TSDJ VVC - Sentencia 50001311000120260010300 de 2026

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO

SALA CIVIL – FAMILIA

Área Constitucional

BRIYIT ROCÍO ACOSTA JARA

Magistrada Ponente

Proceso Acción de Tutela – Primera Instancia Radicado Tribunal 500012213000 2026 00354 00

Fecha y número de Sala de Decisión 10 de septiembre de 2026. Acta No. 110 Accionante Jarrison Stik Ávila Campo Accionados Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio (Meta)

Villavicencio, diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

ASUNTO A DECIDIR

Surtido el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991, procede esta Sala de decisión adscrita a la Sala Civil – Familia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales a resolver la acción de tutela relacionada en el epígrafe.

ANTECEDENTES

Hechos.

El ciudadano Jarrison Stik Ávila Campo relató que es padre del infante SFÁN y que, el 17 de mayo de 2016, ante la Comisaría Trece de Familia de Bogotá, se suscribió el Acta de Conciliación No. 3013 de 2016, mediante la cual se fijó una cuota alimentaria inicial y otras obligaciones a su cargo.

Indicó que Luisa Fernanda Noriega Pardo, en representación del NNA, promovió en su contra proceso ejecutivo de alimentos ante el Juzgado Primero de Familia del

alimentaria inicial y otras obligaciones a su cargo.

Indicó que Luisa Fernanda Noriega Pardo, en representación del NNA, promovió en su contra proceso ejecutivo de alimentos ante el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, radicado 50001 -31-10-001-2026-00103-00, en el que se alegó mora desde junio de 2018, sin descontar los pagos que -según afirmó el accionantehabía efectuado para el sostenimiento de su hijo.

Señaló que mediante auto del 9 de junio de 2026 el despacho libró mandamiento ejecutivo por $45.197.115, más intereses moratorios y demás conceptos, providencia que ordenó su notificación personal y concedió cinco días para el pagoAcción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

y diez días para formular excepciones, términos que solo correrían a partir de dicha notificación.

Manifestó que, pese a que la demanda informó un correo electrónico, un número de WhatsApp y una dirección física vigentes, no recibió por ninguno de esos canales la demanda, sus anexos ni el mandamiento de pago, y que solo tuvo conocimiento del proceso al advertir los descuentos aplicados en su nómina de julio y agosto de 2026.

Precisó que trabaja para Colpensiones como Auxiliar Operativo, con un salario básico de $3.242.250 para agosto de 2026, y que en julio de 2026 se le descontó por embargo de alimentos la suma de $565.861, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del bruto devengado, con lo que su pago neto quedó en $447.875, mientras

embargo de alimentos la suma de $565.861, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del bruto devengado, con lo que su pago neto quedó en $447.875, mientras que en agosto de 2026 el descuento ascendió a $1.773.547, también equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total devengado -incluido el auxilio de transporte -, con un pago neto de $1.497.955.

Sostuvo que dicho ingreso neto resulta insuficiente frente a sus gastos ordinarios mensuales, que estimó en $2.635.000, y frente al saldo pendiente de matrícula universitaria del programa de Administración de Empresas, que a su juicio, pone en riesgo su mínimo vital, su empleo y la continuidad de sus estudios.

Informó que, de manera concomitante con la tutela, presentó ante el juez natural memorial de nulidad, acceso al expediente y regulación de la medida cautelar.

Pretensiones.

Con fundamento en lo expuesto, el accionante solicitó:

“29.AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, acceso efectivo a la administración de justicia, mínimo vital, vida digna, trabajo y educación.

30.DECLARAR que la omisión de la notificación personal del mandamiento de pago, mientras se materializa y mantiene la retención salarial, vulnera las garantías constitucionales invocadas y configura un defecto procedimental de entidad constitucional.

31.ORDENAR al Juzgado accionado que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita copia íntegra del expediente y practique en debida forma la notificación personal de la demanda, anexos, mandamiento y providencias que

31.ORDENAR al Juzgado accionado que, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita copia íntegra del expediente y practique en debida forma la notificación personal de la demanda, anexos, mandamiento y providencias que deban comunicarse, dejando constancia del acceso efectivo.

32.ORDENAR que los términos para pagar, recurrir y formular excepciones comiencen íntegramente después de una notificación válida, sin considerar saneada la irregularidad por el solo conocimiento del descuento salarial.

33.DEJAR SIN EFECTOS, si se hubieren dictado, las actuaciones posteriores que dependan de una supuesta notificación no acreditada, especialmente cualquier auto que ordene seguir adelante la ejecución, apruebe liquidación o autorice entrega definitiva de depósitos, hasta restablecer la defensa.

34.ORDENAR al Juzgado resolver con prioridad la solicitud concomitante de nulidad, control de legalidad y regulación de la medida, valorando los pagos acreditados, lasAcción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

cuotas cuya exigibilidad o prescripción deba examinarse, la base salarial lícita y la afectación concreta del mínimo vital.

35.ORDENAR el levantamiento temporal del embargo hasta que se surta la notificación y se decida la regulación. Subsidiariamente, reducirlo provisionalmente al valor de la cuota corriente reclamada para 2026 ($660.488) o al monto menor que garantice simultáneamente los derechos del menor y mi mínimo vital.

36.ORDENAR a COLPENSIONES abstenerse de aplicar el 50 % sobre el total bruto y excluir de la base los conceptos no constitutivos de salario, efectuando primero los

garantice simultáneamente los derechos del menor y mi mínimo vital.

36.ORDENAR a COLPENSIONES abstenerse de aplicar el 50 % sobre el total bruto y excluir de la base los conceptos no constitutivos de salario, efectuando primero los descuentos legales y cumpliendo la regulación que disponga el juez.

37.ORDENAR que cualquier suma retenida por encima de la base o porcentaje finalmente válido sea devuelta o imputada al saldo real de la obligación, previa contradicción y liquidación judicial.

38.MANTENER a salvo el pago de la cuota alimentaria corriente y los derechos prevalentes del menor, de modo que ninguna orden se interprete como exoneración de mi deber alimentario.”

Trámite.

Con auto del 2 de septiembre de 2026 se admitió la acción y vinculó a Luisa Fernanda Noriega Pardo, a la Defensoría o Comisaría de Familia y al delegado del Ministerio Público que actúan ante la autoridad judicial accionada, así como a los demás intervinientes en el expediente 50001-31-10-001-2026-00103-00.

De conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, en ejercicio del derecho de contradicción, se emitió el siguiente informe:

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Defensoría de Familia , señaló que los hechos relatados no le son atribuibles, sino que corresponden a actuaciones surtidas ante el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio, dentro del proceso 50001 -31-10-001-2026-00103-00, y alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al carecer de facultades jurisdiccionales para notificar autos,

dentro del proceso 50001 -31-10-001-2026-00103-00, y alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al carecer de facultades jurisdiccionales para notificar autos, impulsar el proceso o decretar embargos.

Se opuso a que se dejaran sin efectos las medidas cautelares ya materializadas, por considerar que ello causaría un perjuicio irremediable al menor alimentario. De igual forma, al levantamiento del embargo, aunque respaldó la pretensión subsidiaria de regularlo al valor de la cuota corriente de 2026 ($660.488) más un porcentaje razonable por concepto de retroactivo, y coadyuvó de manera condicionada las pretensiones dirigidas a que Colpensiones aplicara el descuento sobre el ingreso neto, excluyendo de la base los conceptos no constitutivos de salario.

Solicitó su desvinculación del trámite y, subsidiariamente, que se declarara improcedente la tutela por existir mecanismos ordinarios de defensa en curso.

La Procuraduría 24 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia , señaló que, conforme a la consulta que realizó en la página de la Rama Judicial, el proceso registraba el auto del 9 de junio de 2026 que decretó la medida cautelar y que el expediente ingresó al despacho el 4 de septiembre de 2026, sin que dicha consulta l e permitiera establecer si elAcción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

accionante había elevado ante el juzgado alguna solicitud relacionada con la notificación del mandamiento de pago o la reducción del embargo.

Con fundamento en ello, estimó que la acción de tutela resultaba improcedente por

accionante había elevado ante el juzgado alguna solicitud relacionada con la notificación del mandamiento de pago o la reducción del embargo.

Con fundamento en ello, estimó que la acción de tutela resultaba improcedente por falta de subsidiariedad, conforme al numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, sin perjuicio de lo cual solicitó analizar la réplica del accionado y, de advertirse vulneración de los derechos fundamentales del accionante, ampararlos.

El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio , señaló que la naturaleza de las medidas cautelares permite que estas se decreten y materialicen antes de la notificación personal del ejecutado, con el propósito de garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.

Indicó, además, que no era cierto que el accionante no hubiera sido notificado en debida forma, por cuanto, con ocasión de una solicitud de información presentada por el propio accionante, la secretaría del despacho le notificó el 29 de julio de 2026 el auto que libró mandamiento de pago, junto con la demanda y sus anexos, sin que, a la fecha, el ejecutado hubiera ejercido su derecho de defensa por intermedio de apoderado judicial.

Finalmente, precisó que, tratándose de un proceso de familia, las partes deben actuar por regla general mediante abogado, por lo que la actuación en causa propia del accionante dentro del trámite ejecutivo no resultaba procedente, motivo por el cual solicitó negar las pretensiones de la acción constitucional.

Con ocasión a prueba de oficio decretada por la Corporación rindió el siguiente informe:

1. El plan de trabajo del despacho está vigente desde el 31 de mayo de 2024 y

cual solicitó negar las pretensiones de la acción constitucional.

Con ocasión a prueba de oficio decretada por la Corporación rindió el siguiente informe:

1. El plan de trabajo del despacho está vigente desde el 31 de mayo de 2024 y opera mediante un sistema de turnos fundado en el orden de radicación y en el cumplimiento de las gestiones a cargo de las partes y del juzgado. La secretaría ingresa los procesos a través de las plataformas digitales de la Rama Judicial, y para control interno se implementó un cuadro en Excel que registra la trazabilidad de los asuntos.

2. En cuanto a la priorización, señaló que los trámites constitucionales, tanto las tutelas de conocimiento del juzgado, como los amparos y vigilancias promovidas en su contra, como ocurre en este caso, desplazan el turno ordinario y se atienden de forma inme diata, en atención a la naturaleza y brevedad de sus términos.

3. Indicó que, después de los trámites constitucionales, se priorizan los procesos de restablecimiento de derechos, violencia intrafamiliar, restitución internacional de menores, medidas cautelares y demás asuntos urgentes, identificados en el cuadro de control con la anotación "A la mano".

4. Respecto del proceso 2026-00103-00, precisó que se encuentra en la casilla 3198 del cuadro de control, con ingreso al despacho el 4 de septiembre de

2026. Como el juzgado resuelve actualmente procesos ingresados el 21 deAcción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

julio de 2026, y existen 197 procesos pendientes que antecedan ese asunto,

Radicado Tribunal 2026 00354 00

julio de 2026, y existen 197 procesos pendientes que antecedan ese asunto, estimó que las solicitudes del accionante se atenderán en aproximadamente un (1) mes y medio.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela es la vía jurídica preferente, sumaria y subsidiaria1 a la cual toda persona puede acudir cuando considera que sus derechos fundamentales son amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares, en los casos expresamente previstos por el legislador. Se caracteriza por ofrecer protección inmediata2 en ausencia de medios ordinarios de defensa, o en presencia de estos, si se tramita como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable3.

Problema jurídico.

Corresponde a esta Sala de Decisión establecer si el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de l señor Jarrison Stik Ávila Campo , con ocasión del proceso con el radicado No. 50001-31-10-001-2026-00103-00.

De la mora judicial.

En palabras de la Corte Constitucional, el incumplimiento de un término procesal se considera justificado cuando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias

proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.”4

En sentencia SU-394 de 2016 el Máximo Tribunal de lo Constitucional, en el mismo sentido, expuso que “…la realidad del país da cuenta que la congestión que padece el sistema judicial y el exceso de las cargas laborales, en la mayoría de casos no permite a los funcionarios cumplir con los plazos legalmente establecidos. En esos eventos, a efectos de evaluar la afectación a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia ha de distinguirse entre el mero retardo en la observancia del término y la mora judicial injustificada, la cual se estructura a partir de los elementos descritos en la Sentencia T-230 de 2013, así: a) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; b) no existe un motiv o razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y c) la tardanza es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial.

1 Sentencias T-827 de 2003, T-648 de 2005 y T-015 de 2006, entre otras. 2 Sentencia T-570 de 2005, entre otras. 3 Sentencias SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, C-1225 de 2004 y T-698 de 2004, entre otras.

2 Sentencia T-570 de 2005, entre otras. 3 Sentencias SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, C-1225 de 2004 y T-698 de 2004, entre otras. 4 Sentencia T-441 de 2015.Acción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

“(…) salvo en el caso que la persona se encuentre ante un perjuicio irremediable, “el mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razone s probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión”. En otras palabras, “la mora judicial sólo se justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley.” 5 (subraya la sala).

Igualmente, ha precisado reiteradamente el órgano de cierre constitucional que “Los derechos al acceso a la administración de justicia [a una justicia pronta y cumplida] y al debido proceso se encuentran íntimamente ligados, y su efectiva materialización depende en buena medida de la celeridad y eficiencia en el ejercicio de la jurisdicción. El sometimiento de las autoridades públicas encargadas de la función de administrar justicia a las reglas jurídicas, específicamente a aquellas establecidas para la tramitación y definición de los asuntos que son sujetos a su conocimiento, repercute en la materialización de valores como el de la justicia, así como en la eficacia de una amplia gama de derechos constitucionales,

jurídicas, específicamente a aquellas establecidas para la tramitación y definición de los asuntos que son sujetos a su conocimiento, repercute en la materialización de valores como el de la justicia, así como en la eficacia de una amplia gama de derechos constitucionales, incluidos aquellos que a través de cada cauce procesal se pretende satisfacer.

(…) La comprensión del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha deter minado la construcción de una línea jurisprudencial sobre la mora judicial guiada, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento objetivo de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para ello ha acudido a varios criterios.

En síntesis, la mora judicial injustificada objeto de reproche constitucional parte del supuesto de que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.”6.

En sentencia T -420 de 2022 la Corte recordó que “ la mora judicial resulta injustificada cuando es producto de la falta de diligencia , la arbitrariedad o la omisión en el cumplimiento de las funciones del juez. En estos supuestos sí hay una clara

En sentencia T -420 de 2022 la Corte recordó que “ la mora judicial resulta injustificada cuando es producto de la falta de diligencia , la arbitrariedad o la omisión en el cumplimiento de las funciones del juez. En estos supuestos sí hay una clara vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la persona. En múltiples decisiones, esta Corte sostuvo que la mora judicial injustificada se configura cuando se demuestra que:

(i) se presenta un incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial”. (negrillas añadidas).

CASO CONCRETO

5 Sentencia SU-394 de 2016. 6 Sentencia T-186 de 2017.Acción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

Centrando la atención en el presente reclamo constitucional, se encuentra que fue promovido por el señor Jarrison Stik Ávila Campo alegando que el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Villavicencio (Meta) transgrede sus derechos fundamentales, el primer lugar, al no proveer de fondo sobre las peticiones elevadas en el proceso No. 2026-00103-00.

Al respecto, se evidencia en el expediente N° 500013110001 2026 00103 00 , pdf 01, pág. 009, obra en memorial 13 de agosto de 202 6 mediante el cual elevó

Al respecto, se evidencia en el expediente N° 500013110001 2026 00103 00 , pdf 01, pág. 009, obra en memorial 13 de agosto de 202 6 mediante el cual elevó solicitud de nulidad por indebida notificación , propuso excepciones de mérito y sugiere el levantamiento de medidas cautelares.

No obstante, resulta pertinente señalar que, previamente, el 29 de julio de 2026, el Juzgado accionado remitió al interesado la correspondiente notificación (pdf. 008), la cual indicó hacerse conforme la Ley 2213 de 2022. En ese contexto, debe tenerse en cuenta que al Despacho no le era jurídicamente exigible resolver de manera inmediata el memorial presentado por el demandado, toda vez que para ese momento se encontraba en curso un término procesal cuyo vencimiento estaba previsto para el 18 de agosto del año en curso.

En efecto, de aplicarse de manera estricta los términos previstos en los artículos 109 y 120 del Código General del Proceso, el plazo para resolver la solicitud habría vencido el 3 de septiembre de 2026, esto es, con posterioridad a la fecha de presentación de la acción de tutela, ocurrida el 1º de septiembre de 2026.

Ahora bien, aun cuando para el momento de resolver el presente mecanismo constitucional el Juzgado accionado no había emitido pronunciamiento respecto del memorial presentado, encontrándose, en estricto sentido, superado el término para ello, resulta neces ario determinar si dicha circunstancia permite tener por configurada una mora judicial susceptible de ser declarada por esta vía constitucional.

Sobre el particular, debe recordarse que la configuración de la mora judicial exige la

ello, resulta neces ario determinar si dicha circunstancia permite tener por configurada una mora judicial susceptible de ser declarada por esta vía constitucional.

Sobre el particular, debe recordarse que la configuración de la mora judicial exige la concurrencia de determinados presupuestos, a saber: (i) el incumplimiento de un término procesal; (ii) la ausencia de una justificación razonable para la tardanza; y (iii) que dicha demora tenga una incidencia trascendente en las garantías fundamentales del accionante.

Respecto de este último criterio la Corte Suprema de Justicia refirió:

“3.3.- Al lado de los anteriores criterios, a fin de determinar si es viable o no este sendero para que cese la mora judicial, se encuentra el de trascendencia la vulneración (…), se traduce en determinar la afectación que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante (se enfatiza).” 7

Ahora bien, en misma providencia citada, el Alto Tribunal concluyó:

“En el caso, como lo denuncia el accionante el término para desatar el remedio vertical está superado. La Colegiatura de Pereira debía dirimirlo «dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente»,

7 Sentencia STC2072-2023, MP: Octavio Augusto Tejeiro Duque.Acción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

como lo consagra el precepto 37 de la Ley 472 de 1998. Esto es, a más tardar el 19 de

Radicado Tribunal 2026 00354 00

como lo consagra el precepto 37 de la Ley 472 de 1998. Esto es, a más tardar el 19 de diciembre de 2022, comoquiera el asunto arribó a la Secretaría de esa Corporación el 18 de noviembre anterior. Sin embargo, dicha omisión es insuficiente para conceder el amparo pretendido, ya que la tardanza es ajena al cumplimiento del deber que el artículo 7° de la Ley 270 de 19961 impone a los servidores judiciales, respecto de impulsar diligentemente los asuntos a su cargo.

En efecto, como se evidencia del expediente 2022 - 00061-01, la Corporación convocada no ha dirimido aún la alzada porque, luego de impulsar diligentemente las actuaciones relativas al trámite de segunda instancia, esto es, la admisión del recurso, el 29 de noviembre de 2022, el apoderado de Cotty Morales, coadyuvante en la acción popular, presentó recurso de apelación adhesiva.

Nótese que, luego de recibido el expediente (18 noviembre 2022), las diligencias ingresaron al despacho del Magistrado ponente (22 noviembre 2022), quien admitió la apelación por auto de 23 del mismo mes. El 29 de noviembre siguiente el apoderado de Cotty Morales, coadyuvante en la acción popular, presentó recurso de apelación adhesiva, del cual se corrió traslado (5 días). Posteriormente, el Tribunal lo rechazó (15 febrero de 2023) y el 22 de febrero de 2023 la causa ingresó al despacho para la emisión de la respectiva sentencia.

Como puede verse, el decurso ha sido tramitado diligentemente, por ende, ningún

febrero de 2023 la causa ingresó al despacho para la emisión de la respectiva sentencia.

Como puede verse, el decurso ha sido tramitado diligentemente, por ende, ningún reproche puede hacerse al juez plural por el paso de los citados veinte (20) días.”

A partir de lo anterior, se observa que, en el asunto objeto de estudio, tampoco se configura una dilación injustificada atribuible al Juzgado accionado. En efecto, el proceso fue repartido a dicho Despacho el 13 de marzo de 2026, y mediante auto del 5 de mayo de 2026 se dispuso su inadmisión (Pdf 006). Posteriormente, el expediente ingresó al despacho para resolver el 15 de mayo del mismo año (Pdf 005) y, finalmente, el 9 de junio de 2026 se profirió auto mediante el cual se libró mandamiento de pago y se decretaron las correspondientes medidas cautelares.

Así las cosas, la supuesta lesión alegada por el accionante no existe, en tanto que el Juzgado accionado en el tiempo prudencial ha dado alcance las peticiones elevadas, emitiendo dos pronunciamientos en el presente semestre, lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que al momento de presentar el amparo no había fenecido el término otorgado por la ley para resolver el memorial incorporado y que el Juez natural indicó un plazo aproximado para su resolución, que no supera los dos meses, indicando además, los temas priorizados y el turno en que se encuentra el expediente para decisión, por lo que no es procedente por este medio ordenar la alteración de turnos, toda vez que no se observa que el accionante se halle en un estado de debilidad manifiesta que justifique el sacrificio del principio de igualdad de quienes le preceden.

alteración de turnos, toda vez que no se observa que el accionante se halle en un estado de debilidad manifiesta que justifique el sacrificio del principio de igualdad de quienes le preceden.

Ahora bien, como quiera que el actor también elevó pretensiones encaminadas a discutir la legalidad de la notificación, la implementación de las medidas cautela res y los efectos de estas, atacando la legalidad de las mismas , como se dijo en precedencia el accionante elevó peticiones con la misma vocación ante el director de la litis, quien es el juez natural para resolverlas.

Por lo tanto, las actuaciones q ue se señala como vulneradora s, está n en conocimiento del Juez del proceso , por lo que resultaría prematuro emitir algún pronunciamiento al respecto en sede constitucional. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia:Acción de Tutela (Primera Instancia) Radicado Tribunal 2026 00354 00

“Por tal razón, el interesado: (…) debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinación, en atención a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisión que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas válidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocería el carácter residual de esta sen da y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa

de otra manera, desconocería el carácter residual de esta sen da y las normas de orden público, que son de obligatoria aplicación, con la consiguiente alteración de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (negritas adrede, CSJ STC61722015, citada hace po co en STC15866 -2025 y STC4572026, entre otras).”

Bajo tales derroteros, deberá el fallador de instancia emitir el concepto ajustado a derecho y con la autonomía judicial que rige cada actuación, no el juez constitucional, por consiguiente, no es procedente dar cauce a algún debate que concierna a la actuación atacada por la parte actora, por no haberse superado el requisito de subsidiariedad y residualidad, como tampoco hallarse probado perjuicio irremediable alguno que reclame una decisión urgente e impostergable.

Por último, se precisa que alguno de los reproches del señor Jarrison Stik Ávila Campo, si cimentan en la materialización de las medidas previo a la notificación del auto que libró mandamiento de pago, adviértase que la retención del dinero obedece a una medida cautelar reglada por el artículo 599 y subsiguientes del Código General del Proceso, norma que establece que en los procesos ejecutivos “Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado ”, de suerte que no es necesario que se haya notificado al ejecutado para proceder con el decreto de la medida, cautela que en casos como el presente, busca cumplir con objetivos de igualdad procesal, interés superior del menor, primacía del derecho sustancial y efectividad de la administración de justicia.

ejecutado para proceder con el decreto de la medida, cautela que en casos