CSJ - SL2345-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2345-2023 Radicación n.° 94951 Acta 034 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 22 de abril de 2022, en el proceso que instauró en su contra LINA MARÍA ARANGO LÓPEZ.

I. ANTECEDENTES Lina María Arango López demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a partir de la fecha de su última cotización al sistema pensional, esto es marzo de 2011,

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Radicación n.° 94951 en razón a que padecía una enfermedad degenerativa, congénita o crónica, al haber conservado su capacidad laboral residual, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas. Como fundamento de sus pretensiones expuso, básicamente, que entre el 1.° de junio de 1996 y el 31 de enero de 1998 estuvo afiliada al Régimen de Prima Media administrado por el ISS, hoy Colpensiones, y pese a su precario estado de salud, logró cotizar 41,86 semanas para

cubrir el riesgo pensional. Agregó que, con posterioridad, mutó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la demandada, y durante el interregno comprendido entre octubre de 2004 hasta marzo de 2011, cotizó 265,43 semanas. Indicó que logró acumular un total de 307,28 septenarios durante toda su vida laboral. Señaló que, con ocasión a la patología que padece, mediante dictamen adiado a 18 de abril de 2011, le fue determinado el 73.67% de pérdida de la capacidad laboral (PCL), de origen común, y con fecha de estructuración del 1.° de diciembre de 1974. Manifestó que, estando inconforme con dicho resultado, interpuso recurso de apelación; mismo que fue resuelto por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, mediante certificado 36904 del 8 de julio de 2011, a través del cual se confirmó el resultado obtenido inicialmente.

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Radicación n.° 94951 Añadió que, en julio de 2018, solicitó ante la AFP accionada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, quien ordenó adelantar nuevamente el trámite pertinente para determinar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral más reciente, al considerar muy antiguo el proferido en el año 2011. Como consecuencia de lo expuesto, dijo que fue valorada en una segunda oportunidad, por solicitud adelantada ante la pasiva. Que, el 13 de febrero de 2019, le fue notificado un resultado inferior de PCL, esto es, 70.92%,

pero con el tipo de origen y la data de estructuración, similares; pieza documental en la que se indicó, además, que la disminución en su aptitud laboral devino al sufrir un cuadro de poliomielitis que le ocasionó secuelas neurológicas desde 1974. Aunado a lo anterior, precisó que adelantó una nueva petición ante la demandada, tendiente a obtener el reconocimiento de la prestación pensional por invalidez; no obstante, mencionó que la misma fue despachada desfavorablemente al determinarse una fecha de estructuración de la enfermedad anterior a la vinculación con la aludida administradora. Aseveró que estaba inconforme con la justificación brindada por la entidad convocada a la lid, toda vez que para la data en mención tan solo contaba con un (1) año de edad, lo cual imposibilitaba una afiliación al fondo pensional para esa época; y recalcó, que al presentar una enfermedad

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Radicación n.° 94951 «degenerativa, congénita o crónica» debe tenerse en cuenta la última cotización, esto es, marzo de 2011, para efectos de conceder el derecho pensional deprecado. Por tales motivos, puntualizó que el 19 de julio de 2019, presentó una nueva solicitud de reconsideración ante la demandada; siendo despachada, una vez más, en forma desfavorable. Por último, refirió que, el 23 de agosto de 2019, interpuso una acción de tutela pretendiendo el mismo fin, pero que aquella le fue negada por parte de las dos instancias judiciales que reseñó, al considerarse improcedente por

contar con la jurisdicción ordinaria laboral para incoar el reconocimiento de la pluricitada prestación de invalidez. Por su parte, al dar respuesta a la demanda inicial, la enjuiciada se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas. Respecto de los planteamientos fácticos, aceptó los atinentes a la vinculación de la demandante a cada uno de los regímenes que conforman el Sistema General de Pensiones; el número total de semanas cotizadas para cubrir el riesgo pensional; las valoraciones realizadas y el contenido de los dictámenes de PCL; las solicitudes de reconocimiento prestacional elevadas y las respuestas negativas proferidas frente a las mismas; y finalmente, la acción de tutela interpuesta por la actora, junto a su resultado desfavorable. Frente a los demás, expresó que eran apreciaciones personales de la accionante. Precisado lo anterior, alegó que las normas que se debían aplicar en el sub-lite para acceder a la prestación

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Radicación n.° 94951 deprecada, eran los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley 100 de 1993. Último que fue modificado, en principio, por el canon 52 de la Ley 962 de 2005 y, posteriormente, por el 142 del Decreto Ley 019 de 2012; cuyos requisitos, advirtió, no fueron acreditados por la parte actora, toda vez que a la data de estructuración de la invalidez -1.° de diciembre de 1974-, no había reunido las 50 semanas de cotización exigidas por

la norma en mención. Añadió que la demandante no demostró científicamente el deterioro progresivo por su enfermedad, ni la reducción de su capacidad laboral; contrario sensu, advirtió que, pese a su padecimiento, la promotora del juicio logró continuar con sus cotizaciones al sistema pensional y por ello, reprochó la pretensión cardinal de aquella, tendiente al reconocimiento de la pensión de invalidez, a partir de la data en que realizó el último aporte. Como enervantes de mérito, propuso las que denominó, en su tenor literal, inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido; buena fe; falta de cubrimiento por parte del seguro previsional para pagar una pensión de invalidez; sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones en Colombia; firmeza del dictamen de pérdida de capacidad laboral; no existe incumplimiento por parte de Protección SA; improcedencia de los intereses moratorios de la Ley 100 de 1993 y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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Radicación n.° 94951 El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 6 de mayo de 2021, resolvió: PRIMERO: SE DECLARA que la señora LINA MARÍA ARANGO LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía 43.814.939, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de INVALIDEZ, a cargo de la AFP PROTECCIÓN, a partir del 17 de marzo del 2011, fecha de la última cotización al Sistema General de Pensiones.

SEGUNDO: Se CONDENA a la AFP PROTECCIÓN a pagar las

mesadas pensionales a la señora LINA MARÍA ARANGO LÓPEZ, a partir del 1.° de mayo de 2021, en el monto equivalente al SMMLV por cada año, y reconociendo la mesada adicional de diciembre, con los reajustes anuales que ordene el Gobierno Nacional.

TERCERO: En consecuencia, se CONDENA a la AFP PROTECCIÓN a pagar en favor de la señora LINA MARÍA ARANGO, el retroactivo pensional causado desde el 19 de marzo de 2016 hasta el 30 de abril de 2020 (sic), por valor de

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($52.704.855), y se autoriza a la AFP PROTECCIÓN a descontar del valor del retroactivo, los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud.

CUARTO: Se CONDENA a la AFP PROTECCIÓN, a reconocer a favor de la demandante los intereses moratorios causados a partir del 19 de julio de 2019 y hasta la fecha del pago efectivo de la prestación.

QUINTO: Se DECLARA PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la AFP PROTECCIÓN respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 19 de marzo de 2016.

SEXTO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por la AFP PROTECCIÓN, salvo la de prescripción conforme a las razones ya expuestas en la parte motiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación impetrado por la parte vencida, mediante sentencia

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Radicación n.° 94951 del 22 de abril de 2022, confirmó la decisión de primer grado, con las siguientes modificaciones: Al numeral TERCERO, porque el retroactivo pensional causado entre el 1.° de marzo de 2016 y el 30 de abril de 2022 asciende a la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEIS PESOS ($69.886.006). Así, PROTECCIÓN continuará pagando una mesada pensional a partir del 1.° de mayo de 2022 equivalente a UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000), que será reajustada anualmente en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con 14 mesadas al año. Al numeral CUARTO, porque los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, deberán ser pagados a partir del 20 de julio de 2019 y hasta el día anterior en que se realice el pago de lo adeudado. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez pluripersonal estableció como problema jurídico, determinar si en atención al precedente sentado por la Corte Constitucional frente a las enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, era dable conceder la pensión de invalidez a la actora, teniendo en cuenta las semanas de cotización acreditadas con posterioridad a la fecha de estructuración de su padecimiento. Se remitió a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, con su respectiva modificación y adición legal, para resaltar la forma de determinar la condición de invalidez

de un afiliado al Sistema General de Pensiones y a quienes les corresponde realizar la calificación, con base en el Manual Único expedido por el Gobierno Nacional. Aseveró que, por regla general, el reconocimiento de la prestación pensional de invalidez procede ante la existencia

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Radicación n.° 94951 de una reducción de capacidad laboral de -al menosel 50%, como la comprobación de una densidad determinada de semanas cotizadas en un período específico anterior a la fecha de la estructuración. No obstante, advirtió que esta regla cuenta con una excepción de especial relevancia, en casos de padecimiento de enfermedades catalogadas como crónicas, degenerativas o congénitas, sobre las que emerge la posibilidad de que la fecha de estructuración indicada por las entidades calificadoras de pérdida de capacidad, no coincida con aquella a partir de la cual realmente los afiliados se tornan imposibilitados para seguir laborando. Al respecto, trajo a colación las sentencias CSJ SL2332-2021; CSJ SL5576-2021; CSJ SL5695-2021; CSJ SL002-2022 y CSJ SL926-2022, con base en ellas, determinó que es viable incluir los septenarios cotizados con posterioridad de la data de la estructuración de la invalidez. Refirió que su inclusión, solo procede, si estas semanas adicionales son fruto de la capacidad laboral que habilita al afiliado a desempeñar un trabajo y, en consecuencia, a continuar realizando aportes. Aunado a lo anterior, soportó su decisión, de conformidad con el criterio sentado por el máximo órgano de

la jurisdicción constitucional a través de la sentencia CC SU-588-2016, reiterada en los proveídos CC T-470-2020 y CC T-095-2022, para concluir que: […] es necesario contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, pues de lo contrario se impone a la persona una condición

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Radicación n.° 94951 imposible de cumplir, cual es la de exigirle una densidad de cotización en fechas tempranas de su vida o incluso previas a su nacimiento, aunado a que se desconoce que, pese a la condición de discapacidad la persona puede ejercer una profesión u oficio de donde derive recursos económicos que garanticen su subsistencia total o parcial, los que a su vez sirven de sustrato para realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. Así, la corporación creó unas sub reglas que COLPENSIONES o las AFP deben verificar cuando se presentan este tipo de casos, a saber: i) Que la solicitud pensional fue presentada por una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa; ii) que, con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, la persona cuenta con un número importante de semanas cotizadas; y, iii) que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al Sistema.

Con base en la interpretación jurisprudencial reseñada, al descender al caso concreto, estimó: Esta corporación en este caso observa que, si bien en los dictámenes se definió como fecha de estructuración el 1.° de diciembre de 1974, cuando se presentaron las secuelas de la poliomelitis con tan solo 1 año de edad, sin embargo, LINA MARÍA tuvo una capacidad laboral residual que le permitió realizar cotizaciones con diferentes empleadores de manera interrumpida desde junio de 1996 hasta marzo de 2011. Y contrario a los planteamientos de la recurrente, lo que se observa al ponderar el contenido de los dictámenes médicos y la evolución de los síntomas, es que habiéndole sido realizadas cirugías de corrección de pie equino varo y de columna (barras de Harrington) y dada su situación, podía movilizarse con muletas y realizar actividades laborales que le permitieron efectuar aportes al Sistema General de Pensiones en virtud de diversos vínculos laborales. Pero fue el agravamiento de su condición de salud con la aparición de la osteomialgia generalizada, la fibromialgia y la escoliosis crónica lo que impidió que pudiera volver a trabajar, lo que se refleja en la realización de cotizaciones hasta marzo de 2011. Estos aportes se hicieron como resultado de una actividad laboral ejercida con diferentes empleadores, sin que se verifique en manera alguna que se hubiesen realizado con la única finalidad de acreditar las semanas exigidas en el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, para de manera fraudulenta acceder a la pensión de invalidez. Y tampoco se probó en el plenario que,

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Radicación n.° 94951 con posterioridad a dicha data la actora se hubiese vinculado laboralmente de nuevo, como tampoco el ejercicio de alguna actividad productiva. Es el conjunto de consideraciones precedente (sic) el que lleva a la Sala a CONFIRMAR la decisión condenatoria adoptada en primera instancia en relación con la pretensión dirigida al reconocimiento de la pensión de invalidez, al verificarse el cumplimiento de los requisitos por contar con una PCL superior al 50% y porque supera las 50 semanas cotizadas entre marzo de 2009 y marzo de 2011, última cotización realizada por su empleador SUPERPACK SA. (Negrillas dentro del texto original). Superadas las exigencias para la reclamación del derecho y la procedencia de la prestación, el colegiado analizó el fenómeno prescriptivo y liquidó nuevamente el valor del retroactivo pensional, en razón a que, a su juicio, la juez a quo incurrió en un error al momento de efectuar el respectivo cálculo aritmético, e incluyó en su condena el pago de catorce (14) mesadas anuales, al haberse causado el derecho deprecado con antelación al 31 de julio de 2011, descontando además sobre dicho valor, los aportes en salud; determinación que cimentó con base en lo estipulado a través del Acto Legislativo 01 de 2005 y lo esbozado por esta Sala mediante las sentencias CSJ SL1169-2019; CSJ SL10192020 y CSJ SL1982-2020. Con posterioridad, estudió el aspecto relativo al pago de

intereses moratorios y consideró que la demandada tuvo una tardanza, que endilgó como injustificada, en relación con la solicitud de reconocimiento de la prestación de invalidez presentada en varias ocasiones por la demandante, toda vez que la pasiva se limitó a emitir respuestas negativas, bajo el argumento de que esta se trasladó ante dicha AFP,

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Radicación n.° 94951 tan solo en el año 2014, e insistiendo que la data de estructuración se concretó el 1.° de diciembre de 1974; sin efectuar un análisis concienzudo que le permitiera concebir que, para aquella época, la gestora de la lid tendría por lo menos un año de edad, aunado a que se habían acreditado con suficiencia los requisitos para acceder al reconocimiento del derecho pensional repetidamente reclamado. Por consiguiente, confirmó la condena sobre este último punto en particular, pero modificó su fecha de causación, a partir del 20 de julio de 2019, «día siguiente al vencimiento del término con el que contaba la administradora para reconocer el derecho y hasta el día anterior a aquel en que se realice el pago de lo adeudado». Soportó esta decisión en las sentencias CC C-601-2020; CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; CSJ SL10728-2016; CSJ SL1681-2020; CSJ SL3130-2020, junto al artículo 53 de la CP.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Protección SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la AFP recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por la a quo, y en su lugar, se absuelva de todas las pretensiones incoadas en el escrito genitor.

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Radicación n.° 94951 Con tal propósito formula dos cargos, por las causales primera y segunda de casación, respectivamente; reproches que no fueron objeto de réplica y se estudian en ese orden.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de transgredir la ley sustancial, por la senda directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos «28; 39, modificado por el 1.° de la Ley 860 de 2003; 41, modificado por el 142 del Decreto Legislativo 19 de 2012, y 42 de la Ley 100 de 1993; 48 y 53 de la Constitución Política»; lo que condujo a la infracción directa, del canon 3.° del Decreto 917 de 1999.

Sustenta su inconformidad en la conclusión a la que arribó el ad quem, al determinar que, debido al padecimiento de enfermedades crónicas y degenerativas que aquejan a la demandante, la fecha de estructuración de la invalidez es aquella en la que la actora dejó de cotizar al sistema pensional, al imposibilitársele continuar laborando y no la establecida en el dictamen emitido por la IPS Suramericana;

para lo cual se apoya en sentencias de la Corte Constitucional y de esta Sala. Indica que tal interpretación no encuentra asidero en las normas relacionadas en el embate, pues asevera que aquellas disposiciones establecen con claridad que la data de estructuración es la consignada en el dictamen que declaró su estado de invalidez.

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Radicación n.° 94951 Agrega que no existen elementos «en particular, del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1.° de la Ley 860 de 2003», frente a los cuales se pueda concluir, que las semanas se deban contabilizar desde la fecha de pago de la última cotización, o que sea admisible, que las aportadas después de la fecha de estructuración de la invalidez sean tenidas en cuenta para acreditar el derecho pensional. Advierte, además, que el aludido instrumento normativo no contempla algún tratamiento diferencial o excepcional por el tipo de enfermedad que padezca el afiliado. Por consiguiente, aduce que la densidad de cotizaciones se debe aplicar en forma genérica e igualitaria para todos los eventos. De otro lado, reprocha que el Tribunal inobservó lo estipulado en el artículo 3.° del Decreto 917 de 1999, vigente para la data en que cesaron los aportes de la demandante, relativo a la estructuración efectiva del estado de invalidez de la persona afiliada. Al respecto, alega que: La disposición vigente en modo alguno permite que la estructuración del estado de invalidez se produzca en una fecha posterior a aquella en que se dictamina una pérdida de la

capacidad laboral superior al 50%, puesto que se refiere a que esa estructuración puede ser anterior o concomitante con la fecha de la declaratoria, pero en ningún caso posterior a esta. Por otra parte, si bien es cierto que una persona inválida puede quedar con una capacidad laboral residual, ello en modo alguno significa que tal situación le permita acceder a prestaciones causadas con ocasión de su estado de invalidez, pues no resulta lógico que una prestación pueda tener dos momentos de causación diferentes. La interpretación de la que echó mano el fallador pasa por alto que, de la que durante mucho tiempo fue la pacífica jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se puede colegir que las cotizaciones exigidas para acceder a la pensión de invalidez deben estar

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Radicación n.° 94951 sufragadas al momento en el que realmente se invalida el afiliado por perder la capacidad laboral en el porcentaje exigido en la ley, según sea dictaminado por los organismos competentes para ello. Destaca que lo anterior se adoctrinó en la sentencia CSJ SL, 24 de abr. 2012, rad. 37902, de la que transcribe un fragmento. Igualmente recrimina que la infracción directa de la citada norma se configura por el sentenciador de segundo grado al omitir que la data de estructuración debe tener su asidero, bien sea, en la historia y exámenes clínicos junto a la ayuda diagnóstica. En punto al tema, afirma que el Tribunal aplicó su propia valoración médica al calificar la patología de la iniciadora del proceso como una enfermedad

degenerativa, progresiva y crónica; desconociendo algún tipo de apoyo con la experticia técnica, científica o especializada, que deviene necesaria sobre dicho asunto. Circunstancia que, puntualiza, conllevó al colegiado a una «equivocada intelección del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 142 del Decreto 19 de 2012». Por último, señala que para que se financie una pensión es necesario que la persona se encuentre afiliada al fondo pensional y existan cotizaciones, por lo que, si la fecha de estructuración es anterior a ello, no hay como financiarla.

VII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamenta su decisión en lo siguiente:

(i) Conforme a la última valoración realizada por laCompañía

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Radicación n.° 94951 Suramericana de Seguros de Vida SA, la señora Lina María Arango López tiene una pérdida de capacidad laboral del 70,92%, con fecha de estructuración, el 1.° de diciembre de 1974, como consecuencia de la patología de poliomielitis con secuelas de paraplejia en miembros inferiores y paresia en miembro superior izquierdo; (ii) teniendo en cuenta la afección médica de la demandante, evidenciada en su historia clínica y en el dossier de pruebas obrantes en el expediente, establece que es de las denominadas crónicas, congénitas o degenerativas; (iii) de las manifestaciones realizadas por la propia actora y demás probanzas, concluye que las cotizaciones acreditadas por la actora son fruto de su

capacidad laboral residual y por lo tanto, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, le reconoce la prestación a partir de la última cotización efectuada; y finalmente, (iv) que para la data de estructuración la actora no contaba con las 50 semanas de aportes al sistema pensional en los 3 años anteriores -pues tan sólo tendría un año de edad-, razón por la que Protección le negó injustificadamente la pensión de invalidez. La censura radica su inconformidad en que no es dable a los operadores judiciales otorgar la prestación pensional solicitada por la gestora de la lid y, en desconocimiento de la ley, proceder a modificar la fecha a partir de la cual se contabilizan las semanas exigidas. Por lo tanto, alega que a la señora Arango López no le asiste el derecho invocado en el presente asunto.

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Radicación n.° 94951 Así las cosas, el problema jurídico que abordará la Sala consiste en determinar si el ad quem erró al reconocer la prestación pensional de invalidez teniendo en cuenta la capacidad laboral residual de la opositora, desde el punto de vista de las enfermedades crónicas, congénitas y degenerativas, que le permiten cotizar aún después de la fecha de estructuración consignada en el más reciente dictamen de PCL. Sobre el asunto medular que se plantea, a partir de la decisión CSJ SL3275-2019, reiterada, entre otras, en la

CSJ SL4567-2019, CSJ SL4178-2020, CSJ SL4346-2020,

CSJ SL1002-2020, CSJ SL770-2020, CSJ SL198-2021,

la Sala cimentó como criterio que, en aquellas situaciones en las cuales una persona se enfrenta a una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, resulta inadecuado no contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, debido a las condiciones particulares que se presentan en este tipo de afecciones médicas. Por consiguiente, atendiendo al propósito fundamental del sistema de seguridad social y de la prestación por invalidez, que es brindar cobertura cuando la salud del asegurado ya no le permite continuar trabajando, se le debe garantizar al afiliado una calidad de vida óptima con sus propios medios. Lineamiento que tiene su génesis, en consideración a la naturaleza de la prestación, su estrecha relación con el trabajo, la especial protección que corresponde, según el bloque de constitucionalidad; y de esta

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Radicación n.° 94951 manera, ha acogido los criterios expuestos en la sentencia

CC SU-588-2016.

La posición actual de esta corporación plasmada en la sentencia CSJ SL1172-2022, al resolver un asunto de similares contornos, expuso: […] esta Sala de la Corte ha establecido que existen determinadas situaciones en las que hay cotizaciones que resultan válidas y contables más allá de la fecha de estructuración de la invalidez, eventos especiales que deben ser cuidadosamente esclarecidos por el juez, como es el caso de las enfermedades de carácter congénito, crónico o degenerativo o, como también se ha aceptado, las que se derivan de secuelas que con el paso del tiempo afectan la salud en una magnitud más gravosa y posterior

al diagnóstico primigenio del padecimiento, pero que, en uno u otro caso, permiten al afiliado mantener su fuerza de trabajo y, por tanto, continuar laborando y aportando al sistema pensional con el fin de cubrir los riesgos de invalidez, vejez o muerte. Tales presupuestos fueron recientemente recordados por esta Sala en la sentencia CSJ SL5695-2021, en un caso similar, así: Pues bien, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que el derecho a la pensión de invalidez debe analizarse y dirimirse conforme a la norma vigente al momento de la estructuración de tal condición. En esa perspectiva, la disposición que regiría el asunto sería el artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, toda vez que la pérdida de la capacidad laboral del actor superior al 50% se estructuró formalmente a partir del 27 de febrero de 2014. No obstante, en las sentencias CSJ SL3275-2019, CSJ SL39922019 y CSJ SL770-2020, la Corte precisó que en tratándose de afiliados que padecen enfermedades de tipo crónico, congénito o degenerativo, como es el caso del accionante, para contabilizar las semanas es posible tener en cuenta no solo la data formal de estructuración de la invalidez, sino también (i) la de la calificación de dicho estado, (ii) la de la solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada, esto último también (iv) cuando la enfermedad supone la manifestación de secuelas ulteriores -CSJ SL4178-2020. Lo anterior, dado que

estas circunstancias permiten establecer que el afiliado, pese a la declaratoria formal inserta en un dictamen médico científico sobre su condición para trabajar, conservaba una capacidad laboral y por ello es dable fijar una fecha de estructuración de la invalidez diferente. (Delineado, fuera del texto original).

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Radicación n.° 94951 Ahora, elcambio en el punto de partida para calcular el periodo de semanas establecido por el numeral 1.° del artículo 1.° de la Ley 860 de 2003, que modificó el 39 de la Ley 100 de 1993, norma aplicable al asunto, no implica una alteración en la fecha de estructuración de la invalidez, tal como argumenta la parte impugnante. Sobre este aspecto, en la providencia CSJ SL3275-2019, la Corte indicó: […] Ahora bien, en aras de evitar el fraude al Sistema General de Pensiones y, a su vez, garantizar su sostenibilidad fiscal, es necesario, en cada caso, ponderar varias aristas del asunto a dilucidar, tales como el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, entre otras, pues precisamente en razón a que el afiliado puede trabajar y, producto de ello, cotizar al sistema durante el tiempo que su condición se lo permita, es necesario corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de ellos resultantes de una actividad laboral efectivamente ejercida.

Es decir, es necesario examinar si las cotizaciones efectuadas después de la estructuración de la invalidez fueron sufragadas en ejercicio de una real y probada capacidad laboral residual del interesado, y no, que se hicieron con el único fin de defraudar al sistema de seguridad social. Debe advertirse que lo anterior no implica que sea válido alterar la fecha de estructuración de invalidez que hayan definido las autoridades médicas competentes, sin razón justi