JUZ PSO - Sentencia 52001312140120180002500-19-10-2026

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Código: FSRT-1 Proceso: Restitución de Tierras Versión: 01 Radicación: 520013121401-2018-00025-00

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN

RESTITUCION DE TIERRAS PASTO

Sentencia núm. 120

San Juan de Pasto, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Restitución de tierras

Solicitante: Marino Solarte Radicado: 520013121-401-2018-00025-00

I. Asunto:

Se procede a proferir sentencia dentro del proceso de la referencia.

II. Antecedentes:

1. La solicitud de restitución

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE - DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, en adelante la UAEGRTD, actuando en representación MARINO SOLARTE, identificado con cédula de ciudadanía núm. 98.290.616, por conducto de representante judicial ad scrita a esa entidad, formuló solicitud de restitución y formalización de tierras con el propósito de que se profiera sentencia que, en síntesis, (i) proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras respecto al inmueble denominado “El Carbonero”, ubicado en la vereda La Carrera1, corregimiento especial Zona Centro, municipio de El Rosario, departamento de Nariño, con un área de 3,3720 ha, cuyas coordenadas georreferenciadas y linderos se indicaron en el libelo

Zona Centro, municipio de El Rosario, departamento de Nariño, con un área de 3,3720 ha, cuyas coordenadas georreferenciadas y linderos se indicaron en el libelo introductorio, al que le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria núm. 248-32233 de la Oficina de Re gistro de Instrumentos Públicos de La Unión (N ariño), sin información catastral, y; (ii) se decreten medidas de reparación integral a su favor, y al de su núcleo familiar.

1 En el Informe Técnico Predial se explica que registralmente figura en La Planada, pero conforme a la división política municipal se localiza en La Carrera2

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Como fundamento fáctico de las pretensiones, la representante judicial del solicitante puso de presente, lo siguiente:

1.1. Sobre el abandono forzado del predio

a) Expuso el contexto de violencia en el municipio de El Rosario, haciendo alusión a los diferentes grupos armados que hicieron presencia en el territorio y las acciones que llevaron a cabo;

b) Señaló que, de acuerdo con lo narrado por el solicitante, se desplazó con su núcleo familiar en octubre de 2011, de la vereda La Recogida, corregimiento especial de El Rosario, debido a la presencia de actores armados de la guerrilla y paramilitares, de quienes recibió amenazas y presiones.

c) Indicó que se dirigió al municipio de El Rosario y luego a la ciudad de Cali, donde permaneció durante 3 años.

quienes recibió amenazas y presiones.

c) Indicó que se dirigió al municipio de El Rosario y luego a la ciudad de Cali, donde permaneció durante 3 años.

1.2. Sobre la relación jurídica con el predio solicitado en restitución

a) Informó que el solicitante adquirió el predio en 2003, mediante compraventa realizada a su abuelo, Demetrio Solarte León, a través de documento privado;

b) Afirmó que el solicitante utilizó el predio para trabajo, mediante la tenencia de ganado y cultivos de maíz y fríjol;

2. Trámite surtido

En el trámite judicial se destacan las siguientes actuaciones relevantes:

2.1. Admisión. El conocimiento del asunto correspondió inicialmente al Juzgado Cuarto de Descongestión Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, que mediante auto de 31 de agosto de 2018 admitió la solicitud de restitución. En dicha providencia, se adoptaron las medidas contempladas en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 ; se vinculó a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT; y se decretaron algunos medios de convicción.

2.2. Publicación de la admisión. El 12 de septiembre de 201 8 se surtió la publicación de la admisión de la solicitud de restitución.3

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2.3. Remisión del expediente. Este despacho judicial asumió el conocimiento del asunto, luego de que fuera sometido a reparto por la terminación del juzgado que

2.3. Remisión del expediente. Este despacho judicial asumió el conocimiento del asunto, luego de que fuera sometido a reparto por la terminación del juzgado que inicialmente lo venía tramitando, a través de providencia de 21 de agosto de 2019. En el auto en mención, además, se corrió el respectivo traslado del concepto técnico presentado por la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO.

III. Consideraciones

1. Sanidad procesal

No se observa ninguna irregularidad que pueda invalidar la actuación ni se encuentra pendiente la resolución de algún incidente.

2. Presupuestos procesales

Concurren los requisitos de competencia, capacidad para ser parte y para comparecer al proceso y demanda en forma, que permiten decidir de mérito la cuestión litigiosa planteada.

2.1. Competencia. Le corresponde a este juzgado decidir el asunto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, debido a la naturaleza de la acción, la ubicación del inmueble cuya restitución se pretende y toda vez que no se formuló ninguna oposición.

2.2. Capacidad para ser parte y comparecer a l proceso. El solicitante es persona natural, mayor de edad, de quien se presume, por tanto, plena capacidad para contraer obligaciones, adquirir derechos, gozar y disponer de ellos.

Además, acudió al proceso a través de la UAEGRTD, que designó una profesional del derecho adscrita a dicha entidad, con capacidad postulativa y debidamente constituida.

2.3. Demanda en forma. El escrito de la solicitud se elaboró con observancia de

Además, acudió al proceso a través de la UAEGRTD, que designó una profesional del derecho adscrita a dicha entidad, con capacidad postulativa y debidamente constituida.

2.3. Demanda en forma. El escrito de la solicitud se elaboró con observancia de las exigencias contempladas en el artículo 84 de la Ley 1448 de 2011 y se agotó el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 76, ibídem.

3. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa de riva del interés jurídico que ubica a las partes en los4

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extremos de la relación jurídico-sustancial.

3.1. Legitimación en la causa por activa. En el presente asunto, le asiste legitimación en la causa por activa2 al solicitante porque se alegó – y se encuentra acreditado– que se vio obligado a abandonar el inmueble reclamado en restitución en el año 2012, a causa de hechos de violencia enmarcados en el conflicto armado interno colombiano.

3.2. Legitimación en la causa por pasiva. Por su parte, se convocó a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS debido a que se estableció que el inmueble reclamado en restitución es un baldío rural.

Además, en virtud de lo contemplado en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, se convoc ó a las personas indeterminadas sin que nadie compareciera al proceso.

4. Problema jurídico a resolver

Además, en virtud de lo contemplado en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, se convoc ó a las personas indeterminadas sin que nadie compareciera al proceso.

4. Problema jurídico a resolver

En el presente asunto, se debe determinar si se cumplen los presupuestos exigidos por la Ley 1448 de 2011 para que se proteja el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras de l solicitante y se adopten las medidas de reparación integral pertinentes.

Para resolver el problema jurídico planteado, se debe tener en cuenta lo siguiente:

5. Derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras

Durante el conflicto armado interno colombiano, entre otras problemáticas, se ha presentado una disputa por la tierra y el dominio de territorio que ha afectado, principalmente, a la sociedad civil, especialmente a los campesinos y comunidades étnicas que habitan la zona rural del país, toda vez que millones de personas se han visto obligadas a desplazarse forzosamente, debiendo abandonar sus tierras o han

2 De acuerdo con lo dispuesto en el art 81 de la Ley 1448 de 2011, son titulares de la acción de restitución de tierras (i) las personas que hace referencia el art. 75 de esa misma normativa, es decir aquellas que, como propietarias, poseedoras de inmuebles o explotadoras de baldíos adjudicables, fueron despojadas o debieron abandonarlos forzosamente como consecuencia directa o indirecta de los hechos a los que se refiere el art. 3º ibidem, siempre que hayan ocurrido entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley; (ii) su cónyuge o compañero(a) permanente al momento de

los hechos a los que se refiere el art. 3º ibidem, siempre que hayan ocurrido entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley; (ii) su cónyuge o compañero(a) permanente al momento de la ocurrencia de los hechos victimizantes; (iii) sus herederos o sucesores, y; (iv) la UAEGRTD en nombre de menores de edad, personas incapaces o cuando los titulares de la acción así lo soliciten.5

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sido despojadas de las mismas, sin que la institucionalidad haya podido conjurar dicha situación a través de los mecanismos ordinarios.

Para superar esta situación, en el marco de la justicia transicional3 se expidió la Ley 1448 de 2011, que contiene un conjunto de medidas de atención, asistencia y reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado interno4, en particular, aquellas que, debido a la violación del Derecho de los Derechos Humano s y/o del Derecho Internacional Humanitario, fueron despojadas o debieron abandonar de manera forzada predios con los que tenían una relación jurídica de propiedad, posesión u ocupación, para obtener la restitución jurídica y material de bienes inmuebles5, bajo el entendido que la restitución de tierras es un derecho de carácter fundamental6, que se rige por los principios de preferencia, independencia, progresividad, estabilización, seguridad jurídica, prevención, participación y prevalencia constitucional.

Lo anterior se acompasa con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales

fundamental6, que se rige por los principios de preferencia, independencia, progresividad, estabilización, seguridad jurídica, prevención, participación y prevalencia constitucional.

Lo anterior se acompasa con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, tales como: los Convenios de Ginebra de 1949 (artículo 17 del Protocolo Adicional) y los Principios Rectores de los Desplazamientos lnternos, consagrados en el lnforme del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos lnternos de Personas (principios Deng), entre ellos, los Principios 21, 28 y 29, y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas (Principios Pinheiro).

3 La institución jurídica de la justicia transicional, según lo ha explicado la Corte Constitucional, “pretende integrar diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de paz, re speto, reconciliación y consolidación de la democracia” (sentencia C-052/12).

4 Es importante tener presente que el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 define a las víctimas, para los efectos de dicha disposición, como “(…) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, oc urridas con ocasión del conflicto

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, oc urridas con ocasión del conflicto armado interno//También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.// De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.// La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima (…)” (negrilla fuera de texto).

5 En el evento en que no sea posible la restitución jurídica y material del bien, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras permite la compensación con otro inmueble de características similares o, si ello resulta factible, en dinero (art. 97).

6 Ver sentencias T-025/04, T-821/07, C-821/07 y T-159/11 y autos 218 de 2006 y auto 008 de 2009.6

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Para acceder a las medidas de restitución y formalización de tierras establecidas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448 de 20117, se debe acreditar: (i) la condición

Para acceder a las medidas de restitución y formalización de tierras establecidas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448 de 20117, se debe acreditar: (i) la condición de víctima, por la ocurrencia de un hecho acaecido con ocasión del conflicto armado interno8, en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1991 hasta la vigencia de la ley, que haya derivado en el despojo o el abandono forzado de un inmueble9, y; (ii) que el solicitante hubiere tenido una relación jurídica con dicho predio en calidad de poseedor, propietario u ocupante.

6. Caso concreto

Se procede a valorar los medios de convicción que obran en el plenario, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 77, 78 y 89 de la Ley 1448 de 2011, con el objeto de establecer si en el presente caso se configuran los presupuestos axiológicos para la prosperidad de las pretensiones formuladas:

6.1. Condición de víctima. Para acreditar que el solicitante es víctima del conflicto armado interno10 y, por ende, que se vio obligad o a abandonar el inmueble cuya restitución se reclama, se aportaron varios medios de convicción:

7 Para el ejercicio de la acción de restitución de tierras, el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 precisa que son titulares “[l]as personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adj udicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta

baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adj udicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente ley , entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo” (Negrilla fuera de texto) , así como su cónyuge o compañero(a) permanente al momento de los hechos o, eventualmente, sus sucesores, según lo establece el artículo 81.

8 En la sentencia C -781 de 2012, la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad de la expresión “con ocasión del conflicto armado interno” contenida en el artículo 3º, precisó, reiterando así la línea jurisprudencial que había trazado al resp ecto, que aquel debe entenderse en un sentido amplio y no restringido, esto es, no solamente circunscrito a los enfrentamientos armados entr e el Estado y uno o más grupos armados organizados o entre estos grupos, sino también a otro tipo de situaciones de violencia generados en el marco del mismo y que también atentan contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

9 El art. 74 define el despojo como “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos

de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”, mientras que al abandono forzado lo concibe como “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración , explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75”.

10 Es importante señalar que la condición de víctima, el despojo y el abandono forzado, son situaciones fácticas que surgen como consecuencia del conflicto armado interno, de ahí que no sea necesaria la declaración previa por alguna autoridad para su acredit ación, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C -253 de 2012, pues el “principio de buena fe está encaminado a liberar a las víctimas de la carga de probar su condición. En la medida en que se dará especial peso a la declaración de la víctima, y se presumirá que lo que ésta aduce es verdad, de forma que en caso de duda será el Estado quien tendrá la obligación de demostrar lo contrario. En consecuencia, bastará7

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6.1.1. Contexto de violencia. En relación con las dinámicas del conflicto armado en la zona donde se ubica el predio reclamado, se aportó el Documento de Análisis de

6.1.1. Contexto de violencia. En relación con las dinámicas del conflicto armado en la zona donde se ubica el predio reclamado, se aportó el Documento de Análisis de Contexto del municipio de El Rosario, elaborado por la UAEGRTD, en el marco de la Resolución RÑ 01680 del 17 de agosto de 2017, mediante la cual se microfocalizaron los corregimientos Especial Zona Centro y Martín Pérez. El estudio aborda las principales dinámicas sociales, políticas y económicas relacionadas con el conf licto armado y su incidencia en los procesos de abandono forzado de tierras, a partir de la triangulación de información proveniente de testimonios de víctimas, solicitudes de restitución, entrevistas y ejercicios de cartografía social realizados con habitantes de dichas zonas.

De acuerdo con el documento, la presencia de las FARC en El Rosario se remonta a la década de los ochenta, favorecida por la ubicación estratégica del municipio, que permite la conexión con los departamentos de Huila, Putumayo y Cauca y el acceso hacia el océano Pacífico, así como por las condiciones geográficas que facilitaron la movilidad, el repliegue y el desarrollo de actividades relacionadas con cultivos ilícitos. En este contexto, hizo presencia el Frente 29 Alon so Ortega, cuya consolidación se extendió aproximadamente entre 1986 y 2001, período durante el cual dicha organización ejerció control territorial y social en distintas zonas del municipio.

Posteriormente, entre los años 2000 y 2005, se produjo la incurs ión del Bloque Central Bolívar –BCB–, particularmente a través del Frente Libertadores del Sur y las

organización ejerció control territorial y social en distintas zonas del municipio.

Posteriormente, entre los años 2000 y 2005, se produjo la incurs ión del Bloque Central Bolívar –BCB–, particularmente a través del Frente Libertadores del Sur y las Brigadas Campesinas Antonio Nariño, cuya zona de influencia comprendió, entre otros, el corregimiento de Martín Pérez. El documento refiere que, desde el a ño 2000, comenzaron a circular panfletos en los corregimientos de Martín Pérez y Especial Zona Centro, mediante los cuales se señalaba a habitantes de tener vínculos o colaborar con las FARC. Tales señalamientos estuvieron acompañados de amenazas y provoca ron desplazamientos individuales y colectivos de las personas señaladas y de sus familias.

En el corregimiento de Martín Pérez, la presencia de los grupos armados se manifestó, entre otras conductas, mediante extorsiones, amenazas, homicidios selectivos, abigeato y desplazamientos. El documento registra que las veredas La Planada, El Vapor y El Vado, así como la cabecera corregimental, estuvieron particularmente afectadas por la confrontación entre grupos armados. En el Vado se habría establecido una base de operaciones de las AUC, mientras que en El Vapor

a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba”.8

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se registraron campamentos paramilitares, incluso en instalaciones de la escuela de

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se registraron campamentos paramilitares, incluso en instalaciones de la escuela de la vereda. La disputa por el control territorial y los cobros extorsivos ocasionaron el desplazamiento de numerosas fami lias, al punto que algunos sectores quedaron prácticamente deshabitados.

La confrontación entre las FARC y el Bloque Central Bolívar se agudizó durante los primeros años de la década del 2000. El documento registra que, entre 2001 y 2005, se presentó un incremento significativo del desplazamiento en el municipio, asociado a los enfrentamientos entre ambos grupos y a las denominadas “listas negras” empleadas por los paramilitares. Asimismo, en 2004 se produjeron confrontaciones entre las FARC y el Bloque Central Bolívar en las veredas La Montaña y Pueblo Nuevo, que generaron el desplazamiento de algunas familias hacia otros sectores del municipio.

En cuanto al corregimiento Especial Zona Centro, el documento da cuenta de la incidencia de las FARC y, posteriormente, de los grupos paramilitares, en un contexto caracterizado por amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos y abandono de tierras. La población quedó expuesta, además, a los enfrentamientos entre la guerrilla y la Fuerza Pública, en los que los habitantes resultaban ubicados en medio del fuego cruzado, circunstancia que, sumada a las demás formas de presión ejercidas por los actores armados, llevó a familias campesinas a abandonar sus viviendas, enseres y predios de trabajo.

del fuego cruzado, circunstancia que, sumada a las demás formas de presión ejercidas por los actores armados, llevó a familias campesinas a abandonar sus viviendas, enseres y predios de trabajo.

Finalmente, el documento señala que, después de la desmovilización de los grupos paramilitares, se produjo una reconfiguración de las estructuras armadas y que, a partir de 2011, las FARC retomaron presencia en el municipio, generándose nuevas formas de control sobre la pobl ación. En Martín Pérez se registraron durante ese período casos de extorsión, amenaza y abigeato , atribuidos a la guerrilla, algunos de los cuales llevaron a moradores a abandonar sus viviendas y lotes de trabajo. Igualmente, se documentan enfrentamientos y presiones posteriores que produjeron amenazas y desplazamientos individuales.

El informe se muestra coherente con el fenómeno de violencia que se vivía en Colombia y, particularmente, en el departamento de Nariño para aquel entonces, a causa del conflicto armado interno, pues ello ha sido considerado como un hecho notorio11.

11 Es tan evidente la existencia de un conflicto armado interno en Colombia durante los últimos cincuenta años, como quiera que en el mismo se han visto involucrados el Estado y diferentes grupos armados ilegales organizados, que ha sido considerado como un “hecho notorio” que, por ende, no9

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6.1.2. Situación particular del solicitante. En cuanto a la situación particular del solicitante, obran en el expediente los siguientes medios de convicción:

Versión: 01 Radicación: 520013121401-2018-00025-00

6.1.2. Situación particular del solicitante. En cuanto a la situación particular del solicitante, obran en el expediente los siguientes medios de convicción:

6.1.2.1. Declaraciones del solicitante. Se aportó la declaración que rindió el solicitante ante el Personero Municipal de El Rosario, para su inclusión en el Registro Único de Víctimas, en la que señaló que salió desplazado el 3 de noviembre de 2012, debido a las amenazas que recibió por parte de hombres armados que lo acusaron de ser colaborador del ejército la policía.

Además, se pre sentó la declaración que rindió durante la etapa administrativa del proceso el 28 de junio de 2016, en la que manifestó que salió desplazado en octubre de 2011, debido a que personas pertenecientes a alguno de los grupos armados ilegales presentes en la zona, como la guerrilla o los paramilitares, lo extorsionaron para que pagara por cada cabeza de ganado y lo amenazaron en caso de no cumplir. Al respecto, señaló que probablemente eran paramilitares, porque ese grupo dominaba la zona, pero aclaró que no podía identificar con certeza a los responsables.

El actor indicó que no quiso entregar el dinero, pues temía que el otro grupo armado interpretara el pago como colaboración y tomara represalias, razón por la cual decidió abandonar la verada y desplazarse, con su madre Isabel Solarte López, a la ciudad de Cali.

El actor señaló que había presentado declaración ante la personería municipal y ante la Unidad de Víctimas.

abandonar la verada y desplazarse, con su madre Isabel Solarte López, a la ciudad de Cali.

El actor señaló que había presentado declaración ante la personería municipal y ante la Unidad de Víctimas.

No obstante, en declaración de 23 de agosto de 2017, afirmó que su desplazamiento ocurrió en 2012, cuando hombres armados le exigieron dinero por cada cabeza de ganado que tenía y lo amenazaron si no pagaba. Por ello se desplazó con su madre a Cali, dejando abandonado el predio y encargando a su hermana la venta del ganado; aproximadamente un año después retornó y reanudó parcialmente su explotación.

Como puede observarse, existe una inconsistencia en cuanto a la fecha; sin embargo, esta divergencia no tiene la entidad suficiente para desvirtuar por sí solas el hecho

requiere ser probado en el proceso. Al respecto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló: “(…) resulta un verdadero despropósito siquiera ins inuar que alguien medianamente informado desconoce las actuaciones de los grupos irregulares que por más de cincuenta años han operado en todo el territorio nacional, sus actos violentos y los sucesivos procesos emprendidos por diferentes gobiernos para lograr su reasentamiento en la vida civil, o cuando menos hacer cesar sus acciones// Sobra anotar que de esas acciones y procesos no solo han informado insistentemente y reiteradamente los medios de comunicación, sino que además sus efectos dañosos han perme ado a toda la sociedad en todo el territorio nacional”. (Sentencia No. 35212 de 13 de noviembre de 2013).10

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victimizante, en tanto que, en lo sustancial, el relato se mantiene uniforme en señalar que el desplazamiento ocurrió por el temor causado por las amenazas que recibió por hombres armados, en un contexto de presencia simultánea de guerrilla y paramilitares, y las variaciones temporales pueden explicarse por el tiempo transcurrido entre las declaraciones y las circunstancias en que fueron recibidas.

En tal sentido , como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional, las declaraciones rendidas por las víctimas del conflicto armado interno no siempre presentan exactitud en aspectos temporales, por diversas razones como aquellas asociadas al impacto psicológico de los hechos, el pa so del tiempo, el nivel de escolaridad o el temor persistente frente a los actores armados, entre otras 12. En este sentido, las divergencias de carácter cronológico, como la evidenciada en este caso, no pueden ser interpretadas en perjuicio del solicitante ni constituyen, por sí solas, un indicio de falta de veracidad o de inexistencia del hecho victimizante.

De hecho, como se analiza más adelante, el actor se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas – RUV por el hecho victimizante de desp lazamiento acaecido en noviembre de 2012, por lo que se deduce que esta es la fecha en la que ocurrió el abandono del inmueble.

6.1.2.2. Testimonios. En la etapa administ rativa rindieron declaración Angelino López Daza y Aurelio Rodrí guez Narváez, quienes aseguraron ser vecinos del

ocurrió el abandono del inmueble.

6.1.2.2. Testimonios. En la etapa administ rativa rindieron declaración Angelino López Daza y Aurelio Rodrí guez Narváez, quienes aseguraron ser vecinos del solicitante.

Sobre los hechos victimizantes, coincidieron en que Marino Solarte se desplazó con su madre a causa de extorsiones amenazas de grupos arma dos ilegales, dejando abandonado el inmueble . El testigo Aurelio R odríguez confirmó que el hecho victimizante ocurrió en 2012.

12 Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que ciertos factores pueden influir en que los relato