TA HUI - Sentencia 410013333006-2017-00120-01 (03-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, tres de junio de dos mil veinticinco.

PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

DEMANDANTE: LIVAN RODRIGO ARAUJO PEÑA

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 410013333006-2017-00120-01

ACTA: 042

I. EL ASUNTO1.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva el 2 de mayo de 2019.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, el señor Livan Rodrigo Araujo Peña promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra La NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional, en procura de que se declare la nulidad del acto ficto presunto2 que negó el reconocimiento y pago de la pensión por sanidad o invalidez (liquidada

1 Inicialmente la demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, correspondiendo a la Sección Segunda, Subsección B, quién profirió auto del 7 de diciembre de 2016, declarando la falta de competencia para conocer del asunto, porque la última unidad en la que el actor prestó sus servicios fue en el Batallón Contra Guerrilla No 9 Los Panches de Neiva. Una vez fue

declarando la falta de competencia para conocer del asunto, porque la última unidad en la que el actor prestó sus servicios fue en el Batallón Contra Guerrilla No 9 Los Panches de Neiva. Una vez fue remitido al Tribunal Administrativo del Huila, se asignó a la Sala Segunda de Decisión, que el 16 de marzo de 2017, declaró la falta de competencia porque la cuantía no superba los 50 smlmv y lo remitió a oficina judicial para que lo repartiera a los juzgados administrativos. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, el 6 de abril de 2017 requirió al Ministerio de Defensa Nacional para que certificara el último lugar donde el demandante prestó el servicio, y no obstante la entidad no señaló la unidad militar, en garantía de acceso a la administración de justicia, se admitió la demanda el 21 de noviembre de 2017. Agotado el procedim iento, el 2 de mayo de 2019 se emitió sentencia de primera instancia. Decisión que fue recurrida por la parte demandante , correspondiendo a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Admirativo del Huila, precedida por el magistrado Enrique Dussán Cabrera, quién admitió el recurso de apelación el 14 de junio de 2019 y lo tramitó hasta la entrada al despacho para sentencia (29 de agosto de 2019). Sin embargo, el 19 de enero de 2023, el titular de la época, el Magistrado Miguel Augusto Medina Ramírez, se declar ó impedido para conocer del asunto, porque emitió la sentencia de primera instancia. Por lo anterior, la Sala Cuarta de Decisión , el 23 de marzo de 2023 aceptó el impedimento y asumió el proceso en el estado que se encontraba. 2 No menciona la fecha de solicitud.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa

el 23 de marzo de 2023 aceptó el impedimento y asumió el proceso en el estado que se encontraba. 2 No menciona la fecha de solicitud.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

2 sobre el 75% del salario mínimo legal mensual vigente más el 40%, por ser soldado profesional).

A título de restablecimiento del derecho, depreca condenar “…a la entidad demandada a pagar pensión por sanidad o invalidez al actor, en cuantía del setenta y cinco (75%) mensual de lo equivalente al salario mínimo legal mensual vigente más el 40%, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, a partir del momento del retiro de las filas de la institución, con discapacidad psicofísica, según lo expuesto por el p eritazgo médico laboral, sin solución de continuidad, desde el mismo momento en que así ha sido declarado, en forma absoluta y permanente, incluyendo los demás emolumentos, y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 3, numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, en concordancia con el artículo 2° del Decreto Reglamentario 1157 de 2014 y artículo 32 del Decreto 4433 de 2004.

1.5 Que subsidiariamente, se de aplicación, como principio de favorabilidad, a la Ley 100 de 1993, artículo 40, literal a), como se ha venido sugiriendo en reiterados y recientes pronunciamientos judiciales, para casos análogos.

1.6 Reconocer y pagar a mi mandante el reajuste de la indemnización que legalmente le corresponda, conforme a los parámetros que por incapacidad

recientes pronunciamientos judiciales, para casos análogos.

1.6 Reconocer y pagar a mi mandante el reajuste de la indemnización que legalmente le corresponda, conforme a los parámetros que por incapacidad psicofísica determina el ordenamiento jurídico y acorde con el mandato del Decreto 94 de 1989 y Decreto 1796 de 2000, si éste fuese aplicado.

1.7 Que se ordene pagar la indexación respectiva, dentro de la que están incluidos la corrección monetaria e intereses correspondientes.

1.8. Se ordene, de conformidad con el artículo 187 del CPACA, que la entidad condenada debe pagar la actualización respectiva, aplicando los ajustes del IPC.

1.9. Reconocer y pagar, a mi mandante, en dinero, el equivalente a 100 salari os mínimos legales vigentes al momento de la sentencia, como reparación de los perjuicios causados.

1.10. Que la Entidad demandada dé cumplimiento a la sentencia que profiera el H. Tribunal en los términos consagrados en el artículo 195, numeral 4 o del CPACA, y demás normas concordantes”.

2. Fundamentación fáctica.

Como argumentos de orden fáctico -en esenciaaduce lo siguiente:

a. Prestó servicios en el Ejército Nacional y fue retirado en condiciones de discapacidad médico laboral.

b. No ha recibido con regularidad el tratamiento y la asistencia médica adecuada, ocasionando que su condición de sal ud se agravara y aumentara el grado de su discapacidad.

c. A la fecha, ha perdido la visión de un ojo, sordera parcial (40 – 50

adecuada, ocasionando que su condición de sal ud se agravara y aumentara el grado de su discapacidad.

c. A la fecha, ha perdido la visión de un ojo, sordera parcial (40 – 50 DB) y depresión reactiva.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

3 d. En la actualidad fue calificado con una disminución de la capacidad médico laboral del 76.71% (documento técnico emitido por el médico Enrique Ayala Pérez).

3. Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

• Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y 230. - Cpaca: artículos 2 y 3. - Código Sustantivo del Trabajo: artículo 9. - Decreto 94 de 1989. - Decreto 1496 de 2000: artículos 15, 37, 44, 45. - Ley 100 de 1993: artículo 40. - Ley 923 de 2004: artículo 3-3.5. - Decreto 1157 de 2014: artículo 2. - Decreto 4433 de 2004: artículo 32.

Después de transcribir los preceptos legales que regulan la materia 3 y solicitar el cumplimiento del precedente jurisprudencial4, considera que al adquiri r las patologías en el desarrollo de su actividad militar, es beneficiario de la pensión de invalidez consagrada en los Decretos 94 de

solicitar el cumplimiento del precedente jurisprudencial4, considera que al adquiri r las patologías en el desarrollo de su actividad militar, es beneficiario de la pensión de invalidez consagrada en los Decretos 94 de 1989 y 1796 de 2000, artículo 39, y por favorabilidad, la establecida en la Ley 100 de 1993, artículo 385:

“Es indudable, que el actor sufrió ese notable desmejoramiento de su salud y de su calidad de vida, encontrándose al servicio de la institución. El decreto 94 de 1989 y Decreto 1796 de 2000, vigente aún, es la norma que contiene el estatuto de la

3 Decreto 94 de 1989: 15, 47, 79, 86, 87, 88 y 90. Decreto 1796 de 2000: artículo 39. 4 1. Sentencia del 11 de Marzo de 2004, proferida por el Consejo de Estado, radicación No. 4400123-31-000-2001-0008-01 (740-03), Actor EDILBERTO CIFUENTES GODOY, demandado NACIONMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, Consejo Ponente Dr. NICOLAS PAJARO PEÑARANDA. 2. Sentencia del 23 de julio de 2009, proferida por el Consejo de Estado, radicación No. 13001 -23-31-000-2003-00080-01 (1925 -07), Actor WILLIAM TAPIERO MEJIA, demandado POLICIA NACIONAL, Consejero Ponente, Dr. Gerardo Arenas Monsalve. 3. Sentencia del 4 de febrero

No. 13001 -23-31-000-2003-00080-01 (1925 -07), Actor WILLIAM TAPIERO MEJIA, demandado POLICIA NACIONAL, Consejero Ponente, Dr. Gerardo Arenas Monsalve. 3. Sentencia del 4 de febrero de 2010, proferida por el Consejo de Estado, radicación No. 08001-23-31-000-2005-00781-01 (139908), Actor ALEXANDER ASID MERCADO PARRA, demandado EJERCITO NACIONAL, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. 4. Sentencia del 14 de agosto de 2003, proferida por el Consejo de Estado, radicación No. 07001-23-31-000-2000-0101-01 (2199-01), Actor FIDEL MORALES SANCHEZ, demandado EJERCITO NACIONAL, Consejero Ponente: Dr. NICOLAS PAJARO PEÑARANDA. 5. Sentencia del 23 de septiembre de 1999, proferida por el Consejo d e Estado, expediente No. 895 -99, Magistrado Ponente: Dr. CARLOS ARTURO ORJUELA GONGORA, Actor: JOAQUIN DURAN ROMERO, demandado EJERCITO NACIONAL. 6. Sentencia acción de Tutela 2.247.352, proferida por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, expediente T -6022009, Actor CARLOS ANDRES GUZMAN ALFONSO, demandado DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO Y SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA, Magistrado Ponente Dr. GABRIEL

EDUARDO MENDOZA MARTELO.

2009, Actor CARLOS ANDRES GUZMAN ALFONSO, demandado DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO Y SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA, Magistrado Ponente Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 5 Fallo de tutela del 29 de julio de 2011, pro ferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, que aplica el principio de favorabilidad para establecer los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

4 Capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones d el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 15, sanidad ha debido valorar su incapacidad, determinándola como “Absoluta y permanente" y, por lo mismo, haberle reconocido la pensión de invalidez e indemnización, adecuándose a las Tablas que para ese caso están señaladas y adoptadas por los artículos 87 y 88.

En el Acta de la Junta Médico Laboral realizada, según mi mandante, no fueron consignadas allí plenamente las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado, de manera ostensible su estado de salud y prueba de ello es que se le declaró “NO APTO” para el servicio, amén de considerarlas irregularmente evaluadas.

Los artículos 47, 79, 86 y 90, del Decreto 94 de 1989, referidos a la declaratoria de no aptitud, enfermedades mentales, lesiones y afecciones de la piel, entre otras, y

evaluadas.

Los artículos 47, 79, 86 y 90, del Decreto 94 de 1989, referidos a la declaratoria de no aptitud, enfermedades mentales, lesiones y afecciones de la piel, entre otras, y pensión de invalidez, fueron transgredidos, por cuanto no se les dio cabal aplicación acorde con la disminución de la capacidad psicofísica padecida por mi mandante.

… en atención al principio consagrado en el Artículo 53 de la CP, se de paso a la aplicación preferente de la norma más favorable, la cual es precisamente la Ley 100 de 1993 que regula y gobierna la seguridad social, como regla y norma general ordinaria y no aquellas que a pesar de ser disposiciones especiales, contrarias al fin perseguido, son diametral y manifiestamente restrictivas y desfavorables.

Este hecho, sugiere entonces, ceder le paso a tal principio constitucional, poniendo en vigor la norma general de la Ley 100 de 1993, en el sentido de permitirle al trabajador oficial o empleado público, su acceso a esa prestación periódica de la pensión de invalidez o sanidad, cuando se le discapacite a partir del 50%, pues recuérdese que es precisamente el artículo 38 ibidem que así lo establece”.

Finalmente, solicita dar aplicación a la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales, como lo establece el H. Consejo de Estado6 (f. 132 y ss. cuad. ppal. primera instancia).

4. La oposición.

La entidad accionada se refi ere sucintamente a los hechos de la demanda y se op one a la prosperidad de las pretensiones; solicitando no valorar el informe técnico allegado con el libelo (que estableció una

4. La oposición.

La entidad accionada se refi ere sucintamente a los hechos de la demanda y se op one a la prosperidad de las pretensiones; solicitando no valorar el informe técnico allegado con el libelo (que estableció una supuesta incapacidad del 76.71%).

Seguidamente, formuló las siguientes exceptivas:

a. Indebida representación por insuficiencia de poder.

En el pod er no se estableció la petición sobre la cual se pretende la declaratoria del acto ficto; por lo tanto, no se identificó e individualizó el

6 Sección Segunda, Subsección A, en Sentencia de fecha 4 de septiembre de 2008 , Expediente número 0628-08. Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Entre otros pronunciamientos.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

5 acto a demandar, como lo establece el artículo 97 del Cpaca y 100 del Cgp.

b. Inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones – caducidad respecto del reajuste de la indemnización.

Teniendo en cuenta, que una de las pretensiones es el reajuste de la indemnización, que su reclamación se presentó el 29 de enero de 2016, y que el acto ficto se configuró el 29 de abril de 2016 , el demandante debió instaurar la demanda dentro de los cuatr o meses siguientes, y como lo hizo en el 2017, operó el fenómeno de la caducidad.

De otro lado, aduce que en la prueba documental no se acreditó que la situación de salud actual del actor difiera de la calificada por la entidad

como lo hizo en el 2017, operó el fenómeno de la caducidad.

De otro lado, aduce que en la prueba documental no se acreditó que la situación de salud actual del actor difiera de la calificada por la entidad el 24 de julio de 1991 (58.5%) 7, y no obstante se allegó acta de calificación expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila (76.71%), este documento no es un dictamen pericial; porque no cumple los presupuestos de los artículos 219 y 226 del Cgp.

A su vez, han transcurrido 20 años desde la calificación inicial en la entidad, y su condición actual no puede determinarse con exámenes practicados en esa época, como se hizo en el dictamen aportado en la demanda:

“… no puede olvidarse que el actor pretende que se tenga en cuenta una nueva valoración de la DCL, cuando en el eventual caso de ser procedente ésta, la Junta Regional de Calificación no debió haber simplemente determinado un nuevo porcentaje de disminución de la capacidad laboral, como si el Acta de Junta Médica Laboral practicada en su momento al actor no existiera, pues por el contrario, lo viable era haber analizado esta y haber indicado las razones por las cuales consideró que el dictamen de incapacidad de la Junta Médica laboral del Ministerio de Defensa no estaba ajustado a la realidad médica laboral del actor, explicando, señalando los errores o inconsistencia en la valoración realizada, entre otros, los criterios que se tuvieron en cuenta en la aplicación del Decreto 094 de 1989, en el caso específico

Además, no existen otros exámenes médicos o científicos que se le hubieren

errores o inconsistencia en la valoración realizada, entre otros, los criterios que se tuvieron en cuenta en la aplicación del Decreto 094 de 1989, en el caso específico

Además, no existen otros exámenes médicos o científicos que se le hubieren practicado al señor LIVAN RODRIGO ARAUJO; donde en su efecto no se prueba que las lesiones que se calificaron hubieren complicado o en su efecto hubieren cesado su disminución de la capacidad laboral por lo tanto no debe tenerse en cuenta para calificar una disminución de la capacidad laboral.

Ahora bien, las juntas de calificación regionales no gozan el status como cuerpos colegiados p ara la calificación; pues quien decide la calificación de la capacidad laboral en su procedimiento lo realizan solamente (2) dos médicos y su relevancia en el dictamen lo realizan sobre pronunciamientos subjetivos médicos personales y no un dictamen de carácter científico sobre la verdaderas lesiones que el paciente o en este caso el señor LIVAN RODRIGO ARAUJO, puede tener; pues lo único que tuvieron en cuenta fueron exámenes médicos no actuales sino exámenes médicos de la fecha de los hechos en el cual resulto herido en demandante.

7 Acta de junta médica laboral No. No. 777 de fecha 24 de Julio de 1991.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

6 Así entonces, cree esta junta de calificación regional, en su efecto subjetivo calificar unas lesiones por una revisión visual, de tacto, y revisando epicrisis y/o historias clínicas antiguas no actuales; de esta forma se obtien e una calificación por medio

Así entonces, cree esta junta de calificación regional, en su efecto subjetivo calificar unas lesiones por una revisión visual, de tacto, y revisando epicrisis y/o historias clínicas antiguas no actuales; de esta forma se obtien e una calificación por medio de esta junta de calificación regional que a todos los indicios resulta dudoso su dictamen de calificación ya que no se soporta con exámenes actuales de tipo científico el cual pueda ayudar al juez a acreditar si en realidad es tas lesiones incrementaron su calificación o por el contrario existe mejoría que indique que ya no existe lesión como en algunos casos sucede”.

Finalmente, solicita que en c aso de que se reconozca la pensión : i) se niegue la indemnización, por ser incompat ible con el reconocimiento pensional, ii) se ordene el descuento de las cotizaciones al sistema de seguridad social que debió efectuar el demandante en calidad de pensionado, iii) se establezca la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales y, iv) no se condene en costas (f. 179 y ss. cuad. ppal. primera instancia).

5. El trámite surtido

a. El 26 de septiembre de 2018, el a quo declaró no probada la exceptiva indebida representación por insuficiencia de poder , negó la excepción inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y difirió el análisis de la caducidad para la sentencia, debido a que no se allegó con la demanda el acto administrativo que reconoció la indemnización; con el fin de contabilizar el término de los cuatro meses que se tenía para demandar.

Seguidamente, fijó el litigio, decretó la prueba documental allegada por

la demanda el acto administrativo que reconoció la indemnización; con el fin de contabilizar el término de los cuatro meses que se tenía para demandar.

Seguidamente, fijó el litigio, decretó la prueba documental allegada por las partes8 y, de oficio, ordenó lo siguiente:

1. Dictamen pericial de la condición de salud del señor Livan Rodrigo Araujo Peña ante la Junta Médico Laboral Militar – Regional Tolima, “con el fin de que se evalúe en contraste la condición de salud que derivaron en el acta de junta médica laboral No. 777 del 24 de julio de 1991 y las condiciones actuales y si existe conexidad entre las patologías, para lo cual se tendrá en cuenta los documentos tenidos en cuenta en el acta junta médico laboral y la parte demandante podrá allegar la historia clínica del señor ARAUJO PEÑA”;

1. Al Ejército Nacional - Dirección de Prestaciones Sociales que allegue el expediente administrativo y el acto administrativo que le reconoció al demandante la indemnización por la discapacidad y sus constancias de notificación. Asimismo, el certificado laboral de tiempo de servicio y el motivo de retiro (f. 229 y ss. cuad. ppal. 2 y cd. primera instancia).

b. En la audiencia de pruebas se incorporó el expediente administrativo allegado, y como la Junta Médico Laboral Militar – Regional Tolima no

8 En el acta de audiencia se señala: “Parte demandante: Se decreta la documental aportada (art. 212 Cpaca): fls. 1-141”.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

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Cpaca): fls. 1-141”.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

7 emitió el dictamen, ordenó que su práctica la realizara la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila9; disponiendo que el trámite de la prueba debía asumirlo la parte demandante (f. 274 cuad. ppal. 2 y cd. primera instancia).

c. En razón a que el accionante no allegó la documentación que le solicitó la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila para practicar el dictamen10, el 26 de marzo de 2019 el a quo declaró el desistimiento tácito de la prueba, cerró la etapa probatoria y corrió traslado para alegar de conclusión (f. 283 cuad. ppal. 2 primera instancia).

6. Alegaciones de conclusión en primera instancia.

a. Parte actora.

Solicita valorar la calificación realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila el 4 de diciembre de 2015; teniendo en cuenta que es un medio de prueba eficaz, que cumple los presupuestos del artículo 218 y ss. del Cpaca y 226 del Cgp; amén de que valoró las patologías adquiridas en el servicio militar y estableció una pérdida de capacidad del 76.1%.

En tal virtud, solicita conceder la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización, en los términos de la Ley 923 de 2004, artículo 33.5 y artículo 3.12.

Finalmente, considera que se debe esperar el dictamen pericial

indemnización, en los términos de la Ley 923 de 2004, artículo 33.5 y artículo 3.12.

Finalmente, considera que se debe esperar el dictamen pericial ordenado por el a quo, a efectos de garantizar el debido proceso y obtener mayores elementos de juicio.

Con los alegatos se allegó el soporte del envío de los documentos y de la consignación remitidos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila el 12 de febrero y el 6 de marzo de 2019 (f. 305 y ss. cuad. ppal. 2 primera instancia).

b. Parte demandada.

Reitera los argumentos esbozados al descorrer el traslado de la demanda, insistiendo que no se acreditó que la actual situación de salud

9 En la audiencia de pruebas resuelve el despacho: Atendiendo que la dependencia encargada de la valoración no tuvo interés de practicar el peritaje, se decide no insistir dicha prueba y se decreta que sea la junta regional de calificación de invalidez del Huila la que practique la valoración del demandante. Para la valoración se tomar án como punto de partida los antecedentes laborales al momento del retiro del demandante, sin que se incorporen n uevas patologías o deficiencias del demandante. Sobre el valor del dictamen se impondrá a la parte demandante al ser la interesada en la prueba, quien deberá retirar el oficio dentro de los 10 días siguientes. Una vez se cuente con la información, se fijará fecha para la práctica del dictamen. 10 F. 277 y 279 cuad. ppal. 2 primera instancia.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

10 F. 277 y 279 cuad. ppal. 2 primera instancia.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

8 del actor difiera de la calificada por la entidad el 24 de julio de 1991 (58.5%)11, porque no obstante que se allegó la calificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila (76.71%), este documento no es un dictamen pericial; porque no cumple los presupuestos de los artículos 219 y 226 del Cgp.

A su vez, recuerda que han transcurrido 20 años desde la calificación de la entidad, y con los exámenes de esa época no se puede determinar la condición actual ; como lo hizo la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila en el dictamen aportado en la demanda (f. 285 y ss. cuad. ppal. 2 primera instancia).

c. Ministerio Público.

No rindió concepto (f. 319 cuad. ppal. 2 primera instancia).

7. El fallo impugnado.

El 2 de mayo de 2019, a quo negó las pretensiones de la demanda, con base en la siguiente argumentación:

a. Considera que la norma aplicable es el Decreto 94 de 1989, porque los hechos que derivaron la pérdida de la capacidad laboral sucedieron el 26 de febrero de 1991.

Luego de referirse al trámite que se surtió en la expedición del dictamen pericial ordenado de oficio, considera que la parte actora dejó precluir la oportunidad para que se practicara; porque dos meses después de su

Luego de referirse al trámite que se surtió en la expedición del dictamen pericial ordenado de oficio, considera que la parte actora dejó precluir la oportunidad para que se practicara; porque dos meses después de su decreto no gestionó lo que requería la Junta Regional de Calificación de

Invalidez del Huila:

“En memorial de fecha 08 de febrero de 2019 de la junta regional de calificación de invalidez del Huila se informó que el señor LIVAN ARAUJO a la fecha no había radicado solicitud de valoración (fl. 277), respuesta que el Despacho puso en conocimiento de las partes mediante auto del 21 de febrero de 2019 dada la carga procesal impuesta a la parte demandante, (fl. 279).

Finalmente mediante providencia del 26 de marzo de 2019 ante la evidente falta de interés de la parte demandante en cumplir la carga procesal que le correspondía, se declaró el desistimiento tácito de la prueba pericial decretada, (fl. 283).

La parte actora el 12 de abril de 2019 allegó escrito alegando de conclusión (fls. SOSSI 5) manifestando respecto de la prueba pericial decretada por el Despacho, que la parte remitió los respectivos antecedentes clínicos, historia clínica y el comprobante de consignación correspondiente al p ago de honorarios haciendo énfasis en que ha puesto todo el interés para el logro de dicho propósito, así como en la necesidad que antes de la producción del fallo se espere el arribo del acervo probatorio.

11 Acta de junta médica laboral No. No. 777 de fecha 24 de Julio de 1991.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa

probatorio.

11 Acta de junta médica laboral No. No. 777 de fecha 24 de Julio de 1991.Livan Rodrigo Araujo Peña vs. Nación-Ministerio de Defensa 41001 33 33 006 2017 00120 01

9 Si bien el 10 de abril de los corrientes se reci bió memorial de la junta regional de calificación de invalidez del Huila fijando cita para el día 24 de abril de 2019 para llevar a cabo valoración del actor (fl. 304), y con los alegatos de conclusión la parte actora allegó constancia de radicación ante l a junta regional de calificación de invalidez del Huila lo concerniente al pago de honorarios así como antecedentes clínicos e historia clínica del actor (fls. 310-317) lo cierto es que la parte demandante dejó precluir la oportunidad con que contaba para la práctica de la prueba y que finalizó con el cierre de la etapa probatoria el 26 de marzo de 2019 (fl. 274), luego de que transcurrieran casi dos meses desde que se decretó la pericia (acta visible a fl. 274) sin que la parte emitiera pronunciamiento alguno sobre el requerimiento del 21 de febrero así como del desistimiento de la prueba del 26 de marzo hogaño pese a que fue notificado de tales proveídos al correo electrónico dispuesto para tal fin en la demanda (fl. 141).

Por tanto, no puede la parte actora solicitar ahora so pretexto de su inactividad, que se reabra la etapa probatoria cuando contó con todas las garantías a fin de demostrar que había llevado a cabo las actuaciones tendientes a la práctica de la prueba pericial”.

b. De otro lado, manifestó que la calificación allegada en la demanda no

se reabra la etapa probatoria cuando contó con todas las garantías a fin de demostrar que había llevado a cabo las actuaciones tendientes a la práctica de la prueba pericial”.

b. De otro lado, manifestó que la calificación allegada en la demanda no se incorporó al proceso, porque se requería que se discutiera en audiencia de pruebas; por lo tanto, era obligatoria la sustentación del perito (Cpaca, artículo 220-2º):

“En cuanto a la solicitud elevada por la misma parte en los alegatos de conclusión para que se tenga en cuenta la prueba allegada con la demanda y en la que se conceptuó para el actor una pérdida de capacidad laboral correspondiente al 76,71%, valga reiterar, tal como se puso de presente en la audiencia inicial sobre el decreto de pruebas (acta obrante a fl. 229 -230 c. principal) y en la que decidió no incorporar tal documentación: que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo la prueba pericial tiene fundamento en los artículos 216 y siguientes del C.P.A.C.A., disponiendo de manera expresa el numeral 2 ° del artículo 220 ibidem sobre la contradicción del dictamen aportado por las partes, la necesidad de que sean discutidos durante la audiencia de pruebas siendo para ello obligatoria la asistencia de los peritos para que expresen la razón y las conclusiones de su dictamen , razón por la cual no se podía , ni menos se puede luego de cerrada la etapa probatoria, proceder con la valoración de tales docume ntos, siendo esa la razón por la cual resultaba imprescindible decretar prueba pericial con todas las exigencias legales”.

c. Al no acreditar que el porcentaje de las lesiones fue superior al

proceder con la valoración de tales docume ntos, siendo esa la razón por la cual resultaba imprescindible decretar prueba pericial con todas las exigencias legales”.

c. Al no acreditar que el porcentaje de las lesiones fue superior al establecido por la junta médica laboral 777 del 24 de julio de 1991 (58.5%), no es procedente reconocer la pensión de invalidez, porque el porcentaje que exige el Decreto 094 de 1989 es el 75%.

d. Consideró que n o se puede aplicar la Ley 100 de 1993 (por favorabilidad), porque de acuerdo con pronunciamientos del H. Consejo de E