JEP - Sentencia SRT-ST-158 de 2026

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SUBSECCIÓN TERCERA DE LA SECCIÓN DE REVISIÓN

SENTENCIA SRT-ST-158

Aprobada en Acta No. 36 – SUB03/26

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 1500892-13.2026.0.00.0001

Asunto: Acción de tutela presentada por una profesional del derecho que aseguró actuar en nombre de l señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO contra la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) Fecha de reparto: 25 de agosto de 2026

La Subsección Tercera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (TP -JEP), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Se decide la acción de tutela presentada por una profesional del derecho que aseguró actuar a nombre del señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO, contra la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP);

que aseguró actuar a nombre del señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO, contra la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 2 | 14

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II. ACCIONANTE, ACCIONADA Y VINCULADOS

2. La abogada Nathalia Ruano Rincón 1, quien indicó representar a l señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO, identificado con cédula de ciudadanía número 3.228.737, dirigió la tutela en contra de la SAI. Sin embargo, para integrar debidamente el contradictorio, mediante Auto SRT -AT-CLD-652 del 26 de agosto de 2026 2 se vinculó a la actuación a la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto (SEJUD -SAI) y a la Secretaría General Judicial de la JEP

(SEJUD General), dependencias que pudieron haber tenido conocimiento de las solicitudes objeto del amparo.

Amnistía o Indulto (SEJUD -SAI) y a la Secretaría General Judicial de la JEP (SEJUD General), dependencias que pudieron haber tenido conocimiento de las solicitudes objeto del amparo.

III. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1. Hechos expuestos por la abogada3

3. La profesional del derecho , que afirma obrar en calidad de apoderada judicial del señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO en el trámite de beneficios ante la SAI, interpuso la acción de tutela con base en los siguientes hechos:

4. Manifestó que el 24 de abril de 2026 la SAI profirió la Resolución SAIAOI-DF-ASM-026-2026, mediante la cual dispuso remitir por competencia a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) el proceso penal N.º 180013107001-2006-00027, al que se encuentra vinculado el señor CARVAJALINO como presunto responsable. Adujo que, según la resolución, las actuaciones correspondientes a dicha causa penal reposaban en el radicado Conti 20241020998 , cuyo contenido no se encuentra incorporado a l expediente Leg ali No. 150004057.2024.0.00.0001.

5. Agregó que, con el fin de estructurar la defensa de l señor CARVAJALINO, el 4 de junio de 2026 , radicó ante el despacho ponente de la

1 La abogada Nathalia Ruano Rincón, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.262.984 y tarjeta

CARVAJALINO, el 4 de junio de 2026 , radicó ante el despacho ponente de la

1 La abogada Nathalia Ruano Rincón, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.262.984 y tarjeta profesional No. 248.869 del Consejo Superior de la Judicatura, suscribe el escrito de tutela manifestando actuar en calidad de apoderada del accionante y allega poder visible a fls. 9-10 del Expediente Legali. 2Expediente Legali, fls. 16-20. 3 Expediente Legali, fl. 2. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 3 | 14

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SAI una solicitud de acceso al radicado Conti No. 20241020998, la cual reiteró el 7 de julio de 20264.

6. Afirmó que, no obstante , la SAI no había emitido respuesta a dichas solicitudes, circunstancia que le impedía promover oportunamente las acciones legales pertinentes en favor del señor CARVAJALINO.

3.2. Pretensiones5

solicitudes, circunstancia que le impedía promover oportunamente las acciones legales pertinentes en favor del señor CARVAJALINO.

3.2. Pretensiones5

7. Por lo anterior, solicitó que (i) se amparen los derechos del señor CARVAJALINO (ver supra, párr. 1) ; y (ii) se ordene a la SAI dar acceso al radicado Conti No. 20241020998, con el fin de permitir la revisión del proceso penal con radicado No. 180013107001-2006-00027.

IV. TRÁMITE DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL

8. El escrito de tutela fue radicado ante esta Jurisdicción el 24 de agosto de 2026, vía correo electrónico 6. Al día siguiente, la Secretaría Judicial de la SR

(SEJUDSR) lo repartió al Despacho sustanciador de la Subsección Tercera7.

9. En consecuencia, mediante Auto SRT-AT-CLD-652 del 26 de agosto de 20268 se avocó conocimiento, se vinculó a las dependencias antes referidas (ver supra, párr. 2) y se corrió traslado al extremo pasivo para que ejerciera el derecho de defensa y contradicción.

10. En la misma decisión , se requirió a la abogada para que sustentara las razones por las cuales actuaba en calidad de agente oficiosa o, en su defecto, allegara el poder especial correspondiente. Adicionalmente, se le requirió para que suministrara los datos de contacto del señor CARVAJALINO con el fin de correrle traslado del amparo y de que, si a bien lo tenía, lo reconociera o suscribiera.

que suministrara los datos de contacto del señor CARVAJALINO con el fin de correrle traslado del amparo y de que, si a bien lo tenía, lo reconociera o suscribiera.

4 Radicado Conti No. 202601055846. Expediente Legali, fls. 1-14. 5 Expediente Legali, fl. 7. 6Expediente Legali, fl. 1. Correo electrónico dirigido a infojep@jep.gov.co. 7 Expediente Legali, fl. 15. Informe secretarial ACTA.TSR.000000311.2026 de 25 de agosto de 2026. 8Expediente Legali, fls. 16-20. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 4 | 14

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11. El 26 de agosto de 2026, la SEJUD-SR notificó el mencionado auto a los sujetos concernidos, incluida la abogada Nathalia Ruano Rincón9.

12. La SEJUD -SR, mediante informe de 31 de agosto de 2026 10, dejó constancia de que el término de traslado había trascurrido sin respuesta de la

12. La SEJUD -SR, mediante informe de 31 de agosto de 2026 10, dejó constancia de que el término de traslado había trascurrido sin respuesta de la abogada. Por tal motivo, los días 31 de agosto y 1.° de septiembre de 2026, una funcionaria del Despacho sustanciador se comunicó con la profesional del derecho, con el fin de verificar que hubiera conocido el requerimiento en cuestión e indagar por el estado de las gestiones que hubiese realizado11.

13. Mediante escrito radicado el 2 de septiembre de 2026, la profesional del derecho manifestó el desistimiento de la presente acción de tutela debido a que “la accionada ya resolvió de fondo la petición y, por tanto, cesó la vulneración de los derechos fundamentales alegados inicialmente”12.

V. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADAS

5.1. Secretaría General Judicial de la JEP (SGJ)13

14. Solicitó ser desvinculada de la presente acción debido a que no existe ninguna solicitud del accionante que se encuentre pendiente de trámite a cargo de esa dependencia . Informó que, realizada la búsqueda respectiva en los sistemas de gestión documental y judicial, se advierte que las peticiones de 4 de junio y 7 de julio de 2026 a las que hace referencia el escrito de tutela fueron registradas en el sistema Conti y debidamente incorporadas al expediente Legali No. 1500040-57.2024.0.00.0001 que se tramita ante la SAI, por lo que concluyó que dicha Sala tuvo conocimiento de aquellas.

5.2. Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto (SEJUD-SAI)14

que dicha Sala tuvo conocimiento de aquellas.

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15. Solicitó su desvinculación del trámite al considerar que no ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante . Informó que, verificados los sistemas Conti y Legali respecto del expediente No. 1500040 -57.2024.0.00.0001,

9Expediente Legali, fls. 21-33. 10 Expediente Legali, fl. 50. Informe ISJ.TSR.0004115.2026 de 31 de agosto de 2026. 11 Expediente Legali, fls. 52-54. 12 Expediente Legali, fls. 56. 13Expediente Legali, fls. 34-35. 14Expediente Legali, fls. 36-40. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 5 | 14

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se observa que el 7 de julio de 2026 la abogada Nathalia Ruano Rincón allegó un escrito de “reiteración de solicitud de información” en el que hacía referencia a

se observa que el 7 de julio de 2026 la abogada Nathalia Ruano Rincón allegó un escrito de “reiteración de solicitud de información” en el que hacía referencia a una petición del 4 de junio de 2026 . Sin embargo, precisó que en el expediente no se encontró la solicitud inicial referida y que, al efectuar la búsqueda en el sistema Conti, se advirtió que el escrito del 4 de junio de 2026 había sido remitido al expediente No. 9005059-38.2019.0.00.0001, que se tramita ante la SRVR.

16. De otro lado, explicó que, mediante la Resolución SAI-AOI-T-ASM-2922026 del 26 de agosto de 2026, la SAI ordenó otorgar acceso inmediato al expediente contenido en el radicado Conti No. 20241020998 . Esta decisión fue comunicada mediante oficio del 27 de agosto de 2026, en el que se le informó a la abogada que el proceso penal con radicado 180013107001 -2006-00027 puede consultarse entre los folios 7940 a 17357 del expediente, mediante contraseña de acceso vigente hasta el 20 de enero de 2029.

5.3. Sala de Amnistía o Indulto (SAI)15

17. Explicó que, mediante la Resolución SAI -AOI-DF-ASM-026 del 24 de abril de 2026, remitió por competencia a la SRVR -despacho relator del Caso 01el proceso penal con radicado No. 180013107001 -2006-00027, en el que el señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO figura como presunto coautor de los delitos de

el proceso penal con radicado No. 180013107001 -2006-00027, en el que el señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO figura como presunto coautor de los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado y hurto calificado, decisión que fue comunicada a aquel y a su apoderada el 27 de abril de 2026.

18. Indicó que la abogada solicitó acceso al radicado Conti No. 20241020998 el 4 de junio y, nuevamente, el 7 de julio de 2026. Sobre el particular, señaló que dichas solicitudes no constituyen un derecho de petición autónomo sino una solicitud de naturaleza procesal, formulada dentro de l trámite de beneficios transicionales que adelanta la SAI , luego se rige por las reglas propias de ese procedimiento especial.

19. Precisó que la Resolución SAI -AOI-DF-ASM-026 aún no ha sido notificada por estado y que el trámite de notificaciones no ha culminado, razón por la cual la Secretaría Judicial de la SAI no había resuelto las solicitudes de los sujetos procesales. No obstante, informó que mediante la Resolución SAI -AOI15Expediente Legali, fls. 43-49.

Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 6 | 14

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T-ASM-292-2026 del 26 de agosto de 2026 16 ordenó a la Secretaría Judicial otorgar acceso inmediato a la apoderada del señor CARVAJALINO al expediente contenido en el radicado Conti No. 20241020998 y/o remitir copia de este a su correo electrónico, por lo que -en su criterio - se configuró un hecho superado.

20. En consecuencia, solicitó no acceder a las pretensiones de la tutela por ausencia de vulneración de derechos fundamentales y pidió declarar la improcedencia de la acción por carencia actual de objeto.

VI. PRUEBAS ALLEGADAS

21. En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes:

• Petición del 4 de junio de 2026 y su reiteración del 7 de julio de 2026, con las respectivas constancias de radicación17.

• Resolución SAI-AOI-T-ASM-292-2026 del 26 de agosto de 2026, mediante la cual la SAI ordena “se le otorgue acceso inmediato a la apoderada del señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO al expediente que se encuentra contenido en el radicado Conti No. 20241020998 y/o se remita copia de este al correo electrónico de la abogada para su consulta”18.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Esta Subsección es competente para conocer la tutela

electrónico de la abogada para su consulta”18.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Esta Subsección es competente para conocer la tutela

22. De acuerdo con el artículo transitorio 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, la SR del Tribunal para la Paz cuenta con una competencia limitada para conocer del trámite de acciones de tutela 19, en la medida que sólo puede pronunciarse respecto de: (i) acciones u omisiones de alguno de los órganos de la JEP que, presuntamente, vulneren o amenacen

16Expediente Legali, fls. 47-49. 17 Expediente Legali, fls. 11-14. 18 Expediente Legali, fls. 47-49. Reiterado a fls. 57-59. 19 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencias SRT -ST-252/2018 del 31 de diciembre de 2018; SRT -ST-248/2018 del 28 de diciembre de 2018; SRT -ST-221/2018 del 6 de diciembre de 2018; SRT-ST-215/2018 del 3 de diciembre de 2018; SRT-ST-184/2018 del 7 de noviembre de 2018. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 7 | 14

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derechos fundamentales20; y, (ii) providencias judiciales que profiera la JEP por una manifiesta vía de hecho, defecto procesal, o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la jurisdicción para la protección del derecho vulnerado o amenazado 21. En estos casos, la competencia se extiende incluso a otras autoridades, siempre que las pretensiones contra estas guarden algún tipo de relación con las formuladas respecto de la JEP22.

23. De la misma manera, la Corte Constitucional ha señalado que, en atención al factor subjetivo de competencia, la Constitución habilita a los jueces y a la JEP a analizar el escrito de tutela con el objetivo de verificar que esté dirigida de manera inequívoca contra uno de los órganos que componen esta Jurisdicción especial o de providencias judiciales que ella misma profiera23. Por ello, cuando la propia JEP reciba la acción de tutela, no podrá acudir a argumentos que desborden las reglas establecidas en el artículo transitorio 8° del artículo 1° ejusdem, ya que la obligación de declarar la falta de competencia opera sólo cuando advierta, de manera inequívoca, que el amparo no se dirige contra una acción u omisión de los órganos de la JEP o de sus propias providencias24.

opera sólo cuando advierta, de manera inequívoca, que el amparo no se dirige contra una acción u omisión de los órganos de la JEP o de sus propias providencias24.

24. Aplicadas las anteriores pautas al presente trámite, se tiene que esta Subsección es competente para conocer la acción constitucional formulada por la abogada Nathalia Ruano Rincón, por cuanto se funda en presuntas acciones u omisiones de esta Jurisdicción, en particular, de la SAI, que no habría dado respuesta a las peticiones radicadas los días 4 de junio y 7 de julio de 2026.

20 Vid. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencia SRT -ST-084/2018 de 10 de agosto de 2018. 21 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz, Sección de Revisión, Sentencia SRT -ST-134/2018 de 24 de septiembre de 2018. En el mismo sentido, Corte Constitucional, auto A-644 de 3 de octubre de 2018. 22 Cfr., Corte Constitucional. Auto A079 de 2019. 23 Corte Constitucional, auto A-644 de 3 de octubre de 2018. En el mismo sentido, autos A-400 del 27 de junio de 2018, A-731 del 14 de noviembre de 2018. 24 Corte Constitucional, auto A -644 de 3 de octubre de 2018, reiterado en los autos A -731 de 14 de noviembre de 2018, A-079 de 20 de febrero, A -162 y A-166 de 3 de abril, A -239 de 15 de mayo y A -325 de 19 de junio de 2019.

noviembre de 2018, A-079 de 20 de febrero, A -162 y A-166 de 3 de abril, A -239 de 15 de mayo y A -325 de 19 de junio de 2019. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 8 | 14

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7.2. Examen de procedibilidad de la acción de tutela

25. Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la procedibilidad de la acción de tutela está sometida al cumplimiento de los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad.

7.2.1. Legitimación por activa

26. La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la acción de tutela tiene como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “(…) es decir que no limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabeta s y en general

sexo, edad, origen de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabeta s y en general todo individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano”25.

27. Sin embargo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 exige como requisito la legitimidad e interés del accionante al precisar: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.

28. La misma norma admite la agencia de derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros municipales.

29. Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa26.

30. Ahora bien, de la informalidad de la acción de tutela se ha entendido

por la jurisprudencia constitucional:

25 Corte Constitucional, sentencia T-459 de 1992. 26 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2013. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página

26 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2013. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 9 | 14

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(…) que quien la ejerza no requiere ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se trata de un procedimiento preferente y sumario que puede iniciarse, como lo dice la Constitución, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los jueces, “(...) por sí misma o por quien actúe a su nombre (...)”, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (…) no podrían el legislador ni el intérprete supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos corrientemente por la ley para otro tipo de acciones (…)27.

31. Por lo tanto, carecería de todo fundamento que en los eventos en que la acción es ejercida por un tercero como agente oficioso, se exigiera el título de abogado, puesto que se desvirtuaría la informalidad que caracteriza la acción, arriesgando la efectividad de esta.

32. De lo expuesto, se logra advertir como presupuesto de la acción de tutela su informalidad, sin embargo, cuando su presentación se realiza por intermedio

arriesgando la efectividad de esta.

32. De lo expuesto, se logra advertir como presupuesto de la acción de tutela su informalidad, sin embargo, cuando su presentación se realiza por intermedio de abogado representante o por un agente oficioso, es importante determinar la existencia de unos requisitos que se precisarán a continuación.

33. El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que la legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se realiza: (i) con el ejercicio directo, es decir, que quien interpone la acción de tutela es el titular de los derechos fundamentales alegados; (ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe tener la condición de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el caso o, en su defecto, el poder general respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso.

34. La Corte Constitucional, en reiterados fallos, ha señalado los elementos

del apoderamiento en materia de tutela28, así:

(i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico29;

27 Corte Constitucional, sentencia T-550 de 1993. 28 Ver entre otras las sentencia T-531 de 2002 y T-552 de 2006. 29 Ver artículo 10 del decreto 2591 de 1991. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página

29 Ver artículo 10 del decreto 2591 de 1991. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 10 | 14

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(ii) tratándose de un poder especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado 30 para la promoción 31 de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen32 en el proceso inicial;

(iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.

35. En conclusión, la legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial de procedencia de la acción de tutela, y así se ha considerado por la Corte “puesto que al juez le corresponde verificar de manera precisa quién es el titular del derecho fundamental que está siendo vulnerado y cuál es el medio a través de cual acude al amparo constitucional”33.

7.2.2. Legitimación en la causa en el caso concreto

36. La abogada Nathalia Ruano Rincón interpuso la presente acción de

acude al amparo constitucional”33.

7.2.2. Legitimación en la causa en el caso concreto

36. La abogada Nathalia Ruano Rincón interpuso la presente acción de tutela invocando la vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor JESÚS EMILIO CARVAJALINO (ver, supra, párr. 1). En ese sentido, es claro que el titular de los derechos fundamentales cuya protección se reclama es este último, y no la profesional del derecho que promovió el amparo constitucional, cuya actuación se presenta, desde el escrito de tutela, como un ejercicio de representación judicial y no como la reclamación de un derecho propio.

37. Con el fin de precisar la legitimación en la causa por activa, mediante el auto de 26 de agosto de 2026, que avocó conocimiento del presente trámite, el

30 Artículo 74, Código General del Proceso. 31 En este sentido, ver entre otras, las sentencias T-695 de 1998 y T-550 de 1993. 32 En la sentencia T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte civil en un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no debió darle trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el poder respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso. En este sentido aseveró que “Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el pro ceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal es la parte

pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el pro ceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se le ha conferido; per o éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción de tutela”. 33 Corte Constitucional. Sentencia T-430 de Julio 11 de 2017. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500892-13.2026.0.00.0001 y el código 914495.P á g i n a 11 | 14

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500892 - 1 3 . 2 0 2 6 . 0. 0 0 . 0 0 0 1

Despacho sustanciador dispuso requerir a la abogada para que sustentara las razones por las cuales actuaba en calidad de agente oficiosa o, en su defecto, allegara el poder especial correspondiente, habida cuenta de que el documento aportado junto con el escrito de tutela constituye un mandato general otorgado para la actuación ante la JEP y no un poder específico para este trámite constitucional.

38. Sobre el particular, l a jurisprudencia constitucional ha precisado que,

para la actuación ante la JEP y no un poder específico para este trámite constitucional.

38. Sobre el particular, l a jurisprudencia constitucional ha precisado que, para ejercer el derecho de acción en nombre de una tercera persona se debe allegar poder especial . En consecuencia , los poderes otorgados para otras actuaciones judiciales o administrativas no pueden ser utilizados de manera indeterminada para la formulación de la acción constitucional, donde se requiere, precisamente, un acto de apoderamiento especial que identifique la autoridad accionada y los derechos fundamentales cuya protección se invoca.

39. El 26 de agosto de 2026, la SEJUD-SR notificó el Auto SRT-AT-CLD-652 a los sujetos concernidos, incluida la abogada Nathalia Ruano Rincón. No obstante, según dejó constancia esa dependencia mediante informe ISJ.TSR.0004115.2026 de 31 de agosto de 2026, el término de traslado transcurrió sin que la abogada diera respuesta al requerimiento formulado.

40. Ante ello, los días 31 de agosto y 1.° de septiembre de 2026, el Despacho sustanciador se comunicó telefónicamente con la señora Ruano Rincón, con el fin de verificar que hubiera conocido el requerimiento e indagar por el estado de las gestiones que hubiese realizado. Con todo, en el expediente no obra constancia de que, con posterioridad, la abogada hubiera acreditado su calidad de apoderada especial o de agente oficiosa, ni de que hubiera suministrado los datos de contacto del señor CARVAJALINO requeridos para correrle traslado del amparo.

41. Ahora bien, para que la abogada Ruano Rincón pudiera repres