TSDJ MED - Sentencia 05001310502120220026301 de 2026

Tribunal Superior de Medellín

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Detalles

Título
TSDJ MED - Sentencia 05001310502120220026301 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Medellín
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
General
Año
2026

TEMA: PERJUICIOS POR TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL , PÉRDIDA DE OPORTUNIDADResponsabilidad previsional de las administradoras de fondos de pensiones por incumplimiento del deber de información en el traslado del Régimen de Prima Media al RAIS.

Daño por pérdida de oportunidad y metodología para cuantificar su indemnización./

HECHOS: AGS, nacido el 19 de septiembre de 1953, estuvo afiliado inicialmente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y en 1997 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de Porvenir S.A. Posteriormente efectuó diversos traslados e ntre administradoras privadas y finalmente quedó afiliado a Protección S.A. Para el momento del traslado tenía 43 años, era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, según la historia laboral valorada por el Tribunal, había cotizado 539,14 semanas en el régimen público. Protección S.A. terminó reconociéndole una pensión mediante la garantía de pensión mínima, a partir del 1 de enero de 2020, cuando tenía más de 66 años. El demandante sostuvo que Porvenir S.A. no le suministró información adecuada sobre las características de los regímenes, las consecuencias del traslado, su situación frente al régimen de transición ni las implicaciones económicas que la decisión tendría p ara su futura pensión.

Pretensiones. Como pretensión principal solicitó declarar el incumplimiento del deber de información de las AFP y obtener la indemnización de los perjuicios derivados del traslado, incluidos lucro cesante consolidado y futuro y perjuicios morales. El Juzgado Veintiuno Laboral

información de las AFP y obtener la indemnización de los perjuicios derivados del traslado, incluidos lucro cesante consolidado y futuro y perjuicios morales. El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín declaró la responsabilidad patrimonial contractual de Porvenir S.A. por el incumplimiento del deber de información. Condenó a dicha AFP al pago de la diferencia entre la pensión recibida en el RAIS y la que hipotéticamente habría obtenido el actor en el RPM. El problema jurídico por resolver se circunscribe a establecer si el jue z de instancia acertó al declarar la responsabilidad patrimonial contractual de Porvenir S.A. por los perjuicios que afirmó haber sufrido el señor AGS con ocasión de su traslado del RPM al RAIS, y a condenarla al pago de la diferencia entre las mesadas pensionales reconocidas en uno y otro régimen, o si, por el contrario, como lo sostiene la apelante, no se encuentran acreditados los presupuestos de la responsabilidad contractual, particularmente el incumplimiento del deber de información, la existencia de un daño cierto e indemnizable y la relación de causalidad entre la conducta atribuida a la administradora y el perjuicio reclamado.

TESIS: (…) conviene precisar inicialmente que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado, de manera progresiva, las consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento del deber de información de las administrado ras de fondos de pensiones frente a los afiliados que deciden trasladarse entre regímenes

pensionales.(…) las sentencias SL168 -2026, SL169 -2026, SL170 -2026, SL175 -2026 y SL1772026 construyeron una categoría autónoma denominada responsabilidad previsional , destinada a gobernar las reclamaciones indemnizatorias promovidas por quienes afirman haber sufrido perjuicios como consecuencia de un traslado efectuado sin la información suficiente.(…) la nueva jurisprudencia del órgano de cierre de la justicia ordinaria laboral, refiere que, tratándose de prestaciones pensionales sujetas a múltiples variables futuras, tales como la continuidad en las cotizaciones, la evolución de los ingresos, las modificaciones normativas, la densidad de semanas, la expectativa de vida y las condiciones económicas que inciden en cada s istema pensional, no resulta jurídicamente posible afirmar con absoluta certeza cuál habría sido el resultado final de permanecer en un régimen distinto. Precisamente por ello, el daño reparable no recae sobre una ventaja cierta y definitivamente perdida, sino sobre la oportunidad seria, legítima y objetivamente verificable que tenía el afiliado de obtener una prestación pensional en condiciones más favorables, oportunidad quese vio frustrada como consecuencia del incumplimiento del deber de información por parte de la administradora.(…) De esta manera, la aplicación de las reglas de la responsabilidad civil frente a los eventuales perjuicios derivados del monto de la pensión que finalmente obtiene el afiliado que se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual presenta particulares complejidades, pues no solo debe tenerse en cuenta que el traslado al RAIS comporta una serie de características, ventajas y contingencias propias de ese esquema pensional, sino también que el resultado económico final de la prestación depende, como se

presenta particulares complejidades, pues no solo debe tenerse en cuenta que el traslado al RAIS comporta una serie de características, ventajas y contingencias propias de ese esquema pensional, sino también que el resultado económico final de la prestación depende, como se ha indicado, de múltiples variables que son ajenas al momento mismo de la afiliación. (…) en cuanto al deber de información, el Decreto 663 de 1993, el Decreto 720 de 1994 y, posteriormente, la Ley 795 de 2003, impusieron a las administradoras la obligación de actuar con diligencia, transparencia y suficiencia informativa frente a los usuarios, especialmente cuando se trataba de decisiones con impacto en su futuro pensional. Ese deber se robusteció con la Ley 1328 de 2009, que desarrolló el principio de transparencia y de información cierta, suficiente y oportuna; con el Decreto 2241 de 2010, incorporado al Decreto 2555 de 2010, que exigió mayor diligencia en el suministro de información; y, finalmente, con la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financ iera, que incorporaron la obligación de doble asesoría pensional. No obstante lo dicho, no significa que toda diferencia entre la prestació n reconocida en el RAIS y aquella que hipotéticamente habría podido obtenerse en el RPM constituya, por sí sola, un perjuicio indemnizable, pues la determinación de la responsabilidad exige verificar, en cada caso concreto, la concurrencia de los presupuestos necesarios para su estructuración, particularmente la existencia de un daño jurídicamente reparable y la relación de causalidad entre la conducta atribuida a la

determinación de la responsabilidad exige verificar, en cada caso concreto, la concurrencia de los presupuestos necesarios para su estructuración, particularmente la existencia de un daño jurídicamente reparable y la relación de causalidad entre la conducta atribuida a la administradora y la afectación alegada por el afiliado. Las anteriores precisiones probatorias resultan relevantes porque permiten establecer, en cada caso concreto, si existió una conducta culposa atribuible a la administradora por incumplimiento del deber de información, presupuesto indispensable para examina r posteriormente la configuración del daño previsional y la existencia de una relación causal entre dicha conducta y la afectación alegada por el afiliado. De igual manera, la procedencia de dicha reparación no opera de manera automática, pues exige verificar que para el momento de la decisión existiera una expectativa legítima de obtener un mejor resultado pensional y que, posteriormente, esa posibilidad se hubiera tornado definitivamente irrealizable. (…) la prueba producida en el proceso resulta insuficiente para demostrar que Porvenir S.A. hubiera cumplido con ese deber de información, pues la propia defensa de la administradora reconoció que no co nserva soportes distintos al formulario de afiliación y que para la época las explicaciones se suministraban verbalmente.(…) Asimismo, dicha prestación fue obtenida a una edad superior a aquella a la que habría podido acceder de haber conservado las condiciones pensionales derivadas de su pertenencia al Régimen de Prima Media y de su condición de beneficiario del régimen de transición, pues el reconocimiento se produjo a partir del 01 de enero de 2020, cuando ya contaba con más de 66 años de edad.(…) Por ello, la circunstancia de que la prestación haya sido reconocida posteriormente por otra administradora, no excluye, la responsabilidad de

contaba con más de 66 años de edad.(…) Por ello, la circunstancia de que la prestación haya sido reconocida posteriormente por otra administradora, no excluye, la responsabilidad de quien participó en el traslado respecto del cual se predica el incumplimiento del deber de información. De igual manera, los argumentos relativos a que el demandante pudo regresar al Régimen de Prima Media o promover acciones judiciales con anterioridad, no tienen la virtualidad de eliminar la incidencia causal del incumplimiento informativo inicialmente atribuido a la administradora. La cuestión objeto de debate no consiste en determinar si el actor actuó con mayor o menor diligencia en años posteriores, sino en establecer si la decisión de traslado se adoptó con el nivel de información exigible para una persona que, además de ser bene ficiaria del régimen de transición, ya contaba con una significativa trayectoria decotización en el sistema público. Y sobre este punto la prueba obrante en el expediente no permite concluir que dicha información hubiera sido suministrada de manera adecuada. (…) En consecuencia, el perjuicio indemnizable, debe establecerse conforme a los pará metros definidos por la jurisprudencia reciente de la Sala de Casación Laboral en materia de responsabilidad previsional y pérdida de oportunidad.

MP: FRANCISCO ARANGO TORRES

FECHA: 07/09/2026

PROVIDENCIA: SENTENCIAREPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Lugar y fecha Medellín, 07 de septiembre de 2026 Proceso Ordinario laboral Radicado 05001310502120220026301 Demandante Alirio Gil Soto Demandados Colpensiones, Porvenir S.A.,

Lugar y fecha Medellín, 07 de septiembre de 2026 Proceso Ordinario laboral Radicado 05001310502120220026301 Demandante Alirio Gil Soto Demandados Colpensiones, Porvenir S.A., Protección S.A. y Colfondos S.A. Litisconsorte Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento de Risaralda Providencia Sentencia Tema Perjuicios por traslado de régimen pensional – pérdida de oportunidad Decisión Confirma y modifica sentencia Ponente Francisco Arango Torres

En la fecha, la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN , procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por ALIRIO GIL SOTO

contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (en adelante

PORVENIR S.A.), la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN (en adelante PROTECCIÓN S.A.), COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS (en adelante COLFONDOS S.A.), laProceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (en adelante COLPENSIONES), trámite al cual fue vinculada como litisconsorte necesario por pasiva la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO y el DEPARTAMENTO DE RISARALDA , venido a esta instancia en apelación de la sentencia de primera instancia.

fue vinculada como litisconsorte necesario por pasiva la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO y el DEPARTAMENTO DE RISARALDA , venido a esta instancia en apelación de la sentencia de primera instancia. AUTO De acuerdo a la Escritura Pública 1649 del 15 de julio de 2024 y el certificado de existencia y representación legal aportado con el escrito de alegaciones por parte de la sociedad PORVENIR S.A., se procede a reconocer personería a la abogada BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO portadora de la T.P. No. 80.593 del C.S de la J, para que represente a dicha AFP en este proceso.

El magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, el demandante solicita como pretensiones principales, que se declare que Porvenir S.A., Protección S.A. y Colfondos S.A. no le brindaron asesoría adecuada ni información suficiente al momento del traslado de régimen, ni le otorgaron la reasesoría correspondiente antes de cumplir 52 años de edad; que se declare el incumplim iento del deber de información por parte de dichas administradoras y, en consecuencia, se las condene a indemnizar los perjuicios causados.Proceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene al pago

consecuencia, se las condene a indemnizar los perjuicios causados.Proceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene al pago de $11.412.397 por concepto de lucro cesante consolidado, el reconocimiento del lucro cesante futuro correspondiente a la diferencia entre la mesada que percibe y la que habría recibido de permanecer en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (en adelante RPMPD), el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales, así como las costas procesales y lo que resulte probado extra o ultra petita. De manera subsidiaria, pide que se declare la nulidad o ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual (en adelante RAIS), manteniéndose vigente y sin solución de continuidad su afiliación al RPMPD administrado por Colpensiones; que se declare su derecho a regresar a dicho régimen; que Colpensiones sea condenada a reactivar su afiliación, recibir los aportes trasladados por Protección S.A. y reconocer y pagar la pensión de vejez desde la última cotización efectuada al sistema, sin descontar las mesadas ya percibidas en el RAIS ; que Protección S.A. traslade a Colpensiones la totalidad de los aportes, rendimientos y demás recursos acumulados en la cuenta individual, sin descuentos por administración; que Protección S.A. continue pagando la mesada hasta la inclusión del demandante en la nómina de pensionados de Colpensiones; y que se condene a esta última al pago de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o,

S.A. continue pagando la mesada hasta la inclusión del demandante en la nómina de pensionados de Colpensiones; y que se condene a esta última al pago de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, subsidiariamente, a la indexación de las sumas reconocidas, además de las costas procesales. Como fundamento fáctico de las pretensiones, relata el demandante que nació el 19 de septiembre de 1953.Proceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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Afirmó que estuvo afiliado al RPMPD entre el 12 de noviembre de 1974 y el 30 de septiembre de 1996 , período durante el cual cotizó 675,29 semanas. Señaló que el 5 de febrero de 1997 se trasladó al RAIS a través de Porvenir S.A., efectuando posteriormente diversos traslados entre administradoras privadas, pasando por Protección S.A., nuevamente Porvenir S.A., Colfondos S.A. y finalmente Protección S.A., donde consolidó 709,43 semanas de cotización en el RAIS, para un total de 1.406,86 semanas en toda su vida laboral. Sostuvo que, al momento de su traslado, Porvenir S.A. no le suministró información relacionada con la edad mínima ni con el capital requerido para acceder a una pensión anticipada o de vejez, tampoco le explicó la edad de redención del bono pensional, ni las diferencias existentes entre la mesada que percibiría en el RAIS y la que habría obtenido en el Régimen de Prima Media. Igualmente, afirmó que Protección S.A. no le brindó la doble

ni las diferencias existentes entre la mesada que percibiría en el RAIS y la que habría obtenido en el Régimen de Prima Media. Igualmente, afirmó que Protección S.A. no le brindó la doble asesoría antes de cumplir 52 años de edad y que dicha entidad le reconoció pensión de vejez a partir del 14 de enero de 2021 por valor de $908.526 mensuales. Adujo que, de haberse pensionado en Colpensiones , con un ingreso base de liquidación de $2.520.479 y 1.400,29 semanas cotizadas, habría obtenido una tasa de reemplazo del 67,11 % y una primera mesada de $1.691.493 para el año 2021. Señaló que para el año 2022 la diferencia entre la prestación reconocida por Protección S.A. y la que, según sus cálculos,Proceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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habría correspondido en el RPMPD ascendía a $786.555 mensuales. Con fundamento en ello estimó en $11.412.397 el lucro cesante consolidado.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia despachó favorablemente las pretensiones de la demanda, declarando la responsabilidad patrimonial contractual de la AFP Porvenir S.A. por los perjuicios ocasionados al señor Alirio Gil Soto con ocasión de su traslado del RPMPD al RAIS. Como consecuencia de dicha declaración, condenó a la administradora a resarcir el daño causado mediante el pago de la diferencia existente entre las mesadas pensionales efectivamente reconocidas y pagadas en el régimen de ahorro

Como consecuencia de dicha declaración, condenó a la administradora a resarcir el daño causado mediante el pago de la diferencia existente entre las mesadas pensionales efectivamente reconocidas y pagadas en el régimen de ahorro individual y aquellas que e l demandante habría percibido de haber permanecido afiliado al RPMPD. Para tal efecto, fijó el lucro cesante consolidado causado entre el 01 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2024 en la suma de $51.987.938, y dispuso, además, que Porvenir S.A. continuara asumiendo el pago de la diferencia entre la prestación reconocida por Protección S.A. y la liquidada judicialmente, actualizada con el ín dice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior a partir del 01 de abril de 2024. Además, condenó en costas a Porvenir S.A. en favor de la parte demandante y fijó como agencias en derecho la suma de $3.119.276, equivalente al seis por ciento (6%) del retroactivo calculado a la fecha de la sentencia de primera instancia.Proceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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De otro lado, absolvió de la pretensión encaminada al reconocimiento y pago de perjuicios extrapatrimoniales, así como también de todas las pretensiones formuladas en contra de Protección S.A., Colfondos S.A., el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colpensiones y el Departamento de Risaralda. Para arribar a dicha decisión , el a quo , concluyó, en primer lugar, que AFP Porvenir S.A. no logró acreditar que hubiera suministrado al señor Alirio Gil Soto una asesoría suficiente,

Para arribar a dicha decisión , el a quo , concluyó, en primer lugar, que AFP Porvenir S.A. no logró acreditar que hubiera suministrado al señor Alirio Gil Soto una asesoría suficiente, completa, clara y adecuada al momento de su traslado del

RPMPD al RAIS.

Consideró que la administradora no demostró haber informado al afiliado acerca de las consecuencias pensionales derivadas del cambio de régimen, particularmente en lo relacionado con las diferencias existentes entre ambos sistemas, las condiciones de acceso a la pensión de vejez, los efectos del traslado sobre sus expectativas pensionales y las implicaciones económicas que dicha decisión podía generar en el futuro. En ese contexto, estimó configurado un incumplimiento del deber de información a cargo de la administradora, conducta que calificó como constitutiva de responsabilidad contractual. A partir de esa premisa, el despacho examinó los elementos de la responsabilidad invocada por el demandante y concluyó que se encontraba acreditado un perjuicio económico cierto, representado en la diferencia existente entre la prestación pensional que act ualmente percibe en el RAIS y aquella que, según las pruebas y cálculos allegados al proceso, habría obtenido de permanecer afiliado al RPMPD administrado porProceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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Colpensiones. En criterio del juzgado, dicha diferencia permitía tener por demostrado el daño patrimonial alegado por el actor. Asimismo, el juez de conocimiento consideró acreditada la relación de causalidad entre el incumplimiento atribuido a

Colpensiones. En criterio del juzgado, dicha diferencia permitía tener por demostrado el daño patrimonial alegado por el actor. Asimismo, el juez de conocimiento consideró acreditada la relación de causalidad entre el incumplimiento atribuido a Porvenir S.A. y el perjuicio sufrido por el demandante, al estimar que la falta de una información suficiente e idónea al momento del traslado incidió de manera determinante en la decisión de abandonar el régimen público y permanecer vinculado al régimen privado, circunstancia que finalmente condujo a la obtención de una prestación económica inferior a la que habría recibido en el RPMPD. Con fundamento en tales conclusiones, declaró la responsabilidad patrimonial contractual de Porvenir S.A. por los perjuicios ocasionados al señor Alirio Gil Soto con ocasión de su traslado de régimen y, en consecuencia, condenó a dicha administradora a indemnizar el daño causado mediante el pago de la diferencia existente entre las mesadas pensionales reconocidas y pagadas en el RAIS y aquellas que el demandante habría percibido de haber permanecido afiliado al RPMPD. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, el juzgado cuantificó el perjuicio tomando como referencia la diferencia existente entre la prestación pensional efectivamente reconocida al demandante en el RAIS y la que, según sus cálculos, habría obtenido de permanecer afiliado al RPMPD. Para tal efecto, estableció un ingreso base de liquidación de $2.674.426 y aplicó una tasa de reemplazo del 66,89 %, obteniendo una mesada teórica de $1.788.796. A partir de la comparación entre dicho valor y la mesada efectivamente

$2.674.426 y aplicó una tasa de reemplazo del 66,89 %, obteniendo una mesada teórica de $1.788.796. A partir de la comparación entre dicho valor y la mesada efectivamente percibida por el actor en el régimen privado, equivalente al salarioProceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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mínimo legal vigente, liquidó un lucro cesante consolidado correspondiente al período comprendido entre el 1.º de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2024 por valor de $51.987.938. Finalmente, el juzgado negó las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de perjuicios extrapatrimoniales, al considerar que no se encontraban demostrados en el proceso, absolvió de toda responsabilidad a Protección S.A., Colfondos S.A., al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento de Risaralda, y condenó en costas a Porvenir S.A. por haber resultado vencida en el proceso.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de Porvenir S.A. interpuso recurso de apelación contra la totalidad de la sentencia de primera instancia, cuestionando tanto la declaratoria de responsabilidad patrimonial contractual que le fue impuesta como las condenas derivadas de ella, cons istentes en el reconocimiento del lucro cesante consolidado, el pago futuro de la diferencia entre las mesadas pensionales y la condena en costas. La recurrente sostuvo, en primer término, que dentro del proceso no se demostró la existencia de un daño o perjuicio indemnizable a cargo del demandante, ni tampoco el nexo causal entre la

la diferencia entre las mesadas pensionales y la condena en costas. La recurrente sostuvo, en primer término, que dentro del proceso no se demostró la existencia de un daño o perjuicio indemnizable a cargo del demandante, ni tampoco el nexo causal entre la conducta que el juzgado identificó como generadora del daño y las consecuencias económicas cuya reparación ordenó. En su criterio, la decisión desconoció los actos propios del actor, quien de manera libre y voluntaria decidió trasladarse del RPMPD al RAIS a través de Porvenir S.A. en el año 1997, sin que mediaraProceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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presión, inducción o coacción alguna por parte de la administradora. Añadió que dicha decisión no constituyó un acto aislado, pues posteriormente el afiliado realizó nuevos traslados entre distintas administradoras del RAIS, entre ellas Colfondos S.A. y Protección S.A., circunstancia que, a su juicio, evidencia una ratifica ción reiterada de su voluntad de permanecer vinculado al RAIS. Expuso igualmente, que el demandante solicitó voluntariamente el reconocimiento de su pensión de vejez ante Protección S.A., prestación que le fue reconocida y pagada desde enero de 2021, de manera que actualmente cuenta con una situación jurídica consolidada. Con fundamento en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, argumentó que el eventual incumplimiento del deber de información pierde relevancia una vez el afiliado solicita y obtiene el reconocimiento de la prestación económica, pues dicho acto constituye una nueva manifestación de voluntad respecto de las condiciones de disfrute de la pensión.

información pierde relevancia una vez el afiliado solicita y obtiene el reconocimiento de la prestación económica, pues dicho acto constituye una nueva manifestación de voluntad respecto de las condiciones de disfrute de la pensión. En ese sentido, sostuvo que cualquier reclamación relacionada con la falta de información o con la ineficacia del traslado debió formularse antes del reconocimiento pensional y no después de iniciado el disfrute efectivo de la prestación. La apelante cuestionó además la conclusión del juzgado según la cual, no se acreditó suficientemente el cumplimiento del deber de información por parte de Porvenir S.A., por el contrario, manifestó que al actor le fueron explicadas las características y condiciones del R AIS y que, una vez conocidas, decidióProceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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trasladarse de manera consciente. Reiteró que la conducta posterior del demandante demuestra conformidad con su afiliación al régimen privado, puesto que no solamente permaneció durante años en él, sino que efectuó diversos traslados entre administradoras y, finalmente, solicitó el reconocimiento de su pensión dentro de dicho sistema y que el inconformismo surgió únicamente después de que comenzó a recibir la prestación económica, cuando llegó a la conclusión de que el monto reconocido era inferior al que eventualmente habría podido obtener en el régimen público. Sostuvo igualmente, que la administradora nunca limitó las posibilidades legales del afiliado para modificar su decisión, pues una vez firmó el formulario de afiliación, contaba con la facultad legal de retractarse dentro del término previsto para ello y que, además, durante varios años tuvo la posibilidad de regresar al

posibilidades legales del afiliado para modificar su decisión, pues una vez firmó el formulario de afiliación, contaba con la facultad legal de retractarse dentro del término previsto para ello y que, además, durante varios años tuvo la posibilidad de regresar al RPMPD antes de encontrarse dentro de la restricción legal de los diez años anteriores al cumplimiento de la edad de pensión . Desde esa perspectiva, considera que las decisiones adoptadas por el actor a lo largo de su vida laboral fueron el resultado de su propia voluntad y no podían trasladarse posteriormente a la esfera de responsabilidad de la administradora. La recurrente destacó también algunos apartes del interrogatorio de parte rendido por el demandante. Indicó que este reconoció haber consultado con Protección S.A. acerca del posible valor de su pensión y que se le informó que, conforme al capital acumulado, la prestación sería cercana al salario mínimo. Añadió que el propio actor manifestó haber consultado posteriormente con una familiar abogada, quien le habría indicado que posiblemente obtendría una mejor pensión en el RPMPD. SinProceso Ordinario Laboral Radicado 05001310502120220026301

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embargo, pese a conocer esa circunstancia, optó por aceptar la prestación reconocida por Protección S.A. y no promovió acción alguna antes de consolidar su situación pensional, comportamiento que evidencia que el actor conocía las implicaciones económicas de su decisión y que, aun así, decidió continuar vinculado al régimen privado y disfrutar de la pensión allí reconocida. Frente a la configuración de la responsabilidad, sostuvo que el hecho generador identificado por el juzgado no podía

continuar vinculado al régimen privado y disfrutar de la pensión allí reconocida. Frente a la configuración de la responsabilidad, sostuvo que el hecho generador identificado por el juzgado no podía considerarse una conducta culposa atribuible a Porvenir S.A., pues la administradora suministró al afiliado los elementos necesarios para q ue decidiera si se trasladaba o no al RAIS. Señaló que, aun cuando el demandante se encontraba amparado por el régimen de transición, fue él quien optó por abandonar el Régimen de Prima Media, de modo que no podía atribuirse a la administradora la decisión finalmente adoptada. En cuanto al daño reconocido por la sentencia, la apelante manifestó que la diferencia entre el valor de la pensión obtenida en el RAIS y aquella que hipotéticamente habría correspondido en el RPMPD no constituye por sí sola un perjuicio indemnizable. Explicó que los montos pensionales en ambos regímenes obedecen a reglas legales distintas y a variables económicas que cambian durante la vida laboral del afiliado, tales como los salarios devengados, la existencia de beneficiarios o la expectativa de vida, factores que i

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