TA HUI - Sentencia 410013333-002-2022-00309-01 (16-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta

Neiva, dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco.

DEMANDANTE: MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 410013333-002-2022-00309-01

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

ACTA: 074

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la parte actora contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderada judicial, el señor Miguel Augusto Medina Ramírez promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; en procura de que se declare la nulidad de los oficios Desajne022-590 del 10 de marzo de 2022 y Desajne022-682 del 17 de marzo de 2022 ; a través de los cuales, le negaron el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

Subsidiariamente, solicita declarar la existencia y la nulidad del acto ficto negativo generado por que el grupo de sentencias de la unidad de asistencia legal de la Deaj omitió pronunciarse respecto de la remisión

50 de 1990.

Subsidiariamente, solicita declarar la existencia y la nulidad del acto ficto negativo generado por que el grupo de sentencias de la unidad de asistencia legal de la Deaj omitió pronunciarse respecto de la remisión de los oficios Desajne022-590 del 10 de marzo de 2022 y Desajne022682 del 17 de marzo de 2022.

A título de restablecimiento del derecho, depreca el reconocimiento y pago “… de un (1) día de salario desde el 14 de febrero de 2019 y hasta cuando se realice el pago efectivo por concepto de sanción moratoria por no pago total de lasMiguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 2 cesantías anualizadas del señor MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ periodo 1/01/2018 a 31/12/2018.

… reconocimiento y pago de un (1) día de salario desde el 14 de febrero de 2020 y hasta cuando se realice el pago efectivo por concepto de sanción moratoria por no pago to tal de las cesantías anualizadas del señor MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ periodo 1/01/2019 a 31/12/2019.

… reconocimiento y pago de un (1) de salario desde el 14 de febrero de 2021 y hasta cuando se realice el pago efectivo por concepto de sanción morator ia por no pago total de las cesantías anualizadas del señor MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ periodo 1/01/2020 a 31/12/2020”.

Finalmente, solicita el pago de intereses moratorios, que se condene en

pago total de las cesantías anualizadas del señor MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ periodo 1/01/2020 a 31/12/2020”.

Finalmente, solicita el pago de intereses moratorios, que se condene en costas a la accionada y que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Cpaca.

2. Fundamentación fáctica.

Como argumentos de orden fáctico -en esenciaaduce lo siguiente:

a. Se encuentra vinculado en propiedad en la Rama Judicial, ejerciendo el cargo de Juez de la República.

b. El artículo 14 de la Ley 4 de 1992 estableció una prima de carácter salarial; hasta el 60% del salario para los jueces.

En los decretos que anualmente expide el Presidente de la República, el valor de dicha prima se fijó en un 30%; pero a la misma no le dieron el carácter salarial.

c. Por ese motivo adelantó un proceso en la jurisdicción contenciosa administrativa; obteniendo por concepto de la prima especial un incremento del 30% del salario (la sentencia quedó ejecutoriada el 15 de mayo de 2018)1.

d. No obstante lo anterior, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 las cesantías se reconocieron con base en el salario anterior.

e. En cada una de esas anualidades interpuso recursos reclamando el pago incompleto de sus cesantías , y la entidad reiter ó que el cumplimiento de la sentencia le correspondía a la dependencia de sentencias y conciliaciones y que su solicitud de pago sería atendida de acuerdo al turno asignado.

pago incompleto de sus cesantías , y la entidad reiter ó que el cumplimiento de la sentencia le correspondía a la dependencia de sentencias y conciliaciones y que su solicitud de pago sería atendida de acuerdo al turno asignado.

1 Rad. 410013333000120120010400.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 3 f. El 1 1 de febrero de 2022 , le solicitó a la entidad accionada el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

Dicha petición denegada a través los actos enjuiciados.

g. Considera que “…en la medida que en los actos administrativos demandados se informa que existió una remisión a otra oficina denominada grupo de sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, puede considerarse que corresponde a ese otro emitir la respuesta, se debe informar que no se EMITIÓ la misma y por ello, se solicita en forma subsidiar ia el reconocimiento del SILENCIO ADMINISTRATIVO

NEGATIVO”.

3. Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 6, 29, 53 y 150.

Ley 1437 de 2011: artículos 1, 3, 9, 42, 137, 138 y 189. Ley 4 de 1992. Ley 50 de 1990.

A poyándose en esas preceptivas, refiere que la sentencia que ordenó el incremento del 30% de su salario hizo tránsito a cosa juzgada, y que su cumplimiento es imperativo a partir de su ejecutoria:

A poyándose en esas preceptivas, refiere que la sentencia que ordenó el incremento del 30% de su salario hizo tránsito a cosa juzgada, y que su cumplimiento es imperativo a partir de su ejecutoria:

“…impone una corrección de facto hacia el futuro en la relación laboral, porque define la interpretación del SALARIO no solo hasta la sentencia sino DESPUÉS de la sentencia”; y no puede la administración seguir reproduciendo la operación administrativa superada co n la sentencia judicial, y tampoco los efectos de la sentencia (que es una obligación de hacer –corregir-), están supeditados a plazo, condición o pronunciamiento de autoridad administrativa alguna”.

Considera que el pago parcial y limitado de las cesantías, es producto del obrar de mala de fe la entidad, p orque conocía la orden judicial, la reclamación de su pago y los recursos que por su incumplimiento se interpusieron anualmente:

“La entidad era consciente de los efectos de la sentencia, que implicaba el incremento de la base de cálculo de las prestaciones sociales y que, con ello el reconocimiento efectuado en sede administrativa era inferior al que constitucional y legalmente correspondía, es decir, tenía pleno conocimiento que su actuar era errado y con ello se cumple con el requisito legal de la mala fe, recordando que en la legislación civil implica el actuar con pleno conocimiento de su falta, la Corte Constitucional en sentencia C -544 de 1994 puntualizó …” (Samai, índice 1 °, primera instancia).Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 4

4. La oposición - Nación - Rama Judicial.

primera instancia).Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 4

4. La oposición - Nación - Rama Judicial.

Después de hacer un recuento de la normatividad que regula la sanción moratoria; resalta que no existe norma aplicable a los servidores de la Rama Judicial que regule el pago de la sanción moratoria por no consignar el auxilio de cesantía . De contera, no existe fundamento jurídico para su reconocimiento:

“Corolario de lo hasta aquí expuesto es que no existe norma aplicable a los servidores de la Rama Judicial que consagre el pago de sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantía, razón por la que no hay lugar a reconocimiento o pago alguno por ese concepto, en la medida que la Ley 50 de 1990 aplicaba únicamente para servidores públicos territoriales, y la Ley 244 de 1995, modificada y adic ionada por la Ley 1071 de 2006, regula solamente lo concerniente a las cesantías parciales y definitivas”.

Apoyándose en pronunciamientos del H. Consejo de Estado 2, destaca que al demandante le cancelaron las cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, y no obstante que no se incluyó el 30% como prima especial (ordenada por sentencia judicial) ; ello no equivale al incumplimiento que genera la indemnización establecida en la Ley 50 de 1990:

“ Lo expuesto quiere decir que la indemnización moratoria que se pretende en la demanda no tiene como fundamento el pago tardío del auxilio de cesantías anualizadas como tal, sino de la diferencia de valor de ese auxilio que se habría

1990:

“ Lo expuesto quiere decir que la indemnización moratoria que se pretende en la demanda no tiene como fundamento el pago tardío del auxilio de cesantías anualizadas como tal, sino de la diferencia de valor de ese auxilio que se habría generado como consecuen cia de la reliquidación ordenada por sentencia judicial, por no haber incluido, en la liquidación inicial, los factores de prima salarial del 30%, y que se encuentra en trámite de pago en la unidad de sentencias de la entidad”.

(…)

En el caso sub lite, es claro que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, sí reconoció oportunamente las prestaciones y cesantías anualizadas del demandante desde su vinculación con la entidad; sin embargo, con ocasión de la expedición de la sentencia del 23 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila, se causó una diferencia en la liquidación de las mismas, pero el pago inoportuno de esa diferencia no puede considerarse mora en la consignación de tal prestación, que tenga la magnitud de generar la sanción a que alude la norma invocada por el actor.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2017, radicación 08001-23-33-000-2012-000171-01, número interno: 2839-14, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad. 13001-2331-000-2007-00225-01(1483-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.; Subsección B.

Cita propia del texto transcrito: Al respecto: Subsección A. Sentencia de 9 de abril de 2014. Rad. 13001-2331-000-2007-00225-01(1483-13). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.; Subsección B. Sentencia de 8 de septiembre de 2017. Rad. 08001233300020140035501. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En el mismo sentido, sentencias de 17 de agosto de 2017. Rad. 08001233300020140035501; Sentencia de 18 de mayo de 2017. Rad. 66001233300020130021301.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 5 Por el contrario, a lo pretendido por el actor, es necesario precisar que en casos similares el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, ha sostenido que la sanción moratoria por la inoportuna consignación de cesantías no procede respecto de la s diferencias de valor de tal prestación que se originen a causa de una reliquidación de la prestación”.

Con fundamento en lo anterior, propuso las exceptivas inexistencias de la obligación y cobro de lo no debido.

Finalmente, informó que desde el 1° de enero de 2021 se incrementó el 30% del salario al demandante; en consecuencia, se ajustó la liquidación de las cesantías anualizadas (Samai, índice 13, primera instancia).

5. El trámite surtido. Alegaciones de primera instancia.

El 30 de enero de 2023 el a quo anunció que emitiría sentencia anticipada, fijó el litigio , incorporó las pruebas y corrió traslado para

5. El trámite surtido. Alegaciones de primera instancia.

El 30 de enero de 2023 el a quo anunció que emitiría sentencia anticipada, fijó el litigio , incorporó las pruebas y corrió traslado para alegar de conclusión (Samai, índice 15, primera instancia).

En los siguientes términos se pronunciaron las partes:

a. Demandante.

Apoyándose en un pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 3, argumenta que el pago parcial de las cesantías no exonera a la entidad del reconocimiento de la sanción moratoria; porque en los años 2019, 2020 y 2021 conocía con exactitud el salario del demandante (existía una ley y una orden judicial que lo determinaba); lo cual, demuestra la mala fe en su obrar.

Destaca que las órdenes judiciales son imperativas, y no obstante que existe un trámite administrativo para su pago, las correcciones deben ser inmediatas (Samai, índice 21, primera instancia).

b. Nación - Rama Judicial.

Apoyándose en pronunciamientos del H. Consejo de Estado4, reitera que la inoportuna consignación de las diferencias de valor que se origin an

3 Sentencia SL-403-2013 del 3 de julio de 2013. M.P Jorge Mauricio Burgos Ruiz. 4 Sentencia del 9 de abril de 2014. Rad. 30012331000200700225 01 (1483-2013). Sección Segunda. Sentencia del 25 de agosto de 2016. Rad. 08001-23-31-000-2011-0062801(0528-14).

Sección Segunda. Sentencia del 25 de agosto de 2016. Rad. 08001-23-31-000-2011-0062801(0528-14). Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2017. Rad. 08001233300020140032 01 (3815-2015). Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 17 de octubre de 2017. Rad. 08000123332120017101 (2839-2014). Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 3 de febrero de 2022. Radicado interno (5427-2019). C.P William Hernández Gómez.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 6 por la reliquidación de las cesantías, no genera el pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990:

“Como puede observarse, la tesis asumida por el Consejo de Estado desde el año 2014 ha sido unánime, consistente y pacífica al señalar que no es procedente la sanción moratoria prevista por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en los eventos en los que se cancela tardíamente una diferencia en la liquidación de las cesantías anualizadas, ya sea porque se realizó un nuevo cálculo de la prestación o porque no se pagó en su totalidad el valor correspondiente al período liquidado. Lo anterior, en atención a que se trata de una indemnización, que la ley prevé a título de sanción; por ende, su interpretación impone la estricta observancia del principio de legalidad. Así lo explicó recientemente el Consejo de estado en sentencia de fecha 14 de julio de 2022 …”.

por ende, su interpretación impone la estricta observancia del principio de legalidad. Así lo explicó recientemente el Consejo de estado en sentencia de fecha 14 de julio de 2022 …”.

Finalmente, insiste que la indemnización se causa por la ausencia total de pago antes del 15 de febrero de cada año, y como en el caso concreto, se realizó un pago inicial en tiempo y posteriormente una reliquidación (por orden judicial), no se con figura el presupuesto para su reconocimiento y pago (Samai, índice 19, primera instancia).

d. Ministerio Público

No rindió concepto (Samai, índice 22, primera instancia).

6. El fallo impugnado.

El a quo negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Inicialmente se refiere al régimen de cesantías aplicable a los servidores judiciales, y apoyándose en el precedente contencioso administrativo 5, considera que al actor no le asiste el derecho a la indemnización, porque no procede por las diferencias de valor que se originen en la reliquidación de esa prestación:

“Conforme a lo anterior, en lo que respecta a la sanción moratoria regulada por la Ley 50 de 1990 y contrario a lo indicado por la parte demandada, es claro que la misma sí le es aplicable a los servidores de la Rama Judicial que se afilien a los fondos privados administradores de cesantías. (…) Teniendo en cuenta lo anterior, lo expuesto en los acápites que anteceden y el precedente jurisprudencial aplicable, para el Despacho es claro que al actor no le asiste el derecho al pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la

Teniendo en cuenta lo anterior, lo expuesto en los acápites que anteceden y el precedente jurisprudencial aplicable, para el Despacho es claro que al actor no le asiste el derecho al pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues dicho castigo al empleador por la inoportuna o incompleta consignación de cesantías, no procede respecto de las diferenci as de valor de tal prestación que se originen a causa de una reliquidación de la misma, siendo este el caso que nos ocupa.

5 Tribunal Administrativo del Huila. Sentencia del 14 de junio de 2022. Exp. 410013333002 -201700262-02. M.P Jorge Alirio Cortés Soto.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 7 Es que como lo señaló la jurisprudencia del Consejo de Estado, la indemnización económica prevista en la Ley 50 de 1990 a favor del trabajador, tiene como fundamento el incumplimiento del empleador de su deber legal de consignar las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente a su causación. En tal virtud, al constituir una sanción dispuesta por el legislador, no resulta válida extenderla o trasladarla a situaciones que no ha establecido el creador de la norma, como sucede en los eventos en que el auxilio no fue liquidado correctamente o no fue pagado en forma completa. (…) En el presente caso se avistó que las cesantías causada s por el actor durante los años 2018, 2019 y 2020 fueron consignadas dentro del plazo legal, pues así lo corrobora la certificación de pago de cesantías allegada por la entidad demandada

En el presente caso se avistó que las cesantías causada s por el actor durante los años 2018, 2019 y 2020 fueron consignadas dentro del plazo legal, pues así lo corrobora la certificación de pago de cesantías allegada por la entidad demandada (f. 13 samai, pág. 35) y el contenido de dicho no fue controvertido ni tachado, antes bien, se confirma lo allí señalado cuando se avista que en la demanda el actor no señaló que el auxilio le hubiese sido consignado por fuera de término, sino incompleto y ya quedó decantado que el pago incompleto por considerarse que no fue correctamente liquidado el auxilio, no significa el incumplimiento de la obligación del empleador” (Samai, índice 19, primera instancia).

7. La impugnación.

Inconforme, el accionante interpuso el recurso de apelación, y con base en pronunciamientos de jurisdicción ordinaria laboral 6 y de la contencioso administrativa 7, destaca que el pago incompleto de las cesantías sí es una causal para obtener el reconocimiento de la sanción moratoria. Recordando que el incumplimiento de una sentencia judicial lo hacen merecedor del reconocimiento de la indemnización:

“Se debe ser contundente, el derecho no está en discusión, YA UNA SENTENCIA JUDICIAL con efectos individuales y particulares a favor del demandante y de ejecutoria 15 de mayo de 2018 8, CERRÓ toda in decisión, como empleado el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del 100% del salario y que el mismo sea computado en las prestaciones sociales, incluyendo las cesantías.

Las pretensiones de la demanda se presentaron para las anualidades 2019 a 2021,

demandante tiene derecho al reconocimiento y pago del 100% del salario y que el mismo sea computado en las prestaciones sociales, incluyendo las cesantías.

Las pretensiones de la demanda se presentaron para las anualidades 2019 a 2021, POSTERIORES a la sentencia y, por ende, cobijado por los efectos de cosa juzgada y seguridad jurídica.

El proceso de liquidación de las cesantías en los años 2019 a 2021 imponen al empleador el reconocer la SENTENCIA y cumplir de buena fe sus ob ligaciones laborales.

La entidad no tiene excusa alguna, no tiene justificación del por qué no cumplió su deber como empleador y con la sentencia, es más tiene el DESCARO de aceptar que

6 Corte Suprema de Justicia, 3/07/13, SL-403-2013, Radicación No. 40509. (página 50). Corte Suprema de Justicia, 9/09/20, SL3614-2020, Radicación No. 84011 (página 17). 7 Consejo de Estado, 15/09/2011, radicación número: 13001-23-31-000-2002-00596-01(0843-11) (página 40). Consejo de Estado, 20/11/2019, radicación número: 47001-23-31-000-2006-01220-01(0464-14) (página 16). 8 Radicado 4100133330001-2012-00104-00.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 8 solo se vio compelida por la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-016CES2-2019 del 2 de septiembre de 2019, a partir del año 2021.

410013333-002-2022-00309-01 8 solo se vio compelida por la sentencia de unificación del Consejo de Estado SUJ-016CES2-2019 del 2 de septiembre de 2019, a partir del año 2021.

Es decir, CONFESO que no cumplió con el deber de pagar en forma completa a pesar de existir una sentencia judicial particular y concreta a favor del demandante”.

De otro lado , aduce que el a quo interpretó erradamente la regla jurisprudencial del H. Consejo de Estado, porque el fundamento fáctico de los pronunciamientos citados es diferente a su situación particular, porque tiene a su favor una sentencia particular y concreta que le reconoció un derecho salarial:

“Las providencias existentes del Consejo de Estado en que se apoyó el juez de primera instancia y que pueden definir una línea jurisprudencia l tienen el fundamento en un “pago inoportuno de una diferencia”, y se exige “cancelación extemporánea”, aspecto que no niega ni anula los efectos del pago incompleto y la generación de la mora.

El Consejo de Estado ha evaluado que el reconocimiento administrativo posterior de un mayor valor en las cesantías es ante el hecho de corrección de un factor o elemento no tenido en cuenta, pero que la administración cumplió con su obligación temporal (15 de febrero) y tasó el valor de las cesantías reconociendo una realidad legal y laboral (de buena fe), y que la diferencia es un elemento adicional, diferente y no extensible a los efectos de la ley 50 de 1990.

No se debe olvidar que en la jurisdicción contencioso administrativa el control se realiza sobre un acto administrativo que tiene una presunción de legalidad y

y no extensible a los efectos de la ley 50 de 1990.

No se debe olvidar que en la jurisdicción contencioso administrativa el control se realiza sobre un acto administrativo que tiene una presunción de legalidad y sometimiento de la autoridad pública a la ley, por ello, el proceso de análisis de las providencias es diferente, no es que el Consejo de Estado permita la transgresión de la Constitución y la ley por parte del empleador público con pagos incompletos de las cesantías en forma arbitraria o caprichosa, en atención al conocimiento de la obligación (sentencia).

Sino que definió la no aplicación de una responsabilidad objetiva, donde simplemente se realice una evaluación aritmética del monto y el plazo límite de reconocimiento, por el contrario, se debe considerar la conducta de la administración.

En este caso, ¿cuál es la BUENA FE de la Administración, pagar una suma cualquiera antes del 15 de febrero de cada anualidad por cesantías?, eso no fue lo decidido por el Consejo de Estado y por ende no puede ser la conclusión a este proceso.

La diferencia de este caso, a cualquier otro analizado hasta el momento radica en la existencia de una sentencia a favor del demandante que fijo el salario y sus efectos prestacionales, el salario ya se definió judicialmente, ¿por qué la administración no lo tuvo en cuenta.?

Con lo cual, no puede hablarse de que la liquidación anual en las vigencias 2019 a 2021 se tenía un salario diferente o que existió una situación administrativa que hizo variar el salario, NO, en este caso la administración con pleno conocimiento y obligada a cumplir la Constitución, la ley y la sentencia judicial, decide desconocer

2021 se tenía un salario diferente o que existió una situación administrativa que hizo variar el salario, NO, en este caso la administración con pleno conocimiento y obligada a cumplir la Constitución, la ley y la sentencia judicial, decide desconocer el salario del demandante y lo liquida ilegítimamente con un valor cualquiera”.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 9 Finalmente, resalta que el pago de las cesantías no se realizó al fondo administrador “…es decir, ni siquiera se ha cumplido con el procedimiento legal, que es la consignación a esa entidad, sino que se emitió una resolución posterior de reconocimiento y pago directo al demandante, que además queda supeditado a una fecha posterior o incierta, según las reglas administrativas de pago por turnos de sentencia, que es otro elemento diferenciador pues, en los casos analizados SI existió el pago efectivo del acto administrat ivo de reconocimiento en la respectiva administradora” (Samai, índice 26, primera instancia).

8. Pronunciamientos en segunda instancia.

a. Parte demandante

No se pronunció.

b. Nación – Rama Judicial.

Guardó silencio.

c. Ministerio público

No rindió concepto.

III.- CONSIDERACIONES.

1. La competencia del ad quem.

Con base en la facultad conferida en el artículo 153 del C paca, y en razón a que el fallo fue impugnad o únicamente por el demandante, al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso9aplicable por expresa remisión del artículo 306 del C paca-, únicamente se abordará el análisis de los reparos formulados en la apelación.

tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso9aplicable por expresa remisión del artículo 306 del C paca-, únicamente se abordará el análisis de los reparos formulados en la apelación.

2. El problema jurídico.

El sub-lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia de primera instancia; en particular, precisar si el demandante tiene derecho al pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; porque a pesar de que una sentencia judicial dispuso en 2018 que la prima especial (30%) tiene carácter salarial, la entidad accionada

9Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 10 le liquidó y le pagó incompleta sus cesantías en los años 2019, 2020, y 2021.

3. Lo probado.

En el sub-judice se encuentra acreditado lo siguiente:

a. El señor Miguel Augusto Medina Ramírez se vinculó a la Rama Judicial el 23 de marzo de 2009, ejerci endo el cargo de relator del Tribunal Superior de Neiva hasta el 14 de marzo de 2010, y a la fecha funge en

a. El señor Miguel Augusto Medina Ramírez se vinculó a la Rama Judicial el 23 de marzo de 2009, ejerci endo el cargo de relator del Tribunal Superior de Neiva hasta el 14 de marzo de 2010, y a la fecha funge en calidad de Juez Sexto Administrativo de Neiva (Samai, índice 13, pág. 33, primera instancia).

b. En la sentencia proferida el 23 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero Administrativo de Neiva (adicionada el 8 de septiembre de 2015)10, le ordenaron a su emple ador que reliquidara sus cesantías parciales; incluyendo la prima especial equivalente al 30% de la remuneración mensual (decisión confirmada el 23 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo del Huila – Sala de Conjueces , ejecutoriada el 15 de mayo de 201811):

“Primero: Inaplicar en este caso, por inconstitucional, el art. 8 del decreto 1388 de 2.010, que fijo la escala salarial de los servidores públicos para el año 2.010; El art. 8º del decreto 1039 de 2.011, que fijo la escala salarial de los servidores públicos para el año 2.011 y el artículo 8º del Decreto 874 de 2012, que fijo la escala salarial de los servidores públicos para el año 2.011 y en cuanto establecieron como prima sin carácter salarial el 30% del salario básico mensual as ignado a los funcionarios de la Rama Judicial, en este caso al Dr. MIGUEL AUGUSTO RAM ÍREZ MEDINA, en su calidad de Juez sexto administrativo de Neiva-Huila, para los años 2.010; 2011 y

de la Rama Judicial, en este caso al Dr. MIGUEL AUGUSTO RAM ÍREZ MEDINA, en su calidad de Juez sexto administrativo de Neiva-Huila, para los años 2.010; 2011 y 2012.

Segundo.- Declarar nulo el acto administrativo contenido en la Resolución No. 142 del 10 de febrero de 2.012, expedida por el señor Director Seccional de Administración Judicial de Neiva, en cuanto no incluyó la prima de remuneración mensual del 30% en la liquidación de la cesantía parcial allí reconocida a favor del demandante Dr. MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ, por el año 2011.

Tercero: Declarar nulo el acto administrativo contenido en la resolución 287 del 15 de enero de 2.013, expedida por el señor Director Seccional de Administración Judicial de Neiva, en cuanto no incluyó la prima de remuneración mensual del 30% en la liquidación de la cesantía parcial allí reconocida a favor del demandante Dr.

MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ, por el año 2012.

Cuarta: Declarar nulo el acto administrativo contenido en la resolu ción 1600 de 2.013, 3839 de 2.013, por los cuales la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Neiva-Huila, resolvió los recursos de reposición y apelación de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 142 del 10 de febrero de

10 Rad. 41001333300120120010400 11 En segunda instancia se emitió auto el 7 de mayo de 2018 corrigiendo la sentencia.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 11

10 Rad. 41001333300120120010400 11 En segunda instancia se emitió auto el 7 de mayo de 2018 corrigiendo la sentencia.Miguel Augusto Medina Ramírez vs Rama Judicial 410013333-002-2022-00309-01 11 2.012 y 287 del 15 de enero de 2.013,