TSDJ MED - Sentencia 05360310500220250004001 de 2026

Tribunal Superior de Medellín

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Detalles

Título
TSDJ MED - Sentencia 05360310500220250004001 de 2026
Autor
Tribunal Superior de Medellín
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Laboral
Año
2026

TEMA: CONTRATO REALIDADLa entidad no acreditó una autonomía efectiva del demandante en la ejecución de las labores principales, esto es, que pudiera determinar por sí mismo quØ escenarios atender, cuÆles necesidades intervenir, apartarse de las programaciones institucionales o sustituirse libremente en las actividades de mantenimiento.

HECHOS: Solicitó el demandante se declare entre aquel y el Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella - INDERE existió un contrato de trabajo a tØrmino indefinido y, en consecuencia, se condene a la entidad al pago de diferentes conceptos adeudados, ademÆs de la indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa. En sentencia de primera instanci a, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí accedió favorablemente a los pedimientos d e la demanda.

Debe la sala determinar si durante los contratos de trabajo declarados entre EAQO y el Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella - INDERE, comprendidos entre el 16 de septiembre y el 30 de diciembre de 2021, y entre el 1” de abril de 2022 y el 15 de junio de 2023, existió subordinación continuada o si, como sostiene la entidad recurrente, el demandante ejecutó sus actividades con autonomía e independencia, segœn los medios de convicción aportados al proceso.

TESIS: (…) Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la prestación personal del servicio se encuentra acreditada y no es materia de controversia, de modo que opera la presunción prevista en el art. 24 del CST. En consecuencia, corresponde examinar los medios de convicción incorporados al proceso para establecer si el INDERE logró desvirtuarla. (…) Una vez analizados los medios de

en el art. 24 del CST. En consecuencia, corresponde examinar los medios de convicción incorporados al proceso para establecer si el INDERE logró desvirtuarla. (…) Una vez analizados los medios de convicción, de forma individual y conjunta, la Sala concluye qu e el INDERE no logró desvirtuar la presunción prevista en el art. 24 del CST. Ciertamente, algunos elementos respaldan la te sis de la recurrente, pues la vinculación se formalizó mediante contratos de prestación de servici os sujetos a supervisión, el demandante presentaba informes y cuentas de cobro, asumía sus aportes al sistema de seguridad social, no fue objeto de requerimientos disciplinarios y, respecto de las actividades de promoción deportiva, contaba con cierto margen para organizar su ejecución y delegarlas. Sin embargo, estas circunstancias no resultan suficientes para demostrar que las labores de mantenimiento objeto de los contratos examinados se desarrollaran con autonomía e independencia, pues la prueba documental contemporÆnea da cuenta de una forma de ejecución caracterizada por la atención sucesiva de las necesidades de los escenarios, la program ación institucional de las actividades, la intervención del coordinador, la dispo nibilidad del actor y su incorporación a las labores ordinarias de la entidad. En efecto, resulta especialmente relevante que la actividad contratada no se agotaba en la entrega de una obra o reparación previa mente individualizada, sino que comprendía estar atento a los daæos derivados del u so cotidiano de los escenarios para repararlos inmediatamente, efectuar mantenimiento preventivo constante, realizar rondas, acompaæar eventos y prestar apoyo en los escenarios y actividades para los cual es fuera programado. Los estudios previos, ademÆs, justificaron la contratación en una necesidad del INDERE

rondas, acompaæar eventos y prestar apoyo en los escenarios y actividades para los cual es fuera programado. Los estudios previos, ademÆs, justificaron la contratación en una necesidad del INDERE de contar con una persona que atendiera esas labores con alta dedicación, mientras las prórr ogas de los contratos 155 de 2022 y 015 de 2023 se sustentaron precisamente en la necesidad de continuar contando con una persona que desarrollara el mismo objeto. Esa necesidad se materializó en la ejecución, pues las actas de supervisión muestran de manera reiterada al demandante atendiendo escenarios programados, realizando mantenimientos a partir de los reportes del coordinador, participando en actividades y eventos para los que era convocado y ejecutando labores sucesivas en lugares, días y franjas horarias concretas. Incluso los documentos precisaban cuÆ ndo no había sido programado o convocado para determinadas actividades, lo qu e evidencia que su intervención estaba articulada con la programación institucional y no dependía excl usivamente de la organización que autónomamente dispusiera para obtener un resultado. Aparecen así varios delos indicios identificados por la jurisprudencia especializada para reconocer una prestació n subordinada: la continuidad de las labores, la disponibilidad para atender necesidades sucesivas, la ejecución del servicio en los escenarios determinados por su beneficiario, la programación de las actividades y su ejecución reiterada en días y franjas horarias concretas, el sumini stro y utilización de elementos de la entidad y, especialmente, la integración del demandante en la organización del INDERE. (…) Así las cosas, la entidad no acreditó una autonomía efectiva del demandante en la ejecución de las labores principales, esto es, que pudiera determinar por sí mismo quØ escenarios

INDERE. (…) Así las cosas, la entidad no acreditó una autonomía efectiva del demandante en la ejecución de las labores principales, esto es, que pudiera determinar por sí mismo quØ escenarios atender, cuÆles necesidades intervenir, apartarse de las programaciones institucionales o sustituirse libremente en las actividades de mantenimiento. Por el contrario, la documental aportada muestra que su capacidad de trabajo era utilizada para atender las necesidades sucesivas y permanentes que presentaban los distintos escenarios y programas del INDERE, conforme a la p rogramación y los requerimientos que surgían durante la ejecución. En esas condiciones, aun recono ciendo que algunas manifestaciones de los declarantes y ciertas estipulaciones contractuales son compatibles con mÆrgenes de autonomía y con mecanismos ordinarios de coordinación y supervisión, su valoración conjunta no alcanza a derruir la presunción del art. 24 del CST, pues la entidad demostró la existencia formal de contratos de prestación de servicios y de mecani smos propios de su seguimiento, pero no que las labores de mantenimiento que ejecutó EAQ O durante los periodos controvertidos se hubieran desarrollado con la independencia material necesaria para excluir la subordinación, esto es, que el actor tuviera autonomía material para determinar los escenarios que debía atender, definir las necesidades de mantenimiento, apartarse de la programación institucional, organizar libremente los tiempos de intervención o sustituirse en la ejecución de esas actividades. Por el contrario, los medios de convicción aportados dan cuenta de que ate ndía los escenarios programados, los mantenimientos reportados por el coordinador y las actividades para las cuales era convocado, dentro de una prestación destinada a responder de manera sucesiva a las

actividades. Por el contrario, los medios de convicción aportados dan cuenta de que ate ndía los escenarios programados, los mantenimientos reportados por el coordinador y las actividades para las cuales era convocado, dentro de una prestación destinada a responder de manera sucesiva a las necesidades de funcionamiento de los escenarios deportivos. De ahí que los el ementos invocados por la recurrente resulten insuficientes para acreditar que el servicio se ejecutó b ajo la independencia propia de un contratista y, por ende, para desvirtuar la presunción legal que ampara la relación personal de trabajo. En tal sentido, se impone confirmar la sentencia que puso fin a la primera instancia.

MP: LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

FECHA: 29/10/2026

PROVIDENCIA: SENTENCIAREPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELL˝N

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

LUGAR Y FECHA Medellín, 29 de octubre de 2026 PROCESO Ordinario laboral RADICADO 05360310500220250004001 DEMANDANTE Eugenio Antonio Quintero Osorio DEMANDADOS Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la Estrella – INDERE PROVIDENCIA Apelación sentencia - Contrato realidad.

M. PONENTE LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas SANDRA MAR˝A

ROJAS MANRIQUE, LAURA FREIDEL BETANCOURT y LUZ PATRICIA

2022, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas SANDRA MAR˝A

ROJAS MANRIQUE, LAURA FREIDEL BETANCOURT y LUZ PATRICIA

QUINTERO CALLE, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de la Estrella – INDERE contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2026, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia.

I.ANTECEDENTES

Pretende el demandante que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, se declare que entre aquel y el Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella - INDERE existió un contrato de trabajo a tØrmino indefinido y, en consecuencia, se condene a la entidad al pago de $29.787.811 por prestaciones sociales y $16.147.484 por aportes al sistema de seguridad social asumidos por aquel como trabajador independiente, para un total de $45.935.295; ademÆs, reclama $11.084.980 por indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa, conforme al art. 64 del CST; $10.501.560 por la finalización del vínculo sin autorización del inspector del trabajo; la indemnización moratoria de queORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 2

trata el art. 65 del CST y las costas del proceso (pÆgs. 14 a 17, arch. 05, C01).

Como fundamentos fÆcticos relevantes expuso que celebró con el INDERE sucesivos contratos de prestación de servicios entre 2014 y 2023; que fue

C01).

Como fundamentos fÆcticos relevantes expuso que celebró con el INDERE sucesivos contratos de prestación de servicios entre 2014 y 2023; que fue contratado para prestar servicios de apoyo a la gestión mediante actividades operativas, logísticas y asistenciales dirigidas al mantenimiento correctivo y preventivo de los escenarios deportivos y, desde el inicio de la vinculación, el personal administrativo le impartía órdenes sobre la asignación de labores y horarios; que permaneció bajo las órdenes y condiciones establecidas por la entidad para ejecutar las labores contratadas y, ademÆs del mantenimiento preventivo y correctivo, ejerció funciones de conserjería y portería, relacionadas con el cuidado, mantenimiento, limpieza, apertura, cierre y vigilancia de las instalaciones; que para ello, cumplía horarios que variaban entre las 8:00 am y las 6:00 pm y, cuando se realizaban eventos deportivos o culturales, entre las 10:00 pm y las 6:00 am, segœn lo dispuesto por la demandada.

Agregó que en 2022 le fue diagnosticada arterosclerosis del corazón y, desde entonces, recibió tratamientos mØdicos, ecocardiogramas, hospitalizaciones y atención especializada; que la administración entrante decidió no continuar con sus servicios sin obtener autorización del inspector del trabajo y terminó el vínculo sin justa causa; y que, el INDERE no le reconoció primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías ni aportes a pensión y salud, estos œltimos sufragados íntegramente por Øl como independiente, ni las indemnizaciones reclamadas (pÆgs. 7 a 12, arch. 05, C01).

a pensión y salud, estos œltimos sufragados íntegramente por Øl como independiente, ni las indemnizaciones reclamadas (pÆgs. 7 a 12, arch. 05, C01).

II.TR`MITE PROCESAL

Previa subsanación, la demanda fue admitida mediante auto del 25 de febrero de 2025, ordenÆndose su notificación y traslado a la parte demandada, quien contestó dentro del tØrmino legal (arch. 06 y 13 C01).ORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 3

El INDERE se opuso a las pretensiones, aunque admitió que el demandante celebró sucesivos contratos de prestación de servicios regidos por el numeral 3” del art. 32 de la Ley 80 de 1993 y fueron ejecutados de manera autónoma e independiente, sin subordinación continuada. Explicó que aquel conocía previamente el objeto y las obligaciones de cada contrato, organizaba las actividades en los horarios que consideraba idóneos, presentaba cuentas de cobro e informes sobre su ejecución y œnicamente debía ajustarse a los cronogramas institucionales, lo cual correspondía a la coordinación y supervisión propias de la contratación estatal. Precisó que la existencia de instrucciones, informes y verificación del cumplimiento no desnaturalizaba los contratos, y negó que el demandante estuviera sometido a los horarios indicados en la demanda. Aæadió que la vinculación de 2023 se extendió del 20 de enero al 15 de junio, inicialmente por 101 días y con una adición de 45 días, por lo que no comprendió toda la anualidad; que la entidad desconocía el diagnóstico mØdico invocado, porque el contratista no lo

20 de enero al 15 de junio, inicialmente por 101 días y con una adición de 45 días, por lo que no comprendió toda la anualidad; que la entidad desconocía el diagnóstico mØdico invocado, porque el contratista no lo informó en los exÆmenes de ingreso; y que, al no existir relación laboral, no estaba obligada a solicitar autorización del inspector del trabajo ni a reconocer prestaciones sociales, aportes a seguridad social o indemnizaciones laborales.

Propuso las excepciones de mØrito de prescripción art. 488 CST, inexistencia de subordinación en la relación contractual, no cumplimiento de los elementos de la existencia del contrato de trabajo, carencia del derecho para reclamar, mala fe del demandante y enriquecimiento sin causa (pÆgs. 2 a 70 arch. 10, C01).

III.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 2° Laboral del Circuito de Itagüí, mediante sentencia proferida el 20 de abril de 2026, declaró que entre Eugenio Antonio Quintero Osorio y el Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella - INDERE existieron dos contratos de trabajo a tØrmino indefinido, el primero entre el 16 de septiembre y el 30 de diciembre de 2021; en consecuencia, condenó a la demandada al pago de $418.947 por cesantías, $14.105 por intereses a las cesantías, $418.947 por prima de servicios, $209.474 por vacaciones,ORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 4

$788.118 por indemnización por despido sin justa causa y $35.838.672 por

cesantías, $418.947 por prima de servicios, $209.474 por vacaciones,ORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 4

$788.118 por indemnización por despido sin justa causa y $35.838.672 por indemnización moratoria del art. 65 del CST, ademÆs de intereses moratorios a partir del 1” de enero de 2024; y el segundo entre el 1” de abril de 2022 y el 15 de junio de 2023, por el cual ordenó pagar $2.061.310 por cesantías, $158.895 por intereses a las cesantías, $2.061.310 por prima de servicios, $1.030.655 por vacaciones, $1.934.834 por indemnización por despido sin justa causa y $40.773.108 por indemnización moratoria del art. 65 del CST, junto con intereses moratorios desde el 16 de junio de 2025 y la indexación de los demÆs conceptos. Asimismo, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, absolvió a la demandada de las restantes pretensiones y la condenó en costas.

En sustento de la decisión la a quo explicó que, conforme a los arts. 22, 23 y 24 del CST y al principio de primacía de la realidad previsto en el art. 53 de la Constitución Política, acreditada la prestación personal del servicio se presume la existencia del contrato de trabajo, de modo que corresponde a la parte demandada demostrar que la relación se ejecutó de manera autónoma e independiente. Aæadió que el INDERE es un establecimiento pœblico del orden municipal y que, de acuerdo con el art. 5” del Decreto 3135 de 1968, debía examinarse si las funciones efectivamente

autónoma e independiente. Aæadió que el INDERE es un establecimiento pœblico del orden municipal y que, de acuerdo con el art. 5” del Decreto 3135 de 1968, debía examinarse si las funciones efectivamente desarrolladas por el actor estaban relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras pœblicas, supuesto en el cual tendría la condición de trabajador oficial.

Advirtió que no existía controversia acerca de la prestación de servicios del demandante como contratista y promotor de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre. No obstante, encontró demostrado que tambiØn ejecutó labores de mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios deportivos, entre ellas trabajos de electricidad, pintura y adecuación de escenarios deportivos del instituto. Para ello valoró las declaraciones de Blanca Luz Vanegas López y Bibiana Gómez, quienes coincidieron en que el actor realizaba habitualmente esas actividades, era visto diariamente en la sede y en distintos escenarios del municipio, recibía una programación semanal, contaba con supervisor y coordinador, debía presentar informes y solicitar permiso para ausentarse, y utilizabaORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 5

implementos y herramientas suministrados por la entidad. TambiØn tuvo en cuenta que las labores de mantenimiento elØctrico no solían delegarse porque no existía otra persona encargada de realizarlas. Consideró que esas declaraciones coincidían con los informes de actividades aportados por la propia demandada, los cuales permitían establecer los periodos concretos en los que se ejecutaron dichas labores. Encontró que en octubre de 2014

declaraciones coincidían con los informes de actividades aportados por la propia demandada, los cuales permitían establecer los periodos concretos en los que se ejecutaron dichas labores. Encontró que en octubre de 2014 el actor efectuó instalación de cÆmaras, mantenimiento elØctrico y de piscina, y limpieza de sedes y del coliseo; durante febrero 2015 y diciembre de 2016 desarrolló regularmente labores de mantenimiento general, pintura, limpieza, embellecimiento y reparación de distintas instalaciones; en junio de 2017 y, febrero y mayo de 2018, realizó actividades puntuales de demarcación, pintura y mantenimiento de escenarios deportivos; y en 2019 se desempeæó œnicamente como promotor deportivo, sin que la referencia general al apoyo logístico permitiera inferir la ejecución de labores de sostenimiento durante esa anualidad. Para 2020 encontró acreditadas actividades de pintura y mantenimiento entre mayo y septiembre; en 2021, entre el 26 de agosto y el 30 de diciembre; en 2022, entre el 1” de abril y el 30 de diciembre; y en 2023, entre el 20 de enero y el 15 de junio.

Precisó que durante las tres œltimas anualidades el demandante hizo mantenimiento en placas polideportivas, canchas de arenilla y sintØticas, piscinas, baæos, oficinas, cuartos de mÆquinas, gradas y unidades deportivas; realizó rondas periódicas por los espacios adscritos al instituto; atendió reportes de reparación segœn las indicaciones del coordinador o de la administración; y apoyó eventos y programas institucionales mediante el

deportivas; realizó rondas periódicas por los espacios adscritos al instituto; atendió reportes de reparación segœn las indicaciones del coordinador o de la administración; y apoyó eventos y programas institucionales mediante el montaje y desmontaje de carpas, traslado de materiales e implementos, elaboración de elementos en madera, limpieza y adecuación de los lugares utilizados. Concluyó que no se trataba de actividades aisladas, sino de funciones permanentes, reiteradas y variadas desarrolladas en beneficio de los escenarios, programas y eventos de la entidad. A partir de esa valoración, tuvo por acreditada la subordinación, pues las labores eran programadas por la entidad y el demandante debía prestar apoyo logístico, operativo y asistencial con la frecuencia determinada por el uso de los escenarios y conforme a las instrucciones del supervisor. TambiØn encontró demostradas la prestación personal del servicio y la remuneración, dado que el actorORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 6

presentaba cuentas de cobro para obtener el pago de honorarios, sumas que no retribuían exclusivamente las actividades de promoción deportiva, sino tambiØn las de mantenimiento y sostenimiento de obras pœblicas. En consecuencia, sostuvo que entre las partes existieron verdaderos vínculos laborales y el demandante ostentó la condición de trabajador oficial. Sin embargo, descartó una relación laboral œnica e ininterrumpida entre 2014 y 2023, porque la prueba mostraba que las labores de mantenimiento y sostenimiento se ejecutaron con interrupciones.

Al examinar la prescripción, tuvo en cuenta que la reclamación

y 2023, porque la prueba mostraba que las labores de mantenimiento y sostenimiento se ejecutaron con interrupciones.

Al examinar la prescripción, tuvo en cuenta que la reclamación administrativa fue presentada el 16 de septiembre de 2024, por lo cual los vínculos y derechos causados con anterioridad al 16 de septiembre de 2021 se encontraban prescritos. Por ello reconoció dos contratos de trabajo a tØrmino indefinido, el primero entre el 16 de septiembre y el 30 de diciembre de 2021, y el segundo entre el 1” de abril de 2022 y el 15 de junio de 2023. Respecto de este œltimo, consideró que la interrupción inferior a un mes era aparente o meramente formal y declaró que se ejecutó sin solución de continuidad. En consecuencia, liquidó las prestaciones sociales y vacaciones correspondientes a esos periodos con base en el promedio mensual de los valores cobrados segœn las actas de supervisión y negó la devolución de los aportes al sistema de seguridad social porque no se aportaron las planillas de autoliquidación que demostraran los pagos efectuados por el demandante.

Frente a la terminación de los vínculos, recordó que correspondía al trabajador acreditar el despido y a la entidad demostrar la justa causa. Encontró probada la finalización mediante las actas de supervisión y liquidación de los contratos que terminaron el 30 de diciembre de 2021 y el 15 de junio de 2023; como la demandada no acreditó una razón justificativa, reconoció las indemnizaciones por despido sin justa causa en cuantías de $788.118 y $1.934.834, respectivamente.

15 de junio de 2023; como la demandada no acreditó una razón justificativa, reconoció las indemnizaciones por despido sin justa causa en cuantías de $788.118 y $1.934.834, respectivamente.

En cuanto a la estabilidad laboral reforzada, explicó que la protección del art. 26 de la Ley 361 de 1997 exige la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo; una barrera que, alORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 7

interactuar con el entorno laboral, impida el desempeæo en igualdad de condiciones; y el conocimiento de esas circunstancias por el empleador al momento de la terminación, sin que sea indispensable una calificación previa de pØrdida de capacidad laboral. Al examinar la historia clínica, encontró que el demandante había sido diagnosticado con hipertensión esencial y enfermedad coronaria, y que en enero de 2022 fue hospitalizado por factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, durante la vigencia del vínculo œnicamente recibió tres días de incapacidad, no tuvo restricciones laborales ni limitaciones funcionales y la œltima consulta anterior a la terminación había ocurrido el 1” de octubre de 2022, aproximadamente ocho meses antes. Con base en lo expuesto, concluyó que no se demostró que las patologías dificultaran sustancialmente el desempeæo de sus labores ni que la entidad conociera una limitación significativa, por lo que absolvió de las pretensiones fundadas en dicha garantía.

Finalmente, respecto de la indemnización moratoria del art. 65 del CST, recordó que no procede automÆticamente, sino que exige valorar las razones

de las pretensiones fundadas en dicha garantía.

Finalmente, respecto de la indemnización moratoria del art. 65 del CST, recordó que no procede automÆticamente, sino que exige valorar las razones del empleador para omitir el pago de las acreencias. Consideró que la demandada no acreditó una justificación seria y suficiente, pues se limitó a sostener que la relación era civil, pese a que la prueba evidenciaba la prestación personal, remunerada y subordinada del servicio. Por ello impuso, para el primer contrato, $35.838.672 por veinticuatro meses de mora, mÆs intereses moratorios desde el 1” de enero de 2024; y, para el segundo, $40.773.108 por el mismo periodo, junto con intereses desde el 16 de junio de 2025. Sobre los demÆs conceptos ordenó la indexación, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y condenó en costas a la demandada (archs. 18 y 22, C01).

IV.RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que el juzgado valoró parcialmente los testimonios practicados a solicitud del demandante, pues no otorgó valor probatorio a las manifestaciones de las testigos acerca de la autonomía que tenía el contratista durante la relación contractual. En igual sentido, sostuvo que tampoco valoró lo manifestadoORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 8

por el propio demandante en el interrogatorio de parte, quien reconoció su autonomía. Por lo anterior, sostuvo que tales declaraciones no permitían la configuración de la subordinación continuada, toda vez que el contratista nunca estuvo sometido a la entidad demandada.

autonomía. Por lo anterior, sostuvo que tales declaraciones no permitían la configuración de la subordinación continuada, toda vez que el contratista nunca estuvo sometido a la entidad demandada.

V.TR`MITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 4 de mayo de 2026, se admitió el recurso de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, quienes presentaron lo propio. La parte demandante solicitó que se confirme en su integridad la sentencia que puso fin a la primera instancia, mientras que la entidad accionada se basó en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de alzada (archs. 03, 06, 07 y 08, C02).

VI.CONSIDERACIONES

De conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico consiste en determinar si durante los contratos de trabajo declarados entre Eugenio Antonio Quintero Osorio y el Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella - INDERE, comprendidos entre el 16 de septiembre y el 30 de diciembre de 2021, y entre el 1” de abril de 2022 y el 15 de junio de 2023, existió subordinación continuada o si, como sostiene la entidad recurrente, el demandante ejecutó sus actividades con autonomía e independencia, segœn los medios de convicción aportados al proceso.

Se precisa que no es objeto de discusión en este asunto y se encuentra acreditado que Eugenio Antonio Quintero Osorio prestó sus servicios

e independencia, segœn los medios de convicción aportados al proceso.

Se precisa que no es objeto de discusión en este asunto y se encuentra acreditado que Eugenio Antonio Quintero Osorio prestó sus servicios personales al Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella, INDERE, mediante los contratos de prestación de servicios No. 264 del 26 de agosto de 2021, 017 del 14 de enero de 2022, 155 del 1” de julio de 2022, 296 del 18 de noviembre de 2022 y 015 del 20 de enero de 2023, durante los periodos que interesan a la alzada, comprendidos entre el 16 de septiembre y el 30 de diciembre de 2021 y entre el 1” de abril de 2022 y elORD. n.° 05360 31 05 002 2025 00040 01 9

15 de junio de 2023. En desarrollo de esos contratos ejecutó actividades operativas, logísticas y asistenciales encaminadas al mantenimiento correctivo y preventivo de los escenarios deportivos utilizados por la entidad, por las cuales percibió los honorarios pactados en cada negocio jurídico (pÆgs. 35 a 39, 40 a 42, 83, 87 y 88, arch. 05; pÆgs. 1038 a 1065, 1082 a 1088, 1122 a 1137 y 1138 a 1177, arch. 10, C01).

Contrato de trabajo realidad. Pues bien, precisa la Sala que los elementos esenciales del contrato de trabajo se encuentran previstos en el artículo 23 del CST, modificado por el art. 1° de la Ley 50 de 1990, y son la actividad personal del trabajador, el salario como retribu ción del servicio y la

esenciales del contrato de trabajo se encuentran previstos en el artículo 23 del CST, modificado por el art. 1° de la Ley 50 de 1990, y son la actividad personal del trabajador, el salario como retribu ción del servicio y la continuada subordinación o dependencia, que faculta al empleador a exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo; ademÆs, debe tenerse en cuenta la presunción legal prevista en el artículo 24 ibidem, modificado por el 2° de la Ley 50 de 1990, respecto a que toda relación de trabajo personal se encuentra regida por un contrato de trabajo, correspondiØndole simplemente a quien alega su existencia, acreditar la pr estación del servicio personal y, a quien resiste la pretensión, derruir la presunción, desvirtuando la existencia de los demÆs elementos esenciales del contrato de trabajo , y acreditando los elementos de una relación de naturaleza jurídica distinta (CSJ SL10546-2014, CSJ SL10118-2015, CSJ

SL1420-2018, CSJ SL1081-2021, y CSJ SL781-2022).

Respecto de la subordinación jurídica como elemento esencial del contrato de trabajo, segœn lo previsto en el art. 23 del CST, es el que lo distingue de otros de naturaleza civil o comercial en los que tambiØn se presta un servicio de manera personal, así lo recordó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en s

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