CSJ - SL2834-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL2834-2023 Radicación n.° 94654 Acta 40 Bogotá D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por el apoderado de CLAUDIA MARÍA LUNA ARENAS contra la sentencia proferida el 28 de enero de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el curso del proceso ordinario laboral que la recurrente promovió contra la ASOCIACIÓN

SANTANDEREANA PRO-NIÑO RETARDADO MENTAL –

ASOPORMEN.

I. ANTECEDENTES La señora Claudia María Luna Arenas solicitó que se declarara que estuvo vinculada con la institución demandada por medio de un contrato de trabajo a término fijo, entre el 3 de enero de 2014 y el 18 de noviembre de 2016,

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Radicación n.° 94654 y que la terminación de dicho vínculo es ineficaz, por no haber contado con la autorización del Ministerio de Trabajo, pese a que gozaba de estabilidad laboral reforzada, en función de sus condiciones de salud. Como consecuencia de lo anterior, requirió que se dispusiera su reintegro al cargo que desempeñaba en el momento de su desvinculación, a partir del 18 de noviembre de 2016, junto con los aportes al sistema de seguridad social causados, indemnización por perjuicios morales objetivados, salarios, prestaciones sociales, vacaciones y la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de

1997. En subsidio de la pretensión de reintegro, solicitó el pago de la indemnización por despido sin justa causa. Para darle soporte a sus pretensiones, en resumen, expuso los siguientes hechos: (i) Inicialmente, estuvo vinculada con la demandada entre el 20 de mayo de 2002 y el 11 de octubre de 2012, en el cargo de coordinadora general de la IPS, y, con posterioridad, el 3 de enero de 2014 suscribió un contrato de trabajo a término fijo, que fue terminado el 18 de noviembre de 2016. (ii) Desde el año 2012 comenzó a presentar alteraciones del sueño, estrés, trastornos de ansiedad y depresión, por lo que le fue diagnosticado un cuadro de depresión grave,

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Radicación n.° 94654 «trastorno esquisto afectivo» [sic], fibromialgia y osteoartritis lumbar. Por esa razón, inició tratamiento médico y farmacológico, además de que fue incapacitada de manera ininterrumpida desde el mes de noviembre de 2014 hasta marzo de 2017. (iii) Pese a que estaba en periodo de incapacidad, la institución demandada le comunicó la terminación de su contrato de trabajo, por el vencimiento del plazo fijo pactado, a partir del 30 de diciembre de 2015. (iv) La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 51.2%, de origen común, con fecha de estructuración del 4 de enero de 2016, y, como consecuencia, le reconoció pensión de invalidez, cuyo pago efectivo dejó en

suspenso hasta que se allegara una sentencia de interdicción. No obstante, en cumplimiento de una orden de tutela, la incluyó en nómina a partir del 1 de marzo de 2017. (v) Luego de que la institución demandada presentara una solicitud, el Ministerio de Trabajo, a través de la Resolución 000286 del 4 de marzo de 2016, no autorizó la terminación de su contrato de trabajo. Dicho acto administrativo, además, fue confirmado al resolver los recursos de reposición y de apelación oportunamente interpuestos. (vi) Pese a su estado de salud y a las decisiones del Ministerio de Trabajo, le fue terminado su contrato de trabajo

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Radicación n.° 94654 a partir del 18 de noviembre de 2016, por una supuesta «incompatibilidad entre el reconocimiento de la pensión de invalidez y el pago del salario». (vii) Interpuso acción de tutela en contra de la anterior determinación y, en primera instancia, obtuvo una decisión favorable al reintegro, pero dicha resolución fue revocada en el trámite de la segunda instancia. (viii) No fueron cumplidos los procedimientos de reincorporación laboral, una vez terminada la incapacidad, y ha sufrido perjuicios morales y económicos debido a la actuación de la demandada. (PDF, cuaderno principal, f.os 600 a 619). La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda. Admitió como ciertos los hechos alusivos a la existencia de la relación laboral, pero aclaró que se había desarrollado entre el 3 de enero de 2014 y el 18 de noviembre de 2016; que había

solicitado permiso para terminar el vínculo ante el Ministerio de Trabajo, el cual le había sido negado; que a la trabajadora le había sido reconocida la pensión de invalidez; y el contenido de las decisiones emitidas como consecuencia de la acción de tutela interpuesta. Precisó que la trabajadora estuvo en situación de incapacidad durante más de 549 días, y que la relación laboral solo se había terminado efectivamente el 18 de noviembre de 2016, no por la incompatibilidad descrita en la

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Radicación n.° 94654 demanda, sino por la existencia de una «causal objetiva», referida al otorgamiento de la pensión de invalidez. Advirtió que dicha circunstancia se generó con posterioridad a la decisión de Ministerio de Trabajo, y que, por su naturaleza, justificaba la finalización del vínculo sin autorización alguna. Agregó que con anterioridad al 18 de noviembre de 2016 solo se habían notificado preavisos, que nunca se hicieron efectivos, y que siempre estuvo presta a efectuar la reincorporación laboral, pero no fue posible debido a la negativa de la demandante y a su constante estado de incapacidad. Frente a los demás hechos, expresó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones que denominó: «justa causa como causal objetiva de terminación del contrato de trabajo», «ausencia de los presupuestos para ordenar el reintegro de la demandante», «inexistencia de los hechos expuestos en la demanda» y «ausencia de presupuestos para exigir las obligaciones reclamadas» (PDF, cuaderno principal, f.os

638 a 672).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga, al que correspondió el conocimiento del asunto, mediante sentencia emitida en audiencia del 28 de febrero de 2020 (PDF, cuaderno primera instancia, f.os 783 a 785),

resolvió:

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Radicación n.° 94654

PRIMERO: DECLARAR que entre CLAUDIA MARÍA LUNA ARENAS y ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRO – NIÑO RETARDADO MENTAL ASOPORMEN existió un contrato de trabajo a término fijo desde el 03 de enero de 2014 y hasta el 18 de noviembre de 2016 […] SEGUNDO: DECLARAR que [sic] la ineficacia del despido efectuado el 18 de noviembre de 2016, por parte de la

ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRONIÑO RETARDADO

MENTAL ASOPORMEN.

TERCERO: CONDENAR a ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRONIÑO RETARDADO MENTAL ASOPORMEN a reintegrar a CLAUDIA MARÍA LUNA ARENAS, al cargo que ha venido desempeñando teniendo en cuenta las limitaciones físicas que la actora padece y las recomendaciones médico ocupacionales que se le han prescrito y las que se le prescriban.

CUARTO: CONDENAR a la demandada ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRONIÑO RETARDADO MENTAL ASOPORMEN a pagar a favor de la demandante por concepto de INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR DESPIDO EN ESTADO DE LIMITACIÓN FÍSICA, la suma de $15.615.600.oo, conforme a

las consideraciones hechas.

QUINTO: CONDENAR a la demandada ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRONIÑO RETARDADO MENTAL ASOPORMEN a pagar a favor de la demandante por concepto de SALARIOS causados desde la fecha de terminación del contrato hasta el día 28 de febrero de 2020, hoy, la suma de $104.104.000.oo, sin perjuicio de los que se sigan causando de conformidad con las consideraciones que se han dejado hechas.

SEXTO: CONDENAR a la demandada ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRONIÑO RETARDADO MENTAL ASOPORMEN a pagar a favor de la demandante por concepto de PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES causados desde la terminación del contrato de trabajo hasta el día de hoy 28 de febrero de 2020, la suma de $22.272.539.92, sin perjuicio de los que se sigan causando, conforme a lo ya dicho en la parte motiva.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada ASOCIACIÓN SANTANDEREANA PRONIÑO RETARDADO MENTAL ASOPORMEN de las restantes pretensiones incoadas.

[…]

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Radicación n.° 94654

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de decisión del 28 de enero de 2022, revocó los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, absolvió a la institución demandada de las pretensiones formuladas en su

contra. En el marco de su decisión, el Tribunal estimó que el problema jurídico que debía acometer estaba circunscrito a determinar «[…] si la demandante es objeto de la estabilidad laboral de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, por tanto, si procede o no el reintegro a un cargo acorde con sus condiciones de salud a pesar del reconocimiento de la pensión de invalidez». Recordó, asimismo, que su labor estaba delimitada por los puntos de inconformidad incluidos en el recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y que, hasta ese instante procesal, no eran materia de discusión los siguientes presupuestos: i) Entre las partes se había desarrollado un contrato de trabajo a término fijo entre el 3 de enero de 2014 y el 18 de noviembre de 2016, en ejercicio del cual el 23 de noviembre

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Radicación n.° 94654 de 2015 le fue notificada a la trabajadora la terminación del vínculo, por el vencimiento del plazo pactado. ii) Al mismo tiempo, la demandada solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para proceder al despido, por haberse superado el plazo de 180 días de incapacidad, sin que existieran puestos de trabajo acordes con las capacidades de la servidora. Dicha autorización fue negada mediante Resolución n.° 000286 del 4 de marzo de 2016, y confirmada por Resoluciones n.os 000655 y 001527 de 2016.

1. La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones le dictaminó a la demandante una pérdida de la capacidad laboral igual a 51.2%, con fecha de estructuración del 4 de enero de 2016, por «trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo», y le reconoció pensión de invalidez a través de la Resolución n.º 182971 de 21 de junio de 2016, cuya inclusión en nómina realizó posteriormente, como consecuencia de una orden de tutela que le fue impartida. iv) El 27 de julio de 2016 la empresa le notificó nuevamente a la trabajadora la terminación del contrato de trabajo, a partir del 18 de noviembre de 2016, esta vez con fundamento en la justa causa de despido establecida en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta el reconocimiento de la pensión de invalidez.

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Radicación n.° 94654 v) La demandante presentó acción de tutela con miras a obtener su reintegro, pero le fue negado, de manera que el juez constitucional tan solo ordenó la inclusión en nómina de la pensión. Establecido lo anterior, el Tribunal indicó que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 limitaba la facultad del empleador de dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores que sufrieran una «limitación», además de que, a partir de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-531/2000, en estos casos carecía de todo efecto el despido o la desvinculación llevada a cabo sin

autorización del Ministerio de Trabajo. Agregó que la aplicación de la referida garantía suponía el cumplimiento de ciertas pautas ligadas al principio de buena fe, como que el empleador conociera el estado de discapacidad del trabajador en el momento de la terminación del vínculo, pues lo que se regulaba en la norma era la finalización del contrato «por razón de la limitación», de forma que era preciso el «reconocimiento de la deficiencia física y/o mental alegada». De otro lado, citó el artículo 1 del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, así como el artículo 2 de la Ley 1618 de 2013, en cuanto a la definición de las personas con discapacidad, y advirtió que, de conformidad con la posición asumida por esta Corporación en sentencias como la CSJ SL5168-2017, no era cualquier limitación o discapacidad la que activaba la protección, sino

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Radicación n.° 94654 solo aquellas superiores a 15%, es decir «limitaciones moderadas, severas o profundas», aparte de que, de acuerdo con la sentencia CSJ SL1360-2018, la autorización del Ministerio de Trabajo se imponía: […] cuando la discapacidad del trabajador sea un obstáculo insuperable para laborar, es decir, cuando el contrato de trabajo pierda su razón de ser por imposibilidad de prestar el servicio, caso en el cual el funcionario del ente Ministerial debe validar que el empleador haya agotado diligentemente las etapas de rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral de los trabajadores con discapacidad. La omisión de esta

obligación implica la ineficacia del despido, más el pago de los salarios, prestaciones y sanciones atrás transcritas. Añadió que, en virtud de lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL1735-2021, si bien era preferible contar en estos casos con una calificación técnica, tal elemento no era obligatorio y, en ese sentido, teniendo en cuenta los principios de libertad probatoria y libre formación del convencimiento, la limitación se podía inferir del estado de salud del trabajador, siempre que fuera notoria, evidente y perceptible, además de precedida de elementos que permitieran constatar la necesidad de la protección. En paralelo con lo anterior, acudió a las sentencias de la Corte Constitucional CC T-519-2003 y CC SU-049-2017, de donde resaltó que el amparo a la estabilidad requería de la prueba de que la terminación del contrato se hubiera debido a la condición particular del trabajador, es decir, que existiera un nexo causal entre debilidad manifiesta y desvinculación laboral, aparte de que no era necesaria una limitación moderada, severa o profunda, ni un determinado porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, pues lo

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Radicación n.° 94654 trascendente era que el estado de salud impidiera o dificultara el desempeño de las labores en condiciones regulares. A partir de todo lo anterior, infirió que los presupuestos de la protección a la estabilidad laboral derivada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 eran los siguientes: […] i) debe padecer una limitación de salud, ya sea física o mental; ii) dicha limitación de salud debe ser notoria, evidente y

perceptible y, además, impedirle o dificultarle sustancialmente el desarrollo de sus funciones en condiciones regulares; iii) el empleador debe conocer el estado de salud del trabajador y; iv) la terminación del contrato de trabajo debe darse con ocasión y causa de esa limitación a la salud, es decir, debe existir nexo causal entre la afectación de salud del trabajador y la decisión del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo. Aplicadas esas pautas a este caso concreto, encontró que: […] se configuran tres de los cuatro presupuestos en referencia, pues; primero, la promotora de la acción fue diagnosticada con trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo; segundo, dicha afección de salud era notoria y le impedía sustancialmente el desempeño de sus labores, al punto que estuvo incapacitada por más de 180 días continuos; tercero, la demandada conocía del estado de salud de su trabajadora, ya que incluso solicitó al Ministerio del Trabajo la autorización para despedirla argumentando que no contaba con un puesto de trabajo acorde con las condiciones de la actora. No obstante, frente al cuarto presupuesto, este no se configura como quiera que no existe nexo causal entre el estado de salud de la trabajadora y la decisión de la empresa de dar por terminado su contrato de trabajo, en razón a que, con el reconocimiento de la pensión de invalidez, se materializó una de las justas causas establecidas por la ley que facultaba al empleador para terminar el contrato de trabajo de forma unilateral sin necesidad de una previa autorización de la autoridad administrativa del trabajo. Agregó que la sentencia de esta Corporación CSJ SL1360-2018 había determinado que la protección a la

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Radicación n.° 94654 estabilidad no era óbice para que el empleador despidiera al trabajador con discapacidad, por una justa causa, caso en el cual este último podía acudir a la justicia y probar «[…] su estado de discapacidad para beneficiarse de la presunción de discriminación, lo que de contera implica que el empresario tendrá el deber de acreditar en el juicio la ocurrencia de la justa causa. De no hacerlo, el despido se reputará ineficaz». Se remitió entonces al numeral 14, literal A), del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que contempla como justa causa «el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa», y advirtió que dicha disposición había sido declarada exequible por la Corte Constitucional, a través de la sentencia CC C1443-2000, en el entendido de que el servidor tenía derecho a hacer uso de la potestad prevista en el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, norma a su vez modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, y declarada exequible mediante sentencia CC C-1037-2003, además de que se debía notificar y realizar la inclusión en nómina de pensionados. Aludió también al Decreto 2245 de 2012, que impone a la respectiva AFP el deber de informar al empleador el reconocimiento de la pensión, para que, a su vez, precise la fecha a partir de la cual se verificará el retiro del trabajador, de manera que se pueda coordinar ese momento con la

inclusión en nómina.

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Radicación n.° 94654 Destacó que, en este caso, Colpensiones había notificado a la demandada el reconocimiento de la pensión de invalidez y esta, como consecuencia, estaba en la posibilidad de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, de manera que no era posible: […] predicar que la terminación del contrato de trabajo, el 18 de noviembre de 2016, tuvo como génesis el estado de salud de la trabajadora, pues por esa razón la demandada pretendió despedir a la promotora de la acción el 30 de diciembre de 2015 y para ello solicitó la respectiva autorización al Ministerio de Trabajo, pero ante la negativa del ente ministerial, la empresa se abstuvo de terminar el contrato de trabajo, lo que no era óbice para que posteriormente, ante la configuración de la justa causa consagrada en el numeral 14 del artículo 62 del CST, procediera a dar por finalizado de forma unilateral el vínculo laboral, razón por la cual no es posible predicar que la pasiva incumplió lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues conforme lo adoctrinado por la jurisprudencia especializada laboral, dicha norma no consagra la prohibición de terminar el contrato de trabajo de un empleado en condición de discapacidad por las justas causas contempladas en la ley, sino que lo que sanciona el referido artículo es que el despido esté precedido de un criterio discriminatorio, lo cual, conforme lo probado dentro del proceso, no ocurrió en este caso (CSJ SL2814-2018). Con fundamento en lo anterior, concluyó que no estaba

demostrado el nexo causal entre el despido y el estado de salud de la trabajadora, de manera que no era posible activar a su favor la protección y disponer su reintegro, con las demás acreencias que de allí se derivaban. Finalmente, precisó que si bien la demandada no había dado estricto cumplimiento al Decreto 2245 de 2012, pues no había esperado la inclusión en nómina de la pensión, dicha omisión no implicaba que se tuvieran que aplicar los efectos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 o que desapareciera la justa causa, ya que la ineficacia solo se

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Radicación n.° 94654 predicaba del despido injustificado de un trabajador amparado con estabilidad laboral reforzada y no simplemente del incumplimiento del trámite dispuesto en el mencionado decreto. Repitió que no era posible confundir la ilegalidad del despido por no cumplir el trámite de inclusión en nómina, con la existencia de la justa causa, como lo había señalado esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 14 nov. 2012, rad. 37823, de manera tal que, en últimas, la justeza del despido se mantenía incólume y, con ello, la improcedencia del reintegro suplicado en la demanda.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta

Corporación.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente persigue que la Corte case parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal y que, en sede de

instancia, confirme íntegramente la decisión emitida por el juzgador de primer grado o, en su defecto, conceda las pretensiones subsidiarias. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron oportunamente replicados y que pasan al examen de la Sala.

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VI. CARGO PRIMERO Se formula de la siguiente forma: Acuso la sentencia impugnada por la causal primera por la vía directa, por violación sustancial de la ley, en la modalidad de infracción directa del artículo 2º de la Ley 153 de 1887, artículo 33 de la Ley 361 de 1997, artículo 27 de la Ley 1346 de 2009, en concordancia con los artículos 13, 47, 53 y 54 de la Constitución Política. Conllevando a la aplicación indebida del artículo 62 del CST numeral 14.

En desarrollo de la acusación, el censor advierte que el artículo 33 de la Ley 361 de 1997 establece la compatibilidad de la pensión de invalidez con el salario, y arguye que dicha norma debe interpretarse en armonía con las disposiciones que salvaguardan la dignidad de las personas con discapacidad, siendo deber del Estado promover el ejercicio del derecho al trabajo. Aduce que el Tribunal se remitió a una sentencia de la Corte Constitucional para reivindicar la protección de las personas en condiciones de discapacidad en el ámbito laboral, pero luego la negó en este caso, por el hecho de ser la demandante pensionada por invalidez, tras lo que soslayó

que «percibir pensión por invalidez no es óbice para que una persona continúe laborando y percibiendo un salario», más cuando no está acreditada la incompatibilidad de la patología de la trabajadora con las funciones que desempeñaba. Indica también que el Tribunal ignoró el artículo 27 de la Ley 1346 de 2009, que establece la obligación del Estado

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Radicación n.° 94654 y la sociedad de mantener el empleo de las personas con discapacidad, aparte de que prevé una protección especial para que la persona que ve mermada su capacidad laboral en desarrollo de un contrato, pueda conservarlo e, inclusive, acceda a programas de rehabilitación vocacional y profesional. Explica, por otra parte, que el juzgador de segundo grado pasó por alto que las normas especiales y posteriores se aplican de preferencia sobre las normas anteriores y generales, lo que permitía entender que el literal 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo no podía aplicarse de manera automática y mecánica. Finalmente, expone que, si el Tribunal hubiera tenido en cuenta el artículo 33 de la Ley 361 de 1997, así como el artículo 27 de la Ley 1346 de 2009, habría concluido que el reconocimiento de la pensión de invalidez no le impedía a la demandante continuar laborando y no le daba vía libre a su empleador para terminar su contrato de trabajo, más cuando dicha medida no había sido autorizada por el Ministerio de Trabajo.

VII. RÉPLICA Alega que en este cargo el censor denuncia la aplicación indebida del numeral 14 del artículo 62 del Código

Sustantivo del Trabajo, mientras que en el segundo acusa la interpretación errónea de la misma norma, lo que supone

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Radicación n.° 94654 una mezcla indebida de imputaciones, contraria a las reglas del recurso de casación. Por otra parte, subraya que el Tribunal nunca razonó de la forma que señala la censura, es decir, que la pensión y el salario eran incompatibles, pues lo único que concluyó fue que si bien la trabajadora cumplía con algunos de los supuestos para ser beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, en todo caso la terminación de su contrato no había tenido como fundamento su condición de discapacidad, sino la existencia de una causal objetiva. Aduce también que la acusación no tiene coherencia, en tanto no acredita que el fallador hubiera entendido rectamente la norma, pero que la hubiera aplicado a un supuesto no previsto en ella.

VIII. CARGO SEGUNDO Se estructura de la siguiente forma: Acuso la sentencia impugnada por la causal primera por la vía directa, por ser violatoria de la ley sustancial, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 26 de Ley 361 de 1997, en concordancia con los artículos 13, 47, 53 y 54 de la Constitución Política. Conllevando a la aplicación indebida del artículo 62 numeral 14 del CST.

En la demostración del cargo, el censor expone que el Tribunal le dio un alcance equivocado al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en cuanto estaba claro que la invalidez de la trabajadora se produjo como consecuencia de su condición

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Radicación n.° 94654 de salud, de manera que sí había un nexo causal entre ese supuesto y la terminación de la relación laboral. Añade que en este caso existe un agravante, porque la institución demandada se dedica a la rehabilitación de personas con deficiencias cognitivas, de manera que tenía una mayor carga argumentativa para justificar el trato dado a la demandante, por sus deficiencias mentales adquiridas en ejecución del contrato de trabajo. Insiste en que concebir que el otorgamiento de la pensión de invalidez desvirtúa el nexo causal es incurrir en una indebida intelección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que, agrega, persigue una protección real de las personas con discapacidad, orientada a permitir que sus capacidades sean puestas al servicio de la sociedad, en cumplimiento de la función social y el principio de solidaridad de los empleadores, como se reconoce en la Convención de las personas en condición de discapacidad adoptada por la ONU y la «Convención Interamericana adoptada por la OEA». Dice, finalmente, que un escenario diferente sería el del reconocimiento de la pensión de vejez, que sí podría ser asumida como una situación sin nexo causal.

IX. RÉPLICA Reitera en que el reconocimiento de la pensión fue el que motivó la terminación del contrato de trabajo, de manera

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Radicación n.° 94654 que no hubo acto discriminatorio, y arguye que, si el Tribunal hubiera errado en su disertación, como lo alega la censura, también sería equivocada la propia norma, que prevé como

justa causa de despido ese supuesto. Señala también que es un error denunciar la interpretación errónea por aplicación indebida de la norma.

X. CARGO TERCERO Se enuncia de la siguiente forma: Acuso la sentencia impugnada por la causal segunda por la vía indirecta, por ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 2º de la Ley 153 de 1887, artículo 26, 33 de la Ley 361 de 1997; artículo 27 de la Ley 1346 de 2009, la causal 14 del artículo 62 del CST, y el artículo 3º del Decreto 2245 de 2012, por el cual se reglamenta el inciso primero del parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, en concordancia con los artículos 13, 47, 53 y 54 de la Constitución Política de Colombia. Esta violación indirecta considero se originó por la apreciación errónea de prueba calificada en Casación, esto es, la comunicación de Asopormen, fechada el 18 de noviembre de 2016, obrante a folio 53, por los siguientes y evidentes errores de hecho.

1. No dar por demostrado estándolo que la terminación del contrato realizada por Asociación Santandereana Pro-Niño Retardado Mental – Asopormen, a Claudia María Luna Arenas, fue única y exclusivamente en razón a su condición de salud.

2. Dar por demostrado sin estarlo que se configuró una justa causa para la terminación del contrato de trabajo de Claudia

María Luna Arenas. En desarrollo de la acusación, el censor se remite a la

comunicación dirigida a la demandante el 18 de noviembre de 2016, y alega que el Tribunal la apreció de manera errónea, en la medida en que desconoció la presunción del

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Radicación n.° 94654 artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al sostener que en este caso no estaba demostrado el nexo causal, cuando era claro que la trabajadora gozaba de estabilidad laboral reforzada y su despido se produjo debido a sus condiciones de salud, de las cuales, a su vez, se originó la pensión de invalidez. Indica que, si el Tribunal hubiera valorado adecuadamente la carta de terminación del contrato de trabajo, habría visto que la demandada conocía plenamente el estado de salud de la trabajadora e intentó despedirla, pese a que sus condiciones de salud no le impedían continuar con las funciones inherentes a su cargo. Explica también que el numeral 14, literal A), del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo fue aplicado indebidamente, pues fue leído por el juzgador de segundo grado de manera exegética, sin tener en cuenta las condiciones del caso particular, del que se podía extraer que la pensión no era incompatible con el salario y no era posible desconocer el fuero de la trabajadora, más cuando la prestación de invalidez no había sido otorgada para noviembre de 2016. Por último, aduce que la mencionada apreciación errónea condujo al Tribunal a no declarar la ineficacia del despido y a descartar prosperidad de la pretensión subsidiaria, relacionada con la indemnización por despido sin justa causa.

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XI. RÉPLICA Afirma que, contrario a lo