CSJ - STP12804-2022

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente STP12804-2022 Radicación n.° 126314 (Aprobación Acta No. 226) Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022) VISTOS Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por CARMEN CECILIA DE LA HOZ CÁRDENAS, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con ocasión del proceso ordinario laboral 080013105006201700433 (en adelante, proceso ordinario laboral 2017-00433). Fueron vinculados como terceros con interés legítimo en el presente asunto: el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, Colpensiones y todas las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral 2017-00433.CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela

ANTECEDENTES

Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN CARMEN CECILIA DE LA HOZ CÁRDENAS solicita el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado, principalmente, por el proveído emitido por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación , con ocasión del proceso ordinario laboral 2017-00433, el cual, a su criterio, es producto de un flagrante abuso del derecho. Del escrito de tutela y documentos aportados al

ocasión del proceso ordinario laboral 2017-00433, el cual, a su criterio, es producto de un flagrante abuso del derecho. Del escrito de tutela y documentos aportados al expediente tutelar se tiene que, la señora DE LA HOZ CÁRDENAS promovió demanda laboral contra Colpensiones, con la finalidad que se reconociera y pagara a su favor la sustitución pensional, a partir del 12 de junio de 2012, día del fallecimiento de su compañero permanente, Alfredo Jiménez Castro; el retroactivo al que había lugar, la indexación de las sumas reconocidas, lo que resulte probado ultra y extra petita, y las costas del proceso. Esta demanda fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla , que mediante fallo del 27 de septiembre de 2019, resolvió condenar a Colpensiones. Frente a esta decisión fue interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, resuelto el 30 de julio de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 2CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela Judicial de Barranquilla, que revocó lo dispuesto por el a quo, para, en su lugar, absolver a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra. Por lo anterior, la accionante recurrió el fallo de segunda instancia por medio del recurso extraordinario de

para, en su lugar, absolver a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra. Por lo anterior, la accionante recurrió el fallo de segunda instancia por medio del recurso extraordinario de casación. No obstante, mediante proveído del 24 de noviembre de 2021 -CSJ AL5651-2021, Rad. 90366- , la Sala de Casación Laboral de esta Corporación resolvió declarar desierto el recurso, ante el desconocimiento de las reglas básicas que regulan el mecanismo extraordinario. Alegó la señora DE LA HOZ CÁRDENAS que, con las decisiones objeto de reproche, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, cometieron defectos de conducta que conllevan a la violación de sus derechos fundamentales. Por lo anterior, acude a la vía constitucional con la siguiente finalidad: “DECLARAR, que la sentencia del SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA M.P. RAFAEL MARCUCCI DIAZGRANADO, violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia ORDENAR, la revisión de la sentencia proferida por el SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA M.P. RAFAEL MARCUCCI DIAZGRANADO, el día treinta (30) de julio de 2020 y

la SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE

DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA M.P. RAFAEL MARCUCCI DIAZGRANADO, el día treinta (30) de julio de 2020 y la SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA M.P. GERARDO BOTERO ZULUAGA el día 24 de noviembre del 2021, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la Justicia.” 3CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 1.- El Magistrado Ponente de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación manifestó que, el proveído atacado en sede constitucional no incurrió en algún defecto susceptible de ser amparado por este medio, se ajustó a los principios y normas constitucionales y legales vigentes para su expedición. Aseveró que, en el presente asunto, no se cumple con el requisito de inmediatez de la acción de tutela. 2.- Colpensiones solicitó que se declare la improcedencia del presente amparo deprecado, por cuanto no se ha materializado ningún vicio, defecto o vulneración de derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada. Agregó que, pretende el actor convertir la acción de tutela en una tercera instancia, para debatir temas que ya hicieron tránsito a cosa juzgada. 3.- El Patrimonio Autónomo de Remanentes del

accionada. Agregó que, pretende el actor convertir la acción de tutela en una tercera instancia, para debatir temas que ya hicieron tránsito a cosa juzgada. 3.- El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación solicitó ser desvinculado de la presente acción constitucional, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, COLPENSIONES debe resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, 4CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el ISS, no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del citado Decreto. 4.- El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario laboral 2017-00433. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Sala es competente para resolver la acción de tutela interpuesta por CARMEN CECILIA DE LA HOZ CÁRDENAS, contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Corporación y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional1. 1 Fallos C-590 de 2005 y T-332 de 2006. 5CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela La acción de tutela contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los

determinante en la sentencia que se impugna y que atañe a los derechos fundamentales del accionante. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.2 f. Que no se trate de sentencias de tutela. 2 Ibídem. 6CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales3 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento

fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el 3 Sentencia T-522 de 2001. 7CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado4. viii) Violación directa de la Constitución. Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de

el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas solo pueden tener cabida «… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta». -C-590 de 2005-. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 4 Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. 8CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela La presente acción de tutela se centra en un punto específico: determinar si la solicitud de amparo interpuesta por la señora CARMEN CECILIA DE LA HOZ CÁRDENAS , contra el auto proferido el 24 de noviembre de 2021 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, cumple a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Al examinar las pruebas obrantes y el marco jurídico aplicable, la Sala advierte que lo pertinente es negar por improcedente la presente acción de tutela , comoquiera que no cumple a cabalidad con los precitados requisitos generales, en especial, el principio de inmediatez. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que, si bien la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, dicha

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que, si bien la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, dicha prosperidad está supeditada al cumplimiento de rigurosos requisitos, los cuales se han dividido en dos grupos: unos generales que se deben presentar en su totalidad, aunado a unos específicos, de los cuales es necesario la configuración de, por lo menos, uno de estos. Dentro los requisitos generales que ha establecido la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela, se encuentra el principio de inmediatez, el cual dispone que la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable contado a partir del hecho vulnerado, 9CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela presupuesto que surge que su finalidad es la protección inmediata de derechos fundamentales. En ese sentido, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional ha reiterado que realmente no existe un término fijo de caducidad para la acción de tutela, sin embargo, estableció que 6 meses es un tiempo prudencial en la mayoría de los casos, pero es deber del juez de tutela en cada caso examinar el debido cumplimiento de este principio. Al respecto podemos acudir a la SU184-19: La jurisprudencia constitucional, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, ha evaluado dicho periodo a partir de las siguientes reglas:

La jurisprudencia constitucional, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, ha evaluado dicho periodo a partir de las siguientes reglas:

(i)                que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii)             que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii)           que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado y; (iv)            que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

En el asunto bajo examen, la última de las decisiones censuradas por la parte actora, es la proferida el 24 de noviembre de 2021 dentro del proceso ordinario laboral 2017-00433, por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, donde se resolvió, ante el desconocimiento de las reglas básicas que regulan el recurso extraordinario de casación, declarar desierto el medio de impugnación impetrado. 10CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela Ahora bien , la parte accionante tardó casi diez (10) meses en acudir al presente trámite constitucional, lo cual

Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela Ahora bien , la parte accionante tardó casi diez (10) meses en acudir al presente trámite constitucional, lo cual desborda lo que es considerado como plazo razonable por esta Sala. Por lo anterior, y como la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del Juez Constitucional, la Sala declarará improcedente el amparo invocado. Es menester aclarar que, denegar y declarar improcedente son determinaciones diferentes, conforme fue explicado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-883 de 2008: Denegar la acción implica un análisis de fondo, mientras que la improcedencia supone la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su consideración. En este orden de ideas, ante la ausencia de un requisito lógico-jurídico esencial para que la relación procesal pudiera constituirse, el juez de instancia debió haber declarado improcedente la acción (…) (Resalta la Sala) En este caso el amparo debe declararse improcedente, dado que no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por lo cual no se puede realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó la parte accionante con relación a la decisión objeto de la presente solicitud de amparo.

judiciales, por lo cual no se puede realizar un estudio de fondo de las razones de inconformidad que planteó la parte accionante con relación a la decisión objeto de la presente solicitud de amparo. 11CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE

ACCIONES DE TUTELA No. 1 , administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por CARMEN CECILIA DE LA HOZ CÁRDENAS , contra la Sala de Casación Laboral de esta Corporación y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por las razones expuestas. SEGUNDO. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación. TERCERO. Si no fuere impugnado, envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

12CUI 11001020400020220186600 Rad. 126314 Carmen Cecilia de la Hoz Cárdenas Acción de Tutela

FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 13