JEP - Sentencia SRT-ST-178 de 2026

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SUBSECCIÓN TERCERA DE LA SECCIÓN DE REVISIÓN

SENTENCIA SRT-ST-178

Aprobada en Acta No. 48 – SUB03/26

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 1500925-03.2026.0.00.0001

Trámite:

Asunto: Acción de tutela presentada por el señor JORGE LIS UCRÓS, contra la Sección de Apelación de la JEP Sentencia de Primera Instancia Fecha de reparto: 4 de septiembre de 2026

La Subsección Tercera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (TP-JEP), en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ASUNTO POR RESOLVER

1. Se decide la acción de tutela presentada por el señor JORGE LIS UCRÓS, identificado con cédula de ciudadanía N.º 19.372.773, contra la Sección de Apelación (SA) del TP -JEP; por la presunta vulneración de sus derechos

UCRÓS, identificado con cédula de ciudadanía N.º 19.372.773, contra la Sección de Apelación (SA) del TP -JEP; por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad, igualdad, verdad, justicia y reparación.

Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 2 | 22

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II. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

2.1. Hechos que motivan el amparo1

2. El accionante manifestó que su padre, señor Carlos Antonio Lis Oliveros, fue asesinado el 8 de junio de 1958, en Prado (Tolima). Aseguró que, a través del Auto TP -SA 2289 de 25 de junio de 2026, la SA confirmó el Auto MGM-10 N.º 528 de 6 de febrero de 2025, mediante el que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) negó y archivó su solicitud de reconocimiento

MGM-10 N.º 528 de 6 de febrero de 2025, mediante el que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) negó y archivó su solicitud de reconocimiento como víctima, tras considerar que, para la época de los hechos, no existían las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), ni había información que permitiera relacionar el homicidio con dicha organización u otro grupo asociado al conflicto armado, de modo que no se subsumía en alguno de los macrocasos abiertos por esta Jurisdicción.

3. Para el señor LIS UCRÓS, tal razonamiento incurrió en los defectos que

se describen enseguida:

(i) Sustantivo: la SA dejó de aplicar el principio pro víctima, en cuya virtud las solicitudes de acreditación no exigen una carga argumentativa y probatoria cualificada, ni pueden condicionarse a la identificación precisa de los responsables. Al negar el reconocimiento, desconoció esos parámetros y atribuyó al interesado la falta de esclarecimiento y la ausencia de elementos que vinculen los hechos con las FARC-EP, cuando lo correcto era que, ante la duda, prefiriera la solución que mejor potenciara su dignificación como afectado.

(ii) Fáctico: la SA se concentró en la incertidumbre sobre los posibles autores del crimen (ya que en distintos documentos se mencionaban fuentes variadas como paramilitares, bandoleros, guerrillas o la autoría directa de alias "Tiro Fijo" ). Pero dejó de advertir que la existencia de esas hipótesis demostraba la ausencia de esclarecimiento

fuentes variadas como paramilitares, bandoleros, guerrillas o la autoría directa de alias "Tiro Fijo" ). Pero dejó de advertir que la existencia de esas hipótesis demostraba la ausencia de esclarecimiento por parte del Estado, mas no ponía en duda la ocurrencia de los hechos y la condición de víctima del actor, la cual fue debidamente

1 Expediente Legali, fls. 1-44. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 3 | 22

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(iii) Desconocimiento del precedente judicial: la SA negó la acreditación sin tener en cuenta que, según su propia jurisprudencia2, el estudio de esa clase de solicitudes no se limita a verificar si hay macrocasos en los que pueda intervenir el interesado. También supone determinar la

sin tener en cuenta que, según su propia jurisprudencia2, el estudio de esa clase de solicitudes no se limita a verificar si hay macrocasos en los que pueda intervenir el interesado. También supone determinar la ruta de protección institucional que debe seguir, si el hecho invocado no encaja en ninguno de estos.

(iv) Violación directa de la Constitución: la SA aplicó un enfoque diferencial para flexibilizar los requisitos de argumentación de la apelación que el actor formuló contra el auto que resolvió su solicitud en primer a instancia, considerando que merece protección constitucional reforzada como adulto mayor . Sin embargo, no extendió ese enfoque al análisis de fondo de su solicitud, pese a que ello le hubiese permitido advertir que la incertidumbre sobre un homicidio ocurrido hace décadas no podía resolverse trasladando a la víctima las consecuencias de la inoperancia estatal para esclarecerlo.

4. De otra parte, el actor invocó diferentes circunstancias para demostrar que la fecha de ocurrencia de los hechos no puede ser el único criterio relevante para determinar su reconocimiento como víctima. Por ejemplo, recordó que, en el Macrocaso 06, se acreditó al Partido Comunista de Colombia por delitos ocurridos desde 1958, el mismo año en que falleció su padre. Igualmente, explicó que la Ley 1448 de 2011 solo ofrece reparación para hechos ocurridos después del 1° de enero de 1985, pero también consagra medidas de restablecimiento no pecuniario para sucesos anteriores.

5. En ese contexto, aseveró que, más allá del aspecto temporal, la JEP debe realizar un análisis riguroso para verificar la posible relación del crimen con el

restablecimiento no pecuniario para sucesos anteriores.

5. En ese contexto, aseveró que, más allá del aspecto temporal, la JEP debe realizar un análisis riguroso para verificar la posible relación del crimen con el

2 El actor citó el Auto TP-SA 1125 de 2022 de la SA del TP-JEP. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 4 | 22

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2.3. Pretensiones

6. Por lo anterior, el actor pidió que se amparen los derechos invocados , se deje sin efectos el Auto TP -SA 2289 de 25 de junio de 2026 y se ordene a la SA proferir una nueva decisión que tenga en cuenta las críticas mencionadas5.

7. Como medida provisional, solicitó que se suspenda el archivo ordenado por

deje sin efectos el Auto TP -SA 2289 de 25 de junio de 2026 y se ordene a la SA proferir una nueva decisión que tenga en cuenta las críticas mencionadas5.

7. Como medida provisional, solicitó que se suspenda el archivo ordenado por la SA y “se preserve el expediente y la totalidad de los documentos aportados dentro del trámite de acreditación”.

III. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

8. El escrito de tutela fue radicado presencialmente ante esta Jurisdicción, el 3 de septiembre de 2026 6. Al día siguiente, la Secretaría Judicial de la SR

(SEJUD-SR) lo repartió a esta Subsección7 e informó que, previamente, el señor LIS UCRÓS formuló otra acción de tutela contra la SA, bajo radicado N.º 1500910-34.2026.0.00.0001.

9. Mediante auto de 7 de septiembre de 2026 8, se avocó conocimiento del trámite, se requirió información adicional , se negó la medida provisional

3 Investigando aspectos como la identidad y pertenencia de los autores a grupos armados de la época (bandoleros, guerrillas o autodefensas comunistas), la eventual participación de agentes estatales, y los móviles que rodearon el homicidio. 4 Planteó que la Fiscalía no puede declarar de forma automática la prescripción de la acción, sino que debe analizar la legislación vigente en 1958, el régimen aplicable y evaluar si los hechos se encuadran en una calificación internacional de especial gravedad o si existieron actos posteriores de ocultamiento. Paralelamente, señaló al CNMH como una entidad fundamental para la reconstrucción del contexto, la

en una calificación internacional de especial gravedad o si existieron actos posteriores de ocultamiento. Paralelamente, señaló al CNMH como una entidad fundamental para la reconstrucción del contexto, la recopilación documental, la preservación de archivos y el impulso de medidas de memoria colectiva y reparación simbólica. 5 En concreto, solicitó que se ordene la expedición de una providencia que valore integralmente los elementos aportados, aplique el principio pro-víctima, no traslade al solicitante la carga de identificar a los responsables, tenga en cuenta su condición de adulto mayor y determine la ruta para garantizar sus derechos como víctima. Si la providencia concluye que carece de competencia, deberá justificar el cierre de la solicitud, sin trasladarle las consecuencias de la falta histórica de esclarecimiento. 6 Expediente Legali, fl. 1. 7 Mediante acta de reparto TSR.0000328.2026. Expediente Legali, fl. 45. 8 Expediente Legali, fls. 46-54. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 5 | 22

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E X P E D I E N T E: 1500925 - 0 3 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1 solicitada, y se integró el contradictorio, vinculando a la SRVR, a su Secretaría Judicial (SEJUD-SRVR), a la SA, a su Secretaría Judicial ( SEJUD-SA), a la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP), a la UARIV, a la FGN y al CNMH.

IV. RESPUESTAS DEL ÓRGANO ACCIONADO Y LAS AUTORIDADES

VINCULADAS, Y PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DEL ACTOR

4.1. Sección de Apelación9

10. Tras indicar que conoció en segunda instancia la solicitud de acreditación del actor, señaló que no fijaría postura sobre la controversia constitucional ya que podría conocerla en sede de impugnación.

4.2. Secretaría Judicial de la Sección de Apelación10

11. Luego de describir las actuaciones procesales que antecedieron la emisión del Auto TP -SA 2289 de 2026 , indicó que este fue notificado tardíamente al actor, por presuntas omisiones de la SEJEP11. En todo caso, dijo que esa situación fue resuelta en el trámite constitucional que aquel promovió previamente12. Por tanto, sostuvo que no le concierne lo alegado en esta ocasión y reclamó su desvinculación del amparo.

4.3. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas13

12. Adujo que, en primera instancia, negó la acreditación del actor, porque los hechos que invocó no eran competencia de la JEP 14. Justificó su conclusión

Determinación de los Hechos y Conductas13

12. Adujo que, en primera instancia, negó la acreditación del actor, porque los hechos que invocó no eran competencia de la JEP 14. Justificó su conclusión en que: (i) para 1958, no existían las FARC -EP15; (ii) al parecer, el homicidio de

9 Expediente Legali, fls. 249-269. 10 Expediente Legali, fls. 187-247. 11 Dependencia a la que se encomendó la notificación, en vista de la necesidad de aplicar un enfoque diferencial por la condición de adulto mayor del actor. 12 Expediente Legali 1500910-34.2026.0.00.0001. 13 Expediente Legali, fls. 236-1178. 14 Señaló que “la competencia de la JEP se restringe únicamente a quienes hayan sido miembros de las organizaciones que suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno Nacional en los términos planteados en los artículos 62 y 63 de la Ley 1957 de 2019, por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y estrechamente vinculados al proceso de dejación de armas, hasta el 1 de diciembre de 2016”. 15 Dijo que “el grupo armado de las FARC-EP se consideró un actor armado desde el año 1965 y en este sentido, no se cumple con la competencia personal de la JEP, en virtud del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019 y el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 (…)”.

sentido, no se cumple con la competencia personal de la JEP, en virtud del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019 y el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 (…)”. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 6 | 22

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500925 - 0 3 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1 su padre fue causado por grupos o personas ajenos al Acuerdo Final de Paz (AFP)16; (iii) tal delito no se ajustaba a los patrones priorizados en los macrocasos, ni podía atribuirse a algún actor vinculado a estos 17; y (iv) la sola aplicación del principio pro víctima no podía desplazar los límites temporales bajo los que opera esta Jurisdicción18.

13. Adicionalmente, mencionó que , una vez notificada 19, esa decisión fue revisada por la SA, autoridad que , con argumentos similares, confirmó lo resuelto, “garantizando la doble instancia, el debido proceso y la oportunidad del señor Lis Ucrós para exponer las razones y pruebas de su disenso ”. En ese contexto, consideró que no vulneró los derechos del actor y solicitó ser desvinculada de este asunto.

Lis Ucrós para exponer las razones y pruebas de su disenso ”. En ese contexto, consideró que no vulneró los derechos del actor y solicitó ser desvinculada de este asunto.

14. Por último, aseguró que las conductas que afectaron al peticionario, en principio, deberían ser esclarecidas por la Jurisdicción Penal Ordinaria (JPO) .

Sin embargo, agregó que, durante el trámite de acreditación, tuvo conocimiento de que la FGN determinó que “no es posible iniciar acción penal alguna (…) por operar el fenómeno jurídico de la prescripción”.

4.4. Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas20

15. Destacó que solo le corresponde ejecutar labores secretariales, como emitir oficios y realizar notificaciones, las cuales agotó en debida forma respecto del trámite de acreditación del actor 21. Por ello, manifestó que no tiene responsabilidad frente a sus inconformidades y reclamó ser desvinculada del

16 Presuntamente, “bandoleros liberales que operaron en el sur del Tolima”. 17 En ese sentido, dijo que “ la magistratura tampoco podía redireccionar la solicitud de acreditación a otro de los macrocasos abiertos en la SRVR en la medida en que los hechos narrados no se enmarcan en ninguno de las regiones priorizadas en los macrocasos territoriales, no cumplen los criterios subjetivos de los casos adelantados respecto de crímenes no amnistiables atribuibles a otros actores armados cobijados por el Sistema o en contra de determinado grupo poblacional”. 18 Al respecto, reiteró lo considerado en el Auto TP-SA 2289 de 2026.

de los casos adelantados respecto de crímenes no amnistiables atribuibles a otros actores armados cobijados por el Sistema o en contra de determinado grupo poblacional”. 18 Al respecto, reiteró lo considerado en el Auto TP-SA 2289 de 2026. 19 Aseguró que “ordenó a la Secretaría Judicial de la Sala notificar la decisión al señor Jorge Lis Ucrós aplicando los lineamientos para la implementación del enfoque diferencial de personas mayores de la JEP, en coordinación con las oficinas Asesora de Atención a Víctimas y de Enfoques Diferenciales con el objetivo de que pudiera comprender el alcance de la decisión”. 20 Expediente Legali, fls. 456-459. 21 Expediente Legali, fls. 460-552. Hizo referencia a los autos MGM-10 No. 528 de 2025, mediante el cual se resolvió no acreditar como víctima al señor Jorge Lis Ucros, y MGM-10 No. 989 de 2026, a través del cual se dispuso conceder en efecto devolutivo la apelación presentada por el señor Lis Ucrós Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 7 | 22

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500925 - 0 3 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1

E X P E D I E N T E: 1500925 - 0 3 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1 procedimiento. Adicionalmente, precisó que una controversia similar fue planteada por aquel dentro del expediente N.º 1500910-34.2026.0.00.0001.

4.5. Fiscalía General de la Nación22

16. Sin pronunciarse directamente sobre la controversia constitucional 23, dio a conocer que, el 13 de marzo de 2019, el señor LIS UCRÓS formuló denuncia por el homicidio de su padre. No obstante, el 22 de septiembre de 2020, fue archivada por prescripción, conforme a los artículos 82 y 83 del Código

Penal.

4.6. Secretaría Ejecutiva de la JEP24

17. Afirmó que cumplió a cabalidad la fase administrativa de la ruta de acreditación del actor y remitió oportunamente el respectivo informe técnico a la SRVR, única autoridad competente para resolver sobre el particular en el marco de sus funciones judiciales. Por tanto, estimó que no vulneró los derechos del demandante y pidió ser desvinculada de la actuación. Finalmente, advirtió que una discusión análoga ya había sido formulada en sede constitucional25.

4.7. Centro Nacional de Memoria Histórica26

18. Hizo un recuento detallado sobre sus competencias 27 y describió los alcances de los derechos invocados28, para indicar que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los cuestionamientos del accionante se predican exclusivamente de actuac iones de la JEP. Por tanto, solicitó que se

alcances de los derechos invocados28, para indicar que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los cuestionamientos del accionante se predican exclusivamente de actuac iones de la JEP. Por tanto, solicitó que se declare improcedente el amparo en lo que hace a sus funciones. Sin perjuicio de ello, aportó un archivo con información sobre los eventos de violencia ocurridos en el municipio de Prado, durante 1958 , a efectos de contextualizar la controversia29.

22 Expediente Legali, fls. 340-360. 23 Solo incluyó una afirmación en su memorial que indica que “se debe tener como hecho superado” , sin explicar los fundamentos de la eventual configuración de esa categoría. 24 Expediente Legali, fls. 361-434. 25 Dentro del expediente N.º 1500910-34.2026.0.00.0001. 26 Expediente Legali, fls. 435-453. 27 De conformidad con las leyes 1448 de 2011 y 2078 de 2021. 28 Dignidad, igualdad, verdad, justicia y reparación, entre otros. 29 Certificado de importación visible a folio 447 del expediente Legali. Según el CNMH, “son acciones bélicas; asesinatos selectivos; atentados terroristas; ataques a poblados; daños a bienes civiles;

Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 8 | 22

web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 8 | 22

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500925 - 0 3 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1 4.8. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas30

19. Reclamó que se declare que no debe responder por la vulneración alegada, en tanto sus competencias no guardan relación con la providencia objeto de impugnación 31. En todo caso, puntualizó que, actualmente, evalúa la inclusión del actor en el Registro Único de Víctimas (RUV) , “por el hecho victimizante de Homicidio y Abandono o Despojo Forzado de Tierras declarado el 07 de septiembre de 2026”32.

4.9. Accionante Jorge Lis Ucrós33

20. Explicó que el trámite constitucional previo, al que hicieron referencia la SEJUD-SR y otros intervinientes en este asunto34, obedeció a la presunta mora de esta Jurisdicción en notificarle el Auto TP-SA 2289 de 2026. Señaló que dicha controversia fue resuelta con la Sentencia SRT-ST-166 de 9 de septiembre de 2026, la cual declaró que, si bien hubo una tardanza injustificada, se configuró un hecho superado pues finalmente la comunicación se surtió el 1º de septiembre del año en curso. El interesado solicitó que se tuviera en cuenta esta

2026, la cual declaró que, si bien hubo una tardanza injustificada, se configuró un hecho superado pues finalmente la comunicación se surtió el 1º de septiembre del año en curso. El interesado solicitó que se tuviera en cuenta esta situación, como señal de la vulneración de sus derechos.

V. PRUEBAS RELEVANTES

• Auto MGM-10 N.º 528 de 6 de febrero de 2025, mediante el que la SRVR resolvió en primera instancia sobre la acreditación del actor como víctima35. • Auto MGM-10 N.º 989 de 3 de febrero de 2026, mediante el que la SRVR concedió la apelación presentada por el accionante contra la decisión referida en el punto que antecede36.

desaparición forzada; eventos por minas antipersonal, municiones sin explotar y/o artefactos explosivos improvisados; masacres; reclutamiento o utilización de niños, niñas, adolescentes; secuestros y violencia sexual”. 30 Expediente Legali, fls. 592-603. 31 Arguyó que “el fin natural de la Unidad es realizar un acompañamiento a las víctimas del conflicto armado para que puedan acceder a los beneficios que restablezcan los derechos que les fueron arrebatados en el momento de ocurrencia de los hechos victimizantes de los cuales fueron víctimas, sin embargo, carece de competencia legal para definir el trámite solicitado por cuanto el ordenamiento jurídico impuso dichas facultades a otras entidades del Estado”. 32 Con el FUD No. BJ001141807. 33 Expediente Legali, fls. 604-606. 34 Como la SEJUD-SA, la SEJUD-SRVR, la SEJEP, entre otros.

jurídico impuso dichas facultades a otras entidades del Estado”. 32 Con el FUD No. BJ001141807. 33 Expediente Legali, fls. 604-606. 34 Como la SEJUD-SA, la SEJUD-SRVR, la SEJEP, entre otros. 35 Expediente Legali, fls. 153-167. 36 Expediente Legali, fls. 168-173. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 9 | 22

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500925 - 0 3 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1 • Auto TP-SA 2289 de 25 de junio de 2026 , mediante el que la SA resolvió el citado recurso de apelación37. • Decisión de archivo dictada por la FGN el 22 de septiembre de 2020, respecto de la investigación por los hechos que rodearon la muerte del padre del accionante38. • Matriz con información sobre los eventos de violencia ocurridos en el municipio de Prado, durante 1958, aportada por el CNMH39.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Esta Subsección es competente para conocer la tutela

21. De acuerdo con el artículo transitorio 8º del artículo 1º del Acto

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Esta Subsección es competente para conocer la tutela

21. De acuerdo con el artículo transitorio 8º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, la SR tiene competencia limitada para conocer acciones de tutela 40. Sólo puede pronunciarse respecto de: (i) acciones u omisiones de alguno de los órganos de la JEP que, presuntamente, vulneren o amenacen derechos fundamentales; y, (ii) providencias judiciales que profiera la JEP por una manifiesta vía de hecho, defecto pro cesal, o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la jurisdicción para la protección del derecho vulnerado o amenazado41.

22. La Corte Constitucional ha aseverado que, en atención al factor subjetivo de competencia, los jueces y la JEP deben analizar el escrito de tutela para verificar que se dirija contra uno de los órganos que componen esta Jurisdicción 42. Por ello, cuando la propia JEP reciba la acción de tutela, no podrá acudir a argumentos que desborden las reglas establecidas en el artículo transitorio 8° del artículo 1° ejusdem, ya que la obligación de declarar la falta de competencia

37 Expediente Legali, fls. 174-184. 38 Expediente Legali, fls. 354-356. 39 Certificado de importación visible a folio 447 del expediente Legali. Según el CNMH, “son acciones bélicas; asesinatos selectivos; atentados terroristas; ataques a poblados; daños a bienes civiles;

39 Certificado de importación visible a folio 447 del expediente Legali. Según el CNMH, “son acciones bélicas; asesinatos selectivos; atentados terroristas; ataques a poblados; daños a bienes civiles; desaparición forzada; eventos por minas antipersonal, municiones sin explotar y/o artefactos explosivos improvisados; masacres; reclutamiento o utilización de niños, niñas, adolescentes; secuestros y violencia sexual”. 40 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz. Sección de Revisión, Sentencias SRT -ST-252/2018 del 31 de diciembre de 2018; SRT -ST-248/2018 del 28 de diciembre de 2018; SRT -ST-221/2018 del 6 de diciembre de 2018; SRT-ST-215/2018 del 3 de diciembre de 2018; SRT-ST-184/2018 del 7 de noviembre de 2018. 41 Cfr. JEP, Tribunal para la Paz, Sección de Revisión, Sentencia SRT -ST-134/2018 de 24 de septiembre de 2018. En el mismo sentido, Corte Constitucional, auto A-644 de 2018. 42 Corte Constitucional, autos A-644 de 2018, A-400 de 2018 y A-731 de 2018. Este documento es copia del original firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ DIAZ, GLORIA AMPARO RODRIGUEZ. Para acceder al expediente procesal, acceda a la página web https://legali.jep.gov.co/esaj/, informe el proceso 1500925-03.2026.0.00.0001 y el código 928F36.P á g i n a 10 | 22

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S

S E C C I Ó N D E R E V I S I Ó N D E S E N T E N C I A S E X P E D I E N T E: 1500925 - 0 3 . 2 0 2 6 . 0 . 0 0 . 0 0 0 1 opera sólo cuando advierta que el amparo no se dirige contra una acción u omisión de los órganos de la JEP o de sus propias providencias43.

23. La presente controversia involucra a la SA, la SRVR, sus secretarías judiciales y la SEJEP. Como dichas autoridades pertenecen a la JEP, la SR puede conocer válidamente el amparo.

24. Cabe anotar que el amparo se hizo extensivo a otras autoridades que no integran esta Jurisdicción (FGN, CNMH y UARIV), pero ello no es óbice para conocer el asunto, en aplicación del principio de conexidad o fuero de atracción44.

6.2.1. Cuestión preliminar: no se configura duplicidad o temeridad

25. En la medida que el accionante formuló previamente una solicitud de amparo ante la JEP 45, como cuestión preliminar, se verificará si los hechos y pretensiones ventilados en esa oportunidad coinciden con los que hoy son objeto de estudio46. Con ese propósito, a continuación, se presenta el contenido

de las dos acciones:

Radicado Partes Causa Objeto 1500910-34.2026.0.00.0001 Resuelto mediante sentencia SRT-ST-166 de 9 de septiembre de 2026, dictada por la Subsección Segunda de la SR Jorge Lis Ucrós vs.

SA, SEJUD-SA,

Resuelto mediante sentencia SRT-ST-166 de 9 de septiembre de 2026, dictada por la Subsección Segunda de la SR Jorge Lis Ucrós vs. SA, SEJUD-SA, SRVR, SEJUDSRVR, SEJEP Presunta mora en la expedición y notificación de la decisión de segunda instancia sobre la solicitud de reconocimiento del accionante como víctima. Amparar los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia. En consecuencia, ordenar a la SA resolver la solicitud en cuestión y brindar las justificaciones pertinentes sobre el trámite interno surtido al respecto. 1500925-03.2026.0.00.0001 (Actual) Jorge Lis Ucrós vs. SA, SEJUD-SA, SRVR, SEJUDPresuntos defectos contenidos en el Auto TPSA 2289 de 2026, que negó Amparar los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad, igualdad, verdad, justicia y reparación. En

43 Corte Cons