TA CHO - Sentencia 27001-33-33-006-2023-00392-01 (26-11-2025)

Sentencia N/R 2da instancia 27001333300620230039201

GESSY PORRAS PALACIOS

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Quibdó, veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA No. 176

RADICADO: 27001333300620230039201

DEMANDANTE: GESSY PORRAS PALACIOS

DEMANDADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR “ICBF”

MEDIO DE CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TEMA:

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

MAGISTRADA PONENTE: DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD – Forma de vinculación legal y

temporal en cargos de carrera, que se utiliza para atender vacancias definitivas o temporales mientras se adelanta el concurso de méritos. No confiere derechos de estabilidad, pues el cargo debe ser provisto en propiedad con la persona que supere el proceso de selección y figure en la lista de elegible s/ DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA – Garantía que protege a los trabajadores que, por su condición de salud, se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Para su reconocimiento deben

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y SITUACIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA – Garantía que protege a los trabajadores que, por su condición de salud, se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Para su reconocimiento deben acreditarse los requisitos establecidos por la Corte Constitucional , estos son: (i) afectación de salud que limite sustancialmente el desempeño laboral, (ii) conocimiento previo de la entidad empleadora de esa situación, y (iii) la desvinculación no obedezca a una causa objetiva / NO PROCEDENCIA DEL REINTEGRO – El acto administrativo acusado no se encuentra viciado de nulidad, toda vez que la terminación del nombrami ento provisional obedeció a la provisión definitiva del cargo con una persona que superó el concurso público de méritos, actuación que se ajusta al principio constitucional de mérito y al marco normativo previsto en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, sin que se acreditaran los presupuestos jurisprudenciales para aplicar la estabilidad laboral reforzada por situación de debilidad manifiesta.

1. Procede la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 25 de junio de 2025 , a través de la cual el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó concedió parcialmente las súplicas de la demanda.

2. La controversia se centra en la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución 3962 de mayo de 2023, mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la

de la demanda.

2. La controversia se centra en la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución 3962 de mayo de 2023, mediante el cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Gessy Porras Palacios, en el cargo de Profesional Universitariatrabajadora social, por incurrir en vulneración de su estabilidad laboral reforzada debido a su condición de debilidad manifiesta derivada de enfermedad de origen laboral.

I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIASentencia N/R 2da instancia

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3. Mediante Sentencia de fecha 25 de junio de 2025 , el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , resolvió, entre otros, (i) declarar no probadas las excepciones propuestas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ii) declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 3962 del 12 de mayo de 2023, por medio de la cual se ordenó la terminación del nombram iento en provisionalidad de la señora Gessy Porras Palacios, (ii) ordenar a la entidad demandada el reintegro de aquella a un cargo de igual nivel y remuneración al que desempeñaba, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes al

provisionalidad de la señora Gessy Porras Palacios, (ii) ordenar a la entidad demandada el reintegro de aquella a un cargo de igual nivel y remuneración al que desempeñaba, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social dejados de percibir desde la fecha del retiro hasta su reintegro, descontando las sumas que pudo haber percibido por concepto de salarios, prestaciones y aportes derivados del ejercicio de otros cargos públicos durante dicho per íodo. En todo caso, la indemnización a reconocer no debe ser inferior a seis (6) meses ni superior a veinticuatro (24) meses de salario, conforme a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado del 9 de agosto de 2022, (iv) ordenar la actualización de los valores reconocidos de conformidad con el artículo 187 del CPACA , (v) negar la demás pretensiones de la demanda , (vi) dar cumplimiento al fallo en los términos establecidos en el artículo 192 y 195 del CPACA y (vii) abstenerse de condenar en costas.

Pretensiones

4. La parte actora solicita que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 3962 del 12 de mayo de 2023 a través de la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar declaró la terminación del nombramiento en provisionalidad de la señora Gessy Porras Palacios, quien se desempeñaba como profesional universitaria en el cargo de trabajadora social. Como consecuencia de dicha declaración, depreca se condene a la entidad demandada al restablecimiento de sus derechos, reubicándola en un cargo igual o equivalente al que ocupaba antes de su desvinculación, en su calidad de sujeto de especial protección constitucional

declaración, depreca se condene a la entidad demandada al restablecimiento de sus derechos, reubicándola en un cargo igual o equivalente al que ocupaba antes de su desvinculación, en su calidad de sujeto de especial protección constitucional con estabilidad laboral reforzada. Pide, además, el reconocimiento y pago de las asignaciones salariales dejadas de percibir, primas, bonificaciones y demás prestaciones correspondientes, o en su defecto, la pensión derivada de la pérdida de capacidad laboral, y de no ser posible, el pago de una indemnización sustitutiva del reintegro.

5. Adicionalmente, pretende el reconocimiento y pago de perjuicios materiales por concepto de daño emergentes por valor de $36.000.000, correspondientes a los daños inmediatos causados con el despido, así como el reconocimiento del lucro cesante y el daño ocasionado durante el tiempo de desvinculación, cuantificado en 250 salarios mínimos legales vigentes. También solicitó, el pago de perjuicios morales equivalentes a 100 salarios mínimos legales vigentes y de los perjuicios inmateriales a la vida en relación, en la máxima cuantía recono cida por el Honorable Consejo de Estado. Por último, se pide condenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al pago de costas y agencias en derecho.

Hechos

6. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

7. La señora Gessy Porras Palacios laboró durante más de diez (10) años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” nombrada en provisionalidad, desempeñando el cargo de trabajadora social en la seccional de Bahía Solano

7. La señora Gessy Porras Palacios laboró durante más de diez (10) años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF” nombrada en provisionalidad, desempeñando el cargo de trabajadora social en la seccional de Bahía Solano

(Chocó). Se afirmó que desde el año 2020 comenzó a presentar afectaciones en su salud mental asociadas al ejercicio de sus funciones, lo que dio lugar a constantesSentencia N/R 2da instancia 27001333300620230039201

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incapacidades médicas y a la apertura de un proceso de calificación de origen por parte de la NUEVA EPS.

8. Expuso que, n o obstante, a que se encontraba en trámite dicha calificación el ICBF declaró la terminación de su contrato a partir del 8 de agosto del 2023 mediante la Resolución No. 3962 del 12 de mayo de 2023. Al respecto, sostuvo que dicha decisión se adoptó sin valorar adecuadamente su condición médica ni garantizar la protección derivada de su estabilidad laboral reforzada. Indicó además que, con posterioridad, el 25 de julio de 2023 la NUEVA EPS notificó formalmente tanto al ICBF como a la ARL POSITIVA el dictamen de pérdida de capacidad de origen, en el cual se reconocen como enfermedades laborales los

además que, con posterioridad, el 25 de julio de 2023 la NUEVA EPS notificó formalmente tanto al ICBF como a la ARL POSITIVA el dictamen de pérdida de capacidad de origen, en el cual se reconocen como enfermedades laborales los diagnósticos F412 (trastorno mixto de ansiedad y depresión) y F410 (trastorno de pánico – ansiedad paroxística episódica), relacionados directamente con el contexto laboral en el que se desempeñaba.

9. Asimismo, indicó que, a pesar de dicha calificación, el ICBF mantuvo en firme la decisión de desvincularla para nombrar en su reemplazo a otra persona por concurso de méritos, sin adoptar medidas de protección, ni valorar su situación particular. La parte actora sostuvo que, al momento de su desvinculación tenía 54 años de edad, se encontraba próxima a cumplir los requisitos para acceder a su pensión y no contaba con otro sustento económico. Sumado a ello indicó que, su situación le otorga ba estabilidad laboral reforzada no solo por haber sido diagnosticada con enfermedad laboral, sino también por estar próxima a adquirir el estatus de persona pensionada, conforme a la jurisprudencia vigente.

10. Además, indicó que había solicitado formalmente su reubicación laboral el 28 de junio de 2023, petición que no fue atendida de manera oportuna por la entidad demandada. También se argumentó que el análisis del puesto de trabajo evidenció una alta carga psicosocial asociada a sus funciones, lo cual r espaldaría el origen laboral de sus patologías conforme a la normativa vigente. Por último, la parte demandante refirió que esta situación ha generado una grave afectación a sus

una alta carga psicosocial asociada a sus funciones, lo cual r espaldaría el origen laboral de sus patologías conforme a la normativa vigente. Por último, la parte demandante refirió que esta situación ha generado una grave afectación a sus derechos fundamentales, particularmente a la salud, la seguridad social, el mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada, teniendo en cuenta la pérdida reciente de su hijo y su madre, quienes representaban su red.

Normas violadas y concepto de la violación

11. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia , artículos 138 de la Ley 1437 de 2011, la Ley 1564 de 2012, la Ley 1437 de 2011, Ley 2080 de 2021, artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

12. En el concepto de la violación manifestó : “(…) Fundamento la presente demanda de conformidad con el artículo 138 de la ley 1437 de 2011, ley 1564 de 2012, ley 1437 de 2011, ley 2080 de 2021 La estabilidad laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que desempeñan cargos de carrer a administrativa. En consonancia con el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual una de las garantías mínimas que debe tener el trabajador es la estabilidad en el empleo, la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, que se deriva del principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha definido la estabilidad laboral como: “Una

de trabajo y que se materializa con medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha definido la estabilidad laboral como: “Una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener losSentencia N/R 2da instancia 27001333300620230039201

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correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. (…)”.

Contestación de la demanda

13. El INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF” al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, argumentando, que no se vulneraron los derechos alegados por la señora Gessy Porras Palacios por cuanto no se cumplen los requisitos legales para acceder a lo pedido. Indicó que la carga de la prueba recae sobre quien pretende desvirtuar los efectos de una actuación administrativa amparada por la presunción de legalidad, en este caso, la parte demandante.

14. Refirió, además, que el concurso de méritos es el procedim iento legal y

adecuado para la provisión de empleos de carrera administrativa, al garantizar transparencia, objetividad y la selección de aspirantes con las competencias

14. Refirió, además, que el concurso de méritos es el procedim iento legal y

adecuado para la provisión de empleos de carrera administrativa, al garantizar transparencia, objetividad y la selección de aspirantes con las competencias necesarias, mientras que el nombramiento en provisionalidad tiene un carácter excepcional y transitorio, utilizado únicamente mientras se surte el proceso de selección definitivo.

15. Precisó que la señora Gessy Porras Palacios fue vinculada en provisionalidad mediante Resolución No. 0227 del 21 de enero de 2015 en el cargo de Profesional Universitario, código 2044, grado 3, con posesión el 2 de febrero del mismo año hasta tanto se adelantara el concurso correspondiente para proveer el cargo en propiedad. Posteriormente, a través de la Resolución No. 3962 del 12 de mayo de 2023 se nombró en periodo de prueba al señor Fredy Alexander Rojas Romero, quien superó el concurso de méritos del proceso de selección No. 2149 de 2021, conforme a la lista de elegibles adoptada con Resolución No. 5596 del 17 de abril de 2023. Con sustento en ello, se actuó conforme a la ley y dentro del marco de sus competencias.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

16. El Juzgado Sexto Administrativo Oral de l Circuito de Quibdó fundamentó la decisión de conceder parcialmente las pretensiones de la demanda. Al considerar que, aunque la desvinculación de la actora no obedeció a su condición de salud, sino al nombramiento de una persona que superó el concurso de méritos y qu e integraba la lista de elegibles, dicho evento se produjo en el transcurso del proceso

que, aunque la desvinculación de la actora no obedeció a su condición de salud, sino al nombramiento de una persona que superó el concurso de méritos y qu e integraba la lista de elegibles, dicho evento se produjo en el transcurso del proceso de calificación por sospecha de enfermedad de origen laboral, lo que configura una vulneración a la protección especial consagrada en la estabilidad laboral reforzada para servidores en situación de debilidad manifiesta.

17. Agregó, que para ese momento el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral no había culminado, dado que la Administradora de Riesgos Laborales presentó apelación contra el dictamen inicial y el trámite en segunda instancia permanecía pendiente de resolución. Concluyó, f rente a estas circunstancias, que la entidad demandada debió adoptar medidas protectoras, tales como la reubicación de la actora en atención a sus condiciones de salud.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

18. En el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia alegó que no era procedente la nulidad decretada, pues la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado ni acreditó los requisitos estructurales exigidos para laSentencia N/R 2da instancia

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procedencia del medio de control donde se pretende el reintegro por terminación de una vinculación en provisionalidad en virtud del amparo por estabilidad laboral reforzada.

19. También sostuvo que, al momento de la expedición del acto administrativo demandado, la señora Gessy Porras Palacios no se encontraba amparada por estabilidad laboral reforzada, por cua nto no había sido diagnosticada con una enfermedad catastrófica ni existía registro de discapacidad o calificación de pérdida de capacidad laboral, elementos que –según indicó– no fueron acreditados en debida forma. Agregó que los diagnósticos de trastorno mixto de ansiedad y depresión y de trastorno de pánico no están clasificados por el Ministerio de Salud como enfermedades catastróficas y que, para el momento del retiro, no existían incapacidades vigentes ni recomendaciones médicas laborales, siendo sus afecciones, en su concepto, asociadas al ámbito personal y no al laboral.

20. Por último, la entidad demandada indicó que sí adoptó medidas afirmativas para proteger a servidores en provisionalidad con presunto amparo constitucional, tales como , remitir oficios a distintas entidades del orden nacional informando sobre la situación, con miras a posibles vinculaciones alternativas. Además, afirmó haber consolidado una base de datos y haber tramitado más de 1.700 solicitudes de estabilidad laboral reforzada, en el marco de la provisión de empleos derivados de la convocatoria 2149 de 2021.

Actuaciones en segunda instancia

haber consolidado una base de datos y haber tramitado más de 1.700 solicitudes de estabilidad laboral reforzada, en el marco de la provisión de empleos derivados de la convocatoria 2149 de 2021.

Actuaciones en segunda instancia

21. Mediante auto interlocutorio No. 339 del 14 de octubre de 2025, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y se ordenaron las notificaciones de rigor.

III. CONSIDERACIONES

22. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

23. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si la Resolución No. 3962 del 12 de mayo de 2023, mediante la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Gessy Porras Palacios en el cargo de Profesional Universitario, código 2044, se encuentra o no ajustada a derecho o, si por el contrario, existen fundamentos que justifiquen su nulidad y por ende su reintegro en un cargo de igual o superior categoría, junto con el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir, o sí, en su efecto, debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar, negarse

nulidad y por ende su reintegro en un cargo de igual o superior categoría, junto con el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir, o sí, en su efecto, debe revocarse la sentencia de primera instancia, para en su lugar, negarse las súplicas de la demanda?.

Tesis de la Sala

24. La Sala revocará la decisión de primera instancia, que concedió parcialmente las súplicas de la demanda. Lo anterior, teniendo en cuenta que la terminación del nombramiento en provisionalidad de la actora se fundamentó en el ejercicioSentencia N/R 2da instancia

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legítimo de la potestad nominadora para proveer el cargo vacante con una persona que superó el concurso público de méritos, supuesto que goza de preferencia conforme al principio de mérito consagrado en la Constitución Política de Colombia y la ley. Adicionalmente, la parte demandante no acreditó los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada alegada.

El marco normativo de la carrera administrativa y la provisionalidad

25. La Constitución Política de Colombia en su artículo 125 dispuso la naturaleza de los empleos públicos y su forma de provisión, así:

«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son

25. La Constitución Política de Colombia en su artículo 125 dispuso la naturaleza de los empleos públicos y su forma de provisión, así:

«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. (…)» (Subrayado nuestro).

26. Por su parte, la Ley 909 de 2004 en cuanto al procedimiento para la provisión

de los empleos de carrera y de libre nombramiento y remoción, previó lo siguiente:

“ARTÍCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de pr ueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley”.

“ARTÍCULO 27. Carrera Administrativa. La c arrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para al canzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”.Sentencia N/R 2da instancia 27001333300620230039201

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«ARTÍCULO 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño».

27. Conforme las disposiciones normativ as mencionadas, los empleos de carrera administrativa se proveen mediante nombramiento en período de prueba o en

personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño».

27. Conforme las disposiciones normativ as mencionadas, los empleos de carrera administrativa se proveen mediante nombramiento en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas por el sistema de mérito,

es decir, que el ingreso, el ascenso y la permanencia en los em pleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos para su desempeño, garantizando la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

28. No obstante, cabe precisar que las entidades del Estado por necesidades del

servicio pueden proveer los empleos de carrera administrativa en forma transitoria, en cuyo caso, deben aplicar el procedimiento señalado en el Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el Artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, que consagra el derecho preferencial de los empleados de carrera por la vacancia temporal o definitiva de un empleo de esta naturaleza; en el evento que no exista personal de carrera para ser encargado , la administración podrá efectuar nombramientos provisionales con personal no seleccionado por concurso.

29. Ahora bien, en cuanto al retiro de los empleados nombrados en provisionalidad,

el Decreto 1083 de 2015 estableció:

“ARTÍCULO 2.2.5.3.4. Termin ación de encargo y nombramiento provisional. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

30. Sobre el particular, la jurisprude ncia de la Corte Constitucional 1 ha señalado

nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

30. Sobre el particular, la jurisprude ncia de la Corte Constitucional 1 ha señalado

que los empleados públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica, sin embargo, que el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, debe contener las razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad.

31. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU 917 de 2010, manifestó:

“El acto de retiro no sólo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas exigencias mínimas respecto de su contenido material, de modo que el administrado cuente con elementos de juicio necesarios para decidir si acude o no ante la jurisdicción y demanda la nulidad del acto en los términos del Artículo 84 del CCA. Lo contrario significaría anteponer una exigencia formal de motivación en detrimento del derecho sustancial al debido proceso, pues si no se sabe con precisión cuáles son las razones de una decisión administrativa difícilmente podrá controvertirse el acto tanto en sede gubernativa como jurisdiccional.

1 Sentencia T-800 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). Pueden consultarse también las sentencias T -289 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-462 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).Sentencia N/R 2da instancia 27001333300620230039201

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Ignacio Pretelt Chaljub) y T-462 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).Sentencia N/R 2da instancia 27001333300620230039201

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Es por lo anterior, por lo que la Corte ha hecho referencia al principio de “razón suficiente” en el acto administrativo que declara la insubsistencia o en general prescinde de los servicios de un empleado vinculado en provisionalidad, donde “deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente de quien es desvinculado”. En otras palabras, de acuerdo c on la jurisprudencia decantada por esta Corporación, “para que un acto administrativo de desvinculación se considere motivado es forzoso explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión”.

En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el

definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfac