excesivo rigorismo, como lo ha señalado la jurisprudencia.

No se analizó un hecho objetivo, verificable y determinante para la procedencia de la medida cautelar ; esto es, la transformación registral del inmueble objeto del litigio, del que durante el trámite del proceso se derivaron 19 folios de matrícula inmobiliaria, l os cuales se crearon mediante la escritura pública No. 2077 de 21 de julio de 2025, otorgada en la Notaria Veinte de Medellín, como consecuencia de la constitución de una urbanización sobre el predio primigenio; lo que facilita su circulación jurídica , multiplica las posibilidades de transferencia a terceros y aumenta el riesgo de que la sentencia pierda eficacia práctica; lo que se contrarrestaría con la inscripción de la demanda; además, el hecho de que el folio 001 -1543349 haya sido restituido a la congregación evidencia que no permanece estático dentro del patrimonio fiduciario; circunstancias estas que no se valoraron en el auto que recurre; simplemente , se realizó una lectura abstracta del art. 590 del estatuto procesal.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 6 de 25 Conforme la estructura del Código General del Proceso, las medidas cautelares cumplen una función instrumental de

abstracta del art. 590 del estatuto procesal.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 6 de 25 Conforme la estructura del Código General del Proceso, las medidas cautelares cumplen una función instrumental de asegurar la efectividad de la decisión judicial; la inscripción de la demanda no es una medida de aprehensión material del bien ni impide su uso o explotación económica, es una medid a de publicidad para preservar la eficacia jurídica de la sentencia frente a terceros; amén, de lo señalado por la jurisprudencia frente al acceso a la administración de justicia y, lo previsto en los arts. 228 y 229 constitucionales que, deben armonizarse para la correcta interpretación del art. 590 del C.G.P. , porque en este caso concurren los elementos que justifican la intervención cautelar, así:

“1. Existe un contrato y un incumplimiento generador de responsabilidad contractual. 2. Se reclama un detrimento patrimonial concreto. 3. El bien sobre el cual recae la medida está directamente vinculado al negocio jurídico que dio origen a la obligación. 4 . Se ha producido una transformación registral del inmueble durante el proceso, incrementando el riesgo de ineficacia del fallo”.

A lo que agrega que, la inscripción de la demanda no altera la situación posesoria ni paraliza el proyecto urbanístico; garantiza que el proceso sea oponible a terceros y, que la sentencia conserve eficacia frente a eventuales transferencias; al negar la medida se asume que el riesgo registral no es jurídicamente relevante; lo que desnaturaliza las cautelas y compromete el

que el proceso sea oponible a terceros y, que la sentencia conserve eficacia frente a eventuales transferencias; al negar la medida se asume que el riesgo registral no es jurídicamente relevante; lo que desnaturaliza las cautelas y compromete el derecho sustancial debatido. Por estas razones solicita, se reponga el auto recurrido y, en su lugar, se decreten las medidas cautelares pretendidas.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 7 de 25

El Juzgado por auto de 15 de julio del presente año, no accedió al recurso de reposición y, en subsidio concedió el de apelación ; aduce que, el literal b) del numeral 1 del art. 590 del Código General del Proceso, autoriza la inscripción de la demanda en los procesos donde se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual; del contexto de la r eforma a la demanda se advierte que, las pretensiones principales están encaminadas a obtener la declaratoria de existencia e incumplimiento de un contrato de corretaje y , consecuentemente, el pago de la comisión presuntamente causada con ocasión del negocio fiduciario celebrado entre las demandadas.

Aunque la reclamación económica tiene evidente contenido patrimonial, ello no implica que toda pretensión de pago derivada de un contrato pueda asimilarse a una pretensión indemnizatoria en los términos del art. 590 Ib.; en este caso, la pretensión corresponde al reconocimiento y pago de una comisión contractual, cuya existencia se encuentra en discusión, y no a una pretensión autónoma y expresa de indemnización de perjuicios.

corresponde al reconocimiento y pago de una comisión contractual, cuya existencia se encuentra en discusión, y no a una pretensión autónoma y expresa de indemnización de perjuicios.

Sumado a lo anterior, advierte que respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 001 -694490, el superior el 03 de diciembre de 2024, ordenó levantar la inscripción de la demanda decretada, al considerar improcedente la afectación de bienes pertenecientes al patrimonio autónomo mientras no concurra certeza sobre la existencia de una acreencia anterior a laProceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 8 de 25 constitución del fideicomiso, conforme el art. 1238 del Código de Comercio.

Aunque el pretensor sostiene que, a raíz de la subdivisión urbanista del folio inicial se originaron nuevos folios; lo cierto es que los mismos continúan integrando el patrimonio autónomo del Fideicomiso P.A. Lote Palermo, es decir, las circunstancias expuestas por el Tribunal para la improcedencia de la medida cautelar continúan vigentes; es decir, no se encuentra aunados los presupuestos previstos en el art. 59 0 del estatuto procesal, para decretar la inscripción de la demanda.

En la oportunidad legal, el recurrente adicionó la sustentación del recurso de apelación, en los siguientes términos: La motivación del Juzgado introduce una distinción que carece de anclaje legal, al exigir que la pretensión sea "autónoma y expresa de indemnización de perjuicios”, en cumplimiento del literal b) del

motivación del Juzgado introduce una distinción que carece de anclaje legal, al exigir que la pretensión sea "autónoma y expresa de indemnización de perjuicios”, en cumplimiento del literal b) del numeral 1 del art. 590 del estatuto procesal y, descarta el mecanismo cautelar por tratarse del reconocimiento y pago de una comisión contractual; exigencia que pasa a refutar en los siguientes términos:

La citada norma no contiene la exigencia que añadió el Juzgado, solo establece dos elementos: “ i) que en el proceso se persiga el pago de perjuicios, y (ii) que esos perjuicios provengan de responsabilidad civil contractual o extracontractual ”; agregar un requisito que la ley no impone contraviene el principio de legalidad procesal previsto en el art. 6 del Código General del Proceso.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 9 de 25 En obligaciones de dar sumas de dinero, la ejecución específica y la indemnización de perjuicios coinciden materialmente por definición, conforme lo ordenan los arts. 1613, 1614 y 1617 del Código Civil; la conjunción de estas normas revela con nitidez que, cuando la prestación incumplida es dineraria, la identificación del daño r eal se identifica materialmente con el pago del monto adeudado y los rendimientos moratorios; como lo ha sostenido la jurisprudencia en sentencia SC1962-2022 de 28 de junio de 2022.

De donde advierte que, al reclamar el pago de la comisión 8mp0agada, ejerce una de las dos opciones que integran la responsabilidad civil contractual, por ende, la distinción que hace

de junio de 2022.

De donde advierte que, al reclamar el pago de la comisión 8mp0agada, ejerce una de las dos opciones que integran la responsabilidad civil contractual, por ende, la distinción que hace el Juzgado entre cobro e indemnización no tiene respaldo en la doctrina de la Corte.

El no pago de la comisión al corredor configura responsabilidad civil contractual; el art. 1341 de la codificación mercantil, establece una obligación de fuente legal y contractual, cuyo hecho generador es objetivamente verificable ; esto es, la celebración del negocio intermediado, perfeccionado ese hecho, el no pago de la comisión genera un incumplimiento contractual puro, cuyos efectos económicos, son por definición, lucro cesante en los términos del art. 1614 del Código Civil; sup uesto que corresponde al acontecido en el presente caso, como pasa a precisarlo; amén, de lo dispuesto por la Sala de Casación Civil en sentencia SC4422 -2020 de 17 de noviembre de 2020; dada la existencia de la obligación contractual exigible, su falta de pago constituye un incumplimiento que da lugar a responsabilidad civil contractual.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 10 de 25

La tesis del Juzgado de que la inscripción de la demanda solo procede ante "pretensiones autónomas y expresas de indemnización de perjuicios ", conllevaría a que se excluyan del amparo cautelar las controversias verbales de incumplimiento contractual con prestaciones dinerarias directas, siendo categoría estadísticamente mayoritaria de los procesos civiles y comerciales; dicha posición desnaturalizaría el sistema cautelar

amparo cautelar las controversias verbales de incumplimiento contractual con prestaciones dinerarias directas, siendo categoría estadísticamente mayoritaria de los procesos civiles y comerciales; dicha posición desnaturalizaría el sistema cautelar del Código General del Proceso y, desconocería los arts. 228 y 229 constitucionales.

Igualmente, el Juzgado alude a lo previsto en el art. 1238 del Código de Comercio, pero el supuesto no se configura en este caso, porque se trata de una acreencia del corredor por la comisión mercantil contemporánea y, funcionalmente inescindible de la constitución del fideicomiso, al tenor del art. 1341 Ib., porque la celebración del negocio en el que intervino el demandante fue precisamente el negocio fiduciario constitutivo del Fideicomiso P.A. Lote Palermo, perfeccionado mediante escritura pública No. 4559 de 17 de noviembre de 2018, otorgada en la Notaría 25 de Medellín; en esa medida la acreencia del corredor no es posterior a la constitución del fideicomiso, sino simultánea; por lo que la excepción de l inciso 1° del art. 1238, opera a favor del pretensor.

Amén, que dicha restricción protege al patrimonio autónomo frente a los acreedores del fiduciante que no son parte de la relación procesal con el propio patrimonio autónom o y, no se configura en este caso conforme a la reforma a la demanda, porque la acción se dirige de manera directa contra el propioProceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 11 de 25 patrimonio autónomo del Fideicomiso PA Lote Palermo,

porque la acción se dirige de manera directa contra el propioProceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 11 de 25 patrimonio autónomo del Fideicomiso PA Lote Palermo, representado por su vocera Fiduciaria Bancolombia S.A.

Con relación a la afirmación del Juzgado en cuanto a que los bienes derivados del folio primigenio … “ continúan integrando el patrimonio autónomo del Fideicomiso P.A. Lote Palermo”; la misma se desvanece con los certificados de libertad aportados al proceso, como pasa a precisarlo. Por estas razones solicita, revocar el numeral 7 del auto que confirmó la decisión de no decretar las cautelas y, en su lugar, se decrete la inscripción de la demanda en la forma solicitada, sin necesidad de pr estar caución porque el demandante está amparado por pobre.

La contra parte al descorrer el traslado, se pronunció frente a cada uno de los reparos de la parte demandante y, conforme a ello, solicita se confirme la decisión recurrida.

3. CONSIDERACIONES

Las medidas cautelares : Para la Corte Constitucional, “las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar

preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumpli miento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos paraProceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 12 de 25 asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido” (CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-379/2004).

Igualmente, el Tribunal de casación ha precisado: “ Las medidas cautelares están concebidas como la herramienta procesal a través de la cual se pretende asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales, sean personales o patrimoniales, en este último evento propenden por la conservación del patrimonio del obligado de llegar a salir avante las pretensiones, conjurando así los eventuales efectos nocivos que pueden acaecer ante la demora de los juicios.

“Sin embargo, el decreto de cautelas, desde antaño, ha tenido un manejo muy restringido, pues sólo podrán ordenarse las que expresamente autorice el legislador, y en las oportunidades que el mismo ordenamiento dispone, sin menoscabo de las que procedan de oficio, o las llamadas medidas cautelares innominadas, que están sujetas a la discrecionalidad del juzgador, atendiendo las condiciones del caso concreto y, particularmente la apariencia del buen derecho”1.

Las medidas cautelares proceden en los procesos ejecutivos, para

están sujetas a la discrecionalidad del juzgador, atendiendo las condiciones del caso concreto y, particularmente la apariencia del buen derecho”1.

Las medidas cautelares proceden en los procesos ejecutivos, para asegurar un derecho cierto e indiscutible que no ha sido satisfecho; en los procesos declarativos, tienen como finalidad asegurar el objeto de la pretensión, en caso de que salga airosa en la sentencia.

1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Auto AC1813-2018 del 08 de mayo de 2018, radicado No. 11001-02-03-000-2016-02466-00.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 13 de 25

Al efecto, el art. 590 del C. General del Proceso establece que: “En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

“1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

“a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.

“Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.

“b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro

universalidad de bienes.

“Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso.

“b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.

“Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.Proceso Verbal Radicado 05001310300920230030703

Página 14 de 25

“El demandado podrá impedir la práctic