TA HUI - Sentencia 41001-33-33-002-2016-00270-01 (14-10-2025)

República de Colombia Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva - Huila, catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO CONTROL: PROTECCIÓN DERECHOS COLECTIVOS ACCIONANTE: YEISON EDUARDO ENBUS Y OTROS ACCIONADOS: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIOINPEC-ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA

SEGURIDAD DE LA PLATAHUILAEPMSC Y PREPACOL S.A.S.

PROVIDENCIA: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 41001 33 33 002 2016 00270 01

Aprobado en sesión de la fecha según Acta: Nº 074.

ASUNTO

Corresponde a la Sala, decidir de fondo los recursos de apelación interpuestos por los accionados PREPACOL S.A.S y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO-INPEC contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2017 , proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva , mediante la cual se ampar aron los derechos colectivos de los consumidores y usuarios del servicio de telefonía al interior del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la Plata Huila.

I ANTECEDENTES

1. La demanda

Los señores Yeison Eduardo Enbus, Jairo Yuco Yuco, Diego Fernando Golondrino, Edinson Diez y Robinson Candela , actuando en nombre propio ,

Plata Huila.

I ANTECEDENTES

1. La demanda

Los señores Yeison Eduardo Enbus, Jairo Yuco Yuco, Diego Fernando Golondrino, Edinson Diez y Robinson Candela , actuando en nombre propio , quienes se presentan como personas privadas de la libertad, recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la PlataHuila, demandan en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e interese colectivos, con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa , acceso a los servicios públicos, derechos a los consumidores y usuarios.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 2

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1 ) Amparar nuestros derechos colectivos como consumidores y usuarios, y de manera particular nuestros derechos a: • Proteger nuestros intereses económicos • Derecho de elección • Derecho al trato equitativo y digno 2) En consecuencia, se ordene a los accionados: A) Ajustar el minuto al valor de llamada, para que sea el mínimo cobrado en el mercado, en atención a las especiales condiciones de vulnerabilidad de la población reclusa. B) Ajustar el cobro por segundos y no por minuto C) Colocar cronómetros a los equipos telefónicos, que garanticen que el tiempo cobrado sea efectivamente pagado. D) Garantizar el suministro suficiente y continuo de tarjetas o PIN

C) Colocar cronómetros a los equipos telefónicos, que garanticen que el tiempo cobrado sea efectivamente pagado. D) Garantizar el suministro suficiente y continuo de tarjetas o PIN prepago en el expendio del establecimiento. E) Asumir el pago de los gravámenes financieros que actualmente se cargan a los usuarios o tomar las medidas para que los mismos sean eliminados. F) Garantizar la comunicación a líneas gratuitas de entidades estatales G) Nos asignen como mínimo 10 teléfonos más que descongestionen nuestras necesidades de llamar […].”

3. Presupuestos fácticos

La parte actora indicó, en síntesis, que al encontrarse recluidos en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario EPMSC de la Plata – Huila, los pone en una condición de especial sujeción frente a las autoridades, por lo que merecen especial protección estatal contra la monopolización de los bienes y servicios de telefonía.

Frente al servicio de telefonía local, nacional, internacional y celular, consideran que las tarifas por minuto en el establecimiento carcelario, son más altas que las ofrecidas al público en general, excediendo los límites establecidos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en la Resolución No. 2156 de 2009, la cual estableció como tope tarifario para llamadas de fijo a móvil de servicios de TNC y PCS un máximo de $198,4 por minuto a partir del 1 de septiembre de 2009.

Refieren que el acceso telefónico se realiza mediante la compra de tarjetas prepago o PIN, suministradas por la empresa contratista del servicio de telefonía. Sin embargo, alegan que estas a veces resultan insuficientes y

Refieren que el acceso telefónico se realiza mediante la compra de tarjetas prepago o PIN, suministradas por la empresa contratista del servicio de telefonía. Sin embargo, alegan que estas a veces resultan insuficientes y algunas se bloque an, lo que limita su capacidad de comunicarse con susTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 3

familiares desde el interior del establecimiento.

Además, señalan que el pago de estas tarjetas se realiza a través de una cuenta general para toda la población interna, donde se carga el gravamen bancario del (4x1000), lo que aumenta el costo del servicio.

Arguyen, que, pese a las mejoras del servicio, este sigue siendo deficiente, debido a sus interferencias e interrupciones en las llamadas, que en ocasiones se cortan antes de completar el minuto, pero se les cobra el total. Atribuyen esta situación a la falta de cronómetros en los equipos telefónicos, junto a que las líneas gratuitas nacionales están deshabilitadas.

Finalmente, indicaron que, el INPEC está al tanto de los problemas en el servicio de tele fonía, pero no ha tomado las medidas correctivas para solucionarlo; a pesar de esto, continúan realizando el pago a la empresa contratista encargada de suministrar este servicio.

4. Actuaciones de primera instancia

Los demandados se pronunciaron en los siguientes términos:

4.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC1

A través de apoderad o judicial, la entidad accionada contestó la demanda,

4. Actuaciones de primera instancia

Los demandados se pronunciaron en los siguientes términos:

4.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC1

A través de apoderad o judicial, la entidad accionada contestó la demanda, indicando que se opone a todas las pretensiones.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) refiere que el servicio de telefonía para los internos en los 41 establecimientos carcelarios de la Regional Central está contratado con la empresa PREPACOL S.A.S desde 2007, bajo el contrato N° 1607, resaltando que cualquier falla en la prestación del servicio es responsabilidad de la empresa con la cual la entidad contrató el servicio.

Frente a los hechos, el INPEC confirma la existencia del contrato y la prestación del servicio, niega que los precios del minuto sean superiores a los del mercado y aclara que las tarifas están reguladas según lo estipulado en el contrato. Además, afirma que la distribución y venta de tarjetas telefónicas es suficiente y que su us o es responsabilidad de los internos , reconociendo algunas fallas en el servicio, asegura que ha gestionado su mejora ante la empresa contratista.

En cuanto a los argumentos de los accionantes, respecto a las tarifas altas, deficiencias en la calidad del servicio y dificultad para acceder a tarjetas, arguye que ha dado cumplimiento a la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones

1 Folio 59 A 65 Cuaderno No 1 1ra instancia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 4

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por lo que las tarifas están acordes con el mercado y el contrato establece límites máximos para los cobros.

Finalmente, reconoce que se ha presentado reportes de fallas en el servicio y cortes en los teléfonos, pero que la entidad ha tomado las acciones necesarias para exigir a PREPACOL la mejora del servicio.

No propuso excepciones.

4.2 De PREPACOL S.A.S2

Por intermedio de apoderada judicial PREPACOL S.A.S. descorre traslado de la demandada y como fundamentos de defensa refiere:

Que el servicio de telefonía ha eliminado la práctica inapropiada de cobrar tarifas injustificadas y ha establecido tarifas homologadas a nivel nacional, garantizando comunicaciones seguras y eficaces para los internos.

Destacó que la privación de libertad conlleva restricciones en las comunicaciones, y que no existe un derecho absoluto para los reclusos a comunicarse con el exterior como ocurre con las personas que gozan del derecho a la libertad . Por lo que aduce que la normatividad internacional como nacional reconoce la posibilidad de comunicarse bajo condiciones especiales, no en los mismos términos que las personas en libertad, con el fin de propender por la seguridad y orden público.

Explica que es responsable de gestionar los contratos de telefonía con el INPEC, y que el modelo implementado desde 2006 ha tenido éxito, siendo adoptado por otros países de Latinoamérica. Además, recalca que las quejas presentadas por los usuarios no reflejan dificultades reales, ya que el servicio

INPEC, y que el modelo implementado desde 2006 ha tenido éxito, siendo adoptado por otros países de Latinoamérica. Además, recalca que las quejas presentadas por los usuarios no reflejan dificultades reales, ya que el servicio se presta a más de 57 .000 internos, enfrentando incl uso problemas de infraestructura por vandalismo.

Señala que el servicio de telefonía está regulado por leyes específicas, como la Ley 65 de 1995 y la Ley 1709 de 2014, que establecen que los internos tienen derecho a comunicarse bajo condiciones especiale s y que las tarifas de telefonía en los penales son determinadas por las inversiones realizadas por las empresas prestadoras del servicio, y no están sujetas a las mismas regulaciones de tarifas de la telefonía convencional.

En relación con los derechos colectivos presuntamente vulnerados , argumenta que la entidad no ha vulnerado los derechos colectivos de los actores, ya que el servicio de comunicación a los internos se presta de manera eficiente y con las medidas de seguridad requeridas.

2 Visible a folio 261 del cuaderno No 2 físicoTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 5

Concluye que no hay argumentos para que prospere la demanda, en razón a que la prestación del servicio de telefonía brindado por la empresa, cumple con los estándares de seguridad y no afecta los derechos de los reclusos, quienes reciben el acceso a las comunicaciones bajo las condiciones del sistema penitenciario.

Finalmente, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda,

con los estándares de seguridad y no afecta los derechos de los reclusos, quienes reciben el acceso a las comunicaciones bajo las condiciones del sistema penitenciario.

Finalmente, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, destacando que el valor cobrado por el servicio está justificado por las inversiones de las empresas y que las solicitudes de ajuste de tar ifas no son viables dentro del marco contractual y legal.

Propuso las siguientes excepciones; i) Aplicación al régimen constitucional y legal de las comunicaciones de las personas privadas de la libertad , ii) Inexistencia de violación o amenaza de los derechos colectivos , iii) Improcedencia de la acción popular para dejar sin efectos lo dispuesto en un contrato estatal..

5. Audiencia de Pacto de cumplimiento

Esta audiencia tuvo lugar el día 4 de abril de 2017 3, con la asistencia de los apoderados de la parte accionante (Defensoría Regional del Pueblo), INPEC, PREPACOL, así como de la representante del Ministerio Público. El Juzgado la declaró fallida ante la falta de ánimo conciliatorio de las partes.

6. Sentencia proferida, en primera instancia4

A través de sentencia adiada el 12 de diciembre de 2017 , el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva resolvió amparar el derecho colectivo de los consumidores y usuarios del servicio de telefonía al interior del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la Plata Huila, ordenando al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y a PREPACOL , efectuar las modificaciones necesarias al contrato de prestación de servicio Nos. 1607 de 2007, sus prórrogas y las que se expidan

Huila, ordenando al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y a PREPACOL , efectuar las modificaciones necesarias al contrato de prestación de servicio Nos. 1607 de 2007, sus prórrogas y las que se expidan hacia futuro, en lo referente al ajuste de las tarifas para el cobro del valor del minuto de telefonía a los internos del EPMSC LA PLATA (H), teniendo en cuenta para el efecto, las tarifas fijadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, advirtiendo que la modificación se realizará en tanto guarde vigencia el referido contrato, asegurándose en todo caso de efectuar las dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

El a quo argumentó su decisión en los siguientes términos:

3 Folio 201 a 203 cuaderno No 2 fisico 4 Folios 294 a 301cuaderno No 2 físicoTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 6

Respecto al servicio de telefonía adujo que con el informe técnico se pudo constatar que, en la fecha de la visita de verificación, los teléfonos en el patio No 3 eran funcionales , con buena calidad de señal , suficientes para la población interna y que solo se evidenció cortes ocasionales , por lo que desde marzo del 2017 el servicio mejoró notablemente, adicionalmente que para la fecha del informe el establecimiento contaba con 15 teléfonos celulares distribuidos en diferentes patios y áreas todos en fun cionamiento

desde marzo del 2017 el servicio mejoró notablemente, adicionalmente que para la fecha del informe el establecimiento contaba con 15 teléfonos celulares distribuidos en diferentes patios y áreas todos en fun cionamiento normal, asimismo que la duración de cada llamada era de 60 segundo s controlada mediante cronómetros instalados en cada equipo . Por lo que concluyó que la problemática alegada respecto a la calidad del servicio de telefonía fue resuelta dentro del trámite procesal.

Ahora bien, frente al cumplimiento de las tarifas aplicables conforme la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para los Centros Penitenciarios y Carcelarios, refirió que, aunque estas se redujeron respecto a cobros anteriores, el análisis demuestra que los valores cobrados por PREPACOL para llamadas nacionales ($235) y a celular ($260) superan los máximos permitidos por la CRC, que es $164 con impuestos incluidos.

Por ende, de conformidad con el pronuncia miento realizado por el Consejo de Estado, el cual establece que los usuarios privados de la libertad tienen derecho a tarifas reguladas por la CRC, sin excepción. Unido a que, el contrato vigente entre INPEC y PREPACOL estipula tarifas superiores a los límites normativos, sin que se justifique un valor adicional por tratarse de un servicio especial dentro del establecimiento de reclusión, concluye que esta situación vulnera el derecho colectivo de los internos como consumidores, y que tanto INPEC como PREPACOL son responsables de garantizar el cumplimiento de la normatividad tarifaria. Por ello, ordena a ambas partes ajustar las tarifas dentro de los tres meses siguientes a la e jecutoria de la providencia, modificando el contrato de prestación de servicios para que se

cumplimiento de la normatividad tarifaria. Por ello, ordena a ambas partes ajustar las tarifas dentro de los tres meses siguientes a la e jecutoria de la providencia, modificando el contrato de prestación de servicios para que se ajusten a los topes establecidos por la CRC.

7. Recursos de apelación

7.1 Del INPEC5

El INPEC solicita se revoque la decisión de primera instancia y se declare que no han sido vulnerados los derechos colectivos de los consumidores y usuarios del servicio de telefonía del Establecimiento Penitenciario de la PlataHuila.

Como fundamentos del recurso plantea que el servicio de telefonía aplicable a los internos de los establecimientos carcelarios goza de unas características especiales dispuestas en el Código Penitenciario y Carcelario

5 Folio 316 a 320 cuaderno No 2 físicoTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 7

(Ley 65 de 1993 art. 111, adicionada por la Ley 1709 de 2014 en su art. 9).

Que, el Juzgado no tuvo en cuenta que el servicio de telefonía y utilización de medios tecnológicos, radica en el INPEC, una serie de tareas para garantizar el derecho a la comunicación a los internos y los medios técnicos al operador del servicio.

Que, según la norma descrita el servicio de comunicación para los privados de la libertad se realiza a través de medios tecnológicos especiales que permiten garantizar la seguridad y prevenir la comisión delitos, por lo que el legislador facultó al INPEC contra tar con el fin de que implementen equipos

de la libertad se realiza a través de medios tecnológicos especiales que permiten garantizar la seguridad y prevenir la comisión delitos, por lo que el legislador facultó al INPEC contra tar con el fin de que implementen equipos o medios idóneos para controlar a la población carcelaria.

7.2 De PREPACOL6

A través de apoderado judicial, PRECOL S.A.S recurrió la sentencia de primera instancia , solicitando se revoque en su totalidad y en su lugar se declaren probadas las excepciones denominadas “inexistencia de violación o amenaza a los derechos colectivos, improcedencia de la acción popular para dejar sin efecto lo dispuesto en el contrato estatal ” y adicionalmente que se declare el agotamiento de jurisdicción.

Como fundamento del recurso, atañe que el Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, declaró la vulneración del derecho colectivo de los consumidores y usuarios recluidos en los centros penitenciarios de AcaciasMeta y CombitaBoyacá y que los efectos de este pronunciamiento amparan a los 41 establecimientos donde la empresa presta este servicio. Además, manifestó que mediante otro sí del contrato No 1607 de 2007 de fecha 18 de septiembre se modificaron las tarifas de telefonía, en cumplimiento a las reglas establecidas en la sentencia proferida por el Consejo de Estado.

Por lo anterior, refiere que se cumple n las reglas establecidas para dar aplicación a la figura denominada agotamiento de jurisdicción, afirmando que: “ si bien estamos frente a dos acciones populares distintas, debe estarse al AGOTAMIENTO DE JURISDIC CIÓN y asumir el cumplimiento de la

aplicación a la figura denominada agotamiento de jurisdicción, afirmando que: “ si bien estamos frente a dos acciones populares distintas, debe estarse al AGOTAMIENTO DE JURISDIC CIÓN y asumir el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado referente a la modificación de la tarifa en cumplimiento al citado fallo de la Acción Popular contra PREPACOL SAS, razón por la cual resulta absolutamente improcedente la providencia del Juez recurrida en el presente documento. “

8. Actuaciones de segunda instancia

El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 14 de febrero de 20187,

6 Folio 304 a 315 cuaderno No 2 físico 7 Folio 4 cuaderno No 2 físicoTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 8

admitió el recurso de apelación interpuesto por los accionados INPEC y PREPACOL S.A.S contra la sentencia proferida el 12 de diciembre 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva.

Por auto proferido el 28 de febrero de 20188, se ordenó correr traslado a las partes para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión, asimismo, se surtió traslado al Procurador Delegado ante el Tribunal Administrativo para que emitiera concepto.

9. De los Alegatos en segunda instancia.

9.1 De l a parte accionante . Guardó silencio , por su parte tanto el INPEC 9

Tribunal Administrativo para que emitiera concepto.

9. De los Alegatos en segunda instancia.

9.1 De l a parte accionante . Guardó silencio , por su parte tanto el INPEC 9 como PREPACOL S.A.S10 presentaron alegaciones, en términos similares a los aducidos a lo largo del proceso.

9.2 Del Ministerio Público11

Dentro del término del traslado especial, el Ministerio Público rindió concepto, en el cual solicitó confirmar la decisión de primera instancia que declaró la vulneración de los derechos colectivos a los consumidores y usuarios del servicio de telefonía al interior del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la Plata Huila.

Señaló que en el caso concreto no se configura el fenómeno de agotamiento de la jurisdicción, en virtud de la sentencia del Consejo de Estado del 9 de febrero de 2017 (Rad. 25000 -23-15-000-2010-02799-01), por las siguientes razones: i) el proceso ya fue fallado, y el agotamiento se ref iere principalmente a evitar duplicidad de trámites, lo cual no aplica en este caso; ii) no se ha demostrado que las tarifas de telefonía para la población privada de la libertad en el establecimiento penitenciario de La Plata, Huila, hayan sido ajustadas conforme a lo establecido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC); y iii) la sentencia citada se refiere exclusivamente a los establecimientos de Acacías (Meta) y Cómbita (Boyacá), sin efectos inter comunis, por lo que no existe identidad en la causa petendi.

Además, resaltó que los recurrentes no han probado que la prestación del

los establecimientos de Acacías (Meta) y Cómbita (Boyacá), sin efectos inter comunis, por lo que no existe identidad en la causa petendi.

Además, resaltó que los recurrentes no han probado que la prestación del servicio de telefonía en los centros penitenciarios tenga condiciones especiales que justifiquen tarifas distintas a las fijadas por la CRC, ni han acreditado cuál sería el mayor costo derivado de dichas condiciones.

II CONSIDERACIONES DE LA SALA

8 Folio 9 cuaderno No 2 físico

9 Folio 20 a 23 cuaderno apelación sentencia 10Folio 15 a 19 cuaderno apelación sentencia 11 Folios 45 al 51 cuaderno apelación de sentencia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 9

1. Competencia

Al no vislumbrarse causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede esta Corporación a dirimir esta instancia, por ser competente para ello de conformidad con el artículo 15 de la Ley 472 de 1998 y al tenor de lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

2.2 Problema Jurídico

Le corresponde a la Sala establecer:

¿Si en el caso concreto se cumplen los requisitos para que proceda el agotamiento de jurisdicción?

De no cumplirse el anterior presupuesto, determinar: ¿Si se vulneraron los derechos colectivos de los consumidores y usuarios del servicio de telefonía en el Establecimiento Penitenciario de

agotamiento de jurisdicción?

De no cumplirse el anterior presupuesto, determinar: ¿Si se vulneraron los derechos colectivos de los consumidores y usuarios del servicio de telefonía en el Establecimiento Penitenciario de La Plata - Huila, a pesar de que el servicio prestado por PREPACOL S.A.S. y regulado por el INPEC se ajusta a las disposiciones especiales del régimen penitenciario y ya fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado que ampararía a todos los establecimientos donde se presta dicho servicio?

Conforme lo anterior, procede la Sala a realizar el estudio del agotamiento de jurisdicción.

2.3 Del agotamiento de jurisdicción

El agotamiento de jurisdicción es una figura de creación jurisprudencial, la cual fue aplicada primero en procesos de naturaleza electoral, y, posteriormente extendida a los asuntos relacionados con la protección de los derechos e intereses colectivos.

Al respecto, el Consejo de Estado, mediante proveído del 11 de septiembre de 201212, unificó la jurisprudencia en torno al agotamiento de jurisdicción en las acciones populares resaltando:

“[…] La figura es de creación jurisprudencial por el Consejo de Estado. Se remonta al auto del 18 de octubre de 1986 en el cual la Sección Quinta luego de negar la acumulación de dos procesos electorales por tener la misma causa petendi e idénticas peticiones, expresó que cuando los particulares acuden al juez para que haga operar el servicio de justicia a un caso concreto, con la puesta en marcha del respectivo proceso que se promueva se agota la jurisdicción frente a dicho asunto o controversia. Para estos efe ctos la

juez para que haga operar el servicio de justicia a un caso concreto, con la puesta en marcha del respectivo proceso que se promueva se agota la jurisdicción frente a dicho asunto o controversia. Para estos efe ctos la

12 CONSEJO DE ESTADO -SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejera ponente: SUSANA

BUITRAGO VALENCIABogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil doce (2012),Radicación número: 41001 -3331-004-2009-00030-01(AP)REV-SU Actor: NESTOR GREGORY DIAZ RODRIGU EZ Demandado: MUNICIPIO DE PITALITOTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Acción Popular -Yeison Enbus y Otros Vs. Inpec y otro Rad. 41001 33 33 002 2016 00270 01 10

jurisdicción es entendida como la activación del aparato de justicia. Significa que llevarle de nuevo el mismo reclamo de protección de iguales derechos, en el caso de la nulidad electoral, derechos a la preservación de la legalidad en abstracto, afectados por causa idéntica, no es un racional ejercicio del derecho de acción. Que en tal caso el proceso que se inicie con posterioridad a otro que ya se encuentra en curso y que se instauró por los mismos hechos y derechos está viciado de nulidad “por a gotamiento de jurisdicción”. Que a tal conclusión se arriba porque si el proceso es nulo cuando corresponde a distinta jurisdicción, también lo es cuando la jurisdicción se ha consumado por haberse aceptado dar trámite a la demanda y estar ya en trámite otro proceso sobre la misma materia13.

distinta jurisdicción, también lo es cuando la jurisdicción se ha consumado por haberse aceptado dar trámite a la demanda y estar ya en trámite otro proceso sobre la misma materia13.

La Sala comienza el análisis partiendo de la preceptiva que establece el artículo 5° de la Ley 472 de 1998 acorde con el cual las acciones populares se tramitarán atendiendo a los principios de economía, celeridad y eficacia.

Precisamente la razón esencial de negar la acumulación de una nueva demanda cuando se trate del mismo reclamo de protección fundado en igual situación fáctica a la que inspiró la instauración de un proceso que ya está en curso, descansa en los pará metros de celeridad, eficacia y de economía procesal, en tanto propende por racionalizar la justicia en demandas de acción popular que se refieran a los mismos hechos, objeto y causa, dirigidas contra igual demandado.

Con la primera persona que ejerce el derecho de acción en calidad de miembro de la comunidad, no para propender por derechos subjetivos sino de los que incumben a todos los habitantes, iniciado el trámite de este proceso a partir de la admisión de la demanda, se garantiza el acceso a la justi cia, a través del control judicial que se impartirá a la actividad o a la omisión de la autoridad pública y/o del particular, respecto de la protección de los derechos colectivos que se consideran amenazados o vulnerados por los mismos hechos y respecto de los mismos demandados.

El actor popular que demanda lo que otra persona ya trajo a la justicia, es decir “que repite” lo ya “denunciado”, bien puede constituirse en coadyuvante de ese primer proceso en trámite. Porque carece de sentido lógico y no consu lta la

El actor popular que demanda lo que otra persona ya trajo a la justicia, es decir “que repite” lo ya “denunciado”, bien puede constituirse en coadyuvante de ese primer proceso en trámite. Porque carece de sentido lógico y no consu lta la racionalización de recursos integralmente considerados que implica la tramitación de un proceso, ni consulta el principio de eficacia que también rige la función judicial, el que paralela y simultáneamente se adelante hasta cierta etapa un nuevo pro ceso, otro proceso, siendo que deriva de una demanda popular que se funda en los mismos hechos, contra el mismo demandado y que aspira a amparar iguales derechos de naturaleza colectiva, y que si el primero va más avanzado, deba esperar a que los demás se hallen en la misma etapa para poderlos acumular al inicial.

Como se sabe, en estas acciones cualquier persona en defensa del derecho “difuso”, denominado así por la doctrina por ser el que no se radica en específico en nadie, sino que pertenece a todos, está habilitado para promover esta acción que, por tanto, no tiene exigencia de legitimación en la causa por activa, más que el ser persona. Esta acción o mecanismo judicial de protección de derechos colectivos, se insiste, no opera por la amenaza o la lesi ón de un derecho subjetivo.

El proceso de acción popular no consiste en estricto sentido en una controversia con presencia de “partes” opuestas entre sí y donde exista “litis”.

13 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 18 de octubre de 1986, rad. E-10, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Es más un reclamo de protección para la garantía de derechos colectivos cuya existencia no es materia de debate, lo que discute el actor popular es que dichos derechos están siendo amenazados o vulnerados por la accionada.

De esta manera, la Sala Plena del Consejo de Estado unifica su postura sobre la materia, en el sentido de det erminar que, con apoyo en los principios