TA HUI - Sentencia 41001-33-33-007-2019-00296-02 (24-06-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva, veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL : REPETICIÓN1

DEMANDANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DEMANDADO : ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL

HOGAR INFANTIL SÓSIMO SUÁREZ DE GIGANTE, H.

ASUNTO : Sentencia Segunda Instancia RADICACIÓN : 41 001 33 33 007 2019 00296 02

Aprobado en Sala en sesión de la fecha. Acta N° 038.

ASUNTO

En virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala a dictar sentencia y decidir de fondo el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia adiada 28 de abril de 2023, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva , mediante la cual negó las súplicas de la demanda, sin condena en costas.

1. La Demanda

1.1. Las Pretensiones

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, dentro de su competencia, presentó demanda de Repetición contra la Asociación De Padres De Familia y Vecinos Del Hogar Infantil Sósimo Suárez De Gigante, H. pretendiendo se declare la responsabilidad administrativa en los siguientes términos:

competencia, presentó demanda de Repetición contra la Asociación De Padres De Familia y Vecinos Del Hogar Infantil Sósimo Suárez De Gigante, H. pretendiendo se declare la responsabilidad administrativa en los siguientes términos:

“PRIMERA: Que se declare a la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Su árez de Gigante -Huila, con personería jurídica otorgada mediante resolución No. 0952 del 28 de abril de 1995, con NIT. No. 813000522-2 representada legalmente por la señora JOHANNA ANDREA ORDOÑEZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.080.180.490, responsable a título de culpa grave, de los perjuicios causados al INSTITUTO

1 Reparto 23-09-2019 – Fl. 76 C. de 100 folios Tamaño KB 92117 ON DRIVETRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Repetición – Rad. 4100133330007 2019 00296 02

Demandante: ICBF Demandado: Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suárez de Gigante

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COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, al haber sido condenado administrativamente en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, a través de sentencia de fecha 29 de noviembre de 2016, que confirmó la condena impuesta en pr imera instancia a través del fallo de fecha 25 de agosto de 2014, dictado por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón, y declaró responsable solidario al ICBF, dentro del proceso con

que confirmó la condena impuesta en pr imera instancia a través del fallo de fecha 25 de agosto de 2014, dictado por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón, y declaró responsable solidario al ICBF, dentro del proceso con radicado número 41298-31-05-001-2014-00043-01.

SEGUNDA: Que se condene a la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suarez de Gigante -Huila, con personería jurídica otorgada mediante resolución No. 0952 del 28 de abril de 1995, con NIT. No. 813000522-2 representada legalment e por la señora JOHANNA ANDREA

ORDOÑEZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.080.180.490, a pagar la suma CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS M/C ($162.957.105) a favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, Regional Huila suma de dinero que pago esta última Entidad a EVER VARGAS SANCHEZ y otros, para hacer efectiva la condena impuesta.

TERCERA: Que se condene a la Asociación de Padres de Familia y vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suarez de Gigante -Huila, con personería jurídica otorgada mediante resolución No. 0952 del 28 de abril de 1995, con NIT. No. 813000522-2 representada legalment e por la señora JOHANNA ANDREA

ORDOÑEZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.080.180.490.

813000522-2 representada legalment e por la señora JOHANNA ANDREA ORDOÑEZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.080.180.490. a pagar a favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF Regional Huila, los intereses causados, de conformidad a la ley.

CUARTA: Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor (IPC).

QUINTA: Que se condene la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suarez de Gigante -Huila, con personería jurídica otorgada mediante resolución No. 0952 del 28 de abril de 1995, con NIT. No. 813000522-2 representada legalmente p or la señora JOHANNA ANDREA

ORDOÑEZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.080.180.490, a pagar las costas del proceso y las agencias en derecho a favor del ICBFRegional Huila.

1.2. Los hechos

Por conducto de apoderado judicial, el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (en adelante ICBF), formuló demanda de Repetición contra la Asociacion De Padres De Familia Y Vecinos Del Hogar Infantil Sósimo Suárez de Gigante, en procura del reintegro de la totalidad del dinero pagado como consecuencia de la sentencia dictada por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón, el 25 de agosto de 2014, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 29 de noviembre de 2016 , cuyo monto ascendió a $162.957.105, y fue ordenado su pago total mediante

Circuito de Garzón, el 25 de agosto de 2014, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 29 de noviembre de 2016 , cuyo monto ascendió a $162.957.105, y fue ordenado su pago total mediante Resoluciones No. 3756 del 25 de mayo de 2017 y No. 8930 del 27 de septiembre de 2017.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Repetición – Rad. 4100133330007 2019 00296 02

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Dentro de dicho proceso laboral con radicado número 41298 -31-05-0012014-00043-01, se declaró que el accidente ocurrido al señor Ever Vargas Sánchez, fue en desarrollo del contrato de trabajo suscrito con su empleadora la Asociacion de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil S ócimo Suárez de Gigante y en la misma resolvió negar la existencia de solidaridad laboral por parte del ICBF; sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Sala Laboral, a través de fallo de segunda instancia de fecha 29 de noviemb re de 2016, en lo que respecta a la condena impuesta y en cuanto a la solidaridad, revocó el numeral cuarto de la sentencia para en su lugar condenar al ICBF solidariamente al pago de la condena impuesta a favor de los demandantes.

Que, previo el tr ámite pertinente de carácter presupuestal ante la Sede Nacional del ICBF, mediante la Resolución No. 3756 del 25 de mayo de 2017,

la condena impuesta a favor de los demandantes.

Que, previo el tr ámite pertinente de carácter presupuestal ante la Sede Nacional del ICBF, mediante la Resolución No. 3756 del 25 de mayo de 2017, el ICBF, dando cumplimiento a la sentencia, autoriz ó un gasto y ordenó el pago de la suma de $80.015.483, correspondiente al 50% de dicha condena impuesta, junto con los intereses moratorios y costas procesales ; posteriormente, dando cumplimiento al pago total de la condena impuesta, mediante Resolución No. 8930 del 27 de septiembre de 2017, el ICBF autorizó un gasto y ordenó el pago de la suma de $82.951.622, correspondiente al 50% restante, junto con los intereses moratorios y costas procesales, dando cumplimiento total a la sentencia; el 13 de junio de 2017 el ICBF efectuó materialmente los pagos correspondientes al primer 50% de la condena impuesta y el 29 de septiembre de 2017 , se efectuó materialmente el pago del 50% restante.

1.2.1. Fundamentos de derecho

Precisa que, e l artículo 1° y 2º de la ley 678 de 2001 , además de otras normas, indica quienes son considerados como agentes estatales para efectos de la acción de repetición, a saber:

El servidor público. El ex servidor público, El particular que ejerza funciones pública, El contratista, El interventor, El consultor, El asesor Funcionarios de la rama judicial, y funcionarios de la justicia penal militar.

Es así que, l a Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil

El contratista, El interventor, El consultor, El asesor Funcionarios de la rama judicial, y funcionarios de la justicia penal militar.

Es así que, l a Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suárez de Gigante-Huila, con personería jurídica otorgada mediante Resolución No. 0952 del 28 de abril de 1995, con NIT. No. 813000522 -2 representada legalmente por la señora Johanna Andrea Ordoñez Rojas, identificada con c édula de ciudadanía No. 1.080.180.490, con la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, celebró , entre otros , losTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Repetición – Rad. 4100133330007 2019 00296 02

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contratos de Aporte Nos. 93-2010, 196-2011, 121-2012, 332-2012, 434-2012; que convierten a dicha entidad, a la luz del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en contratista de una entidad estatal, pero más que eso, son instituciones "VINCULADAS" al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, conforme lo dispone el artículo 8 y 9 del decreto 2388 de 1979, así: "ARTÍCULO 80. Hacen parte también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar las entidades públicas o privadas, de carácter nacional, distrital, departamental, comisarial, intendencial o municipal, que habitualmente realicen actividades. relacionadas con l a protección

parte también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar las entidades públicas o privadas, de carácter nacional, distrital, departamental, comisarial, intendencial o municipal, que habitualmente realicen actividades. relacionadas con l a protección preventiva y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración armónica de la familia. ARTÍCULO 90. Los organismos, instituciones, entidades o agencias de derecho público, que habitualmente realicen actividades de las contempladas en el artículo anterior, se consideran como adscritos al sistema. Y los organismos, instituciones, entidades y agencias de carácter privado que cumplan la misma función, se consideran como vinculados".

Que, l a conducta desplegada por la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Su árez de Gigante -Huila, en calidad de empleadora del señor Ever Vargas Sánchez, debe ser examinada a la luz del artículo 6º de la Ley 678 de 2001, que en su inciso primero, señala que "La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución a la ley o de una inexcusable o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".

Conforme a tal norma jurídica, se tiene que al haber adquirido la calidad de agente estatal, o particular que ejerce función pública , adquirió también el deber reforzado de adoptar todas las medidas de seguridad para con sus empleados o contratistas, con el fin de evitar la consecución de accidentes laborales que atentaran contra la vida o integridad de estas personas: tales deberes no solo se derivan de los Contrat os de Aporte suscritos con la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suarez

laborales que atentaran contra la vida o integridad de estas personas: tales deberes no solo se derivan de los Contrat os de Aporte suscritos con la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suarez de Gigante-Huila y el ICBF, sino que es intrínseco ante la relación laboral adquirida con sus trabajadores, lo que le confiere la calidad de garante frente a estos, ante lo cual, surge el deber de protección integral y en consecuencia, la adopción de toda medida necesaria para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Son elementos de juicio más que suficientes, los argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia de fecha 25 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicia l de Neiva, a través de sentencia de segunda instancia de fecha 29 de noviembre de 2016, en las que refieren claramente como único responsable a la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Su árez de Gigante-Huila, por la falta de prevención y adopción de medidas de seguridad y protección laboral, lo que acarr ea el accidente del 22 de enero de 2011, en el que resultó lesionado el señor Ever Vargas Sánchez.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Repetición – Rad. 4100133330007 2019 00296 02

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Siendo así, es claro entonces, que dicha conducta omisiva se cataloga como

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Siendo así, es claro entonces, que dicha conducta omisiva se cataloga como gravemente culposa a la luz de lo establecido en la Ley 678 de 2001, artículo 6, y fue a raíz de dicha negligencia que se ocasionó un perjuicio al ICBF, al ser condenado en solidaridad al pago de los perjuicios ocasionados al señor Ever Vargas Sánchez, por existir un nexo causal entre la conducta del agente estatal, junto con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Con la argumentación precedente se está, sin duda, en consonancia con lo expresado por el Consejo de Estado, en sentencia del 10 de noviembre de 2005, en el sentido que "(i) que el Estado se encuentra obligado a repetir contra sus agentes, siempre que se dicte una condena a su costo y cuando se hubiere acreditado que el agente que dio lugar a ella actuó con dolo o culpa grave: y (ii) que los agentes estatales que ocasione n un daño deben responder patrimonialmente, siempre y cuando la administración pública haya resultado condenada y se demuestre la culpa grave o el dolo del agente".

2. Contestación de la demanda 2

Mediante apoderado judicial, la Asociación de Padres de Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suárez de Gigante, se opone a la prosperidad de las pretensiones aduciendo que la acción de repetición carece de sustento factico, por cuanto era el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, al que le correspondía realizar la supervisión del Contrato de Aporte No 196 del 2011, el cual originó que la entidad a la cual represent a realizara

factico, por cuanto era el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, al que le correspondía realizar la supervisión del Contrato de Aporte No 196 del 2011, el cual originó que la entidad a la cual represent a realizara todas las actuaciones tendientes a la ejecución del contrato de marras (vigente para la fecha de los hechos).

En ese orden de ideas, al ser el mismo Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, el responsable de la supervisión del contrato de Aporte No 196 de 2011, y al haber sido celebrado dicho contrato sin el lleno de las formalidades legales y contractuales, la responsabilidad principal por el suceso generador de la presente acción de repetición, carece de cimiento fáctico y de derecho.

Frente a la segunda pretensión del medio de Control de R epetición, también me opone a la prosperidad, teniendo en cuenta que el mismo Contrato de Aporte No 196 del 201 1, suscrito con la Asociación De Padres De Familia y Vecinos del Hogar Infantil Sósimo Suárez de Gigante, en su cláusula Décima Primera, establece la supervisión del mismo, y la cual recae en el coordinador del Centro Zonal de Garzón, centro zonal adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en ese orden de ideas, no es de recibo que la demandada tenga obligación de cancelar suma de dinero alguna.

Frente a la Tercera, manif iesta que, con ocasión a la oposición de las dos anteriores pretensiones solicitadas, también deberá declararse impróspera, por considerar que, al no generar obligación económica a favor de la entidad demandada, lógicamente, tampoco genera intereses moratorios.

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por considerar que, al no generar obligación económica a favor de la entidad demandada, lógicamente, tampoco genera intereses moratorios.

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Inició presentando la “Excepción de Falta de Cumplimiento de los Requisitos Contractuales”.

Al respecto indicó inicialmente, que desde la génesis del contrato de Aporte No 196 de 2011, se observa una contratación anómala respecto del I.C.B.F., y el operador que en el presente caso es la Asociación De Padres De Familia Y Vecinos Del Hogar Infantil Sósimo Suárez De Gigante, puesto que no hubo una exigencia respecto de los planes del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el Reglamento Técnico de trabajo Seguro en Alturas, reglamentado en la Resolución No 003673 de 2008, es decir, con antelación a la suscripción y cel ebración del contrato 196 de 2011 ; del cuerpo del Contrato No 196 de 2011 , se establece en el numeral Tercero, las obligaciones del ICBF.

Conforme a las cl áusulas estipuladas en el Contrato de Aporte No. 196 del 2011, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar , en su condición de supervisor y garante contractual, debió exigirle a la demandada en la etapa previa a la suscripción del contrat o, el certificado a l os trabajadores de la

2011, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar , en su condición de supervisor y garante contractual, debió exigirle a la demandada en la etapa previa a la suscripción del contrat o, el certificado a l os trabajadores de la Asociación De Padres De Familia Y Vecinos Del Hogar Infantil Sósimo Suárez De Gigante., sobre el trabajo seguro en alturas, reglamentado desde el año 2008 a través de la Resolución No 003673 expedida por el Ministerio de la Protección Social.

Así las cosas, para la fecha del accidente del señor Ever Vargas S ánchez, esto es 22 de enero de 2011 , ya se encontraba en plena vigencia la Resolución 003673 del 2008, que en su artículo primero estableció : "ARTÍCULO 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las activida des económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente resolución se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior".

Ahora, si bien el objeto principal del Contrato de Aporte 196 del 2011, era "Brindar atención integral a niños y niñas entre los seis (6) meses y menores de los cinco años (5) de edad, con vulnerabilidad económica y social, prioritariamente a quienes por razones de trabajo de sus padres o adulto responsable de su cuidado permanecen solos temporalmente y a los hijos de familia en si tuación de

cinco años (5) de edad, con vulnerabilidad económica y social, prioritariamente a quienes por razones de trabajo de sus padres o adulto responsable de su cuidado permanecen solos temporalmente y a los hijos de familia en si tuación de desplazamiento, en el hogar infantil S ÓSIMO SUÁREZ" también es cierto que para la efectiva ejecución del contrato 196/2011, se atend ían necesidades como las de mantenimiento, ornamentación, pintura y demás quehaceres para velar por obtener un sitio acorde a las necesidades de los infantes.

Es así, como se configura la presente excepción, teniendo en cuenta que en ningún momento se estipuló además de las obligaciones contractuales transcritas en el presente escrito y las que se encuentran plasmadas en elTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Repetición – Rad. 4100133330007 2019 00296 02

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Contrato de Aporte 196 de 2011, que se haya exigido al OPERADOR contratista, la exigencia para su personal de trabajo respecto de la certificación de trabajo seguro en alturas, vigente desde el año 2008.

Excepción de Falta de Supervisión Contractual:

Indica que en el presente asunto brilla por su ausencia el hecho de la supervisión contractual estipulada primigeniamente en la Ley 80 de 1993, y que también se encuentra estipulada en la cláusula décima primera del Contrato de Aporte No 196 del 2011. Así las cosas, teniendo en cuenta el caso de marras, realizó un recuento respecto de las obligaciones que se traen

que también se encuentra estipulada en la cláusula décima primera del Contrato de Aporte No 196 del 2011. Así las cosas, teniendo en cuenta el caso de marras, realizó un recuento respecto de las obligaciones que se traen implícitas en las normas de contratación estatal, por ejemplo, primigeniamente con la Ley 80 de 1993 en su artículo 4.

Así mismo, la cláusula DÉCIMA PRIMERA del Contrato de Aporte No 196 del 2011, establece la supervisión del contrato de marras en cabeza del Coordinador del Centro Zonal de Garzón, en los siguientes términos: "DÉCIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN: ¡EI ICBF controlará el cumplimiento del presente contrato a través de l Coordinador de! Centro Zonal GARZÓN, quien ejercerá la supervisión de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato, en el Manual de Contratación del Instituto, ¡la “Guía del Sistema de Supervisión e Interventoría de los contratos de aporte suscrito s por el ICBF y demás normas internas expedidas para el efecto por e! ICBF. El supervisor se apoyará para el ejercicio de su función en el equipo interdisciplinario (áreas: contable, psicosocial, ¡de salud y demás que se requieran) de! respectivo Centro Zonal. Las instrucciones impartidas por el supervisor se limitarán a verificar el correcto cumplimiento del mismo y exigir la ejecución de los correctivos necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del OPERADOR".

Conforme lo anteriormente expuesto y del acervo probatorio allegado dentro del presente medio de Control de Repetición, se puede observar que en ningún momento se ejerció control sobre el Contrato de Aporte No 196 del

cumplimiento de las obligaciones a cargo del OPERADOR".

Conforme lo anteriormente expuesto y del acervo probatorio allegado dentro del presente medio de Control de Repetición, se puede observar que en ningún momento se ejerció control sobre el Contrato de Aporte No 196 del 2011, por parte del I CBF, a través del Coordinador del Centro Zonal de Garzón, como bien es sabido la supervisión contractual es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de los contratos, acciones que al parecer no fueron realizadas por el supervisor, razón fundamental que influyó en el desenlace del accidente del señor Ever Vargas Sánchez.

Los Hogares Infantiles son modalidades de atención para la prestación del servicio público de bienestar familiar y garant ía de los derechos de los niños y niñas mediante la corresponsabilidad de los diferentes actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF, creados por el artículo 1 de la Ley 21 de 1974. Por la naturaleza especial del servicio de bienestar familiar, el ICBF celebra contratos de aporte, entendiéndose por tal cuando se obliga a proveer a una Institución de utilidad pública o social los bienes (edificios, dineros, etc.) у asistencia técnica indispensables para la prestación del servicio y atención a los niños y las niñas, actividad que se cumple de acuerdo con las normas y bajo el control del ICBF.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Repetición – Rad. 4100133330007 2019 00296 02

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Excepción de Falta De Constitución de La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Al Momento de La Suscripción del Contrato de

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Excepción de Falta De Constitución de La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Al Momento de La Suscripción del Contrato de Aporte No 196 De 2011.

La presente excepción la propone teniendo en cuenta que el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, al momento de la elaboración de los estudios previos para la celebración del Contrato de Aporte No 196 De 2011, no realizó la asignación o tipificación de riesgos que le permiti eran prever la suscripción de pólizas que amparan hechos generadores de responsabilidad civil extracontractual, máxime si se tiene en cuenta que era responsabilidad del ICBF, la supervisión de la debida ejecución del contrato.

En ese sentido, se nota inobservancia por parte del ICBF de los principios de la contratación a los que están obligados toda entidad estatal, al respecto Colombia Compra eficiente define el principio de previsibilidad como la sujeción plena a la identificación, tipificación y asignación lógica y proporcional entre las partes intervinientes, de los riesgos o contingencias del contrato, de manera tal que la estructuración del negocio se haga sobre la base de la anticipación, lo más completa posible, de todos aquellos eventos que puedan a futuro impactar la conmutatividad. En consecuencia, el equilibrio surgido al momento de proponer o contratar, que de no ser previstos y sujetos a mecanismos adecuados y oportunos de corrección durante la ejecución del contrato , puedan generar en situaciones causantes de desequilibrio económico.

Frente a lo anteriormente expuesto, pone de presente que con antelación a

y sujetos a mecanismos adecuados y oportunos de corrección durante la ejecución del contrato , puedan generar en situaciones causantes de desequilibrio económico.

Frente a lo anteriormente expuesto, pone de presente que con antelación a la suscripción del Contrato de Aporte 196 de 2011, ya existía normatividad vigente para que el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar , realizara un estudió complejo sobre las necesidades y posibles factores de riesgo durante su ejecución, situación que , ni se visualizó en los estudios previos y mucho menos se exigió al momento de la suscripción, por cuanto no obra ni en el plenario, ni mucho menos en la demanda Ordinaria Laboral d e Primera Instancia adelantada por el señor Ever Vargas S ánchez, que la Asociación De Padres De Familia y Vecinos Del Hogar Infantil S ósimo Su árez de Gigante, haya suscrito pólizas que ampararan los riesgos de responsabilidad civil extracontractual , como requisito indispensable para la celebración del contrato de aporte tantas veces citado.

“Excepción de Buena Fé”

Señala que, las actuaciones realizadas por los empleados de la Asociación De Padres De Familia y Vecinos Del Hogar Infantil S ósimo Suárez Gigante, siempre estuvieron enmarcadas dentro del principio de la buena fe, tanto así, que como se puede corroborar con el acervo probatorio de la demanda Ordinaria Laboral, el señor Ever Vargas Sánchez, se encontraba afiliado al sistema general de Seguridad Social, en lo que tiene que ver con Riesgos Laborales, por lo tanto en ningún momento hubo mala fe por parte de laTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

sistema general de Seguridad Social, en lo que tiene que ver con Riesgos Laborales, por lo tanto en ningún momento hubo mala fe por parte de laTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Repetición – Rad. 4100133330007 2019 00296 02

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entidad hoy demandada.

3. De la Audiencia Inicial3

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, llevó a cabo la audiencia inicial el 8 de septiembre de 2022, la cual se desarrolló en todas sus etapas culminando con el decreto de pruebas.

4. De la Sentencia de Primera Instancia4

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, profirió sentencia el 28 de abril de 2023, negando las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Luego de hacer la respectiva valoración de las pruebas recaudadas, inició indicando que la providencia laboral que sirve de fundamento de la repetición, declaró que el accidente ocurrido al señor Ever Vargas S ánchez, el 22 de enero de 2011, fue por culpa suficientemente comprobada de su empleadora la Asociación De Padres De Familia Y Vecinos Del Hogar Infantil S ócimo Suárez De Gigante, tras incumplir con las obligaciones previstas en los artículos 56, 57 y 216 del C.S.T. que, en materia de protección y seg uridad, exigen poner a disposición del trabajador de los materiales e implementos de trabajo necesarios para realizar la labor encomendada; sin embargo, esa prueba resulta insuficiente para determinar el grado de culpabilidad, esto es,

exigen poner a disposición del trabajador de los materiales e implementos de trabajo necesarios para realizar la labor encomendada; sin embargo, esa prueba resulta insuficiente para determinar el grado de culpabilidad, esto es, la culpa grave o dolo, tratándose de la acción de repetición. En cuanto a los presupuestos del medio de control de repetición, señaló: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena Este requisito lo encontró acreditado de acuerdo al Contrato de Aporte 196 de 2011, suscrito entre el ICBF y la Asociacion De Padres De Familia Y Vecinos Del Hogar Infantil S ósimo Su árez De Gigante, porque, como contratista, impartió órdenes de trabajo en alturas a su empleado Ever Vargas Sánchez, el día 22 de enero de 2011, sin s