JEP - Resolución SDSJ 4340 29 noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALAS DE JUSTICIA

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

Expediente Legali: 9000782-42.2020.0.00.0001

Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594 (FARC) Situación Jurídica: Libertad condicionada Delitos: Homicidio en persona protegida Fecha de reparto: 27 de agosto de 2020 Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2022 Resolución SDSJ N° 4340 ASUNTO La magistrada sustanciadora de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas –SDSJse pronuncia sobre la procedencia de remitir por competencia la presente actuación, en la cual tiene la calidad de compareciente el señor Billy Valencia Torres exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP), a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas -SRVRde la Jurisdicción Especial para la Paz. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL EN LA JUSTICIA ORDINARIA Radicado N° 76109-31-04-003-2007-00073 (en adelante N° 2007-00073) a cargo del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura (Valle)

1. En la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura (Valle) el 4 de marzo de 20091, los hechos

fueron relatados de la siguiente manera: 1 Expediente N° 2007-0073 proveniente del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura (Valle) digitalizado en el radicado Conti N° 202207036158. Cuaderno 3. Fl. 127. le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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ORTSAC

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Expediente Legali: 9000782-42.2020.0.00.0001

Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594 (FARC) Situación Jurídica: Libertad condicionada El presente proceso penal nace a la vida jurídica, con fundamento en la denuncia formulada por el señor Rodolfo Fernández Bedoya, escolta de la empresa “Expertos en seguridad” con sede en la ciudad de Santiago de Cali, quien relata que para el día 16 de agosto del año 2005 recibió una llamada desde la ciudad de Buenaventura, en la que le informaban que su compañero, el escolta Giovanni Andrés Dorado Ordóñez, había sido gravemente herido en el barrio la inmaculada [sic], cuando varios sujetos procedieron a hurtarle el arma de fuego de dotación que él portaba. Ante tal llamada, junto a otro escolta se desplazó inmediatamente hasta Buenaventura,

verificando el estado crítico en el que se encontraba su compañero en el Hospital Departamental y constatando además que los agresores le hurtaron únicamente el arma de fuego, no llevándose la motocicleta en la que se desplazaba, ni el radio de telecomunicaciones que también portaba.

2. Dentro del proceso se logró demostrar la participación del compareciente Billy Valencia Torres en los hechos y su vinculación al Frente 30 de las FARC, por lo cual fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura (Valle) a la pena principal de 348 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal en calidad de autor material del delito de homicidio agravado (Artículos 103, 104 num. 4 de la Ley 599 de 2.000) de los cuales fue víctima el señor Giovanni Andrés Dorado

Ordóñez.

3. La vigilancia del cumplimiento de la sentencia estuvo a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali

(Valle), autoridad que mediante auto de 8 de mayo de 20172 le otorgó el beneficio de la libertad condicionada, con fundamento en el oficio OFI1700020548/JMSC 112000 de 27 de febrero del mismo año, en el que el Alto Comisionado para la Paz informó que el mencionado ciudadano fue reconocido como integrante de las FARC-EP en la resolución 001 del 27 de febrero de 2017 y la suscripción del acta de sometimiento ante la JEP N°

100686. El 13 de abril de 20183 ordenó la remisión del expediente por

competencia a la JEP. 2 JEP. Expediente Legali N° 9000782-42-2020.0.00.0001. Fls. 2-9 3 Expediente N° 2007-0073 proveniente del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura (Valle) digitalizado en el radicado Conti N° 202207036158. Cuaderno 4. Fl. 260. 2 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594

(FARC)

Situación Jurídica: Libertad condicionada

ACTUACIÓN EN LA JEP

4. El expediente fue inicialmente repartido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y ConductasSRVR-, que lo remitió a la Sala de Amnistía o Indulto -SAImediante Auto de fecha 4 de diciembre de 20194. En tal decisión señaló lo siguiente:

3. En el marco de la "Comisión de actor FARC-EP", la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz repartió a este

Despacho· diversos expedientes en los que i) la Jurisdicción Ordinaria otorgó el beneficio provisional de la libertad condicionada […], ii) los hechos no se enmarcan en ninguno de los casos priorizados por la Sala de Reconocimiento y iii) cuyas conductas estudiadas, en un análisis preliminar, no se encuentran entre las señaladas en el literal a) del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. […]

13. En este sentido, es deber de la Sala de Reconocimiento propender porque, del análisis de los expedientes penales que le han sido asignados, previo a cualquier decisión, se identifique si existe alguna conducta susceptible de amnistía de iure o de sala, que deba ser estudiada por la Sala de Amnistía e Indulto en·e1 marco de las funciones que le fueron otorgadas en la Ley 1820 de 2016. […]

20. De allí, que el Despacho observe que cuando las conductas, en un análisis preliminar, no se encuentren entre las señaladas en el literal a) del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, deberían ser objeto de estudio a la luz de los criterios de conexidad establecidos en el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. En este sentido, no se debe ordenar la remisión de los asuntos a la justicia ordinaria sino a la Sala de Amnistía e Indulto para que, a partir del criterio de especialidad; lleve a cabo el análisis, caso a caso, de los requisitos de conexidad para la concesión de amnistías de Sala conforme a los artículos 21 y 23 de la misma Ley.

5. El 3 de enero de 2020 fue repartido a la magistrada sustanciadora en

movilidad de la SAI quien en resolución N° SAI-AOI-D-RJC-0085-2020 de 25 de mayo de 20205, determinó que los hechos no podían ser objeto de amnistía. Congruente con ello, dispuso que la actuación fuera remitida a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas –SDSJpara que continuara con su conocimiento y resolviera de forma definitiva la situación jurídica del compareciente respecto del proceso penal N° 2007-00073. 4 JEP. Expediente Legali N° 9000782-42-2020.0.00.0001. Fls. 44-57. 5 Ibid. Fls. 70-96. 3 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594

(FARC)

Situación Jurídica: Libertad condicionada

6. La actuación fue asignada a la suscrita magistrada con acta de reparto N° 013 de 27 de agosto de 2020 por la Secretaría Judicial, luego de lo cual fue asumido el conocimiento con Resolución SDSJ N° 3943 de 8 de octubre de

20206. En tal decisión se requirió al señor Billy Valencia Torres, para que informara el tratamiento que solicitaría respecto de la sentencia condenatoria proferida en su contra dentro del proceso con radicado N° 2007 -00073, a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. Adicionalmente, se le ordenó diligenciar el formulario F-1 y presentar una propuesta de compromiso claro, concreto y programado -CCCP-.

Finalmente, se solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEPUIAun informe detallado de las investigaciones o procesos que se siguieran en la justicia ordinaria en contra del señor Valencia Torres, así como adelantar las labores de ubicación y contacto con las víctimas indirectas.

7. El 25 de noviembre de 2020 la UIA7 presentó informe parcial de lo solicitado en la Resolución SDSJ N° 3943 de 8 de octubre de 2020 y pidió prórroga para realizar las actividades encomendadas en relación con las víctimas, la cual fue concedida con Resolución SDSJ N° 2495 de 24 de mayo de 20218.

8. El 1 de agosto de 20219 el señor Billy Valencia Torres, allegó el formulario F1 diligenciado.

9. El 31 de mayo de 2022 la profesional del derecho Millerlandy Marín Hernández solicitó ser acreditada como apoderada del señor Billy Valencia Torres, para asumir su representación en la JEP10.

CONSIDERACIONES

10. De conformidad con los artículos 28 (numeral 1°), 30 y 31 de la Ley 1820 de 2016, así como los literales a) y e) del artículo 84 de la Ley 1957 de 2019,

corresponde a la SDSJ definir la situación jurídica de los comparecientes que no sean objeto de amnístia o indulto, ni hayan sido incluidos en la resolución de conclusiones, así como la de aquellos a quienes no les exigirían responsabilidades ante el Tribunal, por lo que corresponde a la suscrita 6 Ibid. Fls. 126-153. 7 Ibid. Fls. 178-188. 8 Ibid. Fls. 189-190. 9 Ibid. Fls. 195-204. 10 Ibid. Fl. 214. 4 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Expediente Legali: 9000782-42.2020.0.00.0001

Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594 (FARC) Situación Jurídica: Libertad condicionada magistrada como integrante de la SDSJ establecer si es competente para continuar con la actuación.

11. El estudio en esta decisión será abordado así: i) la competencia de la SDSJ frente a casos de las FARC remitidos por la SAI por delitos no amnistiables, ii) el caso N° 10 “Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas FARC-EP por causa, con ocasión, o en relación

directa o indirecta con el conflicto armado colombiano” priorizado por la SRVR, iii) análisis del caso concreto y iv) otras determinaciones.

I. La competencia de la SDSJ frente a casos de las FARC remitidos por la SAI por delitos no amnistiables

12. El inciso 4° del artículo transitorio 66 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2017, estableció que en el marco de la justicia transicional el Congreso de la República podría mediante ley estatutaria determinar los criterios de selección que permitieran centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de los delitos de connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, así como establecer los casos, requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena, la aplicación de sanciones extrajudiciales, de penas alternativas y “autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados “11. 11 Sobre la competencia de selección global en cabeza de la SRVR y la de selección individual de la SDSJ, la Corte Constitucional en la Sentencia C-080 de 2018 indicó: “Aun cuando el Proyecto de Ley Estatutaria fijó la facultad de aplicar la decisión de selección a varias instancias de la jurisdicción, no se puede entender que dichas funciones de las diferentes instancias se pueden ejercer simultáneamente sobre las mismas situaciones, pues cada instancia lo debe hacer en el marco de sus competencias. Así las cosas, la competencia global de aplicación de la facultad de selección conforme

a los criterios constitucionales y estatutarios, es de la Sala de Reconocimiento. En una etapa posterior, para los hechos no seleccionados, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas definirá la no selección en el caso concreto, y concederá los tratamientos penales especiales que correspondan. De esta manera, la SDSJ aplica la selección en cada caso individual, verificando el cumplimiento del régimen de condicionalidad sobre el universo de casos no seleccionados y remitido por la SRVR a la SDSJ. Así las cosas, y como se señaló, mientras que la competencia de selección de la SRVR es global y se da primero en el tiempo, la competencia de selección de la SDSJ es individual, y se da en un momento posterior a la decisión global de selección de la SRVR”. Por su parte la SA en la Sentencia TP-SA-RPP No. 230 de 2021 señaló: “65. La SRVR es la autoridad judicial a la que le fue asignada la competencia global de selección, por lo cual le corresponde ejercer dicha [sic] conforme a criterios como los indicados. Una vez decida que una persona susceptible de selección, por no ser máxima responsable, no será efectivamente seleccionada para juzgamiento o sanción, debe enviarla a la SDSJ para que esta decida si le es aplicable un mecanismo no sancionatorio de definición de la situación jurídica, incluyendo la renuncia a la persecución penal. No obstante, también la SDSJ cuenta con 5 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Expediente Legali: 9000782-42.2020.0.00.0001

Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594

(FARC)

Situación Jurídica: Libertad condicionada

13. Según lo dispuesto en el numeral 50 del punto 5.1.2. del AFP, el artículo 8412 de la Ley 1957 de 2019 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la JEP -LEJEP-), los artículos 28, 30, 31 y 32 de la Ley 1820 de 2016 y el inciso 5º del artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, corresponde a la SDSJ resolver la situación jurídica con carácter definitivo a determinados comparecientes cuando concurran los requisitos previstos en la normatividad y no constituyan crímenes o delitos de los señalados expresamente en el numeral 1 del artículo 45 de la LEJEP, así como por los numerales 1º y 2º del artículo 30 de la Ley 1820 de 2016.

14. La SAI ha sustentado la remisión de los casos a la SDSJ de los exintegrantes de las FARC para que se resuelva la situación jurídica en forma definitiva en que por la gravedad de las conductas cometidas no era procedente conceder amnistías o indultos y tampoco estaban priorizados por la SRVR.

15. De acuerdo con el literal k) del artículo 84 de la LEJEP y el artículo 31 de la Ley 1820 de 2016, entre las resoluciones que puede adoptar la SDSJ para resolver situación jurídica de los comparecientes se encuentran: i) la renuncia a la persecución penal, ii) la cesación de procedimiento, iii) la suspensión de competencias de selección de segundo orden, las cuales recaen sobre un universo de individuos y hechos bajo condiciones diferentes, como pasa a mostrarse”. Y, respecto de la selección de segundo nivel que recae en la SDSJ en la misma decisión explicó: “66. En lo atinente a la primera modalidad de renuncia a la persecución penal, la SDSJ está facultada para recibir al grupo de personas que, por no ser máximas responsables, no fueron seleccionadas por la SRVR. Es decir, aquellas involucradas en crímenes graves y representativos que, sin embargo, no detentan la máxima responsabilidad y tampoco fueron escogidas por otras razones. Le corresponde definir directamente su situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios, tales como la renuncia a la persecución penal. No obstante, puede realizar un proceso de selección de segundo nivel y de alcance individual o colectivo frente a aquellos sujetos que, estando involucrados en crímenes internacionales, no reconocen verdad ni responsabilidad (lit. c y h, art. 84 LEJEP, y art. 28, num. 3, L 1820/16). En estos eventos, la SDSJ puede prescindir de la renuncia a la persecución penal y, en su lugar, remitir las diligencias a la UIA, con el fin de que esta “[i]nvestig[ue], y de existir mérito para ello, acus[e] ante el Tribunal para la

Paz”. Si la Unidad no acusa, devolverá el asunto a la SDSJ o a la SAI. Estas, por su parte, deberán aplicar los mecanismos pertinentes de definición de la situación jurídica de carácter no sancionatorio (lit. e, art. 87 LEJEP), salvo que constaten un incumplimiento al régimen de condicionalidad que amerite la salida del compareciente del componente judicial del SIVJRNR sin beneficios”. 12 Al respecto, el literal a) del artículo 84 de la LEJEP establece que la SDSJ deberá “definir la situación jurídica de todos quienes hayan accedido a la JEP, en relación con dos supuestos: personas que no serán objeto de amnistía o indulto ni serán incluidas en la resolución de conclusiones, y aquellas personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el Tribunal, por ser merecedoras de amnistía o indulto, en cuyo caso se remitirá a la Sala de Amnistía e Indulto”. Además, el literal e) del mismo artículo señala que deberá adoptar “las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de quienes no fueron amnistiados ni indultados, ni han sido objeto de resolución de conclusiones”. 6 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594 (FARC) Situación Jurídica: Libertad condicionada la ejecución de la pena, iv) la extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción y las demás que sean necesarias para tal fin. No obstante, según el numeral 1° del artículo 30 de la misma normatividad, no es procedente ninguna de las mencionadas resoluciones para resolver situación jurídica, cuando se trate de:

1. Casos de participación determinante en los denominados crímenes: crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, o reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma13, […]

16. De otra parte, del artículo 32 de la Ley 1820 de 2016 se interpreta que las decisiones que definen la situación jurídica con medidas no sancionatorias en los citados casos solo podrán adoptarse luego de que sean remitidos por la SRVR14. Por tanto, en aquellos eventos en los cuales no sea posible para la SDSJ tales pronunciamientos de manera autónoma, como sucede en los crímenes graves, la actuación debe ser remitida a la SRVR para que adopte la

decisión de acuerdo con su competencia, según lo establece el inciso 3° de la citada norma.

17. Así mismo, la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz – en adelante SAen la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 1 del 3 de abril de 2019, respecto de la competencia de la SDSJ para definir la situación jurídica de los comparecientes que no fueron objeto de amnistía o indulto por la SAI, señaló: 13 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2018. Sobre la exequibilidad en lo que atañe al reclutamiento de menores consideró que era exequible condicionadamente “en el entendido de que las conductas que constituyen ese delito cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de amnistía, indulto, ni renuncia a la persecución penal, si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán aquellas en las que el sujeto pasivo es una persona menor de 18 años”. 14 Al respecto la SA en la Sentencia TP-SA-RPP No. 230 de 2021 señaló: “73. Esta primera modalidad de la renuncia a la persecución penal se diferencia de las otras dos, entre otras razones, porque se aplica, en principio, en un estadio relativamente avanzado del trámite jurisdiccional. Frente a delitos priorizados debe agotarse, por regla, una primera etapa ante la SRVR. La renuncia a la persecución penal se otorga, conforme a lo antes indicado, a personas involucradas en crímenes internacionales que, sin embargo, fueron excluidas por la Sala. Adicionalmente, los beneficiarios de este tratamiento

no son solo los agentes del Estado, sino también exintegrantes de las FARC-EP y terceros (L 1820/16, arts. 28-8, 31 y 32). Es debido a esto que el artículo 32 de la Ley 1820 de 2016 estatuye que la renuncia a la persecución penal, cuando resulta aplicable a quienes “no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos”, se otorga “con base en la remisión de casos por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas” (L 1820/16, art. 32)”. 7 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594

(FARC)

Situación Jurídica: Libertad condicionada

149. La SDSJ tiene a su cargo diversas responsabilidades, entre las cuales se identifican dos que determinan su facultad para solicitar y evaluar, dentro de los parámetros fijados en esta sentencia, los programas de contribuciones a la justicia transicional que presenten, por requerimiento suyo, quienes comparezcan ante la JEP o pretendan

hacerlo. La primera de esas responsabilidades es definir la situación jurídica de comparecientes involucrados en casos que no sean objeto de amnistías o indultos ni deban ser incluidos en las resoluciones de conclusiones que dicte la SRVR, puesto que han sido excluidos de la selección (L 1820/16 art 28-1; conc C.P., art trans 66). […]

150. En virtud de la primera atribución mencionada, la SDSJ tiene la misión de definir la situación jurídica de quienes comparecen a la JEP y tienen algún involucramiento en los casos no seleccionados, por cuanto no deben aparecer en la resolución de conclusiones, y que además no serán objeto de amnistía o indulto. […] (subrayas fuera de texto)

18. En cuanto a la ruta que debían seguir los casos no amnistiables ni indultables, la SA en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 2 de 2019 sostuvo que la SAI debía remitir a la SRVR aquellos casos que se enmarcaran prima facie dentro de los casos priorizados, los demás debían ser enviados a la SDSJ para el seguimiento al régimen de condicionalidad. Para tales efectos

hizo las siguientes consideraciones:

140. En los eventos en que haya decidido acceder a la libertad condicionada corresponderá a la SAI, en la misma decisión y si cuenta con elementos para ello, declarar la no amnistiabilidad o indultabilidad del delito cuandoquiera que sea evidente que el mismo se encuentra dentro de aquéllos enunciados en el literal a) del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016. Dicha declaración, además de constituir en la práctica, por no avocar conocimiento del

trámite del beneficio definitivo, una negativa anticipada de la amnistía en relación con la conducta concernida –y como tal, susceptible de recursos independientes a los que puedan ejercerse contra la decisión relativa al beneficio provisional–, deberá acompañarse de una determinación en torno a si, dadas las particularidades del caso, deben o no imponerse condiciones especiales al ejercicio del beneficio provisional –sin perjuicio de que la SR decida ajustarlas en el futuro– (1) y de otra relativa al trámite procesal a seguir (2). […] 142. (2) En cuanto al trámite procesal a seguir debe advertirse que cuandoquiera que el caso analizado por la SAI se enmarque, prima facie, en alguno de los priorizados por la SRVR, el expediente deberá 8 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594 (FARC) Situación Jurídica: Libertad condicionada ser remitido a dicha sala para que decida sobre su integración al mismo. En los casos no priorizados el expediente se dirigirá a la SDSJ

para que, en los términos de la Senit 1 de 2019, adelante los trámites que le correspondan. En ambos casos copia electrónica de la providencia se enviará a la SR para los efectos de las competencias conferidas por los artículos 157 y 158 de la LEJEP en materia de supervisión de beneficios. […]

145. Finalmente, en relación con el denominado punto (vi) del procedimiento antes enunciado, la SA precisa que si en el marco de la decisión definitiva sobre la amnistía o el indulto la SAI concluye que, siendo de competencia de la jurisdicción, la conducta no es amnistiable o indultable, le corresponderá adoptar las determinaciones sobre el trámite procesal a seguir –que no son otras que las señaladas en materia de remisión para los casos en los que, de entrada, se advierte la no amnistiabilidad o no indultabilidad de la conducta–.

19. En consecuencia, en aquellos casos en que por la gravedad o representatividad de los hechos no puede emitirse alguna de las resoluciones de definición no sancionatorias de la situación jurídica, la competencia de la SDSJ se limita al seguimiento del régimen de condicionalidad para preparar el camino del compareciente en la JEP, previendo que en algún momento se remitirá a la SRVR por tratarse de un caso que podría ser seleccionado y priorizado. En relación con lo anterior, la SA en la Sentencia Interpretativa

TP-SA-SENIT 1 de 2019 afirmó:

186. Ante la SDSJ también pueden someterse o acogerse personas cuyos asuntos sean prima facie de obligada selección, bien porque a primera vista clasifican en un universo de supuestos previamente

seleccionado y priorizado, o porque son de aquellos que pueden hacer parte de un conjunto de hipótesis que, debido a su aparente gravedad o representatividad, deben también ser seleccionados y priorizados en el futuro. En tales hipótesis resultaría, de antemano, objetivamente inviable proyectar alguna de las resoluciones de definición no sancionatoria de las situaciones jurídicas, como la renuncia a la persecución penal, la cesación de procedimiento o la preclusión transicional, entre otras del mismo género. Por tanto, cabe interrogarse si en esos supuestos desaparece la potestad de la SDSJ de reclamar un compromiso claro, concreto y programado de los comparecientes, o de los aspirantes a comparecer. Si no desaparece, ¿cuál sería, en esos eventos, su competencia para requerirlo y evaluar lo que se le presente con tal fin? En vista de que se trata de casos en los que a primera vista resulta imperativa la selección, deben remitirse en algún momento futuro a la SRVR y, a partir de allí, continuar el curso de los trámites 9 le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP

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Solicitante: Billy Valencia Torres

C.C. 14.477.594 (FARC) Situación Jurídica: Libertad condicionada de no reconocimiento o de reconocimiento ante los órganos respectivos de la JEP. ¿Tendría la SDSJ atribuciones para requerir o examinar los compromisos que se presenten en la antesala de los procesos sancionatorios?

187. La respuesta a esta pregunta debe ser afirmativa, lo cual se justifica por los principios de (i) maximización de los fines de la selección, (ii) temporalidad y movilidad de la JEP, (iii) colaboración armónica entre los componentes del Sistema y, en particular, por (iv) las responsabilidades derivadas del régimen de condicionalidad. En virtud del primero de estos estándares, las normas del orden transicional deben interpretarse en el sentido de que procuren fortalecer los objetivos de la facultad de selección de casos. La selección de asuntos es una facultad que busca “centrar los esfuerzos” de los órganos nacionales de investigación, instrucción y juzgamiento en el procesamiento “de los máximos responsables” de delitos graves y representativos, tal como han sido definidos en el orden jurídico (CP art trans 66 y AL 1/17 art trans 7). Con la decisión de no seleccionar ciertas materias se liberan esfuerzos, energías de trabajo y recursos en la SRVR, la UIA y el Tribunal para la Paz, que podrían sustitutivamente usarse en impartir justicia sancionatoria en los casos seleccionados. Si en este contexto, además, la SAI y la SDSJ pueden reforzar esta empresa institucional sobre los asuntos seleccionados, indudablemente sus aportes incrementarían las probabilidades de

administrar justicia a los máximos responsables de las ofensas más serias. Existe por ello una razón poderosa para que la SDSJ ejecute tareas que avancen hacia los objetivos de los procesos de atribución de responsabilidades sancionatorias en la JEP, y es que de ello depende una mayor o menor garantía del derecho de las víctimas a la justicia.

20. En tratándose de los exintegrantes de las FARC, según lo expresado en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 2 de 9 de octubre de 2019, también le corresponde complementar o actualizar el régimen de condicionalidad a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz -en adelante SR-, pues en ese órgano de la JEP recae la supervisión de los b