TA CUN - 11001333603720220008901-(28-04-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN "A"

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ

Proceso No.: 2022-0089

Accionante: JORGE LUÍS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Accionado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL Y FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

ACCIÓN DE TUTELA

IMPUGNACIÓN FALLO

Se decide sobre la impugnación formulada por la accionante, contra el fallo de tutela proferido en primera instancia, el cinco (5) de abril de dos mil veintidós (2022), por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, med iante la cual se resolvió negar el amparo constitucional invocado.

I. ANTECEDENTES

1. El señor Jorge Luis González Martínez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda-, por la vulneración a su derecho fundamental de petición, mínimo vital e igualdad. toda vez que la accionada, no brindo respuesta completa y de fondo a la solicitud radicada el 28 de febrero de 2022.

2. El Juzgado Treinta y Siete (37) Administr ativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante auto de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), admitió la acción de tutela y ordeno notificar a las

2. El Juzgado Treinta y Siete (37) Administr ativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante auto de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), admitió la acción de tutela y ordeno notificar a las accionadas, para que dentro del perentorio término de dos (2) días, contados a partir de tal diligencia, rinda informe sobre los hechos que originaron la acción de tutela.

3. Notificado el auto admisorio, las entidades accionadas dieron respuesta a la acción de tutela.

3.1. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social manifestó que no han vulnerado los derechos de la parte actora, toda vez que, la entidad emitió respuesta a la petición elevada mediante dos oficios, el S-20223000-102635 del 11 de marzo de 2022 y S -2022-2002-035614 del 07 de marzo de 2022. 3.2. Por otra parte, Fonvivienda solicita se denieguen las del tutelante, por cuanto emitió respuesta a la petición mediante oficio No. respuesta No. 2022EE0019140 del 2 de marzo de 2022, remitido al correo electrónico de la accionante.

4. El Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante providencia del cinco (5) de abril de dos mil veintidósExp. A.T 2022-00889

Sentencia Segunda Instancia

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

(2022), resolvió negar la acción de tutela, frente al derecho fundamental

Sentencia Segunda Instancia

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

(2022), resolvió negar la acción de tutela, frente al derecho fundamental invocado.

5. A través de memorial, el accionante impugnó el fallo de primera instancia; siendo concedido el recurso e ingresando el expediente al Despacho el veintiuno (21) de abril de la presente anualidad.

II. LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, resolvió negar al amparo constitucional, conforme a las siguientes razones:

“(…) a) A través de radicado de respuesta No. 2022EE0019140 del 2 de marzo de 2022, el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA dio respuesta a la solicitud de radicado No. 2022ER0026072 del 28 de febrero de 2022; remitida a la dirección de correo electrónico jorlugomar1523@gmail.com el día 8 de marzo de 2022.

b) Mediante radicados de respuesta No. S20222002035614 del 7 de marzo de 2022 (Con copia a la Secretaría Distrital de Hábitat) y No. S20223000102635 del 11 de marzo de 2022, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS, dio correspondencia a la solicitud de radicado No. E -2022-2203043080 del 28 de febrero de 2022; remitidas a la dirección de correo electrónico jorlugomar1523@gmail.com los días 8 y 17 de marzo de 2022 respectivamente.

043080 del 28 de febrero de 2022; remitidas a la dirección de correo electrónico jorlugomar1523@gmail.com los días 8 y 17 de marzo de 2022 respectivamente.

Así las cosas, verificado tanto el contenido de los oficios en mención como las fechas en que estas fueron puestas en conocimiento del accionante, no se evidencia vulneración al derecho fundamental de petición. Ahora bien, en relación con la presunta violación al derecho fundamental a la igualdad, se tiene que la accionante no señaló las acciones u omisiones de las entidades accionadas que resultaren vulneratorias de dicho derecho, no se acreditó que en un caso similar al aquí descrito se haya dado un trato diferenciado o desigual por parte de estas, ni se aportaron pruebas o elementos de convicción que permitieran determinar tal vulneración (…)”

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó el fallo de primera instancia manifestando que la respuesta por parte de las entidades es evasiva, pues no indica fecha cierta de cuándo se va a conceder el subsidio de vivienda.

IV. CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sección Tercera, Subsección “A”, de este Tribunal, entrar a decidir la impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia de tutela proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

1. DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

En el presente caso corresponde a la Sala determinar, si efectivamente las entidades accionadas han vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante. En este orden de ideas, la Sala para dar solución al problema jurídico

En el presente caso corresponde a la Sala determinar, si efectivamente las entidades accionadas han vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante. En este orden de ideas, la Sala para dar solución al problema jurídico planteado, pasará a estudiar los siguientes asuntos: (i) del derecho fundamental invocado; (ii) el caso en concreto.Exp. A.T 2022-00889 Sentencia Segunda Instancia

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

2. DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO – DERECHO DE PETICIÓN El Derecho de Petición por el cual se instauró la presente acción es del orden constitucional, consagrado como derecho fundamental en el artículo 23 de nuestra Carta Política, que consagra: “23.- Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y obtener una pronta resolución.

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante las organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.” De conformidad con la norma en cita, se esta blece, que el Derecho de Petición, se constituyó como un mecanismo de participación dado a las personas para que puedan dirigirse a las autoridades públicas, ya sea razonable y coherente. Se trata de un derecho que puede ser formulado por toda persona con arreglo a la Ley y a los reglamentos especiales. Por tratarse de un derecho de garantía individual su ejercicio no puede limitarse por normas que no tengan jerarquía de Ley. Con la entrada en vigencia de la ley 1755 de 2015, que entro a regular todo lo atiente con el derecho de petición, y sustituyo el título II, capítulo I, II y III

por normas que no tengan jerarquía de Ley. Con la entrada en vigencia de la ley 1755 de 2015, que entro a regular todo lo atiente con el derecho de petición, y sustituyo el título II, capítulo I, II y III de la Ley 1437 de 20111, se regulo en el artículo 14 los términos para resolver las diferentes modalidades del derecho de petición, indica lo siguiente: “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones . Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones (...)” En consecuencia, el Derecho de Petición otorga a las personas la facultad de presentar peticiones respetuosas, y a obtener pronta respuesta. Por lo tanto, es pertinente aclarar que la demandada no está obligada a proferir una respuesta favorable a la petición, sino a dar una respuesta oportuna y de fondo, constituyéndose esta omisión, en la violación al derecho fundamental. Así mismo, existe una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en l a cual se han establecido los parámetros básicos respecto de su ejercicio y alcance2.

1 Ley 1755 de 2015, Artículo 1°. Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades -Reglas Especiales y C apítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011.

autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades -Reglas Especiales y C apítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011. 2 Por un lado, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva para si el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no impl ica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.2”(Negrilla fuera de texto) Asimismo, en otro pronunciamiento la Corte Señaló: “El derecho a una pronta resolución no se reduce al simple deber estatal de dar contestación. La respuesta de la administración debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o

administración debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o particular, si bastara a la administración esgrimir cualquier razón o circunstancia para dar por respondida la petición”.2 (Negrilla fuera de texto) Por vía jurisprudencial se ha dispuesto que el derecho de petición puede ser quebrantado por las distintas conductas de la administración: a. “Por omisión frente a la petición inicial, excediéndose del tiempo fijado. b. No comunicar al peticionario la respuesta emitida por la administración. c. No se notifican los recursos que el peticionario interpone contra la decisión profer ida por la administración.”Exp. A.T 2022-00889 Sentencia Segunda Instancia

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

2.1. De la notificación de la respuesta al Derecho de Petición Según lo ha expuesto la H. Corte Constitucional, el Derecho de Petición es una garantía fundamental de aplicación inmediata, cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado, y por ello resulta indispensable que su respuesta sea de fondo, oportuna, congruente y debe tener notificación efectiva. Al respecto ha explicado el

H. Tribunal Constitucional: “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su

derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin qu e pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información. 3” Se concluye que es deber de las entidades de poner en conocimiento del interesado la respuesta a la solicitud, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si lo considera, los recursos que la ley prevé. Es claro, que ante a la ausencia de comunicación de la respuesta implica la ineficacia del derecho4. Señalado lo anterior, la Sala descenderá al caso concreto.

3. CASO CONCRETO

1. El señor Jorge Luis González Martínez, radicó derecho de petición el 26 de enero de 2022 simultáneamente ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, solicitando: (a) informarle cuando puede postularse para programas de vivienda; (b)concederle subsidio de vivienda; (c) inscribirla en cualquier programa de subsidio de vivienda nacional; (d) asignarle una vivienda en el programa de viviendas gratuitas; (e) informarle si falta algún documento para acceder a una vivienda como víctima del conflicto armado.

1. En atención a la presunta vulneración al derecho de petición por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda, el señor Jorge Luis González Martínez interpone acción de tutela.

1. En atención a la presunta vulneración al derecho de petición por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda, el señor Jorge Luis González Martínez interpone acción de tutela.

La Sala observa que, notificado el auto admisorio de la presente acción constitucional, las entidades accionadas dieron respuesta a la solicitud radicada por el señor González Martínez, en la cual indicaron entre otras cosas, lo siguiente:

(a) Revisado en el Módulo de Consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se obtuvo como resultado que no existen postulaciones del hogar del aquí accionante en las Convocatorias efectuadas por el Fondo Nacional de Vivienda. (b) Para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo Convocatorias en los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA y posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de promoción y oferta – Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012.

3 Cfr. Corte Constitucional Sentencia T149 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Sentencia T-430 de 2017.Exp. A.T 2022-00889 Sentencia Segunda Instancia

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

No obstante, lo anterior, el accionante no presentó ninguna la solicitud dirigida a obtener un subsidio familiar de vivienda.

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

No obstante, lo anterior, el accionante no presentó ninguna la solicitud dirigida a obtener un subsidio familiar de vivienda. (c) FONVIVIENDA no abrirá convocatorias por el sistema tradicional, en virtud de las nuevas políticas que se vienen aplicando, en cumplimiento de los Autos de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional Nos. 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011. En consecuencia, para acceder al subsidio, actualmente, se debe seguir el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias, que busca otorgar Subsidios Familiares de vivienda cien por ciento en especie – SFVE

(d) Por tanto, para que un hogar sea favorecido con una viv ienda debe encontrarse registrado en las bases de datos que permitan su focalización, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: i) Sistema de información de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema UNIDOS -SIUNIDOS; ii) Sistema de identifica ción para potenciales beneficiarios de los programas sociales - SISBEN III; iii) Registro Único de Población Desplazada – RUPD-; iv) Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano que se encuentre sin aplicar o hogares que se encuentren en estado “Calificado” y/o con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentren sin aplicar.

se encuentre sin aplicar o hogares que se encuentren en estado “Calificado” y/o con los hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado en la bolsa de desastres naturales que se encuentren sin aplicar.

(e) Por tanto, no corresponde al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, la selección de los hogares beneficiarios dentro del programa de las cien mil viviendas cien por ciento subsidiadas, sino que esta selección será realizada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, según los porcentajes de composición poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización que se determinen en el decreto reglamentario, teniendo en cuenta que se verificará que se encuentren en la RED UNIDOS y posteriormente en SISBEN III.

(f) No se puede asignar directamente una vivienda, dentro del programa de las cien mil viviendas, teniendo en cuenta que existe un procedimiento para tal fin.

(g) Por otra parte, la priorización de beneficiarios de subsidio de vivienda se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos en la ley, los cuales no pueden ser inobservados pues conllevaría a la vulneración del derecho a la igualdad de otras familias que al igual que la accionante está a la espera del otorgamiento de un subsidio de vivienda y con igu ales o mayores condiciones de vulnerabilidad.

(h) De igual manera, se le informó que no fue posible su inclusión en los listados de potenciales beneficiarios del subsidio de vivienda gratuita, porque no cumplía con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda en la ciudad de Bogotá, que es el lugar que reporta como residencia.

listados de potenciales beneficiarios del subsidio de vivienda gratuita, porque no cumplía con los criterios de priorización aplicados para los proyectos de vivienda en la ciudad de Bogotá, que es el lugar que reporta como residencia.

De igual forma, le dio a conocer a la peticionaria las condiciones en las que se encontraba su hogar en cuanto al programa Subsidio Familiar de Vivienda en Especie - SFVE, y procedió a proporcionar respuesta a cada uno de los interrogantes que planteó en su petición.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, al respecto observa la Sala: (i) las accionadas han brindado respuesta a la solicitud radicada p or elExp. A.T 2022-00889 Sentencia Segunda Instancia

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

accionante dentro del término establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 20205; (ii) se evidencia que la respuesta dado por la entidad es de fondo, clara y precisa y la entidad accionada no está obligada a emitir respuestas favorables a lo solicitado por la accionante. Conforme a lo expuesto, la Sala confirmara la decisión proferida por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

4. DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PROVIDENCIA La Sala: (i) realizando una interpretación de las medidas especiales, proferidas con posterioridad al levantamiento de términos procesales, efectuado por el H. Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 1° de julio de 2020; (ii) considerando que, según el artículo 2 8 del Acuerdo 11567 de

proferidas con posterioridad al levantamiento de términos procesales, efectuado por el H. Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 1° de julio de 2020; (ii) considerando que, según el artículo 2 8 del Acuerdo 11567 de junio 5 de 2020, los jueces y magistrados utilizarán preferiblemente los medios tecnológicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitirán a las partes, abogados, terceros e interv inientes actuar en los procesos mediante los tecnológicos disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades innecesarias; y (iii) garantizando siempre el debido proceso, derecho de defensa, e igualdad de las partes, profiere la presente providencia y ordenará la correspondiente notificación electrónica de acuerdo a los parámetros definidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Por otra parte, de conformidad con el artículo 1º del acuerdo PCSJA2011594 del 13 de julio de 2020, a partir del 31 de julio de 2020, se deberá realizar el envío electrónico del expediente de tutela a la Corte Constitucional para cumplir el trámite de revisión previsto en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. En virtud de lo anterior, las piezas procesales que deberán ser remitidas a la Corte Constitucional serán: la demanda de tutela, el fallo de primera instancia, la impugnación y el fallo de segunda instancia, cuando los hubiere.

Finalmente, la Sala de decisión deja expresa constancia, que la discusión, aprobación y demás situaciones jurídicas, podrán ser desarrolladas de manera presencial o virtual (artículo 12 decreto legislativo 491 de marzo 28

Finalmente, la Sala de decisión deja expresa constancia, que la discusión, aprobación y demás situaciones jurídicas, podrán ser desarrolladas de manera presencial o virtual (artículo 12 decreto legislativo 491 de marzo 28 de 2020).

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia.

RESUELVE

PRIMERO. -CONFIRMAR el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Notificar este fallo de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5 Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. (…)”Exp. A.T 2022-00889 Sentencia Segunda Instancia

Accionante: Jorge Luis González Martínez

Accionado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Fonvivienda

TERCERO. - Remitir la presente actuación procesal, a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecuto ria del presente fallo, conforme al inciso final del

TERCERO. - Remitir la presente actuación procesal, a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecuto ria del presente fallo, conforme al inciso final del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y al artículo 1º del Acuerdo PCSJA2011594.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Aprobado en sesión de la fecha, Acta No. )

JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ

Magistrado

JAVIER TOBO RODRÍGUEZ BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA

Magistrado Magistrada

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que conforman la sala de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la plataforma denominada "SAMAI”, por lo cual se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, y cuenta con plena validez de conformidad con el artículo 186 C.P.A.C.A., modificado por el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 DE 2012.

Lmlt/JCGM