TA ANT - Sentencia 05-001-33-33-034-2023-00017-01 (30-10-2025)

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Síntesis del caso: D. A. R. G. y otros promovieron medio de control de REPARACIÓN DIRECTA contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad estatal por la privación de la lib ertad sufrida entre el 24 de octubre de 2018 y el 13 de mayo de 2019, dentro de un proceso penal adelantado por el delito de tentativa de homicidio agravado. La privación de la libertad se produjo como consecuencia de una medida de aseguramiento de detenci ón domiciliaria impuesta por autoridad judicial competente, luego de un altercado ocurrido el 4 de octubre de 2018 en el municipio de La Estrella, Antioquia, en el cual resultó gravemente lesionado el ciudadano F . A. F. R. Con base en los elementos materiales probatorios recaudados —declaraciones de testigos presenciales y dictamen de Medicina Legal — la Fiscalía solicitó orden de captura y posterior imposición de la medida restrictiva. El proceso penal culminó con sentencia absolutoria proferida el 24 de no viembre de 2021 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, al considerar que no se acreditó el dolo requerido para estructurar la tentativa de homicidio, aplicándose el principio in dubio pro reo. En primera instancia, el JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante sentencia del 3 de febrero de 2025, negó las

tentativa de homicidio, aplicándose el principio in dubio pro reo. En primera instancia, el JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante sentencia del 3 de febrero de 2025, negó las pretensiones de la demanda al concluir que la privación de la libertad no constituyó un daño antijurídico, dado que la medida se ajustó a los parámetros legales y constitucionales vigentes.

Extracto: […] Resulta así que, lo objetivo radica en que no importaba si la conducta del agente judicial, determinante en la imposición de la medida, se había realizado o no conforme a la ley, sino que solamente era necesario demostrar la causación de un daño, el cual se presumía antijurídico, a la persona afectada con la privación de la libertad y que este resultara imputable a la acción o la omisión de la autoridad judicial respectiva, se reitera, sin importar que la conducta de ese agente judicial se enc ontrara o no ajustada a derecho en consideración a que, manifestaba la jurisprudencia vigente y en su mayoría apoyada, estaban en juego derechos como la libertad y la presunción de inocencia, último este sobre el que se dijo que con el simple hecho de no ser desvirtuada, al concluir el proceso penal y luego de impuesta la medida, generaba una responsabilidad estatal. […] Ahora, teniendo en cuenta que la verificación de lo anterior no es suficiente, pues el artículo 90 de la Constitución Política, así como los pronunciamientos de las altas Cortes ya referidos, no admiten cualquier tipo de daño, sino que exige uno cualificado, específicamente como antijurídico, es preponderante dilucidar si el afectado, en las circunstancias concretas que rodearon el asunto por el cual hoy se demanda, tenía el

no admiten cualquier tipo de daño, sino que exige uno cualificado, específicamente como antijurídico, es preponderante dilucidar si el afectado, en las circunstancias concretas que rodearon el asunto por el cual hoy se demanda, tenía el deber jurídico de soportarlo, pues de ser ello así se estaría en presencia de un daño justo o jurídicamente permitido que resquebrajaría la pretendida responsabilidad estatal; por el contrario, si se está ante un daño antijurídico, se abre la posibilidad de ser resarcido. […] En este sentido, lo que se quiere dar a entender es que el Fiscal designado para el caso se encontraba frente a un imperativo legal frente al cual, como se sabe, lo que correspondía era su cumplimiento traducido en la solicitud de imposición de la medida preventiva, correspondiéndole por su parte al Juez de control d e garantías verificar la configuración de los supuestos para su decreto. […] Así las cosas, del material probatorio, como también de los hechos narrados en la demanda, se puede inferir que se cumplió con el control de legalidad en el término previsto, en razón a que la captura, como ya se indicó se efectuó el 23 de octubre de 2018 y al día siguiente se puso a disposición del juez. De esta manera, en lo que tiene que ver con el control previo de legalidad sobre medidas de aseguramiento privativas de la libertad, resulta visible que se respetaron los términos y garantías de manera que, hasta este punto, no se ha logrado desvirtuar la sujeción al ordenamiento jurídico de las demandadas.

Decisión: La sala segunda de oralidad del tribunal administrativo de antioquia confirmó la sentencia apelada y reiteró que la absolución penal no implica, por sí sola, la configuración de una privación injusta de la libertad. La Sala aplicó el

Decisión: La sala segunda de oralidad del tribunal administrativo de antioquia confirmó la sentencia apelada y reiteró que la absolución penal no implica, por sí sola, la configuración de una privación injusta de la libertad. La Sala aplicó el régimen jurisprudencial unificado en materia de responsabilidad estatal por privación de la libertad, según el cual es indispensable analizar, en cada caso concreto, la antijuridicidad del daño a la luz de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida restrictiva. Tras examinar el acervo probatorio, concluyó que la Fiscalía y la Rama Judicial actuaron dentro del marco de sus competencias, con fundamento en indicios serios y suficientes para inferir la posible responsabilidad penal del procesado al momento de imponer la medida. Asimismo, determinó que la detención preventiva fue revocada oportunamente, que se respetaron los términos procesales y las garantías del debido proceso, y que no se acreditó arbitrariedad ni exceso en la actuación estatal. En consecuencia, al no configura rse un daño antijurídico imputable al Estado, negó la indemnización solicitada y se abstuvo de imponer condena en costas.MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SALA SEGUNDA DE ORALIDAD

MAGISTRADO PONENTE: ÁLVARO CRUZ RIAÑO

Medellín, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025

MEDIO DE

CONTROL

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS 1

DEMANDADO NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA2

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN3

RADICADO 05-001-33-33-034-2023-00017-01

INSTANCIA SEGUNDA

PROCEDENCIA JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE MEDELLÍN

ASUNTO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE

LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR

DAÑOS ANTIJURÍDICOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.

DECISIÓN CONFIRMA SENTENCIA APELADA – NUEVO RÉGIMEN

VALORATIVO DE RESPONSABILIDAD

PROVIDENCIA 132

LINK DEL

EXPEDIENTE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 034 2023 00017 01

Decide esta Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 3 de febrero de 2025 , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el día 3 de febrero de 2025 , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones4

1 margaradiaz90@hotmail.com 2 dsajmdlnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co 3 jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. 4 documento 001demandaanexos.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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La parte actora pretende que se declare a la s entidades demandadas, administrativamente responsables por el daño antijurídico causado a los demandantes a raíz de la injusta privación de la libertad a la que fue sometido Diego Alexander Ramírez González al ser acusado por el delito de tentativa de homicidio agravado

Como indemnización solicita se condene a los siguientes pagos:

--Por concepto de lucro cesante consolidado Para Diego Alexander Ramírez González la suma de $20.401.906.

--Por concepto de daño emergente Para Diego Alexander Ramírez González la suma de $18.810.000..

--Por concepto de daño moral Para Diego Alexander Ramírez González (víctima directa), Simón Ramírez Cano (hijo), Isaac Ramírez González (hijo) el equivalente a 49 SMLMV.

Por el mismo concepto para María Margarita Zapata de González (abuela), Consuelo de

Ramírez González (hijo) el equivalente a 49 SMLMV.

Por el mismo concepto para María Margarita Zapata de González (abuela), Consuelo de Jesús Zapata de Ramírez (abuela), Luis Alberto Ramírez Zapata (padre), Claudia Patricia González Zapata (madre), Juan Sebas tián Ramírez González (hermano), Saray Ramírez González (hermana)

1.2. Supuestos fácticos

Los hechos consignados en la demanda son los que a continuación se resumen:

El día 4 de octubre de 2018, aproximadamente a las cinco de la tarde, Diego Alexander se encontraba en compañía de su madre, Claudia Patricia González Zapata, de su hermana menor, Saray Ramírez González, y de su hijo, Simón Ramírez Cano, observando cómo este último montaba bicicleta en la vía pública. En ese momento, arribó al lugar el señor Fabio Antonio Fernández Ruiz, quien conducía su vehículo en reversa sin percatarse de la presencia del menor que se hallaba cerca del trayecto del automotor.

Ante la inminencia del peligro, Diego Alexander le gritó en repetidas ocasiones al conductor para que detuviera el vehículo y así evitar atropellar al niño. Sin embargo, al no obtener respuesta, tomó una piedra y golpeó la parte trasera del automotor, logr ando que el señorMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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Fernández Ruiz se detuviera. Acto seguido, este descendió del vehículo profiriendo insultos contra Diego Alexander, y de manera intempestiva extrajo un machete oxidado del compartimiento trasero del automóvil, con el cual le propinó varios planazos en las piernas, mientras Diego Alexander sostenía en brazos a su hijo de dos años.

En medio de la agresión, un vecino intervino para recibir al menor. En ese momento, mientras ambos hombres forcejeaban, dos perros de raza pitbull, propiedad de Juan Sebastián, hermano de Diego Alexander, saltaron por encima de una chambrana y atacaron a Fabio Antonio Fernández Ruiz, mordiéndolo en diferentes partes del cuerpo. De inmediato, Diego Alexander, su madre y su hermana int entaron separar a los animales para evitar mayores lesiones.

Finalmente, el señor Fernández Ruiz logró zafarse y se retiró del lugar. No obstante, minutos después regresó acompañado de su hijo, Juan Felipe Fernández, quien portaba un alicate, y ambos arremetieron nuevamente contra Diego Alexander y su madre, Claudia Patricia González Zapata. La intervención oportuna de un vecino permitió disuadir a Fabio Antonio Fernández Ruiz, quien finalmente accedió a trasladarse a un centro asistencial para recibir atención médica.

El 19 de octubre del año 2018 a solicitud de la FISCALÍA el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO PENAL DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA emitió orden de captura No. 1586 en

atención médica.

El 19 de octubre del año 2018 a solicitud de la FISCALÍA el JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO PENAL DE LA ESTRELLA ANTIOQUIA emitió orden de captura No. 1586 en contra del señor DIEGO ALEXANDER por el de lito de tentativa de homicidio. Luego de las audiencias concentradas, el juez impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de domicilio.

1.3. Contestaciones

1.3.1. La Nación - Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura5

Dando respuesta a la acción de le referencia, la Rama Judicial solicita al despacho judicial que se desestimen todas las pretensiones formuladas en su contra, afirmando que sus actuaciones en el proceso penal se ajustaron estrictamente al marco constitucio nal y legal vigente.

5 Documento 007ContestacionRamaJudicial.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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La Rama Judicial sostiene que no existe responsabilidad administrativa , pues la posterior absolución del señor Diego Alexander Ramírez González no implica automáticamente que la privación de la libertad haya sido injusta. Argumenta que, al momento de la imposición de la medida de aseguramiento, existían fundamentos fácticos y jurídicos suficientes que hacían razonable la inferencia de autoría y participación, y que la detención fue ordenada por autoridad judicial competente dentro de los parámetros legales, por lo cual el daño no reviste

razonable la inferencia de autoría y participación, y que la detención fue ordenada por autoridad judicial competente dentro de los parámetros legales, por lo cual el daño no reviste carácter antijurídico.

La entidad invoca además causales eximentes de responsabilidad , aduciendo que el daño tuvo origen en el hecho exclusivo de la víctima , quien al verse involucrada en una riña provocó su propia vinculación penal, y en el hecho de un tercero, consistente en la denuncia formulada por el señor Fabio Antonio Fernández Ruiz , determinante en la privación de la libertad.

Asimismo, alega la falta de acreditación del daño antijurídico y del carácter injusto de la detención, recordando que la carga probatoria recae en el demandante y que la libertad personal no es un derecho absoluto.

Finalmente, plantea la falta de legitimación en la causa por pasiva, señalando que la Fiscalía General de la Nación es quien dirige la investigación penal y, en consecuencia, la llamada a responder por una eventual privación injusta. Solicita, además, que no se impongan costas a la entidad, en atención a que se trata de un asunto de interés público y los recursos provienen del erario.

1.3.2. La Fiscalía General de la Nación6.

La Fiscalía General de la Nación objeta gran parte del relato fáctico de la demanda, señalando que contiene hechos irrelevantes o no probados, así como apreciaciones personales del actor que no guardan relación directa con la privación de la libertad. Indica además que la descripción de las actuaciones procesales constituye un relato de trámite judicial, no un fundamento de responsabilidad estatal.

personales del actor que no guardan relación directa con la privación de la libertad. Indica además que la descripción de las actuaciones procesales constituye un relato de trámite judicial, no un fundamento de responsabilidad estatal.

En cuanto al fondo, la entidad sostiene que su actuación se ajustó a la Constitución y la ley, en cumplimiento del deber previsto en el artículo 250 de la Carta Política, al adelantar la investigación penal cuando existían motivos fundados y elementos probatorios suficientes

6 Documento 011ContestacionFiscalia.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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para inferir la posible participación del señor Diego Alexander Ramírez González en los hechos investigados. Precisa que la medida de aseguramiento fue impuesta por el Juez de Control de Garantías , quien avaló la legalidad de la solicitud fiscal, razón por la cual la actuación del ente acusador fue legítima, razonable y proporcionada.

La Fiscalía advierte que la posterior absolución del procesado no implica, por sí sola, que la detención haya sido injusta ni que se configure una falla en el servicio, pues los estándares probatorios para la detención preventiva y la sentencia penal son distintos. En consecuencia, no se demostró daño a ntijurídico ni nexo causal que permita imputar responsabilidad a la entidad.

Asimismo, se opone a las pretensiones económicas, objetando la cuantía de los perjuicios morales por exceder los límites jurisprudenciales y la falta de prueba del lucro cesante y del

entidad.

Asimismo, se opone a las pretensiones económicas, objetando la cuantía de los perjuicios morales por exceder los límites jurisprudenciales y la falta de prueba del lucro cesante y del daño emergente. Finalmente, propone excepciones de mérito, entre ellas la inexistencia de falla en el servicio , la ruptura del nexo causal y la no configuración de los requisitos del artículo 90 de la Constitución Política.

1.4. Sentencia impugnada7.

Mediante sentencia del 3 de febrero de 2025, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito de Medellín resolvió negar las pretensiones de la demanda, al concluir que no se acreditaron los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado.

El Despacho fundamentó su decisión en que la privación de la libertad sufrida por el demandante, aunque culminó con sentencia absolutoria, no revestía el carácter de injusta ni constituía un daño antijurídico, pues la medida de aseguramiento impuesta en su momento se ajustó a los parámetros legales y constitucionales que la justificaban.

En primer término, el juez determinó que la medida de aseguramiento fue razonable, proporcional y necesaria en el contexto de la investigación penal por tentativa de homicidio. Para su imposición existían elementos probatorios suficientes, tales como decla raciones de testigos presenciales y el dictamen pericial de Medicina Legal que evidenciaba lesiones graves en la víctima. Con base en ello, el Juez de Control de Garantías encontró acreditada una inferencia razonable de autoría o participación, conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

graves en la víctima. Con base en ello, el Juez de Control de Garantías encontró acreditada una inferencia razonable de autoría o participación, conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

7 Documento 053SentenciaPrimeraInstancia.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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En segundo lugar, se precisó que la absolución del procesado obedeció a la aplicación del principio in dubio pro reo, lo cual no implica por sí mismo la configuración de responsabilidad estatal.

Finalmente, el Juzgado concluyó que no se acreditó falla en el servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación ni de la Rama Judicial, al evidenciar que ambas entidades actuaron dentro del marco de sus competencias, respetando los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

En consecuencia, al no demostrarse la antijuridicidad del daño ni el nexo causal entre la actuación estatal y la privación de la libertad, el Despacho negó las pretensiones de la demanda y declaró no configurada la responsabilidad extracontractual del Estado.

1.5. Recursos de apelación parte demandante8.

En su escrito, la parte actora manifestó su inconformidad con la decisión de primera instancia, alegando que la misma desconoció los elementos probatorios obrantes en el proceso y omitió valorar adecuadamente la actuación de la Fiscalía General de la Nación , cuya falta de

En su escrito, la parte actora manifestó su inconformidad con la decisión de primera instancia, alegando que la misma desconoció los elementos probatorios obrantes en el proceso y omitió valorar adecuadamente la actuación de la Fiscalía General de la Nación , cuya falta de diligencia habría prolongado injustificadamente la privación de la libertad del señor Ramírez González.

En primer lugar, la apelación sostiene que la Fiscalía mantuvo la acusación y la medida de aseguramiento a pesar de contar con elementos que desvirtuaban la versión inicial de la víctima. Se indicó que, para la audiencia de acusación del 27 de febrero de 2019 , ya reposaba en el expediente un informe en el que el señor Fabio Antonio Fernández Ruiz — víctima de los hechos — relataba los sucesos sin mencionar que el acusado lo hubiera esperado con los perros para atacarlo. Además, el mismo denunciante reconocía no haber tenido conflictos previos con el señor Ramírez González, a quien describía como una persona tranquila. No obstante, la Fiscalía ratificó los cargos y mantuvo la medida de aseguramiento domiciliaria hasta el 13 de mayo de 2019 , prolongando la restricción de la libertad por más de seis meses, pese a que ya no se evidenciaban razones objetivas para sostenerla.

8 Documento 056RecursoApelacionParteDemandante.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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En segundo término, los apelantes reprochan errores en la valoración probatoria, afirmando que la Fiscalía no demostró la existencia de dolo ni la autoría del delito de tentativa de homicidio. Se aduce que la acusación desconoció la ausencia de elementos que acreditaran que el procesado conociera las enfermedades de base del señor Fabio Antonio — circunstancia indispensable para establecer la intención homicida — y que los testimonios rendidos por la víctima resultaban incoherentes e inverosímiles. Asimismo, se destaca que el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, advirtió las contradicciones en las declaraciones de la víctima, las cuales no fueron consideradas por el juez penal de primera instancia.

Finalmente, los apelantes reiteran la existencia de daños materiales y morales , señalando que el proceso penal generó una afectación emocional y en su reputación al interior de su núcleo familiar. A demás de la erogación de dieciocho millones de pesos ($18.000.000) destinados al pago de honorarios profesionales para su defensa.

1.6. Trámite en segunda instancia9.

Mediante auto del 23 de mayo de 2025, se admitió el recurso presentado por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Medellín, el día 3 de febrero de 2025.

Adicionalmente se indicó que el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes

Medellín, el día 3 de febrero de 2025.

Adicionalmente se indicó que el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, eliminó la audiencia de alegatos y conclusión, disponiendo además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite de segunda instancia se hubiere decretado pruebas. En consecuencia, al no ser necesario la práctica de pruebas no se dispuso de alegaciones por las partes, sin embargo, se les permitió pronunciarse en relación con el recurso de apelación, pero ninguna de las partes lo hizo.

1.7. Pruebas relevantes Documentales

• Solicitud de audiencia preliminar10.

9 Documento 62AutoAdmiteApelación.pdf 10 Página 57 del documento 001DemandaAnexos.pdfMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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• Acta de audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de seguridad, llevada a cabo el 24 de octubre de 2018, ante el Juzgado

Primero Municipal de Itagüí.11.

• Orden de captura No. 7 Oficio 158612. • Orden de encarcelamiento domiciliaria13. • Orden de recolección de caninos, con fecha del 24 de octubre de 201814. • Formato de medida de aseguramiento No. 2710, con fecha del 29 de octubre de 201815. • Escrito de acusación, radicado el 18 de diciembre de 201816.

• Formato de medida de aseguramiento No. 2710, con fecha del 29 de octubre de 201815. • Escrito de acusación, radicado el 18 de diciembre de 201816. • Acta de audiencia de verificación de preacuerdo / acusación, celebrada el 27 de febrero de 2019 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento17. • Acta de audiencia preparatoria llevada a cabo el 7 de mayo de 2019 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento18. • Acta de audiencia en la que se resolvió solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, llevada a cabo el 13 de mayo de 2019 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal. Oportunidad en la que se revoca la medida y se dispone la libertad del acusado19. • Auto interlocutorio No 152 del 19 de julio de 2019, mediante el cual se decidió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas20. • Acta de audiencia de juicio oral, llevada a cabo el 13 de junio de 2019 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento21. • Informe de investigador de laboratorio de dactiloscopia elaborado por la Policía Nacional el 8 de diciembre de 201822. • Informe pericial de clínica forense, elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica de Itagüí23. • Acta de audiencia de juicio oral, llevada a cabo el 2 de diciembre de 2019 ante el

Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento24.

11 Páginas 59 y 60 del citado documento

• Acta de audiencia de juicio oral, llevada a cabo el 2 de diciembre de 2019 ante el

Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento24.

11 Páginas 59 y 60 del citado documento 12 Página 61 del citado documento 13 Página 63 del citado documento 14 Página 65 del citado documento 15 Página 69 del citado documento 16 Páginas 71 a 75 del citado documento 17 Página 90 del citado documento 18 Página 103 del citado documento 19 Páginas 106 y 105 del citado documento 20 Páginas 109 a 113 del citado documento 21 Página 118 del citado documento 22 Página 112 a 127 del citado documento 23 Páginas 128 a 133 del citado documento 24 Página 134 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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• Copia de sentencia absolutoria, proferida el 24 de noviembre de 2021 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí25. • Copia de sentencia de segunda instancia proferida el 24 de febrero de 2022, por el

Tribunal Superior de Medellín.26

1. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia

2.1. De la competencia

Es competente este Tribunal para conocer en segunda instancia del presente medio de control de Reparación Directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 2º del artículo 155 ibídem.

2.2. Problema Jurídico

Pasa la Sala a determinar si la decisión que tomó el Juzgado de primera instancia se ajustó a los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, para lo cual deberá establecer:

¿La privación de la libertad de DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ, constituye un daño antijurídico imputable a la RAMA JUDICIAL y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por el cual resulta procedente la declaratoria de responsabilidad del Estado y la indemnización de los perjuicios ocasionados a los demandantes? o, ¿debe confirmarse la decisión adoptada en primera instancia bajo el argumento de que la medida privativa de la libertad padecida por el demandante fue ajustada a derecho de acuerdo a las circunstancias concretas que rodearon los hechos?

2.2.1. Causa del problema jurídico

Por causa se entiende la razón por la que ante un mismo problema jurídico las partes plantean tesis diametralmente opuestas, advirtiéndose que su identificación es tan importante y conveniente para la resolución del litigio como la correcta formulación del problema jurídico.

25 Páginas 143 a 151 del citado documento 26 Página 152 a 179 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS

25 Páginas 143 a 151 del citado documento 26 Página 152 a 179 del citado documentoMEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICADO: 05-001-33-33-034-2023-00017-01

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En el caso que ocupa el estudio, encuentra la Sala que la causa se deriva de la diferente connotación jurídica dada por las partes a las circunstancias que rodearon la privación de la libertad del demandante, por cuanto, mientras para ésta, las circunstancias en q ue se produjo la privación de DIEGO ALEXANDER RAMÍREZ GONZÁLEZ, tienen la connotación de consolidar todos los elementos de la responsabilidad del Estado de que trata el artículo 90 de la Constitución Política, esto es, se trató de un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas, siendo procedente la indemnización de los perjuicios; para la parte actora y el juez de primera instancia no tienen tal connotación y, por el contrario, consideran que se trata de un daño no indemnizable pues la parte demandante tenía el deber jurídico de soportarlo, y por tanto no les es imputable.

2.3. Cuestión previa

El artículo 18 de la ley 446 de 1998, establece los r