CSJ - STP12092-2023

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente STP12092-2023 Radicación n° 133484 Acta 197. Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023). ASUNTO Decide la Sala la impugnación presentada por María Elena Orozco de Zuluaga, a través de apoderado judicial, contra el fallo proferido el 30 de agosto de 20231, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela interpuesta para el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, «confianza legítima [y] seguridad jurídica», presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Al trámite se vincularon el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y 1 La impugnación fue concedida mediante auto de 20 de septiembre de este año. El asunto fue enviado por la Sala de Casación Laboral a la Secretaría de la Sala de Casación Penal el 26 de septiembre. Al día siguiente se llevó a cabo el reparto y la asignación de la tutela, en sede de segunda instancia.Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con el radicado

número 17001-31-05-001-2020-00454-00.

ANTECEDENTES

I. HECHOS Y FUNDAMENTOS Los sucesos que motivaron la solicitud de amparo constitucional y las pretensiones de la parte demandante fueron reseñados por la Sala de Casación Laboral, de la forma como sigue: El promotor instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, «confianza legítima [y] seguridad jurídica» , presuntamente vulnerados por la autoridad convocada.

En lo que interesa al presente trámite, la accionante relató que adelantó proceso ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión de vejez, para lo cual pidió que se aplicara el 90% del IBL, teniendo en cuenta las cotizaciones a pensión del sector público. Manifestó que el asunto le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, autoridad que, luego del trámite de rigor, mediante providencia de 8 de septiembre de 2022 desestimó las pretensiones de la demanda. Narró que a su favor se surtió el grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, corporación que, en sentencia de 24 de abril de 2023, confirmó la de primer grado tras considerar que, comoquiera que la demandante no estaba afiliada al ISS a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, es

corporación que, en sentencia de 24 de abril de 2023, confirmó la de primer grado tras considerar que, comoquiera que la demandante no estaba afiliada al ISS a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, es decir, al 30 de junio de 1995, no le era aplicable el régimen de transición señalado en el Acuerdo 049 de 1990; luego, no era posible acceder a la tasa de reemplazo del 90% pretendida. Censuró esta última determinación pues, en su sentir, el ad quem incurrió en un defecto fáctico al valorar indebidamente las pruebas obrantes en el plenario, pues no analizó el reporte de semanas cotizadas en pensiones ni la Resolución n.º 7084 de 5 de octubre de 2008, de donde se extraía que la fecha de afiliación al sistema correspondió al 9 de septiembre de 1994. Así mismo, sostuvo que «[…] las fechas en que se efectuaron aportes directamente al ISS no era un requisito establecido por la jurisprudencia para el reconocimiento de las pretensiones del proceso ordinario ni prueba 2Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga de ninguna manera la afiliación o no al ISS». De ahí, aseguró que la magistratura accionada confundió la fecha de afiliación con la fecha de la primera cotización al sistema. Manifestó que agotó todos los recursos que tenía a su alcance y que el único mecanismo que le queda es la acción de tutela. Por tales motivos acudió al presente mecanismo para que se protejan sus

primera cotización al sistema. Manifestó que agotó todos los recursos que tenía a su alcance y que el único mecanismo que le queda es la acción de tutela. Por tales motivos acudió al presente mecanismo para que se protejan sus derechos fundamentales. Con tal fin, solicitó dejar sin efecto la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales profirió el 24 de abril de 2023 y, en su lugar, se acceda a sus súplicas. DEL FALLO RECURRIDO La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia proferida el 30 de agosto de 2023, declaró improcedente el amparo deprecado, luego de considerar que no se satisfacía el presupuesto de la subsidiariedad. Indicó que la accionante pretende que se revoque la providencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 24 de abril de 2023, mediante la cual confirmó el fallo de primer grado, que negó las pretensiones de la demanda. El a quo consideró que la actora no promovió el medio judicial que tenía a su alcance para cuestionar dicha decisión, en tanto no interpuso el recurso extraordinario de casación, ni señaló las razones que la motivaron para abstenerse de incoarlo. Reiteró que, como lo ha sostenido en otras oportunidades la misma Sala, el fundamento para la concesión del recurso extraordinario “se determina respecto [de] las pretensiones que le fueron desfavorables al recurrente hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia y tratándose de pensiones o reajuste de las mismas -como en este asunto-,

determina respecto [de] las pretensiones que le fueron desfavorables al recurrente hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia y tratándose de pensiones o reajuste de las mismas -como en este asunto-, adicionalmente [se examina] la incidencia futura, tomando como 3Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga referente la vida probable o esperanza de vida del interesado, en este caso de María Elena Orozco de Zuluaga”. Adicionalmente, indicó que el juez natural está llamado a realizar las operaciones aritméticas necesarias con el fin de verificar si existe o no cuantía para recurrir. De lo cual, infirió que la tutelante no empleó el mencionado recurso por su propia incuria. Finalmente, señaló que no se acreditó la existencia de un perjuicio grave, inminente o irremediable, que amenace o vulnere los derechos de la accionante al punto que permita flexibilizar la exigencia de este requisito. DE LA IMPUGNACIÓN Fue promovida por el apoderado de la actora, quien manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, pues, - en su entenderel recurso extraordinario de casación no resulta procedente, dado que éste no está habilitado como una tercera instancia. Aunado a ello, expresó que no se satisfacía el requisito del interés económico para recurrir. Al respecto, señaló que, es a la parte interesada – a quien en primera medida– le corresponde evaluar si se cumple éste requisito y, posteriormente, el Juez evalúa tal presupuesto. Por tal razón, cuestionó el

Al respecto, señaló que, es a la parte interesada – a quien en primera medida– le corresponde evaluar si se cumple éste requisito y, posteriormente, el Juez evalúa tal presupuesto. Por tal razón, cuestionó el fallo de primera instancia, pues, consideró que al exigírsele interponer un recurso que no resultaba procedente, deviene en un requisito adicional inexistente de la acción de tutela contra providencia judicial. Además, para soportar su tesis, indicó que la estimación razonada de la cuantía estaba calculada en veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 4Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga Cuestionó que, en la sentencia, el a quo no efectuara una liquidación que permitiera dar por satisfecho el interés económico para recurrir, al punto que, simplemente presumió que se contaba con éste y, a partir de allí, sustentó la decisión de declaratoria de improcedencia. En tal sentido, adujo que no se puede exigir el agotamiento de un mecanismo que es improcedente y solicitó decidir de fondo este trámite constitucional. CONSIDERACIONES De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 333 de 2021, que modificó el Decreto 1069 de 2015, en concordancia con el canon 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia , es competente esta Sala para conocer la impugnación contra la providencia emitida por la homóloga de Casación Laboral. En el asunto bajo estudio, el problema jurídico se contrae a resolver

canon 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia , es competente esta Sala para conocer la impugnación contra la providencia emitida por la homóloga de Casación Laboral. En el asunto bajo estudio, el problema jurídico se contrae a resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial de la accionante, María Elena Orozco de Zuluaga, contra el fallo proferido el 30 de agosto de 2023, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual declaró improcedente el amparo de las garantías al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, así como de las que denominó «confianza legítima [y] seguridad jurídica» , presuntamente vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. La parte actora aduce que la autoridad judicial accionada al emitir la sentencia cuestionada incurrió en la indebida valoración de la prueba 5Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga documental que evidencia que la afiliación al Instituto de los Seguros Sociales ocurrió el 9 de septiembre de 1994. De acuerdo con lo anterior, pidió que se amparen sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la Sala Laboral del Tribunal demandado que emita una nueva decisión en la que, a partir de lo concluido con la valoración de las pruebas, tenga en cuenta el tiempo público y privado, y reliquide la pensión de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014 y por la Sala de Casación

con la valoración de las pruebas, tenga en cuenta el tiempo público y privado, y reliquide la pensión de conformidad con lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014 y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia SL1947-2020. La Sala de primera instancia resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela porque no se satisface el requisito de la subsidiariedad, en la medida que la parte actora no interpuso el recurso extraordinario de casación. Por su parte, la accionante expresó su inconformidad con dicha decisión, en tanto, tal recurso no resultaba procedente dado que no le asistía el interés jurídico para recurrir, pues la estimación razonada de la cuantía de la demanda ordinaria la fijó en un monto superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. También, cuestionó que el a quo no aportara el cálculo –en la providencia– que le permitiera inferir que sí se satisfacía tal presupuesto. En tal sentido, solicitó que se estudie el caso de fondo y se acceda a sus pretensiones. Para abordar el caso objeto de examen, en primer lugar, le corresponde a la Sala explicar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial y, en segundo término, abordar el asunto 6Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga puesto en consideración por parte de María Elena Orozco de Zuluaga, a través de su apoderado judicial. i) La procedencia excepcional de la acción de tutela contra

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga puesto en consideración por parte de María Elena Orozco de Zuluaga, a través de su apoderado judicial. i) La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial Al respecto, corresponde señalar que, de acuerdo con lo indicado por la Corte Constitucional (sentencia C-590 del 8 de junio de 2005 y luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, entre otras), la acción de tutela tiene un carácter estrictamente subsidiario y, como tal, no constituye un medio alternativo para impugnar o censurar las determinaciones dentro de un proceso judicial o administrativo. Excepcionalmente, esta herramienta puede ejercerse para la protección de derechos fundamentales que resultan violados cuando se actúa y resuelve de manera arbitraria o caprichosa; o en aquellos eventos en los cuales las providencias son expedidas fuera del ámbito funcional, en forma contraria a la ley; esto es, cuando se configuran las llamadas causales específicas de procedibilidad, o en el supuesto que el mecanismo pertinente, previamente instituido, sea claramente ineficaz, evento en el que procede como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. La Corte Suprema de Justicia, en línea con la Corte Constitucional, ha señalado que la tutela tiene un carácter estrictamente subsidiario y, como tal, no constituye un medio alternativo para atacar, impugnar o censurar las decisiones expedidas dentro de un proceso judicial o administrativo. 7Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

censurar las decisiones expedidas dentro de un proceso judicial o administrativo. 7Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga De igual modo, el Alto Tribunal Constitucional ha reiterado que, a fin de garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, la tutela contra providencias se erige como un recurso excepcional que procede en los casos en los que se presente violación flagrante y grosera a la Constitución por parte del funcionario judicial y se cumplan los requisitos generales de procedencia y los específicos de procedibilidad, que implican una carga para el actor en su planteamiento y demostración, como lo ha expuesto dicha Corporación. Así, la Corte Constitucional ha condicionado la procedencia del mecanismo de amparo al hecho que concurran unos requisitos de procedencia genéricos, que habilitan la interposición de la demanda, esto con la finalidad de evitar que se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada; y, otros requisitos de procedibilidad específicos, relacionados con los defectos2. Corresponden al primer grupo los siguientes requisitos: i) que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un

hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; iv) que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentenci a; v) que la parte actora identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos vulnerados; y, vi) que no se trate de sentencia de tutela. 2 Ver sentencias C-590 de 2005 y T-865 de 2006. 8Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga Mientras que son requisitos específicos: el defecto orgánico; procedimental absoluto; fáctico; material o sustantivo; error inducido o por consecuencia; que la decisión cuestionada carezca de motivación; el desconocimiento del precedente; y, vulneración directa de la Constitución. ii) El caso concreto En relación con los requisitos genéricos de procedencia de la acción de tutela se evidencia que el asunto puesto en consideración de la Sala: i) Resulta de evidente relevancia constitucional en tanto se pretende el amparo de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica, presuntamente vulnerados con ocasión de una decisión judicial. ii) Se cumple con el requisito de inmediatez, en la medida que la decisión que se discute se emitió el 24 de abril de este año y la tutela se presentó el pasado 18 de agosto, es decir que, se acudió a este mecanismo dentro de un término oportuno.

decisión que se discute se emitió el 24 de abril de este año y la tutela se presentó el pasado 18 de agosto, es decir que, se acudió a este mecanismo dentro de un término oportuno. iii) No se alega una irregularidad procesal; iv) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos vulnerados; y, v) no se cuestiona una sentencia de tutela. No obstante, contrario a lo afirmado por el juez de primera instancia, iv) también se encuentra satisfecho el requisito de la subsidiariedad, que implica haber agotado los medios de defensa dispuestos por el ordenamiento jurídico. 9Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga Así, el presupuesto de la subsidiariedad supone que los conflictos jurídicos deben ser, en principio, definidos por el juez natural, a través de las vías ordinarias y extraordinarias, y sólo ante la ausencia de tales mecanismos o cuando estos no resultan ser idóneos, la acción de tutela resulta procedente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A su vez, el carácter residual de la tutela impone al interesado desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los recursos de defensa ofrecidos por el ordenamiento jurídico, en aras de obtener la protección de sus garantías constitucionales. Tal imperativo pone de relieve que, para acudir a este mecanismo constitucional, el tutelante debe haber obrado con diligencia, en tanto la falta injustificada de agotamiento de los medios judiciales deviene en la

Tal imperativo pone de relieve que, para acudir a este mecanismo constitucional, el tutelante debe haber obrado con diligencia, en tanto la falta injustificada de agotamiento de los medios judiciales deviene en la improcedencia de la acción de tutela. En el caso sub examine , es claro que la parte actora cuestiona la sentencia emitida el 24 de abril del año en curso, mediante la cual, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó el fallo proferido el 8 de septiembre de 2022, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, que declaró probada la excepción de “cobro de lo no debido – intereses moratorios” y absolvió a la demandada de las pretensiones. El a quo consideró que la tutela era improcedente, por cuanto la accionante no interpuso el recurso extraordinario de casación, ni adujo razones válidas para no emplearlo. Concluyó que la demandante se abstuvo de recurrir por su propia incuria, en tanto, señaló, que “el llamado a realizar las operaciones aritméticas necesarias con el fin de verificar 10Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga si existe o no cuantía para recurrir es el juez natural (CSJ STL123402022, CSJ STL13145-2022, CSJ STL15630-2022 y CSJ STL7228-2023)”. Por su lado, la parte actora adujo que no era dable exigir el agotamiento del recurso extraordinario de casación, en la medida que no

Por su lado, la parte actora adujo que no era dable exigir el agotamiento del recurso extraordinario de casación, en la medida que no resultaba procedente ya que no se cumplía con el requisito del interés económico para recurrir. Y, señaló que no se le puede imponer un presupuesto adicional a la acción de tutela contra providencia judicial, en punto a requerir la interposición de un recurso improcedente. Al respecto, el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social -modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001-, establece que el recurso extraordinario de casación procede en los asuntos cuya cuantía supere los ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así: ARTÍCULO 86. SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente. El valor del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023 está estimado en un millón ciento sesenta mil pesos $1.160.000. Este valor multiplicado por ciento veinte (120) da como resultado la suma de ciento treinta y nueve millones doscientos mil pesos ($139.200.000), lo cual significa que la parte actora debía superar este monto para que le asistiera el interés económico para recurrir en sede de casación. La tutelante en su escrito de impugnación manifestó su

significa que la parte actora debía superar este monto para que le asistiera el interés económico para recurrir en sede de casación. La tutelante en su escrito de impugnación manifestó su inconformidad respecto de la sentencia de primera instancia, en tanto concluyó que debía agotar este recurso, pero no incluyó ningún cálculo 11Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga que permitiera fundamentar que sí se contaba con el interés económico exigido por norma precitada. Sobre el particular, la Sala evidencia que en la sentencia de tutela de primera instancia –en efectono consta un análisis cuantitativo que le permitiera al a quo inferir que la accionante sí cumplía con tal requisito. Sin embargo, se observa que la postura de la Sala de Casación Laboral predica que la interesada debía interponer el recurso de casación, en tanto, el llamado a efectuar “las operaciones aritméticas necesarias con el fin de verificar” el cumplimiento o no del requisito del interés jurídico para recurrir es el juez natural. Aunado a ello, la homóloga Sala Laboral reiteró como sustento de su tesis que “la viabilidad en la concesión y admisión del recurso extraordinario, se determina respecto [de] las pretensiones que le fueron desfavorables al recurrente hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia y tratándose de pensiones o reajuste de las mismas -como en este asunto-, adicionalmente [se examina] la incidencia futura, tomando como referente la vida probable o esperanza de vida del interesado, en este caso

instancia y tratándose de pensiones o reajuste de las mismas -como en este asunto-, adicionalmente [se examina] la incidencia futura, tomando como referente la vida probable o esperanza de vida del interesado, en este caso de María Elena Orozco de Zuluaga. Teniendo en cuenta este criterio, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de constatar que se cumpla el presupuesto del interés económico para recurrir por la accionante. Para tal efecto, se tomarán, en primer lugar, el monto de las pretensiones negadas3. En segundo término, el retroactivo causado. Y, la 3 Las pretensiones de la demandante en el proceso ordinario fueron las siguientes: “PRIMERA. Solicito señor Juez se declare que la señora MARIA ELENA OROZCO de ZULUAGA tiene pleno derecho a que COLPENSIONES, le reliquide la pensión de vejez, teniendo en cuenta el artículo 12 del decreto 758 de 1990, acuerdo 049 del mismo año, con el 12Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga liquidación de los intereses moratorios (los cuales se calcularán multiplicando la suma acumulada por año –sobre la cual existe diferencia – por el número de días transcurridos y por la tasa del interés moratorio diario4). Así mismo, la Sala tendrá en cuenta los valores presentados en la demanda ordinaria en relación con la mesada y la propuesta de reajuste del IBL al 90% (en el periodo 2016-20205). Las demás sumas serán indexadas

diario4). Así mismo, la Sala tendrá en cuenta los valores presentados en la demanda ordinaria en relación con la mesada y la propuesta de reajuste del IBL al 90% (en el periodo 2016-20205). Las demás sumas serán indexadas de conformidad con el IPC (2021-2023). También, se calcularán los intereses moratorios –los cuales fueron objeto de solicitud en las pretensiones, pero de los cuales no se aportó una relación cuantitativa ni en el proceso ordinario, ni en el trámite de tutela–. En la tabla que sigue se aprecia el cálculo efectuado: 90% del IBL de los últimos 10 años, y teniendoe en cuenta los factores salariales del decreto 1158 de 1994, conforme a los establecido por el artículo 53 de la Constitución Política en aplicación del principio de favorabilidad, así como del artículo 13 de la Constitución Política y de lo preceptuado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014 y por la Corte suprema Sala laboral en sentencia SL1947-2020. SEGUNDA. Solicito señor Juez se condene a COLPENSIONES a reliquidar y pagar a favor de mi representada, la totalidad de las diferencias entre lo que se le ha venido pagando, a partir del 11/08/2016 hasta el momento de inclusión en nómina, teniendo en cuenta una mesada para el año 2020 por valor de $1.398.267 o la cifra que resulte probada. TERCERA. Solicito señor Juez se condene al pago de los intereses moratorios de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, correspondiente a la diferencia de los valores reconocidos.

TERCERA. Solicito señor Juez se condene al pago de los intereses moratorios de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, correspondiente a la diferencia de los valores reconocidos.

SUBSIDIRIA DE LA ANTERIOR : Se ordené el pago debidamente indexado de las sumas ordenadas cancelar.

CUARTA. Solicito señor Juez se condene en costas y agencias en derecho a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, en caso de que se oponga a las pretensiones”. 4 El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 establece que esos intereses se calculan con «la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago ». Cfr. CSJ SL5541-2019, SL1402020, SL4165-2020 y SL4299-2022.5 Valores que, de igual modo, fueron contrastados con la realidad probatoria. Indexación de las mesadas pensionales 21/02/2016 a 24/04/2023

DESDE HASTA MESADAS VALOR

MESADA

VALOR

REAJUSTADO

AL 90% IBL

IPC

VALOR DE

LA

DIFERENCIA

ACUMULAD

O POR AÑO

DE

DIFERENCIA

DÍAS

TRANSCURRIDOS

INTERESES

MORATORIOS

(Tasa mora diaria = 0,0871944%) 21/02/201 6 31/12/2016 12,3 $ 988.045,00 $ 1.186.064,05 5,75% $ 198.019,05 $ 2.435.634,32 2583 $ 5.485.611,97

13Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga Tabla No. 1. Liquidación de las mesadas pensionales, reajuste e intereses moratorios para el periodo 2016-2023 De acuerdo con lo anterior se evidencia que la suma reclamada con ocasión del reajuste pensional por el periodo demandado calculado hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia corresponde a la suma de veintidós millones setecientos cuarenta y un mil ciento dieciséis pesos ($22.741.116,95). Por su parte, los intereses moratorios ascienden a la suma de cincuenta y un millones doscientos dieciocho mil doscientos cincuenta y seis pesos ($51.218.256, 57). La suma de estos dos valores equivale a setenta y tres millones novecientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta y tres pesos ($73.959.373,51). A este valor debe sumarse el estimado de la incidencia futura. Al respecto, encuentra la Sala que el reconocimiento pensional a favor de María Elena Orozco de Zuluaga ocurrió a partir del 11 de febrero de 2009, cuando la actora alcanzó el requisito de los cincuenta y cinco (55) años de edad. En la actualidad, la demandante tiene sesenta y nueve (69) años. En Colombia la expectativa de vida promedio para las mujeres está estimada en ochenta (80) años (DANE, 2022 6). Esto quiere decir, que se debe calcular el valor del reajuste por cerca de once (11) años adicionales. 6 Tomado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/informes-estadisticasdebe calcular el valor del reajuste por cerca de once (11) años adicionales. 6 Tomado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/informes-estadisticassociodemograficas/2022-06-17-Anos_de_Esperanza_Vida_Perdidos_2019.pdf 1/01/2017 31/12/2017 14 $ 1.044.857,59 $ 1.254.262,74 4,09% $ 209.405,15 $ 2.931.672,10 2583 $ 6.602.803,82 1/01/2018 31/12/2018 14 $ 1.087.592,26 $ 1.305.562,08 3,18% $ 217.969,82 $ 3.051.577,48 2583 $ 6.872.858,47 1/01/2019 31/12/2019 14 $ 1.122.177,70 $ 1.347.078,96 3,80% $ 224.901,26 $ 3.148.617,64 2583 $ 7.091.415,36 1/01/2020 31/12/2020 14 $ 1.164.820,45 $ 1.398.267,96 1,61% $ 233.447,51 $ 3.268.265,14 2583 $ 7.360.889,21 1/01/2021 31/12/2021 14 $ 1.183.574,06 $ 1.420.780,07 5,62% $ 237.206,01 $ 3.320.884,14 2583 $ 7.479.399,38

1/01/2022 31/12/2022 14 $ 1.250.090,92 $ 1.500.627,91 13,12% $ 250.536,99 $ 3.507.517,86 2583 $ 7.899.741,69 1/01/2023 24/04/2023 3,8 $ 1.414.102,85 $ 1.697.510,29 5,38% $ 283.407,44 $ 1.076.948,27 2583 $ 2.425.536,66 $ 1.854.893,23 $ 22.741.116,95 $ 51.218.256,57 14Tutela de 2ª instancia nº 133484

CUI: 11001020500020230126701

María Elena Orozco de Zuluaga En la tabla No. 2 se aprecian los aspectos 7 que se deben tener en cuenta al momento de efectuar el cálculo de la incidencia futura: ASPECTOS PARA ESTABLECER LA INCIDENCIA FUTURA DE LA DIFERENCIA PENSIONAL – Según expectativa de vida del recurrente VALOR Fecha de nacimiento de la accionante 11 de febrero de 1954 Fecha del fallo de segunda instancia 24 de abril de 2023 Edad de la accionante al momento del fallo de segunda instancia 69, 2 años Expectativa de vida de la accionante en años 10,8 Cantidad de mesadas pagadas por año 14 Valor de la diferencia pensional pretendida al momento del fallo de segunda instancia $22.741.116,95 Total $17.543.146,6 Tabla No. 2. Incidencia Fut