JEP - Resolución SAI AOI R MGM 517 2024 18 julio 2024

SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

Bogotá D.C., 18 de julio de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

RESOLUCIÓN SAI-AOI-R-MGM-517-2024

Expediente Legali: 1500921-34.2024.0.00.0001

Solicitante: ANTONIO JOSE ZABALA BENITES Identificación: C.C. n°. 1.102.121.809

Radicado Justicia Ordinaria: 9500160000002021-0001600

Delitos: Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

Asunto: Resolución que rechaza solicitud de beneficios de la Ley 1820 de 2016

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Procede este Despacho de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a pronunciarse sobre su competencia para conocer la solicitud de beneficios contenidos en la Ley 1820 de 2016 presentada por el señor ANTONIO JOSE ZABALA BENITES, identificado con cédula de ciudadanía n.° 1.102.121.809.

II. ANTECEDENTES PROCESALES

2.1. PROCESO PENAL SURTIDO EN LA JUSTICIA ORDINARIA: RADICADO N°.

9500160000002021-0001600

2. El 17 de septiembre de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado

de Villavicencio, Meta, condenó al señor ANTONIO JOSÉ ZABALA BENITEZ a la pena de doscientos ochenta y dos (282) meses de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo término de la condena principal, en calidad de coautor, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado, terrorismo y concierto para delinquir agravado 1. 1 Expediente digital n°. 1500921-34.2024.0.00.0001, folios 14-41. Pá gina 1 | 6 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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3. Los hechos relevantes narrados en la sentencia son los siguientes2: El día 8 de septiembre de 2019, siendo aproximadamente las 2:15 horas, dos sujetos de sexo masculino instalaron un artefacto explosivo –granada de fragmentación IM-M26, en el establecimiento comercial de propiedad del señor Edgar Torres Rangel denominado “La Feria

Campesina”, ubicado en la calle 7 con carrera 20 del barrio Centro, municipio de San José del

Guaviare (Guaviare). Por ello, proceden en compañía de un canino certificado en detección de sustancias explosivas, a verificar la anterior información, encontrando en el referido lugar, una bolsa color negra y en su interior un objeto desconocido junto con una hebra de hilo tipo nylon, estableciendo que se trataba de una granada de fragmentación. De inmediato, se inician labores de vecindario, observando en las cámaras de seguridad del sector, las características de los sujetos que habían abandonado el artefacto explosivo, información que es puesta en conocimiento de todas las patrullas del municipio, quienes mediante un plan candado, lograron ubicar sobre las 05:00 horas, en el Barrio “Arazá” de esa municipalidad, una motocicleta color rojo de placas PTB 78B, en la que se movilizaban dos sujetos, que al notar la presencia de los policiales aceleraron el automotor, siendo interceptados en el puesto de control ubicado en la carrera 18 km 1, vía que conduce al municipio de Puerto Concordia (Meta), mismas personas que al realizar el respectivo registro y solicitud de antecedentes, se identificaron como ANTONIO JOSÉ ZABALA BENITEZ y Ángel David Cordero, y portaban un morral dentro del cual se efectuó el hallazgo de unas prendas de vestir con mismas características que portaban los sujetos que habían instalados los artefactos explosivos conforme a las imágenes extraídas de los registros videográficos recolectadoscámaras de seguridad. Lo anterior produjo la captura en flagrancia de los prenombrados; habiéndose además

determinado que éstos hacían parte de las Redes de Apoyo (RAER) del Grupo Armado Organizado Residual GAOR E7, siendo encomendados para realizar la acción terrorista contra el ciudadano Edgar Torres Rangel, por no haber accedido a los requerimientos que le imponía esta organización criminal.

2.2. ACTUACIONES PROCESALES SURTIDAS EN LA JEP

4. El 27 de junio de 2024, el señor ZABALA BENITEZ, presentó junto con otros interesados, solicitud para acogerse a la JEP3. La solicitud fue repartida a este despacho el 5 de julio de 20244.

5. En su escrito manifestó que en su contra se sigue el proceso penal 9500160000002021-0001600, dentro del cual fue condenado a 24 años de prisión y que se encuentra recluido en la cárcel de Acacías, Meta, asimismo precisó que “trabajaba para el Frente 7 séptimo de las FARC-EP” (sic)5.

6. Esta Magistratura consultó los sistemas de información de la JEP, incluidos Legali, el Informe del Secretario Ejecutivo a las Salas de la JEP6 y el Sistema de Gestión Documental de la JEP, Conti, sin encontrar información respecto del solicitante.

7. Este Despacho también consultó el aplicativo “Consulta de casos registrados en la base de datos del Sistema Penal Acusatorio - SPOA” de la Fiscalía General de la Nación verificando la existencia de la noticia criminal 950016000000202100016, seguida 2 Ver fuente anterior, folios 14-15. 3 Ver fuente anterior, folio 1-5. 4 Ver fuente anterior, folio 6.

5 Ver fuente anterior, archivo adjunto en folio 4 6 JEP. Informe del Secretario Ejecutivo a las Salas de la JEP. Documento de circulación interna. Bogotá. Este informe se basa en información entregada por: la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, el Ministerio de Defensa, la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas, las actas de sometimiento y la información entregada por los sometidos a la JEP. Pá gina 2 | 6 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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8. Finalmente, este Despacho accedió al Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial8, constatando la existencia de una sentencia condenatoria proferida el 17 de septiembre de 2021 por el Juzgado Tercero Penal Especializado de

Villavicencio, Meta, en contra del señor ZABALA BENITEZ.

III. CONSIDERACIONES

9. De acuerdo con los antecedentes expuestos, para este Despacho obran los elementos de convicción suficientes para emitir una decisión sobre la competencia o incompetencia de la JEP y de la SAI para conocer del trámite del señor ZABALA BENITEZ respecto del expediente penal con radicado 9500160000002021-0001600.

10. Por consiguiente, la suscrita autoridad judicial se referirá previamente a los fundamentos normativos y jurisprudenciales sobre: i) la competencia de la JEP; ii) la potestad de la SAI para rechazar o inadmitir por incompetencia una solicitud de beneficios jurídicos. Luego, se referirá al iii) caso concreto.

3.1. DE LA COMPETENCIA DE LA JEP

11. Previo al estudio de los casos puestos a su consideración, las Salas y Secciones de la JEP deben verificar si estos cumplen con los ámbitos de aplicación temporal, personal y material. En otras palabras, si estuviesen dentro de la competencia preferente de la JEP. El ámbito personal implica que la conducta fue cometida por quien participó en el conflicto armado con las FARC-EP. En el caso de los grupos al margen de la ley, “solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional”. El temporal que la conducta haya sido cometida con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

12. El cumplimiento del ámbito material implica que la conducta haya sido cometida “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”9. Es

decir, que “la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en la que fue cometida o en el objetivo para la cual se cometió, cualquiera sea la calificación jurídica que se le haya otorgado previamente a la conducta”10. 3.2. POTESTAD DE LA SAI PARA RECHAZAR DE PLANO UNA SOLICITUD DE BENEFICIOS

13. La figura del “rechazo de plano” ha sido utilizado para denotar la falta absoluta de competencia de la JEP para conocer de un caso11. Busca descartar asuntos improcedentes y cuyo estudio podría “generar una congestión judicial lesiva para los 7 Consulta realizada el 12 de julio de 2024. 8 Consulta realizada el 12 de julio de 2024.

9 Artículo transitorio No. 5 del Acto Legislativo 01 de 2017. 10 Artículo 62 de la Ley 1957 de 2019. 11 Ver, por ejemplo, JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA-199 de 2019. Párr.

34. JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-SENIT 2 del 09 de octubre de 2019.

Párr. 133. JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TPSA073 del 13 de diciembre de 2018. Párr. 25. JEP. Sala de Amnistía o Indulto. SAI-LC-AOI-D-MGM-173-2020 de 25 de febrero de 2020. Pá gina 3 | 6

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14. De ser necesario, la SAI puede hacer uso de su facultad de ampliación de información para recaudar aquella que considere pertinente para decidir sobre la competencia14. Esta facultad puede usarse antes o después de haber avocado conocimiento de un asunto. Recibida esta información, la Sala debe verificar la competencia de la JEP para conocer de un caso concreto. La figura por usarse en los casos en los que la información apunte a que la JEP es incompetente, depende del

momento procesal en el que se haya hecho la ampliación. Si se hace previo a avocar conocimiento, lo procedente es “rechazar de plano”. Si se hace con posterioridad, lo que procede es “inadmitir la solicitud por incompetencia”15.

15. Una decisión por medio de la cual se rechace de plano o se inadmita por incompetencia un caso debe ser: i) Excepcional, pues solo es procedente en casos en que sea abiertamente infundada y carente de sustento la petición del compareciente. Y debe basarse en una lectura atenta del material probatorio disponible, el cual debe mostrar, en sana crítica, que la petición es evidentemente ajena a la jurisdicción; ii) Adecuadamente motivada, en el sentido de que, el magistrado o magistrada sustanciador deberá ofrecer argumentos plausibles y convincentes dirigidos a mostrar que la decisión no es caprichosa o arbitraria, sino que, por el contrario, se basa en buenas razones surgidas de una lectura seria de la petición, que lleva a concluir que la JEP no tiene competencia. iii) Impugnable; puesto que el artículo 13 de la Ley 1922 de 2018 no presenta una lista taxativa de providencia impugnables, y en atención a que una resolución de no avocar conocimiento tiene efectos sustantivos negativos, la misma debe poder ser objeto de cuestionamiento por parte de la persona a quien perjudique16.

16. Es posible rechazar in limine “rechazo inmediato y de plano” una petición de amnistía en casos en los que: i) el interesado no es exintegrante o colaborador de las extintas FARC-EP; ii) “la conducta nada tiene que ver con el conflicto armado”17, y iii)

“pese a guardar relación material con el CANI, involucren a individuos cuyo juez natural solo puede ser el ordinario penal”18.

IV. CASO CONCRETO 12 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019.

Párr. 98 y ss. 13 Ver fuente anterior. 14 Ver fuente anterior, considerando No. 28 y artículo 27 de la Ley 1820 de 2016. 15 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-SENIT 2 del 09 de octubre de

2019. Nota 129, pág. 66. 16 JEP, Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Auto TPSA073 del 13 de diciembre de 2018.

Párr. 25. 17 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TPSA099 del 9 de enero de 2019. Párr. 12. 18 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 199 de 2019, párrafo 35. Esta postura, relativa al rechazo de plano, ha sido reiterada por la Sección en los Autos TP-SA215 de 4 de julio, TP-SA 216 de 4 de julio, TP-SA-224 de 11 de julio y TP-SA 226 de 17 de julio de 2019. Pá gina 4 | 6 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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SALA DE AMNISTÍA O INDULTO

17. Teniendo en cuenta que hay elementos suficientes para emitir un pronunciamiento, el Despacho procederá a determinar si el caso del señor ANTONIO JOSE ZABALA BENITES respecto del radicado penal 9500160000002021-0001600, está circunscrito dentro de los ámbitos de competencia temporal, personal y material de esta jurisdicción transicional.

4.1. AMBITO DE COMPETENCIA TEMPORAL

18. Este ámbito establece un límite en la fecha de comisión de los hechos que pueden ser objeto de competencia de la JEP. Debe tratarse de conductas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, esto es el 1 de diciembre de 2016, o que estén relacionadas con el proceso de dejación de armas19.

19. En el caso concreto, la sentencia de 17 de septiembre de 2021 del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, Meta, indica de forma inequívoca, que, los hechos por los cuales se condenó al señor ZABALA BENITES, como coautor de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado, terrorismo y concierto para delinquir agravado 20, ocurrieron el 8 de septiembre de 2019.

20. De lo expuesto se tiene que, la conducta por la cual el señor ZABALA BENITES solicita beneficios de esta jurisdicción transicional se llevó a cabo con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, de ahí que este asunto no sobrepase el análisis del primer factor de competencia, esto es, el temporal, siendo innecesario continuar con el análisis de los ámbitos de competencia personal y material.

21. Cabe hacer mención que este Despacho verificó la base de datos de personas acreditadas como exmiembros de las FARC-EP remitida por la OACP a esta jurisdicción21, verificando que el señor ZABALA BENITES no fue acreditado por la OACP como exmiembro de las FARC-EP, por lo que, para este Despacho no existe mérito para recolectar más información en relación con el solicitante.

22. Así las cosas, en el caso del señor ZABALA BENITES lo procedente es el rechazo in limine de su solicitud de beneficios de la Ley 1820 de 2016 en relación con el proceso penal con radicado 9500160000002021-0001600, pues como se indicó los hechos por los que el solicitante fue condenado, ocurrieron con posterioridad al 1 de diciembre de

2016.

V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, este Despacho de la Sala de Amnistía o Indulto, RESUELVE PRIMERO. RECHAZAR DE PLANO por falta de competencia, la solicitud de beneficios de la Ley 1820 de 2016 del señor ANTONIO JOSE ZABALA BENITES, identificado con cédula de ciudadanía 1.102.121.809, en relación con el proceso penal

con radicado n°. 9500160000002021-0001600. 19 Arts. 3 y 17 de la Ley 1820 de 2016. 20 Expediente digital n°. 1500921-34.2024.0.00.0001, folios 14-41. 21 Mediante comunicación OFI23-00036387/GFPU 13020001 del 27 de febrero de 2023. Pá gina 5 | 6 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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apelación en los términos de la Ley 1922 de 2018.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

[Firmada digitalmente] MARCELA GIRALDO MUÑOZ Magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto Pá gina 6 | 6 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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