TA HUI - Sentencia 410013333-00220180038501 (16-09-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, septiembre dieciséis (16) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 410013333-00220180038501

DEMANDANTE : GLOBAL PRO TV SAS

DEMANDADO : FOMCULTURA

MEDIO DE CONTROL : REPARACIÓN DIRECTA SENTENCIA No. : 07-09-178A-25/RD-23-2-21

ACTA No. : 79 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del 10 de abril de 2019 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (f. 92 a 99 c. ppal.).

2.1.1 La sociedad GLOBAL PRO TV SAS interpone demanda de reparación directa en contra del Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila – FOMCULTURA, pretendiendo que se declare que se enriqueció injustamente en detrimento de la actora, al beneficiarse de la prestación del servicio que le fue prestado y en el marco del contrato interadministrativo No. 001 de 2011, celebrado entre el Instituto del Deporte, la Recreación Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA y la demandada, relacionado con las justas de baloncesto femenino FIBA AMÉRICAS en el 2011.

2.1.2. El sustento fáctico señala que en el año 2011 el departamento del Huila

INDERHUILA y la demandada, relacionado con las justas de baloncesto femenino FIBA AMÉRICAS en el 2011.

2.1.2. El sustento fáctico señala que en el año 2011 el departamento del Huila fue sede del preolímpico de baloncesto femenin o, dando lugar a que entre INDERHUILA y FOMCULTURA se celebrara el contrato interadministrativo 001 de 2011 cuyo objeto es prestar servicios de organización, administración, promoción y comercialización del campeonato FIBA AMERICAS femenino, clasificatorio a los Juegos Olímpicos Londres 2012 con duración de siete meses que inicia el 30 de marzo de 2011 y el precio es $1.757’835.000 de los cuales FOMCULTURA recibe como retribución el 2% equivalente a $35.156.7000.2

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Igualmente, entre el departamento del Huila y FOMCULTURA se suscribe el contrato No. 0529 de 2011 con el objeto de adherirse al No. 001 de 2011 con inicio del 10 de junio y duración de 6 meses y 21 días, o sea hasta el 31 de diciembre de 2011, cuyo precio fue de $380.000.000.

Con base en estos convenios, FO MCULTURA contrata los servicios de transporte, sonido, hospedaje y producción, siendo uno de ellos el contrato FM 011 de 23 de septiembre de 2011 con GLOBAL PRO TV SAS, cuyo objeto fue la producción de las transmisiones de los partidos con un precio de $135.000.000 a pagar en dos

sonido, hospedaje y producción, siendo uno de ellos el contrato FM 011 de 23 de septiembre de 2011 con GLOBAL PRO TV SAS, cuyo objeto fue la producción de las transmisiones de los partidos con un precio de $135.000.000 a pagar en dos contados del 50% cada uno : $67.500.000 como anticipo y $67.500.000 al cumplimiento y prestación del servicio.

Cumplidas las trasmisiones, las respectivas facturas fueron radicadas en septiembre de 2011 sin que hayan sido pagadas, además, el referido Fondo solicita un servicio adicional de 49 casetes digital betacam por $11.000.000 donde se grabaría el producto producido.

El 19 de diciembre de 2011 se suscribe el acta de liquidación del contrato 001 entre INDERHUILA y FO MCULTURA, estableciendo que el departamento del Huila le adeuda Fomcultura $544.842.386 comprometiendo recursos de la gobernación sin autorización, razón por la cual FOMCULTURA presenta demanda ejecutiva en febrero de 2012 para recaudar dicha suma, ante lo cual el Juzgado Primero Administrativo de Neiva a quien corresponde dicho proceso , emite decisión negando el mandamiento de pago por falta de designación formal de supervisor del contrato N. 529.

Ante el incumplimiento, el 31 de julio de 2013 se adelanta audiencia de conciliación entre FOMCULTURA y GLOBAL PRO TV SAS donde aquella admite no tener recursos para pagar por el incumplimiento del departamento del Huila a través de INDERHUILA, lo que impide cumplir las obligaciones adquiridas en virtud d el contrato interadministrativo 001 de 2011 generando incumplimiento total frente a GLOBAL PRO TV SAS, quien no puede iniciar proceso ejecutivo al no contar con el

INDERHUILA, lo que impide cumplir las obligaciones adquiridas en virtud d el contrato interadministrativo 001 de 2011 generando incumplimiento total frente a GLOBAL PRO TV SAS, quien no puede iniciar proceso ejecutivo al no contar con el certificado de desembolso que respalde la obligación, de ahí que deba acudirse a la acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso.

2.1.3. Cita en los fundamentos de derecho los artículos 95 de la Constitución Nacional; 1, 22, 831 y 882 del Código de Comercio; 4, 5, 8 y 48 de la Ley 153 de 1887; 301, 302, 963, 1636, 1747, 2243 y 2309 del Código Civil , 75, 396, 397 y siguientes del CPC.3

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2.1.4. En la oportunidad para alegar de conclusión , aunque la constancia secretarial del 29 de enero de 2019 indica que la actora presenta escrito de alegaciones en tiempo (f. 143), lo cierto es que revisados los folios que allí se citan, en realidad corresponde a los alegatos de la demandada , por lo tanto, se concluye que la demandante no presenta alegatos dentro del presente medio de control.

2.2. Posición de la demandada (f. 118 a 128, c. ppal.).

2.2.1. Fomcultura no contesta la demanda mientras el proceso cursa en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva ni ante el Juzgado Segundo Administrativo.

Ante el primero , limita su defensa a presentar la excepción previa de falta de

Cuarto Civil del Circuito de Neiva ni ante el Juzgado Segundo Administrativo.

Ante el primero , limita su defensa a presentar la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, porque la entidad demandada se crea con aportes mayoritarios oficiales y sin ánimo de lucro, pero sus actos y contratos se rigen por el derecho privado de manera similar a lo que ocurre con empresas sociales del Estado, sociedades de economía mixta y empre sas industriales y comerciales del Estado.

2.2.2. En las alegaciones finales (f. 138 a 142 c. ppal.) recuerda la medida de saneamiento adoptada por el Tribunal Superior de Neiva quien nulitó la actuación con auto del 15 de agosto de 2018 por la falta de jurisdicción, y en seguida, solicita que se rechace la demanda por no haberse cumplido con el requisito de procedibilidad del agotamiento de la conciliación ante el agente del Ministerio Público, según lo exige el artículo 36 de la Ley 640 de 2001.

2.3. Contestación de la excepción previa.

Al descorrer el traslado de esa excepción la actora (f. 131 a 134, c. ppal.) se opone a su prosperidad, pues los contratos suscritos por FOMCULTURA según la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 son contratos estatales, por lo que cualquier litigio sobre ellos corresponde a la jurisdicción administrativa, lo mismo sucede con la acción de enriquecimiento sin justa causa que se tramita mediante reparación directa, de modo que acudir a la justicia civil implica violar el debido proceso y el principio del juez natural.

ellos corresponde a la jurisdicción administrativa, lo mismo sucede con la acción de enriquecimiento sin justa causa que se tramita mediante reparación directa, de modo que acudir a la justicia civil implica violar el debido proceso y el principio del juez natural.

Agrega que, el Decreto 1493 de 1998 establece que los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes son personas jurídicas de carácter privado, regidas por el derecho privado en su dirección, administración y contratación, en consecuencia, el asunto corresponde al juez natural de la obligación y por la cláusula general de4

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competencia del artículo 15 del CGP, la jurisdicción ordinaria civil resulta competente, en concordancia con el artículo 17 del mismo estatuto procesal.

Dicha excepción fue resuelta por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva en auto del 21 de octubre de 2015 denegando su prosperidad (f. 137 a 139 Id.) y tramita el proceso hasta emitir sentencia del 3 de agosto de 2017 (f. 121 y 122 Id.), la cual es apelada por la actora ante el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil-FamiliaLaboral, quien emite proveído del 15 de agosto de 2018 nulitando todo lo actuado a partir del mentado fallo y la remisión del proceso a la jurisdicción contenciosoadministrativa, porque la calidad de la demandada como entidad pública descentralizada por servicios la sujetaba a las normas de contratación estatal y de contera al control ante esta jurisdicción (f. 17 a 21 c. T. Superior) ; finalmente el

administrativa, porque la calidad de la demandada como entidad pública descentralizada por servicios la sujetaba a las normas de contratación estatal y de contera al control ante esta jurisdicción (f. 17 a 21 c. T. Superior) ; finalmente el asunto correspond e al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva según acta de reparto quien continúa su trámite en el estado que lo recibe (f. 132 c. ppal.).

2.4. Ministerio Público.

Notificado el agente del Ministerio Público del auto que ordena avocar conocimiento del asunto (f. 135 a 137 c. ppal.) guarda silencio (f. 143 Id.).

2.5. La sentencia de primera instancia (f. 144 a 150, c. ppal.).

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva profiere sentencia del 10 de abril de 2019 donde decide declarar de oficio la caducidad del medio de control (resolutivo 1°), negar las pretensiones de la demanda (resolutivo 2°), no condenar en costas (resolutivo 3°) y la devolución de remanentes por gastos procesales una vez en firme la decisión en caso de existir (resolutivo 4°).

Para llegar a esa conclusión, expone que el problema jurídico se centra en establecer el término de caducidad de la actio in rem verso, para lo cual señala que la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 19 de noviembre de 2012 1 estima que el enriquecimiento sin causa debe reclamarse a través del medio de control de reparación directa y no como acción autónoma, aplicando así el artículo 164-2 literal i) del CPACA que fija un término de caducidad de dos años, en concordancia con el

que el enriquecimiento sin causa debe reclamarse a través del medio de control de reparación directa y no como acción autónoma, aplicando así el artículo 164-2 literal i) del CPACA que fija un término de caducidad de dos años, en concordancia con el artículo 831 del Código de Comercio que alude al enriquecimiento sin causa. Adentrándose en el caso concreto, encuentra probado que entre GLOBAL PRO TV SAS y FOMCULTURA se suscribió la orden de prestación de servicios FM–011 del 23

1 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de noviembre de 2012, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp.: 73001 -23-31-000-2000-03075-01 (24897), actor.: Manuel Ricardo Pérez Posada.5

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de septiembre de 2011 cuyo objeto fue la producción de transmisiones del Campeonato Preolímpico FIBA Américas 2011, con duración de diez días y por el servicio prestado la acreedora emitió varias facturas, que no fueron canceladas.

Seguidamente, luego de reiterar que la acción de enriquecimiento sin causa debe tramitarse a través del medio de control de reparación directa, sujeto a un término de caducidad de dos años contados desde la ocurrencia del daño, concluye que dicho plazo ya venció, sin que se interpusiera la acción oportunamente.

Al respecto, indica que el detrimento patrimonial se origina en un contrato firmado el 23 de septiembre de 2011 con vigencia hasta el 1 o de octubre del mismo año,

plazo ya venció, sin que se interpusiera la acción oportunamente.

Al respecto, indica que el detrimento patrimonial se origina en un contrato firmado el 23 de septiembre de 2011 con vigencia hasta el 1 o de octubre del mismo año, período en el cual se giraron las facturas de cobro del servicio, por lo que el término de caducidad que inicia el 2 de octubre de 2011 y en principio va hasta el 2 de octubre de 2013 pero se extiende virtud de la conciliación radicada el 31 de julio de 2013 hasta el 4 de diciembre de 2013, empero, la demanda fue presentada el 17 de marzo de 2015 operando el término de caducidad.

2.6. El recurso de apelación (f. 153 a 158 y 166 a 171, c. ppal.).

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia apelada y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, pues no se ha presentado la caducidad conforme a los hechos concretos del caso, especialmente cuando existen antecedentes judiciales que reconocen la competencia de la jurisdicción civil para conocer demandas contra FOMCULTURA.

Recuerda que el citado Fondo fue creado por iniciativa del departamento del Huila, como una persona jurídica sin ánimo de lucro, con aportes públicos mayoritarios, para promover la cultura y el turismo, cuyos contratos se rigen por el derecho privado y el artículo 3 del Decreto 1493 de 1998 reconoce que los fondos mixtos son entidades sin ánimo de lucro, con personería jurídica, creadas con aportes del sector público y privado, pero están sujetas al régimen de contratación privada.

entidades sin ánimo de lucro, con personería jurídica, creadas con aportes del sector público y privado, pero están sujetas al régimen de contratación privada.

Invoca principios del derecho procesal civil y romano, como el iura novit curia (el juez conoce el derecho) y tesis non est iudicare (al testigo no le corresponde juzgar), para resaltar que en derecho procesal civil es suficiente con exponer la cuestión de hecho y aportar prueba de ello para que el juez estudie de fondo y decida.

Concluye que exist e una legítima duda jurídica sobre la jurisdicción competente, prueba de ello es que casos similares han sido adelantadas ante la jurisdicción civil que en su momento asumió competencia, asimismo, recuerda que lo remitido a la6

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jurisdicción administrativa no pierde validez insistiendo que lo propio es estudiar en concreto la acción planteada.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

El recurso se admite por auto del 10 de octubre de 2019 (f. 13, c. tribunal administrativo), se corr e traslado para alegaciones de segunda instancia por auto del 19 de noviembre del mismo año (f. 18 Id.) y la parte actora presenta escrito reiterando lo esbozado en el recurso (f. 22 a 25 Id.), al tiempo que la demandada itera lo alegado en primera instancia (f. 27 a 31 Id.). En cuanto al Ministerio Público, este guarda silencio (f. 34 Id.).

itera lo alegado en primera instancia (f. 27 a 31 Id.). En cuanto al Ministerio Público, este guarda silencio (f. 34 Id.).

3.2. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 153 CPACA y procede a ello pues no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, las partes están legitimadas en causa porque la sociedad demandante reclama el reconocimiento y pago de los bienes y servicios suministrados a la demandada en la ejecución del contrato FM–011 del 23 de septiembre de 2011 que no fueron cancelados , siendo denegado en la sentencia de primera instancia y apelado por la actora, de ahí el interés en que se resuelva esta instancia.

3.3. Problema jurídico.

Incumbe a esta instancia examinar los reparos concretos formulados en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conforme a lo previsto en el artículo 328 del CGP aplicable por integración normativa del artículo 306 del CPACA, por eso el Tribunal debe resolver los siguientes problemas jurídicos:

3.3.1. ¿Debe revocarse la providencia de primer grado, bajo el entendido de que no operó la caducidad de la acción de reparación directa, en cuanto había duda en torno a jurisdicción que debía resolver el litigio?

3.3.2. De no encontrarse configurada la caducidad, ¿Resulta procedente la acción de enriquecimiento cambiario y se cumplen los presupuestos sustanciales que otorgan a la demandante el derecho a compensación económica?7

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de enriquecimiento cambiario y se cumplen los presupuestos sustanciales que otorgan a la demandante el derecho a compensación económica?7

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La tesis del Tribunal es que debe revocar la sentencia recurrida, de una parte, porque la demanda fue presentada en tiempo ante la jurisdicción ordinaria y, bajo esa perspectiva no se configura la caducidad del medio de control de reparación directa, dado que el término debe cont arse desde la prescripción de la acción cambiaria relativa a las facturas emitidas por la actora, momento en el cual se adquirió certeza del detrimento patrimonial y de otra parte, porque se encuentran satisfechos los presupuestos p rocesales y sustanciales propios de la acción de enriquecimiento cambiario o sin justa causa en favor de la actora.

Esta tesis que se fundamenta en el estudio de: a) la caducidad, b) la eficacia de la conciliación prejudicial y c) la verificación de los presupuestos procesales y sustanciales de la acción de enriquecimiento sin causa a la luz de los hechos probados.

3.4. Inoperancia de la caducidad.

El Tribunal estima que debe revocarse la caducidad declarada, porque el conteo no procede desde el vencimiento del contrato ni del plazo para pagar las facturas emitidas por la actora p ara cobrar los servicios y bienes suministrados , como equivocadamente lo señala el juez de primera instancia.

En efecto, el Consejo de Estado 2 ha sostenido que, en casos como el presente, la acción de enriquecimiento sin causa puede ejercerse una vez se extinguen las

equivocadamente lo señala el juez de primera instancia.

En efecto, el Consejo de Estado 2 ha sostenido que, en casos como el presente, la acción de enriquecimiento sin causa puede ejercerse una vez se extinguen las acciones ordinarias para el cobro del crédito, es decir, desde ese momento se tiene certeza del daño, por lo que la caducidad debe analizarse desde ese hito.

Esto cobra mayor relevancia cuando el estudio de dicha acción debe integrar los parámetros que de la misma prevé la legislación mercantil, dado que las sumas reclamadas están incorporadas en títulos valores emitidos por cumplimiento contractual y los fondos mixtos, como la entidad demandada, se rigen por el derecho privado en su administración y contratación, conforme al Decreto 1493 de 1998 que reglamenta su creación, sin perjuicio del control judicial contencioso-administrativo.

Dicho lo anterior, se encuentra demostrada la suscripción de la orden de prestación de servicios FM-01 del 23 de septiembre de 2011 por parte de los representantes legales de FOMCULTURA como contratante y de GOBAL PRO TV SAS como

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. (30 de mayo de 2019). Álvaro José Borré Arrieta vs. Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial [Acción de reparación directa, Rad. 250 00-23-26-000-2009-00612-01 (44185)]. Consejero ponente: Alberto Montaña Plata8

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contratista, con el objeto de prestar el servicio de producción de transmisiones de

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contratista, con el objeto de prestar el servicio de producción de transmisiones de los partidos del campeonato preolímpico “FIBA AMÉRICAS 2011” (f. 10 y 22 c. ppal.).

Con fundamento en la mentada relación negocial , la demandante expide tres facturas de venta (f. 42 a 47 Id.) , cuyo vencimiento si bien no se indica expresamente, al tenor del artículo 774 del C. de Comercio, se entiende que deben pagarse dentro de los 30 días siguientes a su emisión, tal como se ilustra:

Factura No. Fecha de expedición Precio Fecha de vencimiento según art. 774 C. Co. 2521 26/09/2011 $67.500.000 26/10/2011 2528 10/10/2011 $67.500.000 09/11/2011 2577 02/12/2011 $11.000.000 01/01/2012

Tomando en cuenta la primera factura (No. 2521), es suficiente para contabilizar la caducidad, en la medida que , si no se halla cobijada por dicho fenómeno, mucho menos las demás, por lo tanto, como su vencimiento es del 26 de octubre de 2011 la acción cambiaria de que trata el artículo 789 del C. de Comercio prescribe en tres años a partir del día del vencimiento, esto es, el 26 de octubre de 2014 y es en este momento cuando la demandante tiene certeza del daño.

Ahora, el plazo de caducidad para erigir la acción de enriquecimiento, es la indicada

años a partir del día del vencimiento, esto es, el 26 de octubre de 2014 y es en este momento cuando la demandante tiene certeza del daño.

Ahora, el plazo de caducidad para erigir la acción de enriquecimiento, es la indicada para el medio de control de reparación directa, frente a la cual el artículo 164-2-i del CPACA dispone: “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Así, teniendo en cuenta que el hecho dañoso acaece el 26 de octubre de 2014 (prescripción de la acción cambiaria), a partir del 27 de octubre de 2014 (día siguiente), el plazo de caducidad para acudir a la reparación directa vencería el 27 de octubre de 2016, de manera que no se dan los dos años de inacción exigidos en la norma procesal para ninguna de las facturas emitidas por la actora , pues la demanda fue radicada el 17 de marzo de 2015 inicialmente en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva (f. 100 Id.), dentro del plazo legal de dos años.

En consecuencia, debe revocarse la caducidad declarada de oficio por el juzgado de primera instancia y en su lugar, estudiar de fondo la posición de las partes como lo dispone el artículo 282 del CGP, a lo cual se procede.9

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primera instancia y en su lugar, estudiar de fondo la posición de las partes como lo dispone el artículo 282 del CGP, a lo cual se procede.9

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3.5. Eficacia de la conciliación ante la Cámara de Comercio de Neiva.

La parte demandada en las alegaciones finales considera que debe rechazarse la demanda, por no haberse cumplido el requisito de procedibilidad de la conciliación ante el agente del Ministerio Público, según lo exige el artículo 36 de la Ley 640 de 2001, es decir, que la conciliación ante la cámara de comercio no tiene validez para satisfacer la citada exigencia.

En este caso la conciliación aportada al proceso se surte ante la Cámara de Comercio de Neiva, quien emite l a constancia de no conciliación el 31 de julio de 2013 en donde aparece convocada la entidad demandada con el fin de lograr el reconocimiento y acuerdo de pago de las sumas adeudadas en virtud del contrato FM 011 de 2011 y de las facturas de venta números 2521, 2528 y 2577 de 2011 (f. 70 a 72 Id.) , mismo que sustenta las pretensiones en este caso , por tanto, se satisface el propósito de la conciliación como requisito de procedibilidad que es buscar que sean las partes las gestoras de la solución del litigio.

El Tribunal no acoge el reparo de la demandada, porque para cuando la actora agota dicho requisito de procedibilidad para ejercer el proceso declarativo ante la jurisdicción ordinaria, razonablemente se infería que la competencia de la acción de

El Tribunal no acoge el reparo de la demandada, porque para cuando la actora agota dicho requisito de procedibilidad para ejercer el proceso declarativo ante la jurisdicción ordinaria, razonablemente se infería que la competencia de la acción de enriquecimiento sin causa recaía en dicha jurisdicción, al punto que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva avoca el conocimiento y da el trámite ordinario , concluyendo el proceso con sentencia de fondo, la que luego es anulada por decisión del Tribunal Superior de Neiva con auto del 30 de octubre de 2018 por falta de jurisdicción sin que ello desnaturalice el cumplimiento de la conciliación (f. 44 a 46, c. T. Superior de Neiva).

Fuera de lo anterior, la parte actora no tuvo la oportunidad de corregir y concretar el requisito de procedibilidad ante el agente del Ministerio Público pues, la conciliación ante la cámara de comercio y la demanda ante el juez civil fueron radicadas el 31 de julio de 2013 y 17 de marzo de 2015 , respectivamente, por lo tanto, de habérsele puesto de presente de manera oportuna la carencia de jurisdicción de la ordinaria para resolver este asunto, pudo intentar la conciliación ante el respectivo procurador dado que el plazo de caducidad para acudir en reparación directa vencía el 27 de octubre de 2016.

3.6. La acción de enriquecimiento cambiario.

El artículo 140 del CPACA concede a toda persona el derecho para demandar la reparación del daño antijurídico causado por la acción u omisión del Estado, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la10

El artículo 140 del CPACA concede a toda persona el derecho para demandar la reparación del daño antijurídico causado por la acción u omisión del Estado, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la10

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ocupación de inmuebles (temporal o permanente y por cualquier causa), de manera que, cualquiera sea la manifestación fáctica del Estado, si causa un daño antijurídico está en el deber de indemnizarlo.

La reparación directa también es el medio de control a través del cual se pueden encausar las pretensiones de enriquecimiento sin causa tal y como lo ha establecido el precedente unificador del Consejo de Estado 3 recientemente reiterado 4, de manera que el reclamante no cuent a con otra vía procesal para obtener la satisfacción de la demanda de justicia, por ejemplo, si el asunto entraña analizar concretamente las obligaciones contractuales, la vía procesal sería la de controversias contractuales5, pero este no es el caso.

Así, de acuerdo con la sentencia del 14 de marzo de 2018 el enriquecimiento sin causa es fuente de obligaciones cuando satisface los siguientes requisitos: i) que el obligado haya obtenido un beneficio patrimonial (ventaja positiva) o no haya sufrido detrimento alguno (ventaja negativa), ii) la ventaja del enriquecido se traduzca en una mengua patrimonial del empobrecido, iii) ausencia de causa jurídica que justifique el enriquecimiento, iv) que el demandante a fin de recuperar lo perdido carezca de cualquier otra acción originada por un contrato, cuasicontrato, delito o

una mengua patrimonial del empobrecido, iii) ausencia de causa jurídica que justifique el enriquecimiento, iv) que el demandante a fin de recuperar lo perdido carezca de cualquier otra acción originada por un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito y v) la acción in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley6.

Dicha decisión fue precisada con la sentencia de unificación del 31 de julio de 2025 del Consejo de Estado7, al reiterar la procedencia del enriquecimiento sin justa causa como un medio de carácter excepcional que no está restringida a las hipótesis que ha decantado la jurisprudencia, en cambio, lo que exige es la prueba de los elementos traídos desde la citada sentencia del 14 de marzo de 2019 y deben compaginarse con la tesis del enriquecimiento cambiario, pues se nutre de la actio

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sala Plena Sección Tercera, sentencia de noviembre 19 de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 73001 -23-31-000-200003075-01(24897) 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. (2024, 23 de septiembre). Álvaro Orlando Rojas Montenegro y otros vs. Universidad Surcolombiana (Rad. 41001-23-33-000-2012-00184-02, núm. interno 65351). M.P. Nicolás Yepes Corrales. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

41001-23-33-000-2012-00184-02, núm. interno 65351). M.P. Nicolás Yepes Corrales. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de junio 19 de 2019, C.P. Alberto Montaña Plata, Rad. 25000 -23-26-000-2000-0256702(41972). 6 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, sentencia de marzo 14 de 2018, C.P. María Adriana Marín, Rad. 73001-23-31-000-2007-00435-02 (41296) 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Sala Plena. Sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, Enriquecimiento sin justa causa [Radicación 08001-23-33-0002014-00442-01 (57.464), demandante: Delthac 1 Seguridad L tda., demandado: Municipio de Soledad]. Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez.11

RADICACIÓN : 41001-33-33-002-2018-00385-01

DEMANDANTE : GLOBAL PRO TV SAS

in rem verso , pero tiene reglas propias que se desprenden de los artículos 831 y 882, inciso final, del C. de Co., que señalan:

“Artículo 831. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA. Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”. “Artículo 882. PAGO CON TÍTULOS VALORES. La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como pago

causa a expensas de otro”. “Artículo 882. PAGO CON TÍTULOS VALORES. La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores de contenido crediticio, por una obligac