TSDJ MED - Sentencia 05001310301720260044000 de 2026

TEMA: RESPONSABILIDAD SUBJETIVA EN EL INCIDENTE DE DESACATO-La imposición de una sanción por desacato exige, además de acreditar el incumplimiento objetivo, que su inobservancia obedece a una conducta dolosa o culposa atribuible personalmente al obligado. /

HECHOS: ICRM, representante legal de la Asociación de Mujeres de Antioquia (AMDA), promovió acción de tutela contra el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Oralidad de Medellín por las actuaciones adelantadas para obtener el cumplimiento de una sentencia de tutela anterior. En ese fallo se había ordenado a AMDA reintegrar a LEGM a un cargo igual o mejor al desempeñado, de acuerdo con su condición de salud, y pagar las acreencias laborales correspondientes. La accionante pretendió, principalmente que se declarara la cesación de los efectos de la orden de reintegro; que se ordenara la devolución de lo retenido en su cuenta bancaria por concepto de sanciones; y que se ordenara examinar adecuadamente la imposibilidad alegada, su responsabilidad subjetiva y otras alternativas de cumplimiento antes de imponer nuevas sanciones. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó el amparo mediante sentencia del 7 de octubre de 2026.

Consideró que las autoridades que tramitaron el desacato habían respetado las garantías de defensa y contradicción. Se deberá determinar si se vulnera el derecho fundamental al debido proceso las providencias dictadas en un incidente de desacato cuando mantienen una sanción personal fundada esencialmente en la persistencia del incumplimiento de la orden de tutela, sin motivar suficientemente la existenc ia de una conducta dolosa o culposa atribuible personalmente al

providencias dictadas en un incidente de desacato cuando mantienen una sanción personal fundada esencialmente en la persistencia del incumplimiento de la orden de tutela, sin motivar suficientemente la existenc ia de una conducta dolosa o culposa atribuible personalmente al sancionado y sin atender adecuadamente las circunstancias alegadas respecto de sus posibilidades reales de cumplimiento.

TESIS: (…) La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado -en reiterada jurisprudencia-, que, ante dichas providencias, por regla general, no procede la acción de tutela, sin embargo, de manera excepcional puede consolidarse el resguardo constitucional, previo agotamiento de los presupuestos de procedibilidad y la consolidación de una vía de hecho.(…) Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 distinguen entre el cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato.

El primero atribuye al juez la facultad de adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la protección concedida, mientras que el segundo regula la imposición de sanciones por su incumplimiento, previa acreditación de la responsabilidad subjetiva del obligado.(…) para establecer la responsabilidad por desacato, deben examinarse las circunstancias del incumplimiento, las posibilidades reales de actuación del obligado, las razones que lo sustentan y las gestiones adelantadas para satisfacer la orden, pues su sola ino bservancia no acredita, por sí misma, una conducta dolosa o culposa. Corresponde al juez del desacato verificar esos presupuestos, apreciar las pruebas y determinar la eventual responsabilidad del obligado.(…) se encuentran satisfechos los presupuestos para examinar las providencias del sexto incidente. La controversia no habilita, en

las pruebas y determinar la eventual responsabilidad del obligado.(…) se encuentran satisfechos los presupuestos para examinar las providencias del sexto incidente. La controversia no habilita, en cambio, una nueva revisión del fallo del 20 de febrero de 2026 ni permite extender automáticamente el examen a las sanciones ante riores. (…)El reproche constitucional no se dirige contra la falta de ejecución de la orden de reintegro, circunstancia que no se discute, sino contra la responsabilidad personal atribuida a ICRM dentro del sexto incidente de desacato y la motivación que sustentó la sanción impuesta(…)Obra en el expediente que, previo requerimiento del 7 de septiembre de 2026, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal dispuso la apertura del incidente mediante Auto Interlocutorio 3414 del día 11 siguiente. Dentro del término concedido ICRM presentó escrito de defensa el 16 de septiembre, en el cual reconoció que el reintegro no se había materializado, pero negó que esa circunstancia obedeciera a una conducta dolosa o negligente. Para sustentar su posición, expuso que AMDA se enc ontraba en liquidación desde 2022, que su planta había sido reducida a tres trabajadoras y que no disponía de vacantes ni recursos para asumir las obligaciones derivadas de una nueva vinculación. (…) En ese mismo memorial solicitó que no se le atribuyeraresponsabilidad subjetiva y, subsidiariamente, que se consideraran otras medidas encaminadas a obtener el cumplimiento, atendiendo las condiciones económicas y operativas de la entidad. El juzgado, mediante auto del 17 de septiembre, requirió información adicional sobre el proceso liquidatorio, a lo cual respondió la incidentada ese mismo día, con indicación del estado de la entidad

obtener el cumplimiento, atendiendo las condiciones económicas y operativas de la entidad. El juzgado, mediante auto del 17 de septiembre, requirió información adicional sobre el proceso liquidatorio, a lo cual respondió la incidentada ese mismo día, con indicación del estado de la entidad y remisión de la resolución administrativa correspondiente. Al decidir, mediante Auto Interlocutorio 3523 del 23 de septiembre de 2026, el despacho descartó la imposibilidad alegada. Para ello consideró que la liquidación era anterior a la sentencia constitucional, que esa circunstancia no había sido propuesta durante el trámite inicial de tutela y que las manifestaciones sobre las limitaciones del personal no contaban con respaldo probatorio suficiente para tenerlas por demostradas. También se refirió a las consignaciones judiciales efectuadas ante el Juzgado N oveno Laboral del Circuito de Medellín, respecto de las cuales reconoció que existían pruebas conducentes de actuaciones dirigidas a satisfacer las acreencias laborales. obstante, precisó que estas no acreditaban el cumplimiento integral del fallo, ante la ausencia de reincorporación. Hasta allí, el razonamiento permite identificar las razones por las cuales el juzgado no tuvo por satisfecha la orden ni acogió la justificación invocada por la incidentada. No corresponde en esta sede reemplazar ese examen, ni atribuir a los documentos aportados un alcance demostrativo distinto del establecido por el juez natural.(…) En el asunto examinado, esa determinación exigía relacionar la conducta reprochada con las posibilidades de actuación de la sancionada, frente a las circunstancias oportunamente expuestas durante el incidente. No porque la liquidación, la insuficiencia eco nómica o las condiciones de salud acreditaran necesariamente una imposibilidad de cumplimiento, sino porque

las posibilidades de actuación de la sancionada, frente a las circunstancias oportunamente expuestas durante el incidente. No porque la liquidación, la insuficiencia eco nómica o las condiciones de salud acreditaran necesariamente una imposibilidad de cumplimiento, sino porque fueron invocadas para controvertir, precisamente, la existencia de una desobediencia personalmente sancionable.(…) A ello se agrega que el mismo despacho reconoció actuaciones encaminadas a atender uno de los componentes económicos del fallo. Esas consignaciones no sustituyen el reintegro ni excluyen la eventual responsabilidad por su incumplimiento, sin embargo, tampoco podían conducir, sin una explicación adicional, a calificar globalmente la conducta como renuente, cuando el reproche sancionatorio se dirigía a la obligación que continuaba pendiente. En otras palabras, el reconocimiento de gestiones parciales de cumplimiento no impedía imponer una sanción, pero hacía necesario precisar las razones por las cuales, respecto del reintegro, se encontraba acreditada una omisión dolosa o culposa imputable a la representante legal. La providencia no desarrolló suficientemente ese juicio.(…) Así, la consulta modificó la consecuencia sancionatoria, pero mantuvo la imputación personal sobre una motivación que tampoco permite distinguir suficientemente el incumplimiento objetivo de la conducta dolosa o culposa exigida para sancionar.(…) Sin embargo, esas actuaciones no subsanan la insuficiencia de las razones ofrecidas para acreditar el presupuesto subjetivo del desacato. Tal deficiencia tiene relevancia constitucional porque compromete el fundamento mismo de una sanción personal, cuya im posición no puede descansar exclusivamente en el resultado incumplido. La conclusión no supone que la incidentada

para acreditar el presupuesto subjetivo del desacato. Tal deficiencia tiene relevancia constitucional porque compromete el fundamento mismo de una sanción personal, cuya im posición no puede descansar exclusivamente en el resultado incumplido. La conclusión no supone que la incidentada se encontrara materialmente imposibilitada para reintegrar a la trabajadora, ni que las pruebas allegadas demostraran ausencia de culpa. Esas cuestiones deben resolverse en el escenario incidental, mediante una decisión que exteriorice suficientemente las razones de la responsabilidad atribuida.(…) En suma, la vulneración identificada no radica en que se hubieran desestimado las explicaciones de AMDA ni en la falta de ejecución del reintegro, que permanece vigente y exigible. El defecto se concreta en el examen realizado al resolver la consulta, pues la providencia que mantuvo la sanción pecuniaria no ofreció una motivación suficiente sobre la responsabilidad subjetiva de la incidentada, distinta de la constatación del incumplimiento objetivo.

MP: JULIAN VALENCIA CASTAÑO

FECHA: 20/10/2026

PROVIDENCIA: SENTENCIA DE TUTELAMedellín “Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA CIVIL DE DECISIÓN

Lugar y fecha Medellín, 20 de octubre del 2026 Proceso Acción de Tutela Radicado 05001310301720260044000 Accionante Isabel Cristina Restrepo Montoya Accionado Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Oralidad de Medellín Providencia

Sentencia T-0146

Tema

Radicado 05001310301720260044000 Accionante Isabel Cristina Restrepo Montoya Accionado Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Oralidad de Medellín Providencia

Sentencia T-0146

Tema la imposición de una sanción por desacato exige, además, acreditar que su inobservancia obedece a una conducta dolosa o culposa atribuible personalmente al obligado. Decisión Revoca parcial y concede Ponente

Julián Valencia Castaño La Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín decide la impugnación promovida por impugnación promovida por Isabel Cristina Restrepo Montoya contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2026 por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro de la acción de tutela de la referencia. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo. Isabel Cristina Restrepo Montoya, en calidad de representante legal de la Asociación de Mujeres de Antioquia – Grupo AMDA, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia, dignidad humana e igualdad, que estima vulnerados por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Oralidad de Medellín, con ocasiónProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 2 de 19 de las actuaciones adelantadas para obtener el cumplimiento de la sentencia proferida en la tutela 05001-40-03-024-202600279-00. Expuso que, mediante fallo del 20 de febrero de 2026, confirmado

de las actuaciones adelantadas para obtener el cumplimiento de la sentencia proferida en la tutela 05001-40-03-024-202600279-00. Expuso que, mediante fallo del 20 de febrero de 2026, confirmado el 27 de marzo siguiente, se concedió transitoriamente el amparo de los derechos fundamentales de Luz Edilma García Mejía y se ordenó a AMDA reintegrarla, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a un cargo igual o mejor al desempeñado, atendiendo su condición de salud, así como pagar las acreencias laborales correspondientes. La protección quedó condicionada a que la beneficiaria presentara la demanda ordinaria dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación. Afirmó que esa condición no se satisfizo, porque el proceso laboral únicamente pasó al conocimiento del Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín después del 21 de julio de 2026, cuando había vencido el término concedido. También señaló que la Asociación se encuentra en liquidación desde marzo de 2022, que su personería jurídica fue cancelada, su planta se redujo de cinco a tres trabajadoras y carece de vacantes y capacidad económica para efectuar el reintegro. Indicó que esas circunstancias fueron informadas reiteradamente al juzgado accionado y que, dentro del sexto incidente de desacato, aportó certificación contable del 15 de septiembre de 2026, en la cual se relacionaron ingresos mensuales aproximados de $6.250.000 y gastos por $18.839.237. Agregó que adelantó actuaciones para atender las acreencias laborales mediante consignaciones judiciales ante el Juzgado

cual se relacionaron ingresos mensuales aproximados de $6.250.000 y gastos por $18.839.237. Agregó que adelantó actuaciones para atender las acreencias laborales mediante consignaciones judiciales ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, reconocidas por elProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 3 de 19 propio despacho, pese a lo cual se promovieron seis incidentes de desacato, cinco de ellos con imposición de sanciones. Particularmente, mediante Auto Interlocutorio 3523 del 23 de septiembre de 2026, fue sancionada con multa de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes y arresto de quince días. Esa decisión fue modificada en consulta por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, a través del Auto 686 del día siguiente, que revocó el arresto y redujo la multa a 144,58 unidades de valor básico. Cuestionó que se le atribuyera responsabilidad personal a partir de la persistencia del incumplimiento y de las sanciones anteriores, sin atender suficientemente las circunstancias financieras y operativas de la Asociación, sus condiciones de salud y las actuaciones adelantadas para satisfacer parcialmente la sentencia. Añadió que, durante el incidente, solicitó considerar otras medidas de cumplimiento y verificar que no se estuvieran sancionando nuevamente los mismos hechos. Pretende, en consecuencia, que se declare la cesación de los efectos del reintegro, se ordene la devolución de $3.659.250 que afirma fueron retenidos de su cuenta bancaria por concepto de

sancionando nuevamente los mismos hechos. Pretende, en consecuencia, que se declare la cesación de los efectos del reintegro, se ordene la devolución de $3.659.250 que afirma fueron retenidos de su cuenta bancaria por concepto de sanciones, y se disponga que el juzgado accionado examine la imposibilidad alegada, su responsabilidad subjetiva y otras formas de ejecución antes de imponer nuevas medidas sancionatorias. 1.2. Del trámite en primera instancia. Mediante auto del 29 de septiembre de 2026 el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín admitió la acción, vinculó al Juzgado Doce Civil del Circuito y a Luz Edilma García Mejía, dispuso recaudarProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 4 de 19 las actuaciones relacionadas con la controversia y negó la medida provisional solicitada. 1.3. El Juzgado Doce Civil del Circuito informó que confirmó la sentencia de tutela del 20 de febrero de 2026 y que, posteriormente, al conocer en consulta de la sanción impuesta dentro del sexto incidente de desacato, revocó el arresto y redujo la multa a un salario mínimo legal mensual vigente, según lo decidido en Auto 686 del 24 de septiembre siguiente. Luz Edilma García Mejía solicitó declarar improcedente la tutela, por considerar que la accionante contó con el grado jurisdiccional de consulta, en el que obtuvo una modificación favorable de la sanción. Precisó que presentó la demanda laboral el 23 de abril de 2026, como lo demuestra el acta de reparto

jurisdiccional de consulta, en el que obtuvo una modificación favorable de la sanción. Precisó que presentó la demanda laboral el 23 de abril de 2026, como lo demuestra el acta de reparto aportada, y que su posterior remisión por falta de competencia no afectó la oportunidad de esa actuación. También controvirtió la imposibilidad alegada por AMDA, pues señaló que la situación liquidatoria se remontaba a marzo de 2022, aunque su relación laboral se mantuvo hasta enero de 2026, y cuestionó que la certificación contable hubiera sido expedida apenas en septiembre de ese año. El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal informó que no existían solicitudes pendientes de trámite dentro del incidente y remitió a las razones expuestas en la providencia del 14 de agosto de 2026, relativas a la continuación de las actuaciones de desacato promovidas por la beneficiaria. Asimismo, facilitó el acceso al expediente digital.Proceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 5 de 19 Durante el trámite se recibieron declaraciones de familiares de la accionante relacionadas con sus condiciones de salud y se incorporaron actuaciones del proceso laboral. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Oralidad de Medellín negó el amparo mediante sentencia del 7 de octubre de 2026, al considerar que no se acreditó la vulneración de los derechos invocados y que la accionante debía acudir a los mecanismos judiciales disponibles. Respecto de la orden de reintegro, estableció que la beneficiaria presentó oportunamente la demanda laboral el 23 de abril de

invocados y que la accionante debía acudir a los mecanismos judiciales disponibles. Respecto de la orden de reintegro, estableció que la beneficiaria presentó oportunamente la demanda laboral el 23 de abril de 2026, sin que la posterior remisión del proceso por falta de competencia modificara esa circunstancia. En cuanto a los incidentes, estimó que las autoridades judiciales observaron las garantías de defensa y contradicción y que las explicaciones relacionadas con la liquidación, las dificultades económicas y las condiciones personales de la sancionada no demostraban una imposibilidad de cumplimiento. Por ello, descartó los defectos atribuidos a las providencias. Finalmente, negó la devolución de los recursos reclamados, al advertir que el documento aportado daba cuenta de una retención bancaria, pero no permitía identificar la autoridad que la ordenó ni su relación con las sanciones cuestionadas. 1.4. Del recurso de impugnación. La accionante impugno la decisión y reprochó que la sentencia confundiera la obligatoriedad del reintegro con la responsabilidadProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 6 de 19 personal derivada de su incumplimiento, pues esta última exige establecer una conducta dolosa o culposa, misma que no puede presumirse por la sola falta de ejecución de la orden. Insistió, en que las circunstancias económicas, jurídicas, operativas y médicas alegadas durante los incidentes, particularmente la certificación contable del 15 de septiembre de 2026, no recibieron un examen suficiente. Cuestionó también que la reiteración de sanciones se hubiera considerado

médicas alegadas durante los incidentes, particularmente la certificación contable del 15 de septiembre de 2026, no recibieron un examen suficiente. Cuestionó también que la reiteración de sanciones se hubiera considerado demostrativa de una conducta renuente, sin individualizar los hechos sancionados ni examinar otras medidas encaminadas al cumplimiento. Reconoció que la demanda laboral fue presentada el 23 de abril de 2026, pero sostuvo que la vigencia de la protección transitoria no resolvía la cuestión relativa a su responsabilidad subjetiva. Por último, solicitó esclarecer el origen de los $3.659.250 retenidos mediante requerimientos a la entidad bancaria y a la autoridad encargada del cobro.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. Esta Sala es competente para resolver la impugnación, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser el superior funcional de la autoridad judicial que profirió el fallo de primera instancia. 2.2. Procedencia excepcional de tutela contra providencias que resuelven un incidente de desacato. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado -en reiteradaProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 7 de 19 jurisprudencia-, que, ante dichas providencias, por regla general, no procede la acción de tutela, sin embargo, de manera excepcional puede consolidarse el resguardo constitucional, previo agotamiento de los presupuestos de procedibilidad y la consolidación de una vía de hecho.

no procede la acción de tutela, sin embargo, de manera excepcional puede consolidarse el resguardo constitucional, previo agotamiento de los presupuestos de procedibilidad y la consolidación de una vía de hecho. Frente a los primeros, reiteró la citada Corporación en sentencia STC4002-2026: “Para que sea pertinente a través de este medio «enervar» la directriz que resuelve un «incidente de desacato» se deben cumplir estos requisitos: i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que: a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio (CC SU034-2018)”.1. 2.3. Sobre el cumplimiento y el desacato. Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 distinguen entre el cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato. El primero atribuye al juez la facultad de adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la protección concedida, mientras que el segundo regula

del Decreto 2591 de 1991 distinguen entre el cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato. El primero atribuye al juez la facultad de adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la protección concedida, mientras que el segundo regula la imposición de sanciones por su incumplimiento, previa acreditación de la responsabilidad subjetiva del obligado.

1 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, SU-627 de 2015 y SU-034 de 2018, sobre procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y decisiones adoptadas en incidentes de desacato.Proceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 8 de 19 Mientras el cumplimiento del fallo se verifica a partir de la ejecución de lo ordenado, la imposición de una sanción por desacato exige, además, acreditar que su inobservancia obedece a una conducta dolosa o culposa atribuible personalmente al obligado. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que, para establecer la responsabilidad por desacato, deben examinarse las circunstancias del incumplimiento, las posibilidades reales de actuación del obligado, las razones que lo sustentan y las gestiones adelantadas para satisfacer la orden, pues su sola inobservancia no acredita, por sí misma, una conducta dolosa o culposa.2 Corresponde al juez del desacato verificar esos presupuestos, apreciar las pruebas y determinar la eventual responsabilidad del obligado. El control constitucional no constituye una instancia adicional para revisar ese juicio, sino que se limita a establecer si la decisión presenta un defecto de relevancia constitucional

apreciar las pruebas y determinar la eventual responsabilidad del obligado. El control constitucional no constituye una instancia adicional para revisar ese juicio, sino que se limita a establecer si la decisión presenta un defecto de relevancia constitucional que comprometa las garantías del debido proceso. 2.4. Caso en Concreto. 2.4.1 Requisitos generales de procedibilidad de la acción. En este caso, la legitimación por activa se encuentra acreditada, pues Isabel Cristina Restrepo Montoya fue sancionada personalmente en su condición de representante legal de la Asociación obligada al reintegro. También concurre la

2 Corte Constitucional, sentencias SU-034 de 2018, SU-050 de 2022 y T-432 de 2022. Responsabilidad subjetiva del desacato, circunstancias del incumplimiento y actuaciones del obligado orientadas a su ejecución.Proceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 9 de 19 legitimación por pasiva respecto de los juzgados que impusieron y revisaron la sanción. La acción satisface la inmediatez, en tanto se promovió el 29 de septiembre de 2026 contra providencias dictadas los días 23 y 24 del mismo mes. Tiene, además, relevancia constitucional, al cuestionarse la atribución de responsabilidad personal dentro de una actuación sancionatoria. Respecto de la subsidiariedad, la sanción impuesta en el sexto incidente fue sometida a consulta, resuelta mediante Auto 686 del 24 de septiembre de 2026, sin que exista recurso ordinario

una actuación sancionatoria. Respecto de la subsidiariedad, la sanción impuesta en el sexto incidente fue sometida a consulta, resuelta mediante Auto 686 del 24 de septiembre de 2026, sin que exista recurso ordinario pendiente. Asimismo, los argumentos relacionados con la imposibilidad de cumplimiento, la responsabilidad subjetiva y la reiteración de sanciones fueron planteados durante esa actuación. Por consiguiente, se encuentran satisfechos los presupuestos para examinar las providencias del sexto incidente. La controversia no habilita, en cambio, una nueva revisión del fallo del 20 de febrero de 2026 ni permite extender automáticamente el examen a las sanciones anteriores. 2.4.2. El reproche constitucional no se dirige contra la falta de ejecución de la orden de reintegro, circunstancia que no se discute, sino contra la responsabilidad personal atribuida a Isabel Cristina Restrepo Montoya dentro del sexto incidente de desacato y la motivación que sustentó la sanción impuesta Se debe precisar, que la orden constitucional conserva sus efectos, la sentencia del 20 de febrero de 2026 condicionó la protección transitoria a que Luz Edilma García Mejía promovieraProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 10 de 19 la correspondiente demanda laboral dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación, actuación que se verificó el 23 de abril de ese año, según el acta de reparto del proceso inicialmente asignado al Juzgado Octavo Laboral Municipal de Medellín. Su posterior rechazo por falta de competencia y remisión al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito no modifican la fecha de

abril de ese año, según el acta de reparto del proceso inicialmente asignado al Juzgado Octavo Laboral Municipal de Medellín. Su posterior rechazo por falta de competencia y remisión al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito no modifican la fecha de presentación de la demanda. De ahí que no se configurara la condición de cesación prevista en el fallo, como acertadamente lo estableció el juzgado accionado al resolver el incidente. En consecuencia, la Asociación continúa obligada a cumplir lo dispuesto en la sentencia constitucional, mientras la jurisdicción ordinaria adopta una decisión definitiva. 2.4.3. Establecido lo anterior, el examen debe dirigirse a las providencias dictadas con ocasión del sexto desacato. Obra en el expediente que, previo requerimiento del 7 de septiembre de 2026, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal dispuso la apertura del incidente mediante Auto Interlocutorio 3414 del día 11 siguiente. Dentro del término concedido Isabel Cristina Restrepo Montoya presentó escrito de defensa el 16 de septiembre, en el cual reconoció que el reintegro no se había materializado, pero negó que esa circunstancia obedeciera a una conducta dolosa o negligente. Para sustentar su posición, expuso que AMDA se encontraba en liquidación desde 2022, que su planta había sido reducida a tres trabajadoras y que no disponía de vacantes ni recursos para asumir las obligaciones derivadas de una nueva vinculación. Aportó certificación contable del 15 de septiembre de 2026, documentación relacionada con la situación jurídica de laProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

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Aportó certificación contable del 15 de septiembre de 2026, documentación relacionada con la situación jurídica de laProceso Acción de tutela Radicado 05001310301720260044000

Página 11 de 19 Asociación y actuaciones del proceso laboral. También invocó sus condiciones de salud y los pagos efectuados por concepto de acreencias laborales. En ese mismo memorial solicitó que no se le atribuyera responsabilidad subjetiva y, subsidiariamente, que se consideraran otras medidas encaminadas a obtener el cumplimiento, atendiendo las condiciones económicas y operativas de la entidad. Además, pidió verificar que una nueva sanción no recayera sobre los mismos hechos anteriormente juzgados. El juzgado, mediante auto del 17 de septiembre, requirió información adicional sobre el proceso liquidatorio, a lo cual respondió la incidentada ese mismo día, con indicación del estado de la entidad y