CSJ - SL859-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL859-2023 Radicación n.° 92069 Acta 013 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, contra la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de febrero de 2021, en el proceso que instauró JOSÉ FRANCISCO OROZCO VARGAS en su contra y en la del

MUNICIPIO DE SALAMINA, la EMPRESA DE ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALAMINA ESP EN

LIQUIDACIÓN y la ADMINISTRADORA PÚBLICA

COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL

RIO, EMPORIO ESP.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 92069 José Francisco Orozco Vargas llamó a juicio al Municipio De Salamina, Magdalena a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Salamina ESP en liquidación y a la administradora pública cooperativa empresa de servicios públicos del río, Emporio Esp., con el fin de que, conforme se presentó cada una de las relaciones laborales surtidas, trasladaran los aportes en pensión y rendimientos no girados en oportunidad a su cuenta de ahorro individual en la AFP Protección SA con la respectiva indexación; así como a que a dicha administradora, se le

ordenara realizar la liquidación de los referidos ítems junto con la de los rendimientos financieros dejados de obtener «si hubiesen sido pagados en la fecha en que se causaron»; a que reciba la totalidad de los mencionados aportes para que depositados en la CAI, «proceda a realizar el reconocimiento del beneficio económico de pensión del demandante, conforme a las condiciones del actor». Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que hasta la presentación de la demanda y desde el 4 de agosto de 1992, de forma ininterrumpida, prestó sus servicios como operador de motobomba al Municipio de Salamina, Magdalena; la Empresa Acueducto Alcantarillado y Aseo Salamina y, la Administradora Pública Cooperativa Empresa de Servicios Públicos del Río —Emporio ESP.—, una luego de la otra, devengando un salario mínimo legal. Informó que el 5 de enero de 2015, alcanzó los 72 años de edad y aunque lleva más de 22 en la misma labor y de haber cumplido el tiempo para su retiro no se ha podido

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Radicación n.° 92069 desvincular para gozar de la prestación pretendida, habida cuenta de que no tiene los aportes requeridos a pensión, los cuales le fueron descontados en cada periodo por el correspondiente empleador, contando actualmente con afiliación activa en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la AFP Protección SA. Precisó que los aportes correspondientes a pensión desde su vinculación laboral el 4 de agosto de 1992 fueron realizados por el Municipio de Salamina, mientras los surgidos desde septiembre de 1996 hasta julio de 2000, a la

AFP Horizonte SA y desde agosto de 2000 hasta la presentación de la acción, Protección SA. Relató que solicitada a esta última el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la misma fue negada bajo el argumento de que no contaba con el saldo necesario para acceder a la prestación, por mora en los aportes. En tal virtud, requirió a la Alcaldía de Salamina y a Emporio ESP con el fin de que le fueran certificados los periodos laborados con los aportes realizados, quienes, al contestar, le informaron incluso de los no pagados y le entregaron copias de las comunicaciones dirigidas a dicho fondo de pensiones, en aras de que se liquidaran los que estaban en mora. Informó que Protección SA al generar la historia laboral describió los pagos recibidos por parte de las empleadoras y de Horizonte SA con las moras en que incurrió cada una,

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Radicación n.° 92069 siendo en su mayoría extemporáneos, de lo que denuncia se desprende que tampoco se adelantaron por la primera, las acciones de recaudo de que trata el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. Finalmente, adujo que, requeridos sus empleadores para el reconocimiento de la pensión, le remitieron para que reclamara el derecho ante la administradora también demandada. Respecto de las otras dos accionadas se tuvo por no contestada la demanda, una por guardar silencio y la otra por su respuesta extemporánea. La Administradora Pública Cooperativa Empresa de Servicios Públicos del Río ESP, Emporio ESP., aceptó como cierto lo referente a la relación laboral con el actor y la

consignación de los aportes y manifestó que no le constaban los demás porque versaban sobre terceros; se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Por su parte, Protección SA, aceptó lo certificado por la entidad y la falta de capital en la cuenta de ahorro individual para obtener la prestación perseguida, negó el que se hubiera omitido realizar las acciones de cobro por los aportes en mora e indicó que no le constaba los demás. De igual manera, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que denominó inexistencia de los

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Radicación n.° 92069 presupuestos legales para exigirle el reconocimiento de la pensión de vejez y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 28 de mayo de 2019, resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada MUNICIPIO DE SALAMINA al reconocimiento y pago de los aportes a pensión, a través de la constitución de un bono pensional, que comprenda las semanas laboradas por el actora (sic) y dejadas de cancelar por la empresa demandada, a favor de JOSE (sic) FRANCISCO OROZCO VARGAS y a órdenes de PROTECCION S. A., previa liquidación de este FONDO DE PENSIONES y sin perjuicio de los intereses por mora que debe cancelar, en los periodos de: 01-12-93 a 28-12-93

Septiembre 95 Enero de 1996 a agosto de 1996

Febrero 98

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALAMINA, al reconocimiento y pago de los aportes a pensión, a través de la constitución de un bono pensional, que comprenda las semanas laboradas por el actor y dejadas de cancelar por la empresa demandada, a favor de JOSE (sic) FRANCISCO OROZCO VARGAS y a órdenes de PROTECCION S.A (sic), previa liquidación de este FONDO DE PENSIONES y sin perjuicio de los intereses por mora que debe cancelar, en los periodos de: Enero a mayo/2000

Agosto de 2000 Marzo/2001 Mayo/2002 a dic/2002 Abril/2003 Agosto/2003 Julio/2004 a dic/2004 Año 2005 Año 2006 Enero/2007 a febrero/2007

TERCERO: DECLARAR que el señor JOSE (sic) FRANCISCO

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Radicación n.° 92069 OROZCO VARGAS con las semanas dejadas de pagar por sus empleadores MUNICIPIO DE SALAMINA y EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SALAMINA, sumadas a las 999 semanas que reconoce Protección, acredita más de 1150 semanas para tener derecho a la garantía de pensión mínima de vejez conforme al artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: ORDENAR a PROTECCION (sic) S.A. (sic) al reconocimiento y pago de la garantía de pensión mínima en favor

de al (sic) señor JOSE (sic) FRANCISCO OROZCO VARGAS, en cuantía de 1 smlmv desde el 16 de julio de 2018.

QUINTO: CONDENAR a PROTECCION (sic) S.A. (sic) a pagar a favor de JOSE (sic) FRANCISCO OROZCO VARGAS la suma de $8.390.537, por concepto de retroactivo de las mesadas causadas desde el 16 de julio de 2018 y hasta el 30 de abril de 2019, sin perjuicio de los que siga causando hasta el momento de su pago efectivo.

[…]

SEPTIMO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL RIO EMPORIO (sic) de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver los recursos de apelación presentados por ambos extremos procesales, mediante fallo del 26 de febrero de 2021, revocó el numeral sexto de la sentencia objeto de impugnación «para en su lugar disponer que la fijación de agencias en derecho en primera instancia se haga por auto separado”, confirmando los demás acápites de la decisión.

En lo que interesa al recurso extraordinario, dada la alzada interpuesta por la pasiva con relación a los numerales 3, 4 y 5 de la decisión primigenia en los que se declaró la

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Radicación n.° 92069 titularidad del derecho pensional en cabeza del actor, así

como se dio por consolidado el mismo al reunir 1150 semanas dentro de las cuales se tuvieron en cuenta los aportes en mora que las empleadoras en su momento no efectuaron, fijó como problema jurídico determinar «si se encuentran satisfechos los requisitos legales para que el demandante pueda acceder a la pensión de vejez que reclama, en caso afirmativo establecer si es procedente el reconocimiento del retroactivo pensional». Como fundamento de su decisión, luego de convocar el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, de traer a colación la sentencia CSJ SL1168-2019 y de analizar el caudal probatorio, i) recordó que «la contabilización de los aportes o semanas a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, debe hacerse sobre 30 días el mes y de 360 días el año», conforme a los precedentes dictados por la Corte Constitucional en decisión CC T-248-2008 y el Consejo de Estado «expediente 12503, providencia del 4 de marzo de 1999 proferida por la Sección Segunda». Acto seguido, estableció que la sumatoria de los septenarios descartados por Protección SA ante la mora patronal o falta de afiliación, ascendían a 265,37, por lo que reportadas en la historia laboral 1046, arrojaban un total de 1312,09 semanas, lo que le llevó a concluir que el derecho a percibir la pensión de vejez por garantía mínima que se reclama, y que fue concedida por el a quo bajo el amparo del 65 de la Ley 100 de 1993, le asistía, aspectos suficientes que

le sirvieron para confirmar la decisión.

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Radicación n.° 92069

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se le absuelva de la totalidad de pretensiones.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales se resuelven de manera conjunta dado que comparten sustento y normas atacadas y persiguen el mismo fin, reproches que son objeto de oposición por José Francisco Orozco Vargas.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia por la vía directa, la interpretación errónea de los artículos 22 y 24 de la Ley 100 de 1993, «lo que trajo como consecuencia la infracción directa» del 48 de la Constitución Política; 17 de la evocada ley; 3 del Decreto 2280 de 1994, 39 y 53 del Decreto 1406 de 1999, «todo lo cual llevó a aplicar indebidamente los artículos 60, 64 y 65 de la Ley 100 de

1993». Indica que ello ocurrió por cuanto el colegiado dio validez a «unas cotizaciones en mora, que aún no han sido

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Radicación n.° 92069 pagadas», al considerar que era la obligada a reconocer la pensión mínima de vejez en favor del afiliado cuando de las

normas que tuvo en cuenta para su decisión, no se desprende que «las administradoras de pensiones deben otorgar las prestaciones así los empleadores se encuentren en mora en el pago de las cotizaciones», comoquiera que aunque reconoce las AFP cuentan con mecanismos para ejercer el cobro de aquellos, a su entender no significa que deban asumir la responsabilidad de los empleadores morosos. Afirma que, al ser el Sistema de Seguridad Social de naturaleza contributiva, los obligados a responder por los aportes son «los partícipes en una relación laboral o por quien devengue ingresos de su actividad laboral como trabajador independiente», sin determinarse a partir del artículo 22 de la Ley 100 de 1993 que, las administradoras de fondo de pensiones «deban hacerse cargo de las prestaciones que otorga el Sistema General de Pensiones en el evento de mora de los empleadores en el pago de los aportes a ese sistema». Insiste en que, conforme a la jurisprudencia de la corporación, entre ellas las sentencias CSJ SL, 30 ag 2000, Rad. 13.818 y CSJ SL, 11 jun 2006, Rad. 25.996, se implementaban como sanciones al empleador por la ausencia de pago de los aportes en pensiones, asumir «el pago de las cotizaciones y los intereses moratorios, así como las consecuencias penales de la conducta patronal», lo que en consecuencia generaba la responsabilidad del empleador en reconocer y pagar las mesadas pensionales a lugar.

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Radicación n.° 92069 Expresa que, «Como el cargo no desconoce que el criterio

jurídico utilizado por el Tribunal tiene respaldo en la jurisprudencia vigente de la Sala, comedidamente se solicita un replanteamiento de ella, para que se regrese a los que habían sido sus discernimientos sobre esta temática», puesto que el no hacerlo implica la transgresión del principio de sostenibilidad financiera y de paso, la aplicación indebida de las normas que regulan la pensión de vejez. Finalmente expone que para la decisión no se tuvo en cuenta lo expuesto en los artículos 17 de la Ley 100 de 1993, 3 del Decreto 2280 de 1994 y de los preceptos 39 y 53 del Decreto 1406 de 1999, normas que, junto a las indebidamente aplicadas, habrían llevado a que el colegiado concluyera la falta de requisitos para reconocer la pensión de vejez.

VII. CARGO SEGUNDO En el presente embate denuncia por la vía directa la interpretación errónea de los artículos 64, 65 y 84 de la Ley 100 de 1993, y la infracción directa del 4, 7 y 9 del Decreto 832 de 1996; 2 del Decreto 142 de 2006 y 60 de la Ley 100 de 1993.

Para el efecto, luego de aceptar que el demandante acredita la cotización de más de 1150 semanas en pensión, discute es la imposición que se le efectuó de otorgar en favor de su afiliado la asignación mínima de vejez en los términos del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, cuando aquella

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Radicación n.° 92069 corresponde a «un subsidio estatal» el cual debe ser

garantizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin el que pueda reconocer como se pretende, la evocada pensión. Expone a partir de la alocución del juez plural en la que se determinó que el actor cuenta con «1312,09» semanas en total, las cuales comprenden 265,37 constituidas en mora patronal o por falta de afiliación —que Protección SA no reconoció — y 1046,72 válidamente reportadas en el informe historia laboral, que se incurre en varias confusiones interpretativas por el fallador, habida cuenta de que, como señaló para el primer reproche lo previsto en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 no es una modalidad pensional sino un beneficio estatal, por lo que el cumplimiento de los requisitos para disfrutar aquel, no da lugar al reconocimiento de la prestación pretendida, el cual además debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, trae a colación el contenido de las normas en comento para el cargo, así como de la sentencia CSJ SL4252-2021 en la que se acotó: “Reconocimiento y pago de la garantía En palabras del artículo 65 del estatuto de la seguridad social, para el reconocimiento de la garantía se debe acreditar el cumplimiento de: i) la edad, ii) las semanas mínimas de aportes, y iii) la insuficiencia del capital para financiar con la CAI la pensión de vejez. No sobra señalar que de conformidad con el artículo 9º del Decreto 832 de 1996, la determinación de este saldo, deberá ser efectuado por la administradora con sujeción a

los cálculos que mediante resolución establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que, con sustento en el decreto antes referido, claramente incluye la cuantía del bono pensional.

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Radicación n.° 92069 […] En ese horizonte, una vez comprobada la existencia de los supuestos señalados, corresponde a la AFP elevar la solicitud de reconocimiento ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene la responsabilidad de comprobar la suficiencia o no del capital a efectos de que, como entidad gubernamental habilitada (Artículo 4o del Decreto 833 de 1996 y Artículo 11 Decreto 4712 de 2008), determine si otorga y paga o no el subsidio estatal. Así las cosas, corresponde a la OBP, establecer si entre el monto acumulado en la CAI y el saldo mínimo de pensión, incluyendo el valor del bono pensional, existe diferencia, para que proceda la garantía de pensión mínima (Cálculo para la Garantía). Ciertamente, en aquellos casos en que exista el derecho a bono pensional, pueden darse situaciones en donde, verbi gracia, la fecha de redención de aquel sea posterior a las edades en que se acceda a la garantía, como en el caso de las mujeres, cuya fecha de acceso a la garantía es a los 57 años y la redención se da hasta los 60, pero el Decreto 142 de 2008, artículo 3º, introdujo la garantía temporal de pensión mínima, con el fin de que se reconozca el subsidio hasta la fecha de redención del bono, el

cual se pagará descontando el valor cancelado, precisamente por la dicha garantía temporal. Verificada la procedencia o no del subsidio por OBP, la administradora deberá, en caso de que no se cumpla con los requisitos de procedencia de la misma, devolver los saldos de la CAI, conforme al artículo 66 de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de que el afiliado opte por seguir cotizando; en caso contrario, esto es, que la OBP emita resolución de reconocimiento de la garantía, la administradora queda obligada a efectuar el reconocimiento de la pensión vitalicia de vejez en cuantía de salario mínimo y en la modalidad de retiro programado”. A partir de lo anterior, insiste en que el juez plural incurrió en las equivocaciones jurídicas que acota y reconoce un derecho «a pesar de que no se cumplen las exigencias legales para su causación».

VIII. RÉPLICA José Francisco Orozco Vargas, aduce que la impugnación propuesta carece de fundamentos fácticos o

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Radicación n.° 92069 jurídicos que aniquilen la decisión del colegiado, comoquiera que de la literalidad de los artículos 22 y 24 de la Ley 100 de 1993 no se desprende el traslado de la obligación de la mora del empleador ni de la negligencia por la omisión en el cobro de los aportes, de la administradora del fondo pensional al afiliado como pretende hacer ver la casacionista, aspecto que incluso fue aclarado en sentencia CC T-617-2016 al indicar que: «No es admisible que la entidad administradora de

pensiones alegue a su favor su propia negligencia en la implementación de las acciones de cobro», lo cual se complementó en decisión CC T-502-2020 en la que entre otros aspectos, se puntualizó: Por lo tanto, se considera que el empleador al no afiliar o incumplir con el pago de las respectivas cotizaciones desconoce su obligación legal y reglamentaria, al igual que vulnera el derecho fundamental a la seguridad social del trabajador, el cual no puede verse afectado por una obligación que incumple quien lo contrata, máxime cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, conforme con lo dispuesto antes en el Acuerdo 049 de 1990 y luego en la Ley 100 de 1993, pueden iniciar el cobro ejecutivo por los incumplimientos legales en los que incurran los empleadores, como por ejemplo ante la omisión en la afiliación y/o la omisión en el pago de aportes a la seguridad social de sus trabajadores, lo cual está regulado como una obligación general de los empleadores. Por lo tanto, la omisión en la afiliación y la falta de pago de las cotizaciones, como el incumplimiento a todas las obligaciones contempladas en la legislación, por parte del empleador no puede ser imputable al trabajador, ni puede generar consecuencias negativas poniendo en peligro el derecho a la vida digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social, máxime cuando tal aspecto no le puede ser imputable. En consecuencia, aduce que los fallos proferidos en el asunto fueron en derecho, sin encontrar asidero jurídico lo afirmado por la recurrente, cuando «está claro que es su obligación adelantar la gestión de cobro y el Estado le ha dado

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Radicación n.° 92069 las herramientas para hacerlo, el empleador moroso informo (sic) a la AFP la mora y su interés en hacer el pago y aun así no realizo gestión alguna para recuperar los aportes adeudados». En cuanto al segundo embate, refiere que el casacionista reincide en efectuar «una apreciación subjetiva con la que pretende hacer incurrir en error a esta alta Corte a desconocer el ordenamiento jurídico aplicable al caso en concreto», toda vez que no se censura que el afiliado cotizó 1150 semanas ni que alcanzó alcanzado el requisito de la edad, por lo que se dan los presupuestos necesarios para la pretensión pensional, los que incluso fueron reseñados en sentencia CSJ SL2512-2021, ya que además de los ya mencionados, tampoco «[…] cuenta con suficiencia de capital para financiar la CAI». Ahora bien, con relación al presunto desconocimiento del fallador de instancia en cuanto a los requisitos previos para acceder a la garantía de la pensión mínima, aclara que: […] el señor José Francisco solicito (sic) el reconocimiento de la pensión a la AFP en 2015 (i), la AFP le informo (sic) que el saldo de CAI era inferior al requerido para la pensión mínima (ii) y la AFP realizo para llegar a este punto del proceso el calculo (sic) actuarial de la pensión mínima del demandante frente a la expectativa de vida y por ultimo (sic) el tramite (sic)ante el Ministerio de Hacienda es un tramite (sic)administrativo de competencia exclusiva de la AFP. Por dichas razones, sostiene que no es posible la

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Radicación n.° 92069 prosperidad de los ataques, en el entendido que no le corresponde «cargar el peso de la desidia del empleador, de la negligencia del AFP y la carga de los tramites exclusivos del fondo de pensiones», así como el hecho de que el fallo sea adverso a los intereses de la recurrente, tampoco configura una violación de la norma sustancial o hace carecer de validez a la decisión confutada.

IX. CONSIDERACIONES El Tribunal en relación con lo discutido en la sede casacional, fundamenta su decisión en que al contabilizar los aportes pensionales en mora por los empleadores y que descartó la AFP Protección SA, a partir de lo expuesto en las sendas certificaciones y de la historia laboral allegadas al plenario, ascendían a 265,37, por lo que sumadas estas a las 1046 previamente reconocidas por el Fondo, arrojaban un total de 1312,09 semanas, lo que permitía concluir que el derecho a percibir la pensión de vejez por garantía mínima que se reclama, y que fue concedida por el a quo bajo el amparo del 65 de la Ley 100 de 1993, le asiste al afiliado.

La censura radica en que se accedió a reconocer la pensión de vejez sin el lleno de los requisitos legales para ello, imponiendo en cabeza de la administradora de fondos de pensión la obligación de asumir cotizaciones de las cuales no recibió aporte alguno, imputándole responsabilidad por no ejercer las acciones de cobro respecto de los mismos, así como de conceder el derecho cuando no se ha realizado la

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Radicación n.° 92069 aprobación de la garantía mínima por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, el señor Orozco Vargas como opositor, arguye que, el reconocimiento pensional con la garantía mínima se dio en derecho, toda vez que le correspondía a Protección SA realizar las acciones de cobro por aportes en mora que no efectuó oportunamente, así como se acreditó en el asunto el cumplimiento de la edad, la cotización de 1150 semanas en pensión ante dicha AFP y la falta de capital para financiar la cuenta de ahorro individual –CAI-. Así las cosas, debe resaltarse que, en vista de que ambos reproches se perfilaron por la vía directa, se encuentra sin discusión que el afiliado cotizó «1150» semanas en el RAIS administrado por la recurrente; que los septenarios desconocidos por la administradora corresponden a aportes en mora del empleador y que en la decisión se ordenó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Salamina, así como al Municipio de Salamina en calidad de ex empleadoras del afiliado, la «constitución de un bono pensional, que comprenda las semanas laboradas por el actor y dejadas de cancelar por la empresa demandada, a favor de JOSE (sic) FRANCISCO OROZCO VARGAS y a órdenes de PROTECCION S.A, previa liquidación de este FONDO DE PENSIONES», lo cual no fue objeto de censura por dichas empleadoras, así como también, el que cumplida la edad el afiliado aún no se desvincula de su labor por cuanto no

cuenta con capital suficiente para la prestación en la cuenta de ahorro individual.

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Radicación n.° 92069 En dicho escenario, corresponde a la Sala determinar si erró el colegiado al confirmar la decisión de primer grado, en cuanto avaló el reconocimiento de la garantía de pensión mínima de vejez sin autorización del ente gubernamental designado por la ley para tal efecto y sin el recaudo de los aportes no efectuados por los empleadores, ante la presunta responsabilidad de la AFP por no haber realizado las gestiones de cobro en relación a los que se encuentran en mora, imponiendo el pago directo de la pensión y beneficio a la última. Valga entonces traer a colación la sentencia CSJ SL4320-2022 en que la Corte al resolver asunto de similares contornos, reiteró: Sea esta la oportunidad para insistir en que es palmario que la obligación de las administradoras de fondos de pensiones es de medio y no de resultado; no obstante, su deber de diligencia, conforme al diseño normativo como se anotó, es superlativo, al punto de responder aun por culpa leve; y es precisamente dicho estándar lo que lleva a que la falta de diligencia imponga en su cabeza la consecuencia de su conducta, al estar reglada su actuación y el salirse de los parámetros en ella establecidos, comporta la consecuencia que la misma norma estatuye. Es menester que todas las administradoras de pensiones que integran el sistema pensional adecuen sus procedimientos al marco normativo ajustando su gestión a los plazos de la ley y si bien el trámite de la garantía de pensión mínima implica que el

bono pensional se encuentre emitido, si evidencia la causación de ese derecho, debe requerir al ente gubernamental para su reconocimiento. Dicho en otras palabras, corresponde a la administradora adelantar, de manera inmediata, ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de reconocimiento del subsidio estatal al que La Nación está obligada y, se reitera, la inminencia del actuar diligente de todas las administradoras de pensiones del sistema pensional ante las solicitudes de sus afiliados, cumpliendo los términos, estándares y procedimientos que la regulación les impone y, ante el incumplimiento de los obligados en la conformación de la

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Radicación n.° 92069 historia laboral, pago de aportes y demás obligaciones que surgen para el sistema, debe acudir a todos los medios y herramientas que el marco normativo les otorga para compelir al incumplido. En ese sendero, no erró el ad quem cuando al constatar el incumplimiento de los deberes que la ley ha impuesto a la recurrente, optó por ordenarle el pago de la pensión provisional a favor del accionante. Asimismo, en decisión CSJ SL2512-2021, frente a la pensión de vejez y el beneficio en comentó, la corporación precisó:

1. La pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAISProcedencia Nadie discute que, en Colombia, con la entrada en vigor del estatuto pensional en el año 1994, el legislador creó la coexistencia de dos regímenes pensionales (Prima Media con

Prestación DefinidaRPMy Ahorro Individual con SolidaridadRAIS) excluyentes y de estirpe diferente, lo que, sin hesitación ninguna, conlleva a que el acceso a los servicios y prestaciones, entre otros, estriben en el régimen escogido por el afiliado. En esa dirección, en el RPM, la pensión de vejez dependerá del cumplimiento de las condiciones de edad y tiempo de servicios o cotizaciones (artículo 33 Ley 100 de 1993), sin tener relevancia cuánto dinero aportó el afiliado; mientras que, en el RAIS, en primera medida el reconocimiento si obedecerá al capital acumulado en la cuenta de ahorro individual. Nótese que, a voces del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, es requisito esencial para acceder a la prestación, tratándose de la contingencia de vejez, que el afiliado posea en su Cuenta de Ahorro Individual -CAIun capital que efectivamente le permita obtener una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente, palmario está, en armonía con lo dispuesto en el artículo 35 del mismo estatuto, concerniente a la pensión mínima. Aquí, juzga conveniente la Corte precisar que la determinación del capital necesario o saldo mínimo de pensión para acceder a la prestación de vejez, debe hacerse con estricto seguimiento de las normas que consagran cómo hacer este cálculo, incluyendo las variables a tenerse en cuenta, por ejemplo, las tablas de mortalidad, la existencia de beneficiarios del afiliado y su expectativa de vida. Esto para significar que no existe un monto preestablecido y que dependerá, en cada caso particular, de las

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Radicación n.° 92069 condiciones personales y familiares del solicitante para encontrar cuál es el monto requerido para el acceso a la prestación. Financiación El artículo 68 de la Ley 100 de 1993 instituye que esta pensión se financia con «los recursos de las cuentas de ahorro pensional, con el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos correspondientes para la garantía de pensión mínima». Así que, la CAI está conformada por los aportes obligatorios, voluntarios y sus rendimientos y, como lo