TSDJ MED - Sentencia 05001310502520220037101 de 2026

Tribunal Superior de Medellín

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
TSDJ MED - Sentencia 05001310502520220037101 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Medellín
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2026

TEMA: PENSIÓN DE INVALIDEZ/CAPACIDAD LABORAL REAL Y E FECTIVALa aplicación de la doctrina de capacidad laboral residual no autoriza a presumir que toda cotización posterior a la estructuración es vÆlida para acceder a la pensión; exige establecer cuÆles aportes corresponden a una capacidad productiva real y cuÆles se efectuaron sin que se demostrara el ejercicio de una actividad laboral.

HECHOS: Solicitó la demandante se declare le asiste el der echo al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen comœn a partir de la fecha estipulada por el despacho, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, en cuantía no inferior al salario mínimo legal mensual con los incrementos de ley y teniendo en cuenta el IBL cot izado, así como el pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación de las mesadas, las costas procesales y agencias en derecho, y lo que resultare probado extra o ultra petita.

Subsidiariamente, solicitó que se le concediera la pensión de vejez anticipada por deficiencia física, psíquica o sensorial a partir del 23 de mayo de 2022, fecha en la cual cumplió 55 aæos. En sentencia de primera instancia, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, declaró que la actora reunió los requisitos para obtener la pensión por i nvalidez de origen comœn. Debe la sala determinar: i) si la seæora AMCR reœne los presupuestos legales y jurisprudenciales para acceder a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha

determinar: i) si la seæora AMCR reœne los presupuestos legales y jurisprudenciales para acceder a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuración, en aplicación de la doctrina jur isprudencial sobre capacidad laboral real y efectiva; y ii) en caso afirmativo, establecer si debe dejarse sin efecto la orden de actualización monetaria ordenada por el a quo.

TESIS: (!) En consecuencia, corresponde examinar si los medios de convicción permiten tener por demostrado que la demandante desarrolló una actividad laboral efectiva despuØs de la fecha formal de estructuración y determinar las consecuencias de ese hecho para la verificación de los requisitos de la prestación reclamada. (!) Es necesario establecer si las características de la patología permiten aplicar la regla jurisprudencial que autoriza contabilizar cotizaciones posteriores a la estructuración formal, así como verificar que estas correspondan al ejercicio de una capacidad laboral real y efectiva. Por tanto, la valoración debe sustentarse en el contenido del dictamen y de la historia clínica, sin extender automÆticamente a cualquier c ondición discapacitante los criterios desarrollados para las enfermedades congØnitas, cró nicas o degenerativas. ( !"# Valorados esos elementos en conjunto, la Sala encuentra acreditado que la demandante desarrolló una actividad laboral efectiva en la oficina de su padre durante e l periodo referido por los testigos, aunque adaptada a sus limitaciones físicas y cognitivas. La e xistencia de esas restricciones no impide reconocer que conservó aptitudes para realizar deter minadas tareas, como las descritas en las declaraciones. Por tanto, no resulta admisible equip arar automÆticamente la fecha formal de

reconocer que conservó aptitudes para realizar deter minadas tareas, como las descritas en las declaraciones. Por tanto, no resulta admisible equip arar automÆticamente la fecha formal de estructuración de la invalidez con una imposibilidad absoluta de trabajar desde la infancia. Ahora bien, una cuestión diferente es la situación poster ior al cierre de la oficina. En este punto, los declarantes fueron coincidentes en seæalar que la d emandante dejó de trabajar y que continuó efectuando aportes pensionales con ayuda económica de su padre y, posteriormente, de su esposo. La historia laboral, por su parte, acredita la conti nuidad de las cotizaciones hasta enero de 2021, pero no demuestra, por sí misma, que durante todo ese lapso se hubiera desarrollado una actividad productiva efectiva. Por consiguiente, la Sala no enc uentra fundamento para atribuir automÆticamente a la demandante una capacidad labor al real y efectiva durante la totalidad del periodo comprendido entre 2005 y enero de 2021. El p ago de aportes con recursos familiares, aunque no evidencia por sí solo una conducta fraudulenta, tampoco demuestra el ejercicio de una actividad productiva. (!) En el asunto bajo examen, la actividad desarrollad a por la demandante entre 1996 y 2005 o 2006 constituye un elemento objetivo que permite diferenciar la fecha formalde estructuración de la invalidez del momento hasta el cual conservó aptitudes para ejecutar labores productivas. Por ello, la verificación del requisito de semanas no puede descansar exclusivamente en la fecha de estructuración de 1973, cuando la demandante era una niæa, sino que debe atender a la capacidad que efectivamente conservó y al periodo durante el cual realizó aportes en el marco de esa actividad. De acuerdo con la historia laboral allegada al proceso, las cotizaciones comenzaron

a la capacidad que efectivamente conservó y al periodo durante el cual realizó aportes en el marco de esa actividad. De acuerdo con la historia laboral allegada al proceso, las cotizaciones comenzaron en octubre de 1996 y se mantuvieron durante el period o en que, segœn la prueba testimonial, la actora prestó servicios en la empresa de su padre. Tampoco se acreditó que la vinculación hubiera sido simulada o que los servicios fueran inexistente s. Por el contrario, los testimonios permiten tener por demostrada una actividad de contenido real , aunque adaptada a las limitaciones de la trabajadora. Así las cosas, la aplicación de la doctr ina de capacidad laboral residual no autoriza a presumir que toda cotización posterior a la estructuración es vÆlida para acceder a la pensión; exige establecer cuÆles aportes corresponden a una capacidad productiva real y cuÆles se efectuaron sin que se demostrara el ejercicio de una actividad laboral. En el presente caso, la Sala circunscribe el anÆlisis a las cotizaciones relacionadas con el per iodo de actividad efectivamente acreditado. Al verificar la historia laboral, se advierte que las co tizaciones realizadas durante los tres aæos anteriores al cese de la actividad laboral, ocurrido aproximadamente en 2005 o 2006, superan las 50 semanas exigidas por el artículo 1.” de la Ley 860 de 2003. En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de densidad de aportes, sin necesidad de acudir a las cotizaciones posteriores como fundamento para demostrar una capacidad laboral real y efectiva durante ese œltimo periodo. Esta conclusión permite confirmar el reconocimiento del derecho pensional dispuesto en primera instancia. En efecto, la demandante presenta una pØrdida de capacidad laboral superior al 50 %, sus

como fundamento para demostrar una capacidad laboral real y efectiva durante ese œltimo periodo. Esta conclusión permite confirmar el reconocimiento del derecho pensional dispuesto en primera instancia. En efecto, la demandante presenta una pØrdida de capacidad laboral superior al 50 %, sus secuelas son permanentes y de larga duración, y se ac reditó que, pese a ellas, conservó una capacidad laboral residual que le permitió desarrol lar una actividad productiva y efectuar cotizaciones durante varios aæos. Asimismo, dentro de los tres aæos anteriores al momento en que cesó dicha actividad, reunió la densidad mínima de s emanas requerida por la ley. A partir de lo indicado, se confirmarÆ el reconocimiento de la prestación en los tØrminos definidos por la a quo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

MP: JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS

FECHA: 22/10/2026

PROVIDENCIA: SENTENCIA1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELL˝N

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Lugar y Fecha Medellín, 22 de octubre de 2026 Proceso Ordinario Radicado 05001-31-05-025-2022-00371-01 Demandante Adriana María CÆrdenas Rendón Demandada Administradora de Fondos de Pensiones, Cesantía y del Componente Complementario de Ahorro Individual Protección S. A. Litisconsorte Nación – Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico Tema Pensión de invalidez. Capacidad laboral real y efectiva Decisión Confirma Providencia Sentencia

Individual Protección S. A. Litisconsorte Nación – Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico Tema Pensión de invalidez. Capacidad laboral real y efectiva Decisión Confirma Providencia Sentencia Ponente Juan David Guerra Trespalacios

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones, Cesantía y del Componente Complementario de Ahorro Individual Protección S. A., contra la sentencia proferida el 11 de septiembre de 2024 por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, dentro del asunto de la referencia.

Previa deliberación de los magistrados que integran esta colegiatura, se aprueba la siguiente providencia:2

ANTECEDENTES

La demandante Adriana María CÆrdenas Rendón promovió proceso ordinario laboral en contra de Protección S.A., para lo cual seæaló que a la edad de seis aæos sufrió un accidente de trÆnsito al ser atropellada por una motocicleta, lo cual le dejó como secuelas epilepsia postraumÆtica y hemiparesia izquierda leve con hemihipotrofia izquierda.

Indicó que, como consecuencia de su capacidad residual, laboró entre los aæos 1996 y 2005 con su padre en la empresa Asociación de Servicios TØcnicos Profesionales en el cargo de servicios generales y secretaría, y que tras la terminación de dicha empresa continuó cotizando de manera

laboró entre los aæos 1996 y 2005 con su padre en la empresa Asociación de Servicios TØcnicos Profesionales en el cargo de servicios generales y secretaría, y que tras la terminación de dicha empresa continuó cotizando de manera independiente a salud y pensión.

Refirió que mediante dictamen mØdico emitido por Suramericana fue declarada invÆlida de origen comœn con un porcentaje de pØrdida de capacidad laboral del 59.84 % y fecha de estructuración fijada el 23 de mayo de 1973, fecha cercana a su natalicio, toda vez que nació el 23 de mayo de 1967.

Adujo que el 19 de enero de 2021 presentó solicitud formal de pensión de invalidez ante la entidad demandada, la cual fue negada mediante comunicación del 25 de febrero de 2021 bajo el argumento de que la fecha de estructuración era anterior a su vinculación inicial con dicho fondo.

Precisó que el 17 de marzo de 2021 formuló reparos contra dicha respuesta, la cual fue ratificada por la AFP mediante oficio del 15 de abril de 2021. Asimismo, expuso que el 10 de3

junio de 2022 solicitó el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por deficiencia física, psíquica o sensorial, petición que fue negada por Protección el 21 de julio de 2022, oportunidad en la cual indicó que no era procedente iniciar el trÆmite por contar con 55 aæos de edad y estipular la ley que la devolución de saldos aplicaba al cumplir 57 aæos.

Con fundamento en los anteriores hechos, solicitó que se

procedente iniciar el trÆmite por contar con 55 aæos de edad y estipular la ley que la devolución de saldos aplicaba al cumplir 57 aæos.

Con fundamento en los anteriores hechos, solicitó que se declarara que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen comœn a partir de la fecha estipulada por el despacho, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, en cuantía no inferior al salario mínimo legal mensual con los incrementos de ley y teniendo en cuenta el IBL cotizado, así como el pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación de las mesadas, las costas procesales y agencias en derecho, y lo que resultare probado extra o ultra petita. Subsidiariamente, solicitó que se le concediera la pensión de vejez anticipada por deficiencia física, psíquica o sensorial a partir del 23 de mayo de 2022, fecha en la cual cumplió 55 aæos de edad.

Contestación de la demanda

La Administradora de Fondos de Pensiones, Cesantía y del Componente Complementario de Ahorro Individual Protección S. A. se opuso a todas las pretensiones formuladas en la demanda. Argumentó que, si bien la demandante contaba con un porcentaje de pØrdida de capacidad laboral del 59.84 %, la fecha de estructuración de su estado de invalidez había sido fijada el 23 de mayo de4

1973, fecha anterior a su vinculación inicial al fondo de pensiones obligatorias, la cual se hizo efectiva el 2 de octubre

su estado de invalidez había sido fijada el 23 de mayo de4

1973, fecha anterior a su vinculación inicial al fondo de pensiones obligatorias, la cual se hizo efectiva el 2 de octubre de 1996. Agregó que la afiliada tampoco cumplía con el requisito de densidad de cotizaciones previsto en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, consistente en haber cotizado 50 semanas dentro de los œltimos tres aæos inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, toda vez que su œltima cotización correspondía al periodo de diciembre de 2020.

Al dar respuesta a los hechos de la demanda, aceptó la valoración de pØrdida de capacidad laboral a la IPS Suramericana S. A. Asimismo, admitió la fecha de su afiliación al fondo el 1.° de octubre de 1996 y la fecha de estructuración del estado de invalidez fijada por Suramericana el 23 de mayo de 1973, aunque controvirtió que existiera sustento jurídico para reconocer la pensión de invalidez por la falta de densidad de semanas requeridas.

De igual manera, aceptó los fundamentos normativos relativos a la pensión anticipada de vejez y reconoció que, ante la imposibilidad de acceder a dicha prestación, lo procedente era la devolución de los saldos acumulados en la cuenta individual de ahorro pensional. Igualmente, aceptó la confesión relativa a que a la edad de seis aæos la actora fue atropellada por una motocicleta sufriendo las secuelas invocadas.

Por el contrario, negó que la fecha de estructuración fuera

confesión relativa a que a la edad de seis aæos la actora fue atropellada por una motocicleta sufriendo las secuelas invocadas.

Por el contrario, negó que la fecha de estructuración fuera distinta a la fijada en el aæo 1973 y rechazó que existiera prueba documental en su historia laboral que acreditara el vínculo con la empresa referida por la actora, al tiempo que5

manifestó que no le constaban las afirmaciones relativas a determinadas circunstancias personales y laborales, ateniØndose a lo que se demostrara en el plenario.

En su defensa de fondo, propuso como excepciones de mØrito las de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas y prescripción.

Posteriormente, la a quo vio necesario integrar el contradictorio, motivo por el que vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a la Nación – Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico, quien al pronunciarse en torno al libelo genitor se opuso a todas las pretensiones al manifestar que resultaban totalmente improcedentes por carecer de competencia legal y reglamentaria para satisfacerlas, al no existir vínculo laboral, contractual, legal o reglamentario con la demandante, ni fungir como entidad administradora de regímenes pensionales;

Frente a los hechos expresó que no le constaban los relativos a trÆmites y actuaciones adelantados ante otras entidades, por lo que se atenía a lo que se probara en el proceso, admitiendo œnicamente el contenido de las documentales obrantes en el traslado.

Finalmente, propuso como excepciones de mØrito las de

por lo que se atenía a lo que se probara en el proceso, admitiendo œnicamente el contenido de las documentales obrantes en el traslado.

Finalmente, propuso como excepciones de mØrito las de inexistencia de la obligación y consecuente falta de legitimación en la causa por pasiva y buena fe.6

Sentencia de primera instancia

Mediante fallo proferido el 11 de septiembre de 2024, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín decidió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR que la seæora ADRIANA MAR˝A C`RDENAS RENDÓN reunió los requisitos para obtener la pensión por invalidez de origen comœn, a cargo de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT˝AS PROTECCIÓN S.A., la cual se causa desde el 1° de FEBRERO de

2021.

SEGUNDO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS

DE PENSIONES Y CESANT˝AS PROTECCIÓN S.A. a reconocer y

pagar a la seæora ADRIANA MAR˝A C`RDENAS RENDÓN:

  • La suma de $45.131.312 por concepto de retroactivo de mesadas de la pensión de invalidez de origen comœn, causadas entre el 1° de febrero de 2021 y el 22 de mayo de 2024. Con la correspondiente indexación, teniendo en cuenta el IPC certificado por el DANE para la fecha de causación de cada mesada pensional y el vigente al momento del pago.
  • La AFP demandada deberÆ pagar el retroactivo de la pensión de vejez con garantía mínima definitiva que calculó en el comunicado

por el DANE para la fecha de causación de cada mesada pensional y el vigente al momento del pago.

  • La AFP demandada deberÆ pagar el retroactivo de la pensión de vejez con garantía mínima definitiva que calculó en el comunicado de 1” de septiembre de 2024 y conforme a la resolución No. 32467 del 30/08/2024 del Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico, y continuar reconociendo y pagando a favor de la demandante una mesada pensional en suma que no podrÆ ser inferior a un SMLMV, teniendo en cuenta los reajustes legales anuales y la mesada adicional de cada anualidad.

TERCERO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT˝AS PROTECCIÓN S.A. a descontar los aportes correspondientes al sistema general de seguridad social en salud, del retroactivo por pensión de invalidez reconocido.

CUARTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANT˝AS PROTECCIÓN S.A. de las demÆs pretensiones elevadas en su contra. Se DECLARA probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y en consecuencia, se ABSUELVE a esta entidad de todas las peticiones de la demanda.

QUINTO: COSTAS a cargo de PROTECCIÓN y a favor de la parte demandante. Sin costas a favor ni a cargo de Minhacienda.

Agencias en derecho en esta instancia en la suma de $3.300.000.7

El a quo consideró que, aunque la fecha de estructuración de

demandante. Sin costas a favor ni a cargo de Minhacienda. Agencias en derecho en esta instancia en la suma de $3.300.000.7

El a quo consideró que, aunque la fecha de estructuración de la invalidez se había fijado el 23 de mayo de 1973, cuando la demandante tenía seis aæos, resultaba aplicable la jurisprudencia sobre capacidad laboral residual, que permitía contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a esa fecha sin modificar la estructuración determinada por la autoridad mØdico-laboral.

Seæaló que la demandante había padecido secuelas neurológicas y cognitivas desde la infancia y que había desarrollado una actividad productiva en la oficina de su padre durante varios aæos, lo que le permitió efectuar cotizaciones al sistema de pensiones. Indicó que, despuØs de 2005 o 2006, continuó aportando como afiliada voluntaria, con ayuda de su padre y, posteriormente, de su esposo, sin que encontrara acreditado un Ænimo defraudatorio. TambiØn tuvo en cuenta que esas cotizaciones habían contribuido a la acumulación de semanas y recursos que permitieron el reconocimiento de la garantía de pensión mínima. En consecuencia, fijó como fecha de causación de la pensión de invalidez el 31 de enero de 2021, correspondiente a la œltima cotización, y estableció que dentro de los tres aæos anteriores la demandante había reunido 154,28 semanas, superiores a las exigidas legalmente.

El juzgado determinó que la prestación debía reconocerse desde el 1.” de febrero de 2021, en cuantía equivalente al

la demandante había reunido 154,28 semanas, superiores a las exigidas legalmente.

El juzgado determinó que la prestación debía reconocerse desde el 1.” de febrero de 2021, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, con trece mesadas anuales y los reajustes legales correspondientes. Liquidó el retroactivo causado entre el 1.” de febrero de 2021 y el 22 de mayo de 2024 en $45.131.312, con la correspondiente indexación. Precisó que el período liquidado terminaba el día8

anterior al reconocimiento de la garantía de pensión mínima, cuya fecha de inicio, segœn la comunicación de Protección del 1.” de septiembre de 2024, era el 23 de mayo de ese aæo.

Ordenó, ademÆs, que Protección pagara el retroactivo de la pensión de vejez con garantía de pensión mínima calculado en esa comunicación y continuara reconociendo y pagando la mesada correspondiente, en suma no inferior al salario mínimo legal mensual vigente, con los reajustes legales y la mesada adicional. Autorizó los descuentos correspondientes al sistema de seguridad social en salud sobre las mesadas ordinarias de la pensión de invalidez. Negó los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por considerar que el derecho se reconocía con fundamento en una interpretación jurisprudencial que solo se concretaba en la decisión judicial, y dispuso, en su lugar, la indexación de las condenas.

Recursos de apelación

La apoderada de Protección S. A. interpuso y sustentó recurso de alzada contra el fallo de primer grado. Planteó que

las condenas.

Recursos de apelación

La apoderada de Protección S. A. interpuso y sustentó recurso de alzada contra el fallo de primer grado. Planteó que no se cumplían los presupuestos para aplicar la subregla de capacidad laboral residual, al considerar que las patologías de la demandante no estaban demostradas como crónicas o degenerativas y que las cotizaciones posteriores a la estructuración no provenían de una actividad productiva efectiva, sino de la ayuda económica de sus familiares.

Cuestionó la conclusión de que la demandante hubiera ejercido una actividad laboral hasta 2005 o 2006, al seæalar que un registro del Instituto Neurológico de Colombia9

indicaba que había trabajado como ayudante de oficina hasta

2003. TambiØn sostuvo que las limitaciones físicas y cognitivas descritas en la historia clínica eran incompatibles con las labores referidas por los declarantes y que las cotizaciones se habían efectuado para mantener la cobertura en salud y alcanzar una pensión de vejez.

En consecuencia, solicitó revocar la condena al reconocimiento de la pensión de invalidez y, subsidiariamente, dejar sin efecto la indexación del retroactivo, por estimar que el derecho solo se había establecido judicialmente y que los rendimientos de la cuenta de ahorro individual compensaban la pØrdida del poder adquisitivo de la moneda. Finalmente, pidió que, si se revocaba la condena principal, se dejara sin efecto la imposición de costas.

Actuación en segunda instancia

Recibidas las diligencias en esta corporación se admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

revocaba la condena principal, se dejara sin efecto la imposición de costas.

Actuación en segunda instancia

Recibidas las diligencias en esta corporación se admitió el recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Acto seguido, y conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso a correr el traslado de rigor para alegar.

Protección S. A. solicitó revocar íntegramente la sentencia de primera instancia, al sostener que la demandante no desarrolló una actividad laboral productiva efectiva despuØs de la estructuración de la invalidez, pues sus aportes obedecieron al apoyo económico de su familia y no a una capacidad laboral residual.10

Por su parte, la Nación – Ministerio de Hacienda y CrØdito Pœblico solicitó mantener incólume su absolución, al aducir que carecía de competencia para reconocer la pensión de invalidez y que no tenía obligaciones pendientes a cargo de la entidad frente a la demandante.

CONSIDERACIONES

En atención a los motivos de disenso formulados por la recurrente, le corresponde a la Sala determinar: i) si la seæora Adriana María CÆrdenas Rendón reœne los presupuestos legales y jurisprudenciales para acceder a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuración, en aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre capacidad laboral real y efectiva; y ii) en caso afirmativo, establecer si debe dejarse sin efecto la orden de actualización monetaria ordenada por el a quo.

posterioridad a la fecha de estructuración, en aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre capacidad laboral real y efectiva; y ii) en caso afirmativo, establecer si debe dejarse sin efecto la orden de actualización monetaria ordenada por el a quo.

Capacidad laboral real y efectiva

Por regla general, la norma llamada a regular el reconocimiento de la pensión de invalidez es la que se encontraba vigente al momento en que se produce la estructuración de la pØrdida de capacidad laboral. No obstante, la Sala de Casación Laboral ha precisado que, tratÆndose de enfermedades congØnitas, crónicas o degenerativas, cuyas características pueden conducir a que la pØrdida de capacidad laboral se manifieste de manera progresiva, resulta posible contabilizar, para efectos de verificar el cumplimiento de la densidad de semanas exigida11

por la ley, las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha formal de estructuración, siempre que se encuentre acreditado que estas fueron realizadas en ejercicio de una capacidad laboral real y efectiva.

Así lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias CSJ SL3275-2019, SL4178-2020, SL10262023 y SL5023-2021. En esta œltima indicó lo siguiente:

[…] el funcionario judicial debe ponderar varias aristas del asunto a definir, entre otras, el dictamen mØdico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, la continuidad de las cotizaciones y la fecha en que se declaró la pØrdida permanente de capacidad laboral del 50% o

específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, la continuidad de las cotizaciones y la fecha en que se declaró la pØrdida permanente de capacidad laboral del 50% o superior por parte de la entidad calificadora habilitada legalmente para tales efectos. Y œnicamente a partir de dicho estudio global, debe el funcionario judicial determinar si la fecha de estructuración fijada en el correspondiente dictamen coincide con el momento en que el afiliado perdió la capacidad laboral en el 50% o mÆs, o si, eventualmente a la data en que así se declaró, ello no era viable por cuanto el afiliado continuaba con capacidad para desarrollar un determinado rol o trabajo.

Con relación a este concepto, la Corte Constitucional en sentencia CC SU-588-2016, explicó que:

[…] tratÆndose de personas con enfermedades degenerativas, crónicas y/o congØnitas, patologías que debido a sus características, se presentan desde el nacimiento o son de larga duración y progresivas, la evaluación no resulta tan sencilla, puesto que el momento asignado como aquel en el cual se perdió definitivamente la capacidad para laborar suele coincidir con el día del nacimiento o uno cercano a este, así como con la fecha del primer síntoma de la enfermedad o la del diagnóstico de la misma. Por esta razón, estas personas normalmente no acreditan las semanas requeridas por la norma, pese a contar con un nœmero importante de cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha asignada… En estos casos, esta Corte ha precisado que se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, en tanto que, de lo

importante de cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha asignada… En estos casos, esta Corte ha precisado que se deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, en tanto que, de lo contrario, se impondría a la persona una condición imposible de cumplir y se estarían desconociendo una serie de principios de orden constitucional…”12

Debido a lo anterior, en estos casos, el comœn denominador es que las personas cuenten con un nœmero importante de semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración que le fue fijada por la autoridad mØdico laboral. Es por eso que esta Corte ha establecido que, luego de determinar que la solicitud fue presentada por una persona con una enfermedad congØnita, crónica y/o degenerativa, a las Administradoras de Fondos de Pensiones, les corresponde verificar que los pagos realizados despuØs de la estructuración de la invalidez, (i) hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y (ii) que Østos no se realizaron con el œnico fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social.

Por su parte, en sentencia CSJ SL271-2026, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó que en los casos de enfermedades congØnitas, crónicas o degenerativas no resulta adecuado limitar el anÆlisis a la fecha tØcnica de estructuración de la invalidez, ya que puede ocurrir que el afiliado conserve durante aæos una verdadera aptitud para desarrollar actividades productivas y efectuar cotizaciones al sistema. En este sentido, agregó el Alto Tribunal lo siguiente:

estructuración de la invalidez, ya que puede ocurrir que el afiliado conserve durante aæos una verdadera aptitud para desarrollar actividades productivas y efectuar cotizaciones al sistema. En este sentido, agregó el Alto Tribunal lo siguiente:

La œltima cotización efectuada al sistema constituye la manifestación objetiva del agotamiento de l

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...