TSDJ MED - Sentencia 05001310500620220020501 de 2026

Tribunal Superior de Medellín

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Detalles

Título
TSDJ MED - Sentencia 05001310500620220020501 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Medellín
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2026

TEMA: CALIFICACIÓN DE INVALIDEZDebe precisarse que la pretensión de nulidad formulada respecto del dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no puede pro sperar por el solo hecho de que la demandante discrepe de sus conclusiones.

HECHOS: Solicitó la parte actora se declarara la nulidad del dictamen del 5 de abril de 2017 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que calificó su patolog ía como de origen comœn; que, como consecuencia de ello y del dictamen emitido por la IPS Universitaria, se declare que padece una incapacidad permanente parcial por enfermedad de origen laboral estructurada el 25 de abril de 2012, con un porcentaje de pØrdida de capacidad laboral del 21.40%; y que, en virtud de lo anterior, se condene a la citada ARL al reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial, junto con la indexación. En sentencia de primera instancia, el Juz gado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, resolvió negar las pretensiones incoadas por la parte actora. Debe la sala determinar si la pØrdida de la capacidad laboral establecida respecto de Martha Olga Arcila Rodríguez en razón a una epicondilitis medial derecha tenía origen laboral como l o reclama la recurrente, o si su gØnesis era comœn, tal como lo concluyó la a quo.

TESIS: (…) En primer lugar, debe precisarse que la pretensión de nulidad formulada respecto de l dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no puede prosperar por el solo hecho de que la demandante discrepe de sus conclusiones. (…) En ese contexto, la Sala encuentra acreditado

dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no puede prosperar por el solo hecho de que la demandante discrepe de sus conclusiones. (…) En ese contexto, la Sala encuentra acreditado que la demandante desempeæó labores de aseo y servicios generales en la Institución Universitaria de Envigado y que estas comprendían actividades que exigían la utilizació n de los miembros superiores. Sin embargo, la sola naturaleza manual de tales funciones, o el hecho de que se hubieran desarrollado durante varios aæos, no permite concluir automÆticamente que la patol ogía diagnosticada tuvo origen laboral. Para establecer esa relación es necesario examinar la s condiciones concretas de ejecución de las tareas, la frecuencia e intensidad de los movimientos, los requerimientos de fuerza y las posturas adoptadas, así como su correspondencia con la afecc ión objeto de calificación. Precisamente, el estudio del puesto de trabajo const ituye una prueba relevante para ese propósito, pues describió las distintas funciones asignadas a la demandante y la proporción de la jornada destinada a cada una. Segœn ese documento, las labores comprendían barrido, trapeado, limpieza de superficies y baæos, preparación de bebidas y traslado de correspondencia, entre otras. TambiØn contempló la atención de requerimientos ocasionales, como el movimiento de mobiliario. Esa diversidad funcional fue el fundamento para que los profesionales que declararon en el proceso explicaran que no se evidenciaba una ejecución continua de movimientos sobre la articulación afectada ni una manipulación de cargas con intensidad suficiente para establecer el riesgo ergonómico alegado. La apoderada de la demandante cuestionó que dicho estudio se hubiera realizado en julio de 2016, cuando su representada había dejado de trabajar para

para establecer el riesgo ergonómico alegado. La apoderada de la demandante cuestionó que dicho estudio se hubiera realizado en julio de 2016, cuando su representada había dejado de trabajar para la institución educativa. No obstante, esa circunstancia, por sí sola, no desvirtœa su contenido, pues el informe estuvo dirigido a describir y analizar las actividades correspondien tes al cargo desempeæado. Lo determinante es establecer si la información allí consignada perm ite reconstruir razonablemente las condiciones de trabajo relevantes para la controversia. ( …) Ahora bien, la Sala no desconoce que el dictamen particular aportado por la demandante concluyó que la enfermedad era de origen laboral, ni que la Junta Regional había llegado inicialmente a la misma determinación. Sin embargo, la existencia de conceptos tØcnicos divergentes exige examinar sus fundamentos y establecer cuÆl ofrece mayor poder de convicción a la luz del conjunto probatorio . En la contradicción de su dictamen, el mØdico JWVA explicó que tomó en consideraci ón las labores de aseo y limpieza y los movimientos que estas comportaban, pero reconoció q ue no contaba con información precisa sobre el peso de los elementos que la trabajadora mov ilizaba. Tampoco individualizó mediciones que permitieran determinar la intensidad y frecuencia de la exposición enlas condiciones concretas del puesto de trabajo. De esta manera, aunque su concepto i dentificó posibles factores de riesgo asociados a las tareas descritas, no logró explicar de form a suficientemente específica cómo se presentaban estos con la intensidad requerida para atribuirles la patología. En contraste, el dictamen de la Junta Nacional no se limitó a desconocer el diagnóstico clínico, sino que examinó la relación entre la enfermedad y las condiciones ocupacionales descritas

la patología. En contraste, el dictamen de la Junta Nacional no se limitó a desconocer el diagnóstico clínico, sino que examinó la relación entre la enfermedad y las condiciones ocupacionales descritas en el estudio del puesto de trabajo. Su conclusión fue consistente con las explicaciones ofrecidas en audiencia acerca de la alternancia de las actividades y la ausencia de evidencia sufici ente sobre repetitividad, fuerza o posturas forzadas de intensidad relevante. La Sala encuentra, po r ello, que dicho concepto cuenta con mayor respaldo en los elementos objetivos allegados al p roceso que la conclusión del dictamen particular, cuyo razonamiento se apoyó principalment e en las características generales de las labores desempeæadas. Tampoco resulta suficiente, para acreditar el origen laboral, que la patología se hubiera diagnosticado durante el perío do en que la demandante desarrollaba labores de aseo, ni que persistiera en una valoración posteri or. La ecografía de 25 de abril de 2012 permite establecer la existencia del diag nóstico para esa Øpoca, pero no demuestra, que la enfermedad hubiera sido causada por las actividades laborales. De igual forma, la persistencia de la afección documentada en 2018 no define su origen, pues ese dato clínico debe valorarse junto con la información relativa a la exposición ocupacional y los conceptos tØcnicos rendidos en el proceso. En suma, la Sala considera que la parte actora no log ró desvirtuar las conclusiones de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez ni demostrar, con sustento tØcnico suficiente, que las condiciones concretas en que desarrolló sus labores generaran una ex posición ergonómica causalmente relacionada con la epicondilitis medial derecha. En consecuenci a, no hay

suficiente, que las condiciones concretas en que desarrolló sus labores generaran una ex posición ergonómica causalmente relacionada con la epicondilitis medial derecha. En consecuenci a, no hay fundamento para modificar la decisión de primera instancia, que negó las pretensio nes y tuvo por acertado el dictamen de la Junta Nacional.

MP: JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS

FECHA: 29/10/2026

PROVIDENCIA: SENTENCIA1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE MEDELL˝N

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Lugar y Fecha Medellín, 29 octubre de 2026 Proceso Ordinario Radicado 05001-31-05-006-202200205-01 Demandante Martha Olga Arcila Rodríguez Demandada Seguros de Vida Suramericana S. A. y Junta Nacional de Calificación de Invalidez Tema Nulidad de dictamen Decisión Confirma Providencia Sentencia Ponente Juan David Guerra Trespalacios

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 17 de enero de 2025 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

Previa deliberación de los magistrados que integran esta colegiatura, se aprueba la siguiente providencia:

ANTECEDENTES

La seæora Martha Olga Arcila Rodríguez formuló demanda

Previa deliberación de los magistrados que integran esta colegiatura, se aprueba la siguiente providencia:

ANTECEDENTES

La seæora Martha Olga Arcila Rodríguez formuló demanda ordinaria laboral en contra de Seguros de Vida Suramericana

S. A. y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Manifestó que estuvo afiliada a dicha administradora de riesgos laborales al terminar su œltimo vínculo laboral, tras2

desempeæarse durante quince aæos como trabajadora en misión en la Institución Universitaria de Envigado como operaria de oficios varios a travØs de diferentes empresas temporales.

Sostuvo que en desarrollo de sus labores debía realizar actividades de barrido, trapeado, preparación de bebidas calientes, atención a funciones, barrido general, manipulación de pesos mediante el levantamiento y traslado de pupitres y mobiliario de oficina, así como el manejo de mÆquinas industriales hidrolavadoras y brilladoras que generaban vibración segmentada, ademÆs de restregado manual con cepillo. Afirmó que estuvo expuesta de manera consecutiva a posturas antigravitacionales y forzadas en los miembros superiores, así como a requerimientos de fuerza y peso.

Indicó que a raíz de dichas actividades desarrolló una patología denominada epicondilitis medial derecha, diagnosticada inicialmente mediante ecografía practicada el 25 de abril de 2012.

Refirió que la ARL Sura calificó en primera oportunidad la enfermedad como de origen comœn, decisión ante la cual formuló desacuerdo, por lo que la Junta Regional de

25 de abril de 2012.

Refirió que la ARL Sura calificó en primera oportunidad la enfermedad como de origen comœn, decisión ante la cual formuló desacuerdo, por lo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, mediante dictamen nœmero 62978 del 18 de noviembre de 2016, resolvió la inconformidad y determinó que la enfermedad era de origen profesional. Expuso que, ante los recursos interpuestos por la ARL Sura, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez profirió el dictamen nœmero 39180655-4297 del 5 de abril de 2017, mediante el cual revoco la decisión de primera3

instancia y determinó que la patología tenía un origen comœn.

Seæaló que mediante dictamen pericial privado practicado por la IPS Universitaria el 7 de noviembre de 2018, con ponencia del mØdico especialista en salud ocupacional JosØ William Vargas Arenas, se estableció que presentaba una incapacidad permanente parcial por enfermedad de origen laboral, con un porcentaje de pØrdida de capacidad laboral del 21.40%, estructurada el 25 de abril de 2012.

Aæadió que formuló un derecho de petición ante la ARL Sura el 16 de noviembre de 2018 tendiente a obtener el reconocimiento de la respectiva indemnización, sin que accediera a lo solicitado.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad del dictamen del 5 de abril de 2017 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que calificó su patología como de origen comœn; que, como consecuencia de

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad del dictamen del 5 de abril de 2017 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que calificó su patología como de origen comœn; que, como consecuencia de ello y del dictamen emitido por la IPS Universitaria, se declare que padece una incapacidad permanente parcial por enfermedad de origen laboral estructurada el 25 de abril de 2012, con un porcentaje de pØrdida de capacidad laboral del 21.40%; y que, en virtud de lo anterior, se condene a la citada ARL al reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial, junto con la indexación y las costas procesales.4

Contestación de la demandada

Seguros de Vida Suramericana S.A. se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez cumplió con los requisitos tØcnicos, científicos y legales, fue realizado por peritos mØdicos expertos y se tramitó garantizando el debido proceso, de modo que en dicho acto, que se encuentra en firme y tiene plena validez, se determinó en œltima instancia el origen comœn de la patología de epicondilitis media derecha.

En relación con el dictamen de pØrdida de capacidad laboral aportado por la parte demandante emitido por el mØdico JosØ William Vargas de la IPS Universitaria, indicó que no aceptaba su resultado por tratarse de una prueba sumaria que no le fue notificada ni a la que se le dio trÆmite con los recursos de ley, por lo que carecía de poder vinculante y

William Vargas de la IPS Universitaria, indicó que no aceptaba su resultado por tratarse de una prueba sumaria que no le fue notificada ni a la que se le dio trÆmite con los recursos de ley, por lo que carecía de poder vinculante y contradecía el artículo 226 del Código General del Proceso y el Decreto 2463 de 2001, formulando desde la contestación la respectiva contradicción y solicitando la comparecencia del perito a la audiencia.

Argumentó que al tratarse de una enfermedad de origen comœn, las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la misma estaban a cargo del Sistema General de Salud y del Sistema General de Pensiones en cumplimiento de la Ley 100 de 1993, quedando excluida la administradora de riesgos laborales de cualquier condena, incluidas las pretensiones de indemnización por incapacidad permanente parcial, indexación y condena en costas.5

Frente a los hechos de la demanda, aceptó el extremo relativo a la œltima afiliación a la ARL hasta el 18 de diciembre de 2015 a travØs del empleador Grupo Empresarial Seiso

S. A. S., así como que la demandante en el cargo de oficios varios realizaba actividades descritas en el Estudio del Puesto de Trabajo, que elevó derechos de petición que fueron contestados oportunamente, que se surtió la calificación en primera oportunidad con oposición de la trabajadora y la posterior remisión y decisión de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, así como los trÆmites de solicitudes y respuestas referidas en el expediente.

Manifestó que no le constaban los vínculos laborales con diferentes empleadores anteriores, y negó que existiera error

Calificación de Invalidez, así como los trÆmites de solicitudes y respuestas referidas en el expediente.

Manifestó que no le constaban los vínculos laborales con diferentes empleadores anteriores, y negó que existiera error en los dictÆmenes de la ARL y de la Junta Nacional, los cuales concluyeron una exposición insuficiente al riesgo ergonómico por mantenerse los movimientos de miembros superiores dentro de los Ængulos de confort, sin movimientos repetitivos concentrados debido a la variedad de tareas y sin manipulación de cargas por encima de los límites permisibles.

Finalmente, propuso como excepciones de mØrito las de inexistencia de la obligación, ausencia de derecho sustantivo y prescripción.

Por su parte, La Junta Nacional de Calificación de Invalidez no se opuso a la primera pretensión de la demanda y se atuvo a lo probado, defendiendo la legalidad de su decisión al confirmar que la epicondilitis medial derecha de la demandante es de origen comœn.6

Indicó que las pretensiones sobre prestaciones económicas o asistenciales eran ajenas a su competencia y recaen exclusivamente sobre la ARL Sura, aæadiendo que no proceden costas en su contra por no haberse opuesto y tratarse de una entidad pericial sin Ænimo de lucro.

Respecto a los hechos, aceptó los de carÆcter formal y explicó que modificó el dictamen de la regional de Antioquia porque el estudio de puesto de trabajo demostró que no existía una exposición a factores de riesgo ergonómico —como movimientos repetitivos o cargas excesivas — con la

que modificó el dictamen de la regional de Antioquia porque el estudio de puesto de trabajo demostró que no existía una exposición a factores de riesgo ergonómico —como movimientos repetitivos o cargas excesivas — con la intensidad suficiente para causar la enfermedad.

Finalmente, propuso como excepciones de mØrito las de legalidad de la calificación emitida por la junta nacional como calificador de segunda instancia, improcedencia de las pretensiones respecto a la junta nacional de calificación de invalidez y competencia del juez laboral, buena fe de la parte demandada, y la excepción genØrica.

Sentencia de primera instancia

Mediante fallo proferido el 17 de enero de 2025, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín resolvió negar las pretensiones incoadas por la parte actora, a quien condenó en costas.

La juez negó la pretensión de nulidad del dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al considerar que este no constituía un acto administrativo susceptible de ser anulado, sino un concepto tØcnico controvertible ante la jurisdicción ordinaria laboral. No7

obstante, precisó que los dictÆmenes de las juntas no eran pruebas solemnes ni vinculaban de manera absoluta al juzgador, quien podía examinar los demÆs medios de convicción conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Al abordar el origen de la epicondilitis medial derecha, examinó las declaraciones de Fernando Ramírez `lvarez y Lina María Carvajal Palacios, así como la información

Trabajo y de la Seguridad Social.

Al abordar el origen de la epicondilitis medial derecha, examinó las declaraciones de Fernando Ramírez `lvarez y Lina María Carvajal Palacios, así como la información consignada en el estudio del puesto de trabajo y en los dictÆmenes de las juntas de calificación. Indicó que las actividades de barrido, trapeado, limpieza de superficies, aseo de baæos y otras labores asignadas a la demandante se distribuían a lo largo de la jornada, sin que se evidenciara, segœn su anÆlisis, una exposición suficiente a movimientos repetitivos, fuerza o posturas que permitiera establecer el origen laboral de la patología.

TambiØn tuvo en cuenta que las vinculaciones laborales relacionadas en la documentación eran temporales y que la resonancia magnØtica de 2018 daba cuenta de la persistencia de la afección cuando la demandante ya no desempeæaba aquellas labores.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el dictamen de la Junta Nacional, que había determinado el origen comœn de la enfermedad y revocado la calificación regional de origen laboral, era acertado.8

Recursos de apelación

La apoderada de la demandante interpuso y sustentó recurso de apelación. Reiteró que su representada había realizado durante aproximadamente dieciocho aæos labores de aseo que exigían esfuerzos físicos, desplazamiento de muebles y movimientos repetitivos, y cuestionó que el estudio del puesto de trabajo se hubiera efectuado en 2016, cuando ya no trabajaba para la Universidad de Envigado.

que exigían esfuerzos físicos, desplazamiento de muebles y movimientos repetitivos, y cuestionó que el estudio del puesto de trabajo se hubiera efectuado en 2016, cuando ya no trabajaba para la Universidad de Envigado.

Insistió en que el dictamen particular y el de la Junta Regional respaldaban el origen laboral de la epicondilitis, con pØrdida de capacidad laboral del 21,40 % y fecha de estructuración del 25 de abril de 2012, por lo que solicitó que se revocara la decisión, se reconociera la prestación económica correspondiente y se ordenara su indexación.

Actuación en segunda instancia

Recibidas las diligencias en esta corporación se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Acto seguido, y conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso a correr el traslado de rigor para alegar.

Dentro de la citada oportunidad procesal la apoderada de la demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y declarar que la epicondilitis medial derecha padecida por Martha Olga Arcila Rodríguez era de origen laboral, al sostener que las labores de aseo y limpieza desempeæadas durante aproximadamente dieciocho aæos implicaron exposición prolongada a factores de riesgo9

ergonómico. Cuestionó la objetividad del estudio del puesto de trabajo y la valoración de los testimonios tØcnicos, e insistió en que los dictÆmenes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y de la Facultad Nacional de Salud Pœblica de la Universidad de Antioquia

de trabajo y la valoración de los testimonios tØcnicos, e insistió en que los dictÆmenes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y de la Facultad Nacional de Salud Pœblica de la Universidad de Antioquia respaldaban el origen laboral de la patología. En consecuencia, solicitó declarar la nulidad del dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y condenar a las demandadas al reconocimiento y pago indexado de la indemnización por incapacidad permanente parcial.

Por su parte, la apoderada de Seguros de Vida Suramericana

S. A. solicitó confirmar la sentencia absolutoria y condenar en costas a la demandante, al considerar que el dictamen de la Junta Nacional se encontraba respaldado por el estudio del puesto de trabajo y los testimonios tØcnicos, que, a su juicio, descartaban una exposición suficiente a factores de riesgo laboral que permitiera establecer el nexo causal entre la actividad desempeæada y la enfermedad. Asimismo, cuestionó la suficiencia tØcnica del dictamen pericial aportado por la demandante.

CONSIDERACIONES.

Conforme a los tØrminos del recurso de alzada, corresponde a la Sala determinar si la pØrdida de la capacidad laboral establecida respecto de Martha Olga Arcila Rodríguez en razón a una epicondilitis medial derecha tenía origen laboral como lo reclama la recurrente, o si su gØnesis era comœn, tal como lo concluyó la a quo.10

Para resolver el problema jurídico planteado, la colegiatura desarrollarÆ los siguientes acÆpites:

como lo concluyó la a quo.10

Para resolver el problema jurídico planteado, la colegiatura desarrollarÆ los siguientes acÆpites:

I. De la pØrdida de capacidad laboral

El procedimiento para determinar la pØrdida de la capacidad laboral se encuentra regulado en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de

2012. De acuerdo con dicha norma, la competencia para definirla, con base en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez vigente al momento del examen, corresponde a las entidades administradoras del Sistema de Seguridad

Social.

Una vez la administradora fija la pØrdida de capacidad laboral, la persona interesada puede manifestar su inconformidad para que el dictamen sea revisado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, cuya decisión es susceptible de impugnación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

No obstante, si existe inconformidad con la calificación asignada y se decide controvertir dicha experticia ante la jurisdicción ordinaria laboral es posible hacerlo, debido a que los conceptos tØcnicos son susceptibles de discrepancias que finalmente serÆn definidas por el juez laboral y de la seguridad social.

Sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Cor te Suprema de Justicia ha doctrinado que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar considerados en las valoraciones tØcnicas son controvertibles ante los11

jueces del trabajo. Estos œltimos cuentan con plena competencia y aptitud probatoria para examinar el acervo

a las circunstancias de tiempo, modo y lugar considerados en las valoraciones tØcnicas son controvertibles ante los11

jueces del trabajo. Estos œltimos cuentan con plena competencia y aptitud probatoria para examinar el acervo aportado al juicio y establecer, mediante conceptos tØcnicocientíficos, el grado de invalidez, su origen y su fecha de estructuración.

Ha precisado de igual modo el alto Tribunal que los dictÆmenes proferidos por las entidades del sistema no son medios probatorios solemnes, por lo que el juzgador no estÆ sometido a la tarifa legal y puede formar libremente su convencimiento a partir de las pruebas que le generen mayor credibilidad, segœn lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En tal sentido, tales dictÆmenes no atan al juzgador, quien dentro de su libertad probatoria puede acudir a otros medios idóneos para establecer la verdadera fecha de estructuración de la invalidez, en atención a que no en todos los casos esta puede inferirse con certeza de una sola pericia (CSJ SL, 27 mar. 2007, rad. 27528; CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062; y CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SL2349-2021, reiteró:

Ahora, la Sala ha establecido que los dictÆmenes que profirieran las juntas de calificación de invalidez regionales o nacional pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la

Ahora, la Sala ha establecido que los dictÆmenes que profirieran las juntas de calificación de invalidez regionales o nacional pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas (CSJ SL 29622, 19 oct. 2006 y CSJ SL5280-2018). Precisamente, en la primera sentencia referida la Corporación explicó:

Ciertamente, la Corte ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación, a travØs del procedimiento seæalado en los reglamentos dictados por el Gobierno Nacional. Pero la Sala de Casación Laboral no ha sostenido que los parÆmetros seæalados en el dictamen de la Junta sean intocabl es (…)12

De ninguna manera ha considerado la Corte que los hechos relativos a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre el hecho genitor de la minusvalía, tenidos en cuenta por uno de tales entes, o por ambos si se agotan las dos instancias, sean materia incontrovertible ante la jurisdicción del trabajo (…)

Reitera la Corte, entonces, su criterio ya decantado de que los jueces del trabajo y de la seguridad social sí tienen plena competenci a y aptitud para examinar los hechos realmente demostrados que contextualizan la invalidez establecida por las juntas, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de

resolver las controversias que los interesados formulen al respecto. Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador estÆ realmente incapacitado o no y cuÆl es la etiología de su mal, como tampoco cuÆl es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las discapacidades y minusvalías.

Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictÆmenes que emiten las juntas de calificación de invalidez ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, en el curso del proceso, el juez puede como en este caso, ordenar una nueva valoración para decidir conforme a la sana crítica, en relación con la pretensión que se reclama. Y en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración. (…)

Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción. Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala asentó:

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entida des de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual œnico para la calificación vigente al momento

invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entida des de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual œnico para la calificación vigente al momento de su prÆctica -decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, segœn el caso (…).

Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictÆmenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos tØcnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Soci al (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 201 2, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-201 9, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019). En esa medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demÆs elementos13

probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona. (…)

Pues bien, para la Sala tal argumento no es de recibo, precisamente por lo ya seæalado. Se reitera que es precisamente el

la disminución de la capacidad laboral de la persona. (…)

Pues bien, para la Sala tal argumento no es de recibo, precisamente por lo ya seæalado. Se reitera que es precisamente el juez del trabajo el que tiene el p

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