JEP - Resolución SAI AOI DAI JCP 1080 de 2023 14 diciembre de 2023

SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

Resolución SAI-AOI-DAI-JCP-1080-2023 Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2023 Radicación 1500430-95.2022.0.00.000 Compareciente ÁNGEL MARÍA QUINTERO Identificación 14.280.381 Rad. Jurisdicción Ordinaria 73001310700120010007500 Delitos Homicidio, rebelión, terrorismo y hurto calificado y agravado Asunto Concede amnistía de iure, declara no amnistiabilidad y remite por competencia a la SRVR.

I. ASUNTO POR RESOLVER Procede este Despacho de la Sala de Amnistía o Indulto (en adelante Sala o SAI) a determinar lo que corresponda respecto del trámite de beneficios de la Ley 1820 de 2016 iniciado a favor del señor Ángel María Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.280.381, en el marco del proceso penal con radicado No. 73001310700120010007500.

II. IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE LIBERTAD DEL

COMPARECIENTE

1. Se trata del señor Ángel María Quintero, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.280.381 expedida en Rio Blanco (Tolima), nacido el 27 de enero de 1977, hijo de Gloria, y quien se encuentra actualmente en libertad condicionada otorgada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y

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III. HECHOS

2. El 26 de agosto de 2002, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima)2, condenó al señor Quintero a una pena principal de cuarenta (40) años de prisión y multa de ciento diez (110

SMLMV), así como inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años como coautor penalmente responsable de las conductas punibles de homicidio, rebelión, terrorismo y hurto calificado y agravado. Lo anterior, con fundamento en los siguientes hechos3: Conforme al resultado que arroja el acervo probatorio se sabe que hacia las 10:30 de la noche del día 14 de julio de 2.000, fue atacada sorpresivamente la población de Roncesvalles (Tolima) por el frente XXI y la columna “Jacobo Prías Alape” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias “FARC”, ocasionando la muerte de (13) trece policías,

el hurto de armas y municiones pertenecientes a la fuerza pública, hurto de dineros del Banco Agrario, heridas a un policía y a dos soldados, destruyendo gran parte de viviendas del referido municipio, la desaparición de dos (2) personas y la muerte del civil

RIGAUL GARRIDO GONZALEZ.

Las diferencias probanzas llevan a la evidencia que el aleve atraque se produjo mediante grandas de mortero, disparos de fusil, subametralladora, cilindros, etc., por un grupo superior a los 60 hombres, quienes se dividieron por grupos con funciones específicas o definidas, para desarrollar con mejor éxito su cometido. […]4 1 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 2541. 2 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 2891. 3 Ibidem. 4 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 2892. 2 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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IV. ACTUACIÓN PROCESAL

3. Mediante informe de fecha 22 de marzo de 20225, la Secretaría Judicial

de la SAI repartió a este Despacho el radicado Conti No. 20220300165 del 7 de febrero de 2022 contentivo de un oficio de la Presidencia de la SAI en el que refiere “[…] el listado de las personas que se han identificadas, como beneficiarias de libertad condicionada otorgada por la Jurisdicción Ordinaria y/o Libertad condicional por terminación de las ZVTN”, entre quienes se encontraba el señor Quintero a cargo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja (Boyacá), respecto del proceso penal con radicado No. 73001310700120010007500.

4. Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución SAI-AOI-ASJCP-0406-2022 del 8 de abril de 20226, este Despacho decidió ampliar información, previo a avocar conocimiento del trámite de beneficios de la Ley 1820 de 2016 a que pueda tener derecho el señor Quintero, requiriendo a diferentes autoridades judiciales y administrativas para que allegaran la información necesaria para pronunciarse de fondo en el presente asunto.

Estas órdenes fueron ampliadas y reiteradas mediante Resoluciones SAIAOI-AS-JCP-0966-2022 del 9 de agosto de 20227, SAI-AOI-AS-JCP-13222022 del 31 de octubre de 20228 y SAI-AOI-T-JCP-0401-2023 del 31 de marzo de 20239.

5. Mediante informe de fecha 21 de septiembre de 202310, la Secretaría Judicial de la SAI ingresó a este Despacho las presentes diligencias. […] en

cumplimiento de las Resoluciones SAI-AOI-AS-JCP-1322-2022, y SAI-AOI-TJCP-0401-2023 […]. 5 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 10. 6 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 27. 7 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 149. 8 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 979. 9 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 1011. 10 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 6584. 3 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

6. Vistos los antecedentes expuestos, y consultado el expediente de la jurisdicción ordinaria, en atención a la Ley 1820 de 2016 y la Ley 1922 de 2018, todas las actuaciones de parte y las providencias judiciales de trámite y de

fondo, así como los elementos de conocimiento contenidos en él y los demás ordenados y recaudados, le corresponde a este Despacho determinar si el señor Ángel María Quintero tiene derecho a acceder a los beneficios de la Ley 1820 de 2016 frente a las conductas de homicidio, rebelión, terrorismo y hurto calificado y agravado por las que fue condenado en el marco del proceso penal con Radicado No. 73001310700120010007500.

VI. ANÁLISIS JURÍDICO

7. En virtud del principio de competencia prevalente contemplado en el artículo 6 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, el componente de Justicia11 del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR) prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas12 y tendrá como objetivos […] satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos13.

8. En ese sentido, la JEP ejerce sus funciones de manera autónoma, preferente y prevalente sobre las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016 con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta

11 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 5.1.2. – Justicia. 12 Acto Legislativo 01 de 2017, artículo 5 transitorio del artículo 1. 13 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Parágrafo 2 Acápite I. 4 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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9. La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, como órgano de cierre hermenéutico, consideró, en la SENIT 2 de 2019 que la SAI tiene la

obligación de (v) descartado que, a partir de la información recaudada, la JEP sea manifiestamente incompetente, conceder la amnistía de iure cuando sea procedente y, en los demás casos, decidir sobre el beneficio provisional de libertad y, a la luz de dicha decisión, fijar el trámite procesal a seguir, teniendo en cuenta la pertinencia de continuar con el estudio de la amnistía y la naturaleza del delito – es evidente que, en los casos que se adviertan, de entrada, como no amnistiables ni indultables, deberá abstenerse de avocar el conocimiento de dichos beneficios definitivos y disponer la remisión inmediata a la actuación del órgano competente – 15. […] Indudablemente corresponde a la SAI, en el marco de los trámites de amnistía o indulto, calificar si las conductas analizadas son o no amnistiables o indultables. […] Naturalmente, para ejercer esta competencia de definir si un asunto es o no amnistiable, la SAI no siempre necesita esperar a adelantar el trámite completo de la amnistía o el indulto. Al contrario, desde sus decisiones preliminares, le 14 El inciso 1 del artículo 81 de la Ley 1957, establece que la SAI, […] aplicará estos tratamientos jurídicos especiales por los delitos amnistiables o indultables, teniendo a la vista las recomendaciones de la Sala de reconocimiento de Verdad y responsabilidad y determinación de los hechos. No obstante, previamente la Sala otorgará amnistía o indulto en casos de personas condenadas o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de parte y

siempre conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía. En el evento de que la petición de indulto o amnistía verse sobre conductas no indultables ni amnistiables, la Sala de Amnistía e indulto remitirá el caso a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. 15 Jurisdicción Especial para la Paz, Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, SENIT 2 del 9 de octubre de 2019, Núm. 133. 5 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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ESOJ NAUJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .B29BB3 ogidóc le y 1000.00.0.2202.59-0340051 osecorp le emrofni corresponde declarar la no amnistiabilidad o no indultabilidad de una conducta cuando sea evidente que la misma corresponde a una de las enunciadas en el literal a) del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 201616 (Negrilla fuera de texto).

10. Además, la Sección de Apelación ha señalado que la SAI debe privilegiar el trámite de la amnistía de iure cuando los delitos por los que se solicita están incluidos dentro del listado de los artículos 15 y 16 de la Ley 1820 de 2016. Con ello, quienes hayan sido investigados procesados o condenados por dichas conductas podrán acceder a tal beneficio, siempre y

cuando cumplan con los requisitos que imponen los ámbitos de aplicación consagrados en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017.

11. Por ello, este Despacho analizará la procedencia del otorgamiento de la amnistía de iure al señor Quintero. Realizado lo anterior, se abordará lo correspondiente a la no amnistiabilidad, a la libertad y al Régimen de

Condicionalidad. Del caso concreto

12. Es de señalar en primera instancia que, en el asunto en cuestión, el señor Quintero acredita el cumplimiento del ámbito de aplicación temporal y personal, ya que tal y como fue descrito supra, los hechos por los cuales procede la presente decisión tuvieron ocurrencia con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, es decir el 14 de julio de 2000. Igual sucede con el ámbito de aplicación personal de acuerdo con el numeral 2 de los artículos 17 y 22 de la Ley 1820 de 2016, por cuanto la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, informó a esta sala que el compareciente fue acreditado como miembro de las

FARC-EP17.

De la Amnistía de Iure

13. La Sección de Apelación ha señalado que la SAI debe privilegiar el trámite de la amnistía de iure cuando los delitos por los que ésta se solicita 16 Jurisdicción Especial para la Paz, Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, SENIT 2 del 9 de octubre de 2019, Núm. 167. 17 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 2425.

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14. El inciso cuarto del artículo 82 de la Ley 1957 de 2019 señala que […] se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz […] Entre los delitos políticos y conexos se incluyen todos los indicados en la Ley 1820 de 30 de diciembre de 2016 […].

15. Ahora bien, respecto de las conductas sobre las cuales es posible conceder la Amnistía de Iure, el artículo 15 de la Ley 1820 de 2016 estableció

que la misma procede para los delitos políticos20, es decir, para “[a]quella[s] infracción[es] penal[es] cuya realización busca el cambio de las instituciones o sistemas de gobierno para implantar otros que el sujeto activo, generalmente caracterizado por su espíritu altruista y generoso, considere más justos”21. A su vez, el inciso 2 del artículo 8 la Ley 1820 de 2016 señala que “[s]erán considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal”.

16. Es así como el artículo 15 de la Ley 1820 de 2016 establece los delitos políticos susceptibles de amnistía de iure así: “[s]e concede amnistía por los delitos políticos de ‘rebelión’, ‘sedición’, ‘asonada’, ‘conspiración’ y ‘seducción’, y 18 ARTÍCULO 15. AMNISTÍA DE IURE. Se concede amnistía por los delitos políticos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos. 19 Jurisdicción Especial para la Paz, Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-045 del 9 de octubre de 2018. Núm. 21. 20 “rebelión, la sedición, la asonada, la conspiración y seducción, y la usurpación y retención ilegal de mando”. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-928 de 2005. Núm. 4.

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17. En ese sentido, en el caso bajo estudio, se tiene que la conducta de rebelión, en razón a su pertenencia a las FARC, por la que fue condenado el señor Quintero por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) se erige en el delito político por excelencia y así se encuentra establecido en el artículo 15 de la Ley 1820 de 2016. En consecuencia, este delito es, por naturaleza, susceptible de amnistía de iure.

18. Por tanto, para el caso bajo estudio, no sólo el delito de rebelión por el que fue condenado el señor Quintero constituye el delito político per se, sino que, además, no existe prueba o elemento en contrario con la que se puedan hacer inferencias o deducciones en el sentido de que el aquí compareciente tuviera un propósito distinto a contribuir con el levantamiento contra el Estado de la organización ex guerrillera a la que pertenecía.

19. Con ello, en el caso objeto de estudio se reúnen los requisitos exigidos

por la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2018, por lo que este Despacho CONCEDERÁ la amnistía de iure a favor del señor Quintero, únicamente por el delito de Rebelión por el que fue condenado en el marco del proceso penal con radicado No. 73001310700120010007500.

1. Del Acta de compromiso de dejación de armas

20. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 1820 de 2016 y el artículo 7 del Decreto Ley 277 de 2017, la amnistía de iure se aplicará “[…] cuando el destinatario haya suscrito un acta que se hará llegar a la autoridad judicial competente”22 y en la cual debe plasmarse el compromiso de “[…] no volver a utilizar armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente”23.

21. En el presente asunto, se tiene que el señor Quintero no ha suscrito el acta de compromiso de no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente. Sin embargo, teniendo en cuenta que más 22 Decreto Ley 277 de 2017, Artículo 7, inciso primero. 23 Ley 1820 de 2016, Artículo 18, inciso segundo. 8 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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ogidóc le y 1000.00.0.2202.59-0340051 osecorp le emrofni SALA DE AMNISTÍA O INDULTO adelante se abordará lo relacionado al Régimen de Condicionalidad, que incluye dicha obligación. se declarará que el referido régimen SUBSUME el compromiso de no volver a utilizar la armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente y no se realizara más precisiones al respecto. ii. De los efectos jurídicos de la amnistía de iure

22. Respecto de los efectos jurídicos de la declaratoria de la amnistía de iure sobre estas conductas penales (art. 41 Ley 1820 de 2016 y de la Ley 1957 de 2019 e inciso 1 del art. 5 del Decreto Ley 277 de 2017), se tiene que la extinción de todos los efectos penales incluye la extinción de la acción y sanción penal en contra del señor Quintero únicamente por la conducta de Rebelión por la que fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) en el marco del proceso penal con radicado No.

73001310700120010007500.

23. En efecto, es menester recordar que, en la búsqueda de efectos positivos para la terminación del conflicto armado y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, el otorgamiento de la amnistía tiene por consecuencia frente a la potestad punitiva del Estado borrar totalmente el delito. Por ello, sus efectos alcanzan los antecedentes penales24 y de manera particular, todas las anotaciones en las bases de datos de las autoridades

competentes encargadas de su manejo y control.

24. Así las cosas, la amnistía de iure otorgada extingue las penas principales y accesorias y todos sus efectos25, incluyendo los antecedentes penales, de los que fuera objeto el señor Quintero, exclusivamente por la conducta de Rebelión por la que fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima), dentro del radicado No

73001310700120010007500. Como consecuencia de lo anterior, la amnistía de 24 Corte Constitucional. Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012. Núm. 6: los antecedentes penales son “[…] datos que permiten asociar circunstancias ‘no queridas, perjudiciales, socialmente reprobadas o simplemente desfavorables’ con una persona natural […] asocia[ndo] el nombre de una persona con la ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con la violación de los bienes jurídicos fundamentales”. 25 Por ejemplo, los antecedentes penales (artículos 55 numeral 1, 61 inciso 2, 63 numerales 2 y 3 y 68A de la Ley 599 de 2000) y la reincidencia como circunstancia agravante de la pena (artículo 46, inciso final del numeral 2, del artículo 46 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 39 de la Ley 599 de 2000). 9 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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25. En consecuencia, se oficiará al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima), autoridad que ejerce actualmente26 la vigilancia de la ejecución de la pena, para que una vez en firme la presente decisión, MATERIALICE los efectos de la amnistía de iure concedida al señor Quintero únicamente por el delito de rebelión en el marco del proceso penal con radicado No. 73001310700120010007500, autoridad que deberá informar a este Despacho sobre la realización de lo anterior.

26. Además, puesto que los antecedentes penales tienen el carácter de información pública27, la competencia de administrar la base de datos personales sobre antecedentes judiciales, de acuerdo con el Decreto Ley 4057 de 2011, corresponde al Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional. La Procuraduría General de la Nación tiene igual competencia.

27. En ese sentido, una vez en firme esta Resolución, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación que modifique el resultado de la consulta en línea de sus antecedentes judiciales, de manera que al ingresar la cédula del señor Quintero en el portal de internet no registre la conducta de

Rebelión en el radicado No. 73001310700120010007500. De igual manera, respecto del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, este Despacho ordenará que se modifique el resultado de la consulta en línea respecto del señor Quintero en el portal de internet para que no registre la conducta por la que se concede el presente beneficio. Lo anterior, con el objetivo de no 26 Expediente Legali No. 1500430-95.2022.0.00.000, fol. 1042. 27 Corte Constitucional. Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012. Núm. 16: La base de datos de antecedentes penales cumple diversas funciones debidamente reguladas por el Ordenamiento Jurídico. En materia penal, sirven para constatar la procedencia de algunos subrogados penales, para determinar la punibilidad, y para establecer si las personas privadas de la libertad que solicitan un beneficio administrativo tienen o no requerimientos pendientes con otras autoridades judiciales; facilitan el goce de ciertos derechos, y permiten la cumplida ejecución de la ley. Adicionalmente, los antecedentes penales permiten establecer la existencia de inhabilidades; sirven a la protección de los intereses generales y de la moralidad pública. Por último, el registro delictivo nacional administrado por el Ministerio de Defensa-Policía Nacional es empleado por autoridades judiciales y con funciones de policía judicial, para el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la persecución del delito y con labores de inteligencia asociadas a la seguridad nacional". 10 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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28. Ahora bien, respecto a los efectos de la libertad, teniendo en cuenta los artículos 34 y 40 de la Ley 1820 de 2016, este Despacho ORDENARÁ la LIBERTAD DEFINITIVA del señor Quintero, exclusivamente en relación con el delito de rebelión dentro del radicado No. 73001310700120010007500, por el cual se le concede la presente amnistía de iure. Sin embargo, no es necesario que este Despacho libre boleta de libertad en el entendido que el compareciente no se encuentra privado de su libertad.

De la no amnistiabilidad

29. El literal a) del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016 señala que en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto los delitos que correspondan a alguna de las siguientes conductas: a) Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de

conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables. (Negrilla fuera de texto).

30. Además, el inciso segundo del artículo 81 de la Ley 1957 de 2019 dispone que, si la SAI considera que no procede el otorgamiento del beneficio de amnistía o indulto, debe remitir el caso a la SRVR o a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (en adelante SDSJ) para que se tome la decisión correspondiente en el marco de sus competencias. En armonía con lo anterior, la jurisprudencia de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ha establecido que “[…] si en el marco de la decisión definitiva sobre la amnistía o el indulto la SAI concluye que, siendo de competencia de la jurisdicción, la conducta no 11 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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trámite procesal a seguir”28, esto es, de acuerdo con dicho órgano, que cuando se advierte la no amnistiabilidad o la no indultabilidad de la conducta y cuando “[…] el caso analizado por la SAI se enmarque, prima facie, en alguno de los priorizados por la SRVR, el expediente deberá ser remitido a dicha sala para que decida sobre su integración al mismo”29.

31. Por lo anterior, este Despacho procederá a realizar el análisis de las conductas que no fueron objeto de amnistía de iure, para determinar lo que corresponda respecto de la amnistiabilidad de la misma.

32. Así las cosas, las conductas por las que fue condenado el señor Quintero, tal y como fue señalado supra, se encuentran dentro de aquellos que, de acuerdo con la normativa vigente, no son amnistiables. En efecto, aquellos casos en el que las conductas hubiesen sido tipificadas por el ente acusador cometidas dentro del ámbito de aplicación temporal competencia de la JEP, por miembros o colaboradores de las FARC-EP en relación con el conflicto armado, deben ser remitidos al órgano competente de esta jurisdicción al estar excluida su amnistiabilidad.

33. En cuando al ámbito de aplicación material, esta Sala considera de vital importancia para el desarrollo del Caso No. 010, por medio del cual la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante SRVR) decidió priorizar los “Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, que

dicha Sala conozca de los asuntos sobre conductas cometidas por las FARCEP que podrían adecuarse a esa priorización. Ello, teniendo en cuenta que en el Auto No. 102 de 2022 se priorizaron crímenes cometidos en la conducción de hostilidades como son, a priori, los aquí analizados. 28 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa No. 2 del 09 de octubre de 2019. Párr. 145. 29 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia Interpretativa No. 2 del 09 de octubre de 2019. Párr. 142. 12 ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

34. Dicha remisión deberá darse únicamente en aquellos casos en los que se pueda demostrar que se cumplen los siguientes requisitos concurrentes: i) que los hechos objetos de remisión hayan sido cometidos antes de la firma del Acuerdo Final o durante el proceso de dejación de armas, ii) que se trate de miembros o colaboradores de las FARC-EP y iii) que esta Sala haya establecido, prima facie, la conexidad de las conductas remitidas con el

conflicto armado.

35. En ese sentido, se recuerda que en el presente asunto el señor Quintero acredita los ámbitos de aplicación personal y temporal. Además, respecto de la conexidad de las conductas con el conflicto armado, existen elementos de conocimiento que permiten concluir que el señor Quintero participó activamente de las acciones que les permitieron a las FARC-EP llevar a cabo las conductas por las que fue condenado en la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la Fiscalía Delegada de la Unida