TA HUI - Sentencia 410013333004-2015-00231-01 (03-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta

Neiva, tres de junio de dos mil veinticinco

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: OSCAR EDUARDO GARCÍA GARZÓN

DEMANDADO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA Y OTROS RADICACIÓN: 41 001 33 33 004-2015-00231-01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

ACTA: 042

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y por la Contraloría General de la República contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva el 22 de agosto de 2019.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial , el señor Oscar Eduardo García Garzón promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Contraloría General de la RepúblicaDepartamento Administrativo de la Presidencia de la RepúblicaDepartamento Administrativo de la Función Pública y Comisión Nacional del Servicio Civil, deprecando la nulidad de la Resolución ORD-81117-0010812014, “Por medio de la cual se derogan las Resoluciones Ordinarias 3279 de diciembre 23 de 2013, 0390 de febrero 13 de 2014, 0398 de febrero 17 de 2014 y 0RD-811172014, “Por medio de la cual se derogan las Resoluciones Ordinarias 3279 de diciembre 23 de 2013, 0390 de febrero 13 de 2014, 0398 de febrero 17 de 2014 y 0RD-8111700829-2014 de junio 18 de 2014, mediante los cuales se dispuso la incorporación en los empleos de la Planta de Personal Transitoria de la Contraloría General de la República de los empleados que desempeñaban los empleos suprimidos de la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión, y se retiran del servicio dichos servidores públicos", y de la correspondiente comunicación.

A título de restablecimiento del derecho, solicita condenar a las demandadas a reintegrarlo a un cargo de igual o superior jerarquía y el pago de los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

2 Así mismo, solicita que las sumas resultantes sean indexadas, que se reconozcan intereses moratorios y que se condene en costas.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

a. Por conducto de la resolución 3279 del 23 de diciembre de 2013 expedida por la Contraloría, el accionante y 81 servidores provenientes de la planta de personal del Das -en supresión, fueron incorporados en la planta de personal de dicha entidad (unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico e informático).

b. Mediante comunicado de prensa del 25 de junio d e 2014, la Corte

de personal del Das -en supresión, fueron incorporados en la planta de personal de dicha entidad (unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico e informático).

b. Mediante comunicado de prensa del 25 de junio d e 2014, la Corte Constitucional se refirió a la adopción de la sentencia C -386 de 2014; la cual, declaró la inexequibilidad del artículo 15 de la Ley 1640 de 20131.

Dicha actuación coincidió con el anuncio del cierre definitivo del Das -en supresión, a partir del 11 de julio de esa anualidad.

c. Sin que el fallo hubiera sido notificado, con fundamento en dicho comunicado, la Contraloría expidió la resolución ORD-81117-001081-2014, “Por medio de la cual se derogan las Resoluciones Ordinarias 3279 de diciembre 23 de 2013, 0390 de febrero 13 de 2014, 0398 de febrero 17 de 2014 y 0RD-81117-0082920I4 de junio 18 de 2014, mediante los cuales se dispuso la incorporación en los empleos de la Planta de Personal Transitoria de la Contraloría General de la República de los empleados que desempeñaban los empleos suprimidos de la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión, y se retiran del servicio dichos servidores públicos".

Argumentó que las decisiones de la Corte Consti tucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y por regla general surten efectos a futuro (ex nunc).

En tal virtud, la declaratoria de inexequibilidad de la referida disposición implicaba el decaimiento de los actos administrativos que dispusieron la

cosa juzgada constitucional y por regla general surten efectos a futuro (ex nunc).

En tal virtud, la declaratoria de inexequibilidad de la referida disposición implicaba el decaimiento de los actos administrativos que dispusieron la incorporación de dicho personal; al desaparecer un presupuesto jurídico indispensable para su existencia.

d. A los afectados con dicho acto administrativo no les informaron sobre la procedencia de recursos, y el mismo día que les comunicaron la decisión administrativa, se efectuó el cierre definitivo del Das (10 de julio).

e. Por ese motivo el demandante quedó desvinculado del servicio (no lo han incorporado a un cargo de igual o superior categoría).

1 Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

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3. Fundamentación jurídica.

Como sustento de las pretensiones, invocan la siguiente normatividad:

• Constitución Política: artículos 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 90, 124, 125 y 209. - Ley 1437 de 2011: artículos 3, 10, 34, 103, 138 y 161. - Leyes 909 de 2004 y 1444 de 2011. - Decretos 4057 de 2011, 1179 de 2014 y 1303 de 2014.

Seguidamente, formuló los siguientes cargos:

a. Violación del debido proceso constitucional y legal.

Aduce que fue desvinculado de la Contraloría sin que existiera causal

Seguidamente, formuló los siguientes cargos:

a. Violación del debido proceso constitucional y legal.

Aduce que fue desvinculado de la Contraloría sin que existiera causal legítima y sin que mediara su consentimiento para la revocatoria del acto particular y concreto que lo amparaba.

Dichas irregularidades se han constatado , incluso en sede de tutela y en los últimos meses el Consejo de Estado ha ordenado la reincorporación de más de 20 personas afectadas por el mismo acto administrativo.

La estabilidad laboral se fundamenta en el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 y en el artículo 6º del Decreto Le y 4057 de 2011 2; como concluyó dicha Corporación en providencia del 18 de septiembre de 2014, al resolver un caso análogo (radicación 25000-23-42-000-201402930-01).

De igual manera, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se refirió sobre el particular en los siguientes términos:

“(a) "... el retiro del servicio... debe darse respetando los requisitos y cauces procedimentales que el ordenamiento jurídico exige para cada causal…

(b) Una decisión de esta naturaleza está es afectando individualmente "a cada uno de los servidores públicos a quienes éste se dirige. En efecto, se trata en estricto sentido de una desvinculación del servicio, de una finalización de la relación laboral y por tanto, de la afectación de uno de los derechos más importantes que se derivan de la misma, la estabilidad en empleo…”.

(c) Es en realidad una revocatoria, pues se trata es de un acto administrativo que...

de la afectación de uno de los derechos más importantes que se derivan de la misma, la estabilidad en empleo…”.

(c) Es en realidad una revocatoria, pues se trata es de un acto administrativo que... afectó varias situaciones jurídicas consolida das, específicamente las de existencia de una relación laboral…” .

En esa medida , el acto enjuiciado desconoció la situación jurídica consolidada que anpara al demandante, amén de que estaba sindicalizado.

2 Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

4 El hecho de que una disposición sea retirada del mundo jurídico, no implica que desaparezcan las normas que la desarrollan y la afectación de situaciones jurídicas individuales consolidadas. Acoger un criterio distinto y rígido, implicaría desconocer los derechos que durante su vigencia surgieron y se concretaron.

b. Violación del derecho a la igualdad, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social y a la salud.

El trato diferenciado recibido por el demandado quebranta el derecho a la igualdad, al punto que la propia Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reconoció las irregularidades incurridas; amén de que el Consejo de Estado hizo l o propio en sede de tutela (radicación 25000234200020140294001).

También se ha desconocido el derecho al trabajo, pues fue desvinculado unilateralmente sin justa causa y se ha visto privado de los recursos para solventar sus necesidades propias y las de su familia. A su vez, ha

25000234200020140294001).

También se ha desconocido el derecho al trabajo, pues fue desvinculado unilateralmente sin justa causa y se ha visto privado de los recursos para solventar sus necesidades propias y las de su familia. A su vez, ha menguado el derecho a la seguridad social y a la salud.

4. La oposición.

a. Departamento Administrativo de la Función Pública.

Luego de referirse a cada uno de los hechos, se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues no participó en la expedición del acto demandado.

En consecuencia, la entidad no tiene competencia para disponer su suspensión, ni para orde nar el reintegro del demandante; sencillamente, porque no ostenta la condición de empleador.

Si bien el Departamento Administrativo de la Función Pública suscrib e los decretos de liquidación de las entidades públicas nacionales , como parte integrante del Gobierno Nacional (artículo 115 superior), ello no es una circunstancia habilitante para que judicialmente sea vi nculado a controversias como las promovidas por los ex -empleados del Das-en supresión.

b. Contraloría General de la República.

Se refiere a cada uno de los hechos, se op one a la prosperidad de las pretensiones, y como medios defensivos propuso las siguientes excepciones:

a. Caducidad.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

5 El acto demandado fue comunicado el 10 de julio de 2014 y el 10 de

a. Caducidad.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

5 El acto demandado fue comunicado el 10 de julio de 2014 y el 10 de noviembre de 2014 se radicó la solicitud de conciliación (3 meses y 29 días después). El 28 de enero de 2015 se celebró la fallida audiencia de conciliación y se reanudó el término de caducidad de 4 meses; de suerte que, al haberse radicado la demanda el 6 de febrero de 2015, operó dicho fenómeno.

b. Falta de legitimación por pasiva e indebida escogencia de la acción: inepta demanda.

El acto demandado no es pasible de control judicial, como quiera que es un acto de ejecución, ya que se derivó de la declaratoria de inexequibilidad de la planta de personal transitoria de la Contraloría.

Como dicho acto se expidió en legal forma, procedía el medio de control de reparación directa, por una posible responsabilidad del legislador.

De otro lado, una vez se adoptó la decisión de la Corte Constitucional, todo volvió a su estado original. En consecuencia, le correspondía al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias para dar le cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18, parágrafo 3, y 19 de la Ley 1444 de 2011.

Por lo tanto, la responsabilidad frente a cualquier reclamación laboral es de la Presidencia de la República y no en la Contraloría.

c. Solicitud de conformación litis -consorte necesario e integración del contradictorio.

Por lo tanto, la responsabilidad frente a cualquier reclamación laboral es de la Presidencia de la República y no en la Contraloría.

c. Solicitud de conformación litis -consorte necesario e integración del contradictorio.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 61 del Cgp, se debe integrar el contradictorio a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

d. Inexistencia del derecho reclamado.

Después de declaratoria de inexequibilidad del artículo 1 5 de la Ley 1640 de 2013, expiró la vigencia de toda la legislación que lo desarrollaba (decaimiento hacia futuro y con retrospectividad). Especialmente el decreto ley que creo la planta transitoria y permitió la vinculación de 90 funcionarios provenientes del Dasen supresión.

En consecuencia, el demandante no tiene derecho a permanecer en el cargo, al no existir jurídicamente la planta de personal señalada.

e. Inexistencia de causal de nulidad.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

6 En la demanda no se individualiza ninguna causal de nulidad (artículo 137 del Cpaca). No se aduce el quebranto de ninguna norma del sistema especial de carrera de la Contraloría y no se desarrolló el concepto de la violación (las normas relacionadas en la demanda no resultan aplicables).

De igual manera, el acto demandado se fundamentó en la sentencia C-385 de 2014 y en el Decreto 268 de 2000.

c. Presidencia de la República.

De igual manera, el acto demandado se fundamentó en la sentencia C-385 de 2014 y en el Decreto 268 de 2000.

c. Presidencia de la República.

Se pronunció sobre cada uno de los hechos, se opone a la prosperidad de las pretensiones, y como medios defensivos esgrimió las siguientes excepciones:

a. Capacidad de la presidencia de la república para comparecer al presente proceso. La demanda instaurada por el actor adolece de un defecto formal que tiene que ver con la designación de las partes y de sus representantes, previsto en el numeral primero del artículo 162 del Cpaca.

No está llamado a comparecer al proceso, porque no participó en la expedición del acto demandado y tampoco funge como superior jerárquico de la autoridad que decidió la situación laboral del demandante.

Aunque la Presidencia de la República cumple funciones de apoyo y asistencia administrativa al primer mandatario, difieren de las propias de Jefe de Estado . Es decir, el Dapre y el Presidente representan d os instituciones diferentes, ejercen funciones propias y n o responden por el ejercicio de las funciones de la otra

b. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no tiene capacidad jurídica para comparecer a este proceso, toda vez que los actos acusados no aparecen refrendados por su director.

El director de Dapre no expidió el acto demandado, de suerte que es a la Contraloría General de la Rep ública a quien le corresponde defender su legalidad.

5. La audiencia inicial.

En la audiencia celebrada el 7 de marzo de 2017 , el a quo declaró no

Contraloría General de la Rep ública a quien le corresponde defender su legalidad.

5. La audiencia inicial.

En la audiencia celebrada el 7 de marzo de 2017 , el a quo declaró no probada la excepción de caducidad 3 (propuesta por la Contraloría) y dispuso la vinculación de la Comisión Nacional del Servicio Civil ; quien se pronunció oportunamente y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que con la demanda no se cuestiona la legalidad de ningún acto expedido por ella, ni se aduce la causación de un daño que le sea

3 La solicitud de conciliación prejudicial en realidad se radicó el 31 de octubre de 2014.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

7 imputable; porque en realidad se reprocha la legalidad de un acto administrativo expedido por la Contraloría General de la República (resolución ORD81117-001081-2014 del 10 de Julio de 2014).

Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones denominadas legalidad de la generalidad de actuaciones y/o actos surtidos y/o emitidos por la Cnsc, así como ausencia de nexo causal y de daño en lo que a la Cnsc respecta, ausencia de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales e innominada.

El 24 de abril de 2018 se dio continuidad a la audiencia inicial. Se declararon no probadas las excepciones previas propuestas por las demanda das, se fijó el litigio y se decretaron pruebas.

6. Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión.

no probadas las excepciones previas propuestas por las demanda das, se fijó el litigio y se decretaron pruebas.

6. Audiencia de pruebas y alegatos de conclusión.

El 27 de junio de 2018 se practicaron las pruebas y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte actora.

Reitera los argumentos esbozados en la demanda.

b. Departamento Administrativo de la Función Pública.

Insiste en que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no expidió el acto acusado, ni ostentó la condición de empleador.

c. Contraloría General de la República.

Reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

d. Presidencia de la República.

Reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

e. Cnsc.

No se pronunció.

7. El fallo impugnado.

El 23 de abril de 2018 el a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO.- DECLARAR no probadas las excepciones de mérito denominadas i) inexistencia del derecho reclamado, ¡i) inexistencia de causal de nulidad y iii) legalidadOscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

8 de la generalidad de actuaciones y/o actos surtidos y/o emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, iv) ausencia de nexo causal y v) ausencia de daño, propuestas por las demandadas.

8 de la generalidad de actuaciones y/o actos surtidos y/o emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, iv) ausencia de nexo causal y v) ausencia de daño, propuestas por las demandadas.

SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD parcial del acto administrativo contenido en la Resolución ORD -81117-001081-2014, expedido por la Contraloría General de la República en lo relacionado con los efectos que provocó frente al señor OSCAR EDUARDO GARCÍA GARZÓN, quien se encontraba incorporado en el cargo de Auxiliar de Operación Grado 3.

TERCERO.- ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la Nación - Contraloría General de la República y a la Nación Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a reconocer a favor del señor OSCAR EDUARDO GARCÍA GARZÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.242.989 exp edida en Tello - H, lo siguiente:

3.1.- REINTEGRAR al actor al cargo de auxiliar de operación grado 3, o a otro empleo igual o superior y con funciones afines y remuneración igual o superior dentro de alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público, además deberán tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional, esto es: “...siempre que al momento de cumplir esta orden no exista lista de elegibles, y hasta que este sea proveído por el sistema de concurso de méritos”.

3.2.- RECONOCER el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir y sin solución de continuidad desde el 10 de julio de 2014, fecha en que se profirió el acto

sistema de concurso de méritos”.

3.2.- RECONOCER el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir y sin solución de continuidad desde el 10 de julio de 2014, fecha en que se profirió el acto acusado hasta que se le reintegre, para lo cual la entidad tiene el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta decisión, suma a la que deberá descontarse el valor reconocido al actor por concepto del reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica prevista en la Ley 790 de 2002, consistente en la suma de dinero equivalente a un porcentaje no inferior al 50% de la asignación básica correspondiente al cargo suprimido que ostentaba el señor García Garzón en el extinto DAS.

3.3.- En caso de imposibilidad física y jurídica para el reintegro del actor deberá pagar la indemnización correspondiente a los salarios y emolumentos dejados de percibir desde el momento en que se ordenó su retiro hasta la fecha en que se profiera un acto administrativo indicando la imposibilidad de reintegro.

En el mismo sentido, las entidades demandadas deberán llevar a cabo las compensaciones y/o descuentos, debidamente indexados, a que haya lugar al momento de pagar las sumas ordenadas, por concepto de salarios y prestaciones que el demandante deba hacer por ley; asimismo las sumas reconocidas que resulten a favor del demandante serán debidamente indexadas por la demandada en los términos del artículo 187 del CPACA dando aplicación a la siguiente formula:

R= Rh índice final índice inicial.

CUARTO.- EXONERAR de responsabilidad a las entidades accionadas Departamento

artículo 187 del CPACA dando aplicación a la siguiente formula:

R= Rh índice final índice inicial.

CUARTO.- EXONERAR de responsabilidad a las entidades accionadas Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

QUINTO.- NEGAR las demás pretensiones.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

9 SEXTO.- DISPONER que los intereses moratorios se pagarán en cuanto se den los supuestos de hecho previstos en el artículo 192 del CPACA.

SÉPTIMO.- ABSTENERSE de condenar en costas en el presente asunto…”.

Como fundamento, considera que en la sentencia T-324 de 2015 la Corte Constitucional amparó con efectos inter comunis los derechos fundamentales de los ex funcionarios del Das que fueron desvinculados de la Contraloría, al advertir el desconocimiento de derechos laborales a partir de una interpretación inadecuada de la sentencia C -386 de 2014 (que declaró la inexequibilidad del artículo 15 de la Le y 1640 de 2013 ), por el desconocimiento de los principios de consecutividad y unidad de materia (no analizó los derechos de los funcionarios afectados por la supresión del Das).

En aplicación del derecho a la igualdad (el demandante se encuentra en las mismas circunstancias fácticas y jurídicas), se deben acoger los argumentos del máximo Tribunal C onstitucional y , colegir, que al expedir el acto acusado, la Contraloría desconoció los principios de racionalidad y razonabilidad en la motivación de los actos administrativos.

del máximo Tribunal C onstitucional y , colegir, que al expedir el acto acusado, la Contraloría desconoció los principios de racionalidad y razonabilidad en la motivación de los actos administrativos.

Por lo tanto, a la Contraloría y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República les corresponde asumir las consecuencias del restablecimiento del derecho. La primera porque ostentaba la condición de empleadora y porque expidió el acto acusado. El segundo porque le asistía el deber de coordinar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-324 de 2015. En esa medida, absolvió al Dapre y a la Cnsc.

8. Las impugnaciones.

Inconformes, las entidades condenadas interpusieron el recurso de apelación, planteando los siguientes argumentos de disenso:

a. Contraloría General de la República.

a. El acto demandado no adolece de ningún vicio de nulidad, por que se expidió de acuerdo con e l ordenamiento jurídico y con fundamento en la sentencia C-386 de 2014; la cual, declaró inexequible el artículo 15 de la Ley 1640 de 20134.

Destaca que el Decreto Ley 2713 de 20135 y la resolución de incorporación de ex servidores del Das a la Contraloría se expidieron con s ustento en dicha disposición, procedía declarar la pérdida de fuerza ejecutoria por

4 Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013.

dicha disposición, procedía declarar la pérdida de fuerza ejecutoria por

4 Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013.

5 Por el cual se establece una planta transitoria de empleos en la Contraloría General de la República.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

10 decaimiento (artículo 91 del Cpaca); con el fin de evitar faltas disciplinarias y un grave detrimento patrimonial.

b. No hay lugar al restablecimiento del derecho reconocido por el a quo, porque la planta transitoria de la Contraloría desapareció ante la inexequibilidad señalada (inexistencia de los objetivos misionales, de la estructura y del presupuesto que soportaban los cargos).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1444 de 2011 y en el Decreto 4057 de 2011, el Gobierno Nacional nunca consideró a la Contraloría como receptora de funciones del Das; mucho menos, de sus funcionarios; por ser una entidad de carácter técnico , con autonomía administrativa y presupuestal, que no desarrolla fun ciones distintas a las inherentes a su propia organización.

c. El a quo desconoció la naturaleza de la figura del empleo en provisionalidad y su diferencia con los funcionarios nombrados en carrera administrativa.

La Ley 790 de 2002 reconoció el carácte r temporal de los primeros, reconociendo un beneficio económico para su rehabilitación profesional y técnica, en caso de retiro del servicio por supresión del empleo.

administrativa.

La Ley 790 de 2002 reconoció el carácte r temporal de los primeros, reconociendo un beneficio económico para su rehabilitación profesional y técnica, en caso de retiro del servicio por supresión del empleo.

Así mismo, el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, preceptúa que “Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera”.

Adicionalmente, los funcionarios nombrados en provisionalidad gozan de estabilidad relativa (no reforzada, como ocurre con las personas nombradas en propiedad), y en caso de supresión del empleo, solo tienen derecho al pago de los beneficios económicos previstos en el capítulo II de la Ley 790 de 2002, los cuales fueron reconocidos al demandante.

Al respecto, el Departamento Administrativo de la Función Pública en los conceptos 20166000080921 de 12 de mayo de 2016 y 20166000239861 del 18 de noviembre de 2016, manifestó que "al tener un nivel de protección diferenciada, no es viable extender los beneficios pro pios del empleado de carrera al provisional y, por lo tanto, esta Dirección considera que la Contraloría General de la República no debe reconocer y pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por los ex servidores provisionales durante el tiempo que estuvieron cesantes”.

En esa medida, no es procedente ordenar el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y el reintegro del demandante. M áxime, si se tiene en

los ex servidores provisionales durante el tiempo que estuvieron cesantes”.

En esa medida, no es procedente ordenar el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y el reintegro del demandante. M áxime, si se tiene en cuenta que le pagaron los beneficios económicos a los que tenía derecho.Oscar Eduardo García Garzón vs Contraloría General de la República y otros 41001-33-33-004-2015-00231-01

11 d. Se desconoció la sentencia SU -054 de 2015; la cual, precisó que a los funcionarios en provisionalidad , únicamente en el caso de falta de motivación del acto de desvinculación les puede n cancelar una indemnización por concepto de salarios y prestaciones dejadas de percibir, no menor a 6 meses ni superior a 24.

e. El llamado a responder en el presente caso es el Congreso por el hecho del legislador, puesto que la desvinculación del demandante se originó por la declaratoria de inexequibilidad el artículo 15 d e la Ley 1640 de 2013 (causa eficiente).

b. Presidencia de la República.

a. Destaca que fue la Contraloría y no el Dapre quien dispuso la desvinculación del demandante (mediante resolución ORD-81117-0010842014 del 10 de julio de 2014) , a partir de un entendimiento errado de la sentencia C-386 de 2014 (pues la misma no impartió orden expresa o tácita relacionada con el retiro de funcionarios).

b. Considera que procede la nulidad del acto demandado, pero no el restablecimiento deprecado; porque en acatamiento de lo dispuesto en la sentencia T-324 de 2015 (fallo que se estimó cumplido), Presidencia de la

b. Considera que procede la nulidad del acto demandado, pero no el restablecimiento deprecado; porque en acatamiento de lo dispuesto en la sentencia T-324 de 2015 (fallo que se estimó cumplido), Presidencia de la República, Función Pública, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de la República y la Cnsc dearrollaron todas las gestiones necesarias para la incorporación de los funcionarios desvinculados en otra entidad estatal, pero no fue posible en el caso del demandante.

Dicha sentencia precisó que no se puede darle el mismo tratamiento a los funcionarios de carrera que a los que se encontraban en provisionalidad. En tal virtud, no es consecuente que en la providencia impugnada se diera la misma orden.

A pesar de que las gestiones estaban dirigidas a proteger los derechos fundamentales de los exfuncionarios de la Contraloría (primer o se intentó la reincorporación , luego el reintegro en otros cargos y finalmente el reconocimiento de lo s beneficios de ley), sería inequitativo repetir las mismas gestiones que se agotaron en su momento.

c. Lo anterior se refuerza, si se tiene en cuenta que el demandante recibió los beneficios establecidos en el capítulo II de la Ley 790 de 2022 y en el artículo 6 del Decreto 4057 de 2011. Según la certificación emitida por el Sena el 6 de julio de 2016, al demandant e le realizaron 11 pagos por un valor total de $10.968.254.