TSDJ MED - Sentencia 05266310500120210052101 de 2026
Detalles
- Título
- TSDJ MED - Sentencia 05266310500120210052101 de 2026
- Autor
- Tribunal Superior de Medellín
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2026
TEMA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIALa responsabilidad prevista en el artículo 34 del CST no se origina en la existencia de una relación laboral directa entre el trabajador y el beneficiario o dueæo de la obra. Por el contrario, parte justamente de que el contratista independiente ostenta la condición de verdadero empleador, mientras que el beneficiario responde solidariamente por las obligaciones laborales de aquel cuando la obra o labor contratada no resulta extraæa a las actividades normales de su empresa o negocio.
HECHOS: Solicitó el demandante se declare la existencia de un contrato de trabajo co n FGR, ejecutado entre el 10 de septiembre y el 17 de noviembre de 2020, período durante el cual se desempeæó como pilero en una obra ubicada en el municipio de Sabaneta. Sol icitó, ademÆs, que Ingicivil Constructora S. A. S. respondiera solidariamente por las obligaciones laborales, al haber sido beneficiaria de las tareas desarrolladas. En sentencia de primera instancia, el Juzgado Seg undo Laboral del Circuito de Envigado, declaró que entre JCCH y FGR existió un contrato de trabajo a tØrmino indefinido entre el 10 de septiembre y el 17 de noviembre de 202 0, y que la relación terminó sin justa causa por decisión del empleador. Debe la sala determinar, en primer lugar, si acertó el juzgado al declarar a Ingicivil Constructora S. A. S. solidariamente r esponsable, en los tØrminos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por las acreencias laborales reconocidas a cargo de FGR, o si, como lo sostiene la recurrente, la autonomía con la que este ejecutó el contrato y las características de las labores desarrolladas impiden atribuirle dicha responsabilidad . En
a cargo de FGR, o si, como lo sostiene la recurrente, la autonomía con la que este ejecutó el contrato y las características de las labores desarrolladas impiden atribuirle dicha responsabilidad . En segundo lugar, deberÆ establecerse si la solidaridad comprende la sanción moratoria prevista en el artículo 65 ibidem, frente a los reparos formulados por la apelante.
TESIS: (…) Descendiendo al caso concreto, no le asiste razón a la censura formulada p or Ingicivil Constructora S. A. S., pues los argumentos expuestos en la alzada no desvirtœan la respo nsabilidad solidaria que la juez de primera instancia dedujo con fundamento en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, la recurrente insiste en que el verdadero empleador de JCCH fue FGR, quien lo contrató, impartió las instrucciones para el desarrollo de sus labores y asu mió contractualmente el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social.
Asimismo, invoca el paz y salvo suscrito entre contratista y contratante como elemento demostrativo de que las obligaciones derivadas de los trabajadores vinculados para la ejecución de la obra estaban exclusivamente a cargo de aquel. Sin embargo, tales circunstancias no excluyen la solidaridad legal discutida en esta instancia. La responsabilidad prevista en el artículo 34 del CST no se origina en la existencia de una relación laboral directa entre el trabajador y el beneficiario o dueæo de la obra. Por el contrario, parte justamente de que el contratista independiente ostenta la condición de verdadero empleador, mientras que el beneficiario responde solidariamente por las obligaciones laborales de aquel cuando la obra o labor contratada no resulta extraæa a las
de la obra. Por el contrario, parte justamente de que el contratista independiente ostenta la condición de verdadero empleador, mientras que el beneficiario responde solidariamente por las obligaciones laborales de aquel cuando la obra o labor contratada no resulta extraæa a las actividades normales de su empresa o negocio. ( …) En el caso concreto, la conexidad no se infiere œnicamente de que las labores se hubieran ejecutado en una obra de la que Ingicivil era beneficiaria. TambiØn se deriva de la naturaleza de las tareas encomendadas a FGR —excavación, construcción de pilas y fundaciones— y de la función desempeæada por el demandante como pilero. Por su propia naturaleza, tales labores estaban dirigidas a la ejecución material de la obra y no correspondían a un servicio autónomo, accidental o ajeno a esta. La relación funcional entre el encargo contratado y la labor efectivamente desarrollada permite concluir que el trabajo del actor se integró a una fase de ejecución del proyecto del que se benefició la constructora. (…) Por consiguiente, aun aceptando la tesis de la apelante segœn la cual FGR actuó con autonomía y fue el œnico emp leador del actor, ello no conduce a excluir la solidaridad. Esta no depende de que Ingicivi l hubiese subordinado directamente al trabajador ni de que el contratista hubiese actuado como simple intermediario. Lo determinante es que la labor ejecutada guardó conexidad con las actividades normales de labeneficiaria y fue desarrollada en provecho de esta. Por ello, Ingicivil debe responder solidariamente por las acreencias laborales reconocidas en favor del demandante. ( …) De otro lado, frente a la sanción moratoria del artículo 65 del CST, tampoco es posible acoger el argumento de la recurrente,
por las acreencias laborales reconocidas en favor del demandante. ( …) De otro lado, frente a la sanción moratoria del artículo 65 del CST, tampoco es posible acoger el argumento de la recurrente, encaminado a que se examine su propia buena fe. TratÆndose de la responsabili dad solidaria del artículo 34, el juicio acerca de la buena o mala fe relevante para determinar l a procedencia de la sanción debe efectuarse respecto del contratista que fungió como verdadero empleador y obligado principal, y no respecto del beneficiario o dueæo de la obra llamado a respon der solidariamente. Ello obedece a que la solidaridad no convierte al beneficiario en empleador di recto. El vínculo laboral permanece exclusivamente con el contratista independiente, mientras que la relación d el beneficiario con el trabajador lo sitœa como garante legal de las deudas laborales del empleador. El artículo 34 amplía al dueæo o beneficiario de la obra las obligaciones salariales, prestacionales e indemnizatorias a cargo del contratista cuando existe la conexidad legalmente exigida, sin que deba adelantarse frente al garante un juicio autónomo sobre su buena o mala fe. ( …) En consecuencia, no prosperan los reparos formulados por Ingicivil Constructora S.A.S. y se co nfirmarÆ la sentencia de primera instancia en los aspectos objeto de apelación.
MP: JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS
FECHA: 22/10/2026
PROVIDENCIA: SENTENCIA1
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE MEDELL˝N
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Lugar y fecha Medellín, 22 de octubre de 2026 Proceso Ordinario laboral
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE MEDELL˝N
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Lugar y fecha Medellín, 22 de octubre de 2026 Proceso Ordinario laboral Radicado 05266-31-05-001-2021-00521-01 Demandante Jean Carlos Colina Herrera Demandada Ingicivil Constructora S. A. S. y Fernellis GonzÆlez Ramírez Providencia Sentencia Tema Responsabilidad solidaria – artículo 34 del CST – sanción moratoria Ponente Juan David Guerra Trespalacios Decisión Confirma
La Sala Segunda de Decisión Laboral, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, conoce del recurso de apelación interpuesto por Ingicivil Constructora
S. A. S. contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2025 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jean Carlos Colina
Herrera contra Ingicivil Constructora S. A. S. y Fernellis GonzÆlez Ramírez.
Previas las deliberaciones de rigor, se adopta la siguiente providencia.
ANTECEDENTES
Jean Carlos Colina Herrera promovió proceso ordinario laboral con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato2 de trabajo con Fernellis GonzÆlez Ramírez, ejecutado entre el 10 de septiembre y el 17 de noviembre de 2020, período durante el cual se desempeæó como pilero en una obra ubicada en el municipio de Sabaneta. Solicitó, ademÆs, que Ingicivil Constructora S. A. S. respondiera solidariamente por las
cual se desempeæó como pilero en una obra ubicada en el municipio de Sabaneta. Solicitó, ademÆs, que Ingicivil Constructora S. A. S. respondiera solidariamente por las obligaciones laborales, al haber sido beneficiaria de las tareas desarrolladas.
Como consecuencia de lo anterior, reclamó el pago de salarios adeudados, cesantías y sus intereses, prima de servicios, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social en pensiones, indemnización por terminación sin justa causa y la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
Contestación de la demanda
Ingicivil Constructora S. A. S. se opuso a las pretensiones dirigidas en su contra. Sostuvo que el empleador del demandante fue Fernellis GonzÆlez Ramírez, con quien celebró el contrato de obra n.° 069 para la ejecución de labores de excavación, pilas y fundaciones. Seæaló que el contratista actuaba con autonomía y asumió expresamente el pago de la nómina, seguridad social, parafiscales y demÆs obligaciones respecto del personal vinculado por Øl.
Invocó igualmente el documento de paz y salvo suscrito entre contratante y contratista, así como el escrito en el que GonzÆlez Ramírez reconoció el incumplimiento de obligaciones frente a sus trabajadores. Con fundamento en ello negó que existiera vínculo laboral directo entre Ingicivil y el actor y se opuso a que se le atribuyera responsabilidad por las acreencias reclamadas.3
Fernellis GonzÆlez Ramírez no dio respuesta al libelo genitor. Adicionalmente, en la audiencia correspondiente se dejaron
atribuyera responsabilidad por las acreencias reclamadas.3
Fernellis GonzÆlez Ramírez no dio respuesta al libelo genitor. Adicionalmente, en la audiencia correspondiente se dejaron establecidas las consecuencias procesales derivadas de su falta de contestación e inasistencia, respecto de los hechos susceptibles de confesión.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado, mediante sentencia del 23 de mayo de 2025, declaró que entre Jean Carlos Colina Herrera y Fernellis GonzÆlez Ramírez existió un contrato de trabajo a tØrmino indefinido entre el 10 de septiembre y el 17 de noviembre de 2020, y que la relación terminó sin justa causa por decisión del empleador.
Condenó a GonzÆlez Ramírez al pago de acreencias laborales tales como, cesantías por $510.000, intereses a las cesantías por $11.560, vacaciones por $255.000, prima de servicios por $510.000 y salarios adeudados por $950.000, ademÆs de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones con un Ingreso Base de Cotización (IBC) de $2.700.000 durante la vigencia de la relación laboral. Asimismo, impuso la indemnización por despido sin justa causa y la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST, esta œltima por $64.800.000 correspondiente a los primeros veinticuatro meses de mora, mÆs los intereses moratorios a partir del 18 de noviembre de 2022 sobre salarios y prestaciones insolutos.
Finalmente, declaró a Ingicivil Constructora S. A. S.
los intereses moratorios a partir del 18 de noviembre de 2022 sobre salarios y prestaciones insolutos.
Finalmente, declaró a Ingicivil Constructora S. A. S. solidariamente responsable de los conceptos objeto de condena,4 con fundamento en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Para ello consideró acreditado que la sociedad celebró un contrato con GonzÆlez Ramírez para ejecutar labores de construcción en una obra de su propiedad, que se benefició de los servicios prestados por los trabajadores vinculados por aquel y que las labores de excavación, pilas y fundaciones no eran extraæas a las actividades desarrolladas por la beneficiaria.
RECURSO DE APELACIÓN
Ingicivil Constructora S.A.S. apeló la decisión. En síntesis, cuestionó la responsabilidad solidaria declarada en su contra, pues afirmó que GonzÆlez Ramírez fue un contratista independiente y el verdadero empleador del demandante, quien vinculó, dirigió y asumió las obligaciones laborales de sus trabajadores. Destacó que el contrato n.° 069 asignó al contratista el pago de salarios, seguridad social y demÆs obligaciones, y que existía un paz y salvo entre las partes.
TambiØn censuró la valoración probatoria efectuada por la juez respecto de la relación entre Ingicivil y GonzÆlez Ramírez. Afirmó que no negó la existencia del contrato civil, sino la existencia de un vínculo laboral directo entre la constructora y los demandantes.
Finalmente, solicitó, de manera subsidiaria, que se revocara la condena solidaria respecto de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, al considerar que actuó de buena fe,
un vínculo laboral directo entre la constructora y los demandantes.
Finalmente, solicitó, de manera subsidiaria, que se revocara la condena solidaria respecto de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, al considerar que actuó de buena fe, compareció al proceso y no fue empleadora del actor.5
ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
Recibidas las diligencias en esta Corporación, se admitió el recurso de apelación interpuesto por Ingicivil Constructora S.A.S.
Acto seguido, y conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el traslado de rigor, oportunidad en la cual ninguna de las partes presentó alegatos.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si acertó el juzgado al declarar a Ingicivil Constructora S. A. S. solidariamente responsable, en los tØrminos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, por las acreencias laborales reconocidas a cargo de Fernellis GonzÆlez Ramírez, o si, como lo sostiene la recurrente, la autonomía con la que este ejecutó el contrato y las características de las labores desarrolladas impiden atribuirle dicha responsabilidad. En segundo lugar, deberÆ establecerse si la solidaridad comprende la sanción moratoria prevista en el artículo 65 ibidem, frente a los reparos formulados por la apelante.
Para resolver la controversia, la Sala se fundamenta en los siguientes pilares normativos y jurisprudenciales:
- Alcance del artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo.6
formulados por la apelante.
Para resolver la controversia, la Sala se fundamenta en los siguientes pilares normativos y jurisprudenciales:
- Alcance del artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo.6 La norma establece que quien contrate la realización de obras o servicios serÆ solidariamente responsable por salarios, prestaciones e indemnizaciones cuando las labores correspondan al giro ordinario del negocio.
Para establecer la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, debe verificarse, en primer lugar, la existencia de una relación contractual entre el beneficiario de la obra o servicio y el contratista independiente; en segundo tØrmino, que este œltimo tenga la condición de verdadero empleador de los trabajadores que utiliza para ejecutar el encargo; y, finalmente, que las labores contratadas y las efectivamente desarrolladas por aquellos guarden relación de conexidad, afinidad o complementariedad con las actividades normales del beneficiario, de modo que no sean extraæas a su giro ordinario. Acreditados esos presupuestos, la solidaridad permite extender al beneficiario las obligaciones laborales a cargo del empleador contratista que resulten insolutas.
La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CSJ SL2582-2025, reiteró que la solidaridad laboral surge cuando un contratante se beneficia de una obra o servicio ejecutado por un contratista independiente, en relación con las obligaciones laborales que este tiene con sus trabajadores. Para que exista solidaridad, el contratista debe ejecutar la obra o servicio con autonomía tØcnica, administrativa y financiera, utilizar sus propios recursos y empleados, y asumir el encargo por su cuenta y riesgo; es decir,
contratista debe ejecutar la obra o servicio con autonomía tØcnica, administrativa y financiera, utilizar sus propios recursos y empleados, y asumir el encargo por su cuenta y riesgo; es decir, debe actuar como verdadero empleador y no como simple intermediario.7 Bajo esta figura, el beneficiario de una obra o servicio no se convierte en el empleador del trabajador, pero actœa por mandato legal como un garante del pago de sus salarios, prestaciones e indemnizaciones. Es importante resaltar que la fuente de esta obligación es directamente la ley; los contratos celebrados entre las empresas son solo el supuesto de hecho que permite activar dicha protección legal a favor del trabajador.
La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado que la solidaridad no depende de que las actividades del contratista y del beneficiario sean idØnticas, ni de que la labor específica del trabajador estØ expresamente comprendida en el objeto social de este œltimo. Lo determinante es establecer, a partir de las actividades ordinarias del beneficiario, el objeto del contrato celebrado y las labores efectivamente ejecutadas por el trabajador, si existe entre ellas una relación de conexidad, afinidad o complementariedad que permita concluir que la labor contratada no era extraæa al giro ordinario de la empresa. Por ello, el anÆlisis no puede agotarse en una comparación formal de los objetos sociales, sino que debe atender a las circunstancias concretas de la contratación y a la función que cumplía el trabajo dentro de la actividad del beneficiario.
En ese sentido, la sentencia CSJ SL4873-2021 reiteró que la solidaridad prevista en el artículo 34 del CST no exige que las
concretas de la contratación y a la función que cumplía el trabajo dentro de la actividad del beneficiario.
En ese sentido, la sentencia CSJ SL4873-2021 reiteró que la solidaridad prevista en el artículo 34 del CST no exige que las actividades del contratista y del beneficiario sean iguales, sino que entre ellas exista una relación de conexión o complementariedad. Este criterio exige examinar tanto la actividad contratada como las tareas específicas desarrolladas por el trabajador, para determinar si son ajenas o, por el8 contrario, se integran funcionalmente a la actividad ordinaria del beneficiario.
Al respecto, en la citada providencia se dijo lo siguiente:
En efecto, aunque esta Corporación tambiØn ha indicado que para que surja la responsabilidad solidaria del beneficiario no es suficiente con que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, sino que aquella constituya «[…] una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social […]», como lo acotó la Sala en la sentencia CSJ SL146922017 o que , en otras palabras, «[…] la labor constituya una función normalmente desarroll ada por Øl, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico», como se dijo, en la CSJ SL4400-2014, ello no implica que las actividades normales de las empresas comparadas o de la dueæa de la obra y la actividad prestada por el contratista y el trabajador deban ser iguales, o estar insertas en el objeto social de la primera, pues conforme lo ha decantado la jurisprudencia, para que opere la garantía en comento, se requiere œnicamente que exista relación, conexidad o complementariedad entre las actividades propias y ordinarias del empresario beneficiario del
el objeto social de la primera, pues conforme lo ha decantado la jurisprudencia, para que opere la garantía en comento, se requiere œnicamente que exista relación, conexidad o complementariedad entre las actividades propias y ordinarias del empresario beneficiario del servicio o dueæo de la obra y las ejecutadas por el contratista y sus trabajadores.
- Responsabilidad solidaria frente a la sanción moratoria
En lo que respecta al alcance de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo frente a la indemnización moratoria del artículo 65 ibidem, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CSJ SL, 6 may. 2005, rad. 22905, retomó su postura anterior y precisó que, para establecer la procedencia de dicha sanción, la buena o mala fe que debe valorarse es la del contratista independiente, en su condición de verdadero empleador, y no la del beneficiario o dueæo de la obra llamado a responder solidariamente.
Para arribar a esa conclusión, explicó que la solidaridad consagrada en el artículo 34 del CST no convierte al beneficiario9 de la obra en empleador del trabajador, pues su efecto consiste en hacer extensivas las obligaciones prestacionales e indemnizatorias del contratista al dueæo o beneficiario de la obra conexa con su actividad principal. De este modo, la relación laboral permanece exclusivamente con el contratista independiente, mientras que el beneficiario adquiere la condición de garante legal de las obligaciones de aquel, criterio que la Corporación había desarrollado, entre otras, en las sentencias
laboral permanece exclusivamente con el contratista independiente, mientras que el beneficiario adquiere la condición de garante legal de las obligaciones de aquel, criterio que la Corporación había desarrollado, entre otras, en las sentencias CSJ SL, 26 sep. 2000, rad. 14038 y SL, 19 jun. 2002, rad. 17432.
En esa línea, la Corte puntualizó que la conducta que da lugar a la indemnización moratoria es la del empleador, esto es, la del contratista que incumple injustificadamente el pago de los salarios y prestaciones debidos al trabajador. El beneficiario de la obra responde por esa indemnización no porque se le traslade o atribuya la mala fe del empleador, sino por efecto de la solidaridad legal que lo convierte en garante de la obligación.
MÆs recientemente, en la sentencia CSJ SL1453-2023, se expuso lo siguiente:
En la sentencia CSJ SL, 6 may. 2005, rad. 22905, la Corte retomó su criterio conforme al cual la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es una garantía en favor de los trabajadores en aquellos escenarios en los que los empleadores contratistas no cuentan con los recursos suficientes para respaldar el pago de sus acreencias laborales, razón por la cual engloba tambiØn el pago de la deuda por concepto de sanción moratoria. Lo anterior tiene como objetivo que los empresarios en los procesos de subcontratación laboral celebren acuerdos comerciales o de cooperación empresarial con empleadores socialmente responsables, que garanticen a plenitud los derechos laborales de sus trabajadores.
En tal sentido, cuando se aplica esta figura laboral, al empresario
laboral celebren acuerdos comerciales o de cooperación empresarial con empleadores socialmente responsables, que garanticen a plenitud los derechos laborales de sus trabajadores.
En tal sentido, cuando se aplica esta figura laboral, al empresario contratante no se le traslada la buena o mala fe, o la culpa o negligencia del contratista, como lo sugiere el recurrente, sino que se le impone la obligación de garantizar el pago de los derechos laborales causados en favor de los trabajadores, al punto que si extingue las obligaciones,10 puede con posterioridad subrogarse en la acción del acreedor, como lo dispone el artículo 1579 del Código Civil. De allí que la jurisprudencia defienda el criterio de que, para imponer la condena por sanción moratoria, lo que debe analizarse es «la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista» (CSL SL, 6 may. 2005, rad. 22905, reiterada en SL, 13 abr. 2010, rad. 35570).
En consecuencia, tratÆndose de la sanción moratoria en escenarios de solidaridad del artículo 34 del CST, el anÆlisis de buena o mala fe debe recaer sobre el contratista independiente que fungió como empleador, y no sobre el beneficiario o dueæo de la obra. Por ello, acreditada la mala fe del primero y configurados los presupuestos de la solidaridad, el obligado solidario responde por la indemnización correspondiente, sin que resulte necesario efectuar un juicio autónomo sobre su propia conducta.
Caso concreto
Descendiendo al caso concreto, no le asiste razón a la censura formulada por Ingicivil Constructora S. A. S., pues los
efectuar un juicio autónomo sobre su propia conducta.
Caso concreto
Descendiendo al caso concreto, no le asiste razón a la censura formulada por Ingicivil Constructora S. A. S., pues los argumentos expuestos en la alzada no desvirtœan la responsabilidad solidaria que la juez de primera instancia dedujo con fundamento en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto, la recurrente insiste en que el verdadero empleador de Jean Carlos Colina Herrera fue Fernellis GonzÆlez Ramírez, quien lo contrató, impartió las instrucciones para el desarrollo de sus labores y asumió contractualmente el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social. Asimismo, invoca el paz y salvo suscrito entre contratista y contratante como elemento demostrativo de que las obligaciones11 derivadas de los trabajadores vinculados para la ejecución de la obra estaban exclusivamente a cargo de aquel.
Sin embargo, tales circunstancias no excluyen la solidaridad legal discutida en esta instancia. La responsabilidad prevista en el artículo 34 del CST no se origina en la existencia de una relación laboral directa entre el trabajador y el beneficiario o dueæo de la obra. Por el contrario, parte justamente de que el contratista independiente ostenta la condición de verdadero empleador, mientras que el beneficiario responde solidariamente por las obligaciones laborales de aquel cuando la obra o labor contratada no resulta extraæa a las actividades normales de su empresa o negocio.
De ahí que resulte irrelevante, para efectos de desvirtuar la solidaridad, que GonzÆlez Ramírez hubiera asumido expresamente el pago de nómina, prestaciones sociales, aportes
empresa o negocio.
De ahí que resulte irrelevante, para efectos de desvirtuar la solidaridad, que GonzÆlez Ramírez hubiera asumido expresamente el pago de nómina, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y demÆs obligaciones de sus trabajadores, o que hubiese otorgado paz y salvo a Ingicivil respecto del contrato celebrado entre ellos. Tales estipulaciones regulan las relaciones internas entre contratante y contratista, pero no tienen la virtualidad de excluir frente al trabajador la garantía de origen legal consagrada en el artículo 34 del CST.
En este asunto se acreditó que GonzÆlez Ramírez fue contratado para desarrollar labores de excavación, pilas y fundaciones en la obra de Ingicivil ubicada en Sabaneta, para cuya ejecución vinculó trabajadores, entre ellos al demandante, quien se desempeæó como pilero. El propio testigo de la sociedad demandada reconoció que GonzÆlez Ramírez ejecutaba las excavaciones y fundaciones, que llevó a sus trabajadores y que12 era quien les impartía instrucciones. A su turno, el representante legal de Ingicivil admitió la contratación de GonzÆlez Ramírez para realizar las excavaciones de pilas del proyecto.
Tales elementos de convicción permiten diferenciar dos aspectos que no deben confundirse: de un lado, quiØn contrató al demandante y ejerció la dirección de sus labores y, de otro, la relación entre esas labores y la actividad desarrollada por la beneficiaria de la obra. Mientras lo primero respalda la conclusión de que GonzÆlez Ramírez actuó como empleador, lo segundo resulta determinante para establecer la solidaridad de Ingicivil. En efecto, el hecho de que el contratista hubiera
beneficiaria de la obra. Mientras lo primero respalda la conclusión de que GonzÆlez Ramírez actuó como empleador, lo segundo resulta determinante para establecer la solidaridad de Ingicivil. En efecto, el hecho de que el contratista hubiera aportado y dirigido a sus propios trabajadores no desvirtœa la garantía legal, pues constituye una circunstancia compatible con la autonomía que caracteriza al contratista independiente previsto en el artículo 34 del CST.
En el caso concreto, la conexidad no se infiere œnicamente de que las labores se hubieran ejecutado en una obra de la que Ingicivil era beneficiaria. TambiØn se deriva de la naturaleza de las tareas encomendadas a GonzÆlez Ramírez —excavación, construcción de pilas y fundaciones — y de la función desempeæada por el demandante como pilero. Por su propia naturaleza, tales labores estaban dirigidas a la ejecución material de la obra y no correspondían a un servicio autónomo, accidental o ajeno a esta. La relación funcional entre el encargo contratado y la labor efectivamente desarrollada permite concluir que el trabajo del actor se integró a una fase de ejecución del proyecto del que se benefició la constructora.13 Por tanto, la conclusión de primera instancia no se sustenta en la sola existencia del contrato civil ni en la mera circunstancia de que el demandante hubiera trabajado en instalaciones o terrenos relacionados con Ingicivil, sino en la correspondencia entre el objeto del encargo, las tareas efectivamente ejecutadas y el provecho que la beneficiaria obtenía de su realización. En esas condiciones, se configura la relación de conexidad exigida por el artículo 34 del CST, sin que sea necesario acreditar que el
objeto del encargo, las tareas efectivamente ejecutadas y el provecho que la beneficiaria obtenía de su realización. En esas condiciones, se configura la relación de conexidad exigida por el artículo 34 del CST, sin que sea necesario acreditar que el trabajador recibía órdenes directas de la constructora o que esta tuviera la condición de empleadora.
Por consiguiente, aun aceptando la tesis de la apelante segœn la cual GonzÆlez Ramírez actuó con autonomía y fue el œnico empleador del actor, ello no conduce a excluir la solidaridad. Esta no depende de que Ingicivil hubiese subordinado directamente al trabajador ni de que el
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