TA HUI - Sentencia 410013333006-2023-00153-01 (19-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, agosto diecinueve (19) de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

MEDIO DE CONTROL : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA DEMANDADA : CASUR SENTENCIA No. : 07-08-162-25/NRD-89-2-82

ACTA No. : 71 DE LA FECHA

1. TEMA.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, donde le niega el reconocimiento de la asignación de retiro.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (archivo 3, Samai 1ª inst.).

2.1.1. El señor Wilmar Olaya Santanilla interpone demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, pretendiendo la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 798614 del 10 de febrero de 2023, mediante el cual se le niega el reconocimiento de la asignación mensual de retiro.

Como consecuencia, que se le reconozca y pague dicha asignación mensual, a partir de la fecha de su retiro (30 de noviembre de 2022), junto con la retroactividad de las mesadas dejadas de percibir, el pago de intereses corrientes y moratorios, y las

de la fecha de su retiro (30 de noviembre de 2022), junto con la retroactividad de las mesadas dejadas de percibir, el pago de intereses corrientes y moratorios, y las prestaciones sociales correspondientes, conforme al artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y Ley 923 de 2004.

2.1.2. El fundamento fáctico indica haber ingresado a la Policía Nacional el 6 de septiembre de 2004 bajo el régimen de la Ley 923 de 2004, acumulando 18 años y 6 meses de servicio, siendo retirado por destitución según resolución No. 03921 del 30 de noviembre de 2022.2

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DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

Posteriormente, el 7 de diciembre de 2022 solicita el reconocimiento de la asignación de retiro, petición que le es negada por CASUR a través del oficio No. 798614 del 10 de febrero de 2023 y que hoy demanda su anulación, al considerar que fue expedido con infracción de las normas en que debió fundarse y falsa motivación.

2.1.3. En las normas vulneradas cita: artículos 2, 6, 13, 29, 53 y 90 de la Constitución Política; 104 del Decreto 1213 de 1990; y 3-3.1 de la Ley 923 de 2004.

2.1.4. El concepto de violación explica que el acto administrativo demandado incurre en falsa motivación, al negar le la asignación mensual de retiro pese a que cumple con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1213 de 1990 y la Ley

incurre en falsa motivación, al negar le la asignación mensual de retiro pese a que cumple con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1213 de 1990 y la Ley 923 de 2004, aplicables a quienes ingresaron al nivel ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2004 y se retiraron por causal distin ta a la solicitud propia, habiendo superado los quince (15) años de servicio.

Indica que la demandada desconoce el fallo del 12 de abril de 2012 del Consejo de Estado1, donde anula el parágrafo 2° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 por exceder los límites fijados por la Ley 923 de 2004. Asimismo, ignora la sentencia del 3 de septiembre de 2018 de la misma Corporación2, que anula con efectos ex tunc el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, restableciendo la aplicación del régimen previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para efectos de la asignación de retiro.

En síntesis, señala que, conforme al artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004, no se puede exigir un tiempo de servicio superior al previsto en los citados decretos y que el retiro por causal distinta a la solicitud propia (como la destitución) da lugar al derecho a la asignación de retiro siempre que se haya cumplido el tiempo mínimo legal. Por lo tanto, la destitución no excluye automáticamente el derecho, y se sobrepone la protección de las expectativas legítimas cuando se configuran los requisitos objetivos para acceder a la prestación.

En consecuencia, a l apartarse de este marco normativo y jurisprudencial, el acto demandado vulnera el derecho al debido proceso (art. 29 CP), así como los principios

requisitos objetivos para acceder a la prestación.

En consecuencia, a l apartarse de este marco normativo y jurisprudencial, el acto demandado vulnera el derecho al debido proceso (art. 29 CP), así como los principios de igualdad, dignidad humana, mínimo vital y seguridad social, por la negativa injustificada de un derecho prestacional adquirido, pues contrario a la posición de la

1 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2012, Radicación No. 1100103-25-000-2006-00016-00 (0290 -06) y 11001 -03-25-000-2007-00049-00 (1074 -07), C.P. Alfonso Vargas Rincón. 2 Consejo de Estado, Subsección B, Sección Segunda, sentencia del 3 de septiembre de 2018, rad. 11001-03-25-000-2013-00543-00 (1060-13) y acumulados, C.P. César Palomino Cortés.3

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DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

demandada, sí satisface los requisitos legales: i) ingresó antes del 31 de diciembre de 2004, ii) acreditó más de 15 años de servicio y , iii) fue retirado por una causal distinta a la solicitud propia, en este caso, destitución.

Finalmente, sobre la prescripción, expone que, a unque el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 establece una prescripción trienal para las mesadas pensionales, en sentencia del 4 de septiembre de 2008 (no cita referencia), el Consejo de Estado ha inaplicado dicha norma por exceder las facultades reglamentarias otorgadas al

4433 de 2004 establece una prescripción trienal para las mesadas pensionales, en sentencia del 4 de septiembre de 2008 (no cita referencia), el Consejo de Estado ha inaplicado dicha norma por exceder las facultades reglamentarias otorgadas al Ejecutivo, reafirmando la aplicación del término de prescripción cuatrienal consagrado en el Decreto 1091 de 1995. En este caso, como el derecho a la asignación de retiro se hizo exigible el 30 de noviembre de 2022 y fue solicitado el 7 de diciembre de ese mismo año, no se configura prescripción, toda vez que la petición interrumpió en debida forma el término legal de cuatro años.

2.1.5. No rinde alegatos de conclusión (archivo 25 Id.).

2.2. Posición de la parte demandada.

2.2.1. El plazo para contestar la demanda vence en silencio según constancia secretarial de la primera instancia fechada 17 de enero de 2024 (archivos 8 Id.).

2.2.2. En la oportunidad para alegar de conclusión (archivo 16 Id.) solicita negar las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de la asignación mensual de retiro del actor, porque fue destituido con resolución No. 03921 del 24 de noviembre de 2022 cuando apenas acreditaba servicios por 18 años, 2 meses y 23 días, s in cumplir el requisito mínimo de 20 años de servicio exigido para acceder a dicha asignación en caso de retiro por destitución, conforme al artículo 1o del Decreto 1858 de 2012 y el Decreto 754 de 2019.

Señala que, si bien el actor ingresa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional por

asignación en caso de retiro por destitución, conforme al artículo 1o del Decreto 1858 de 2012 y el Decreto 754 de 2019.

Señala que, si bien el actor ingresa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa antes del 31 de diciembre de 2004 —circunstancia que en principio lo haría beneficiario del régimen de transición —, la aplicación de dicho régimen queda limitada por la sentencia del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2018 (rad. 11001032500020130054300), por la cual se declar a la nulidad con efectos retroactivos (ex tunc) del artículo 2o del Decreto 1858 de 2012.

En virtud de esa decisión, debe aplicarse el artículo 1o del mismo decreto a todas las situaciones jurídicas no consolidadas, incluidas aquellas que no cuenten con4

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DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

sentencia ejecutoriada, la cual exige, para el caso de retiro por destitución, haber cumplido como mínimo 20 años de servicio, requisito que el actor no cumple.

En consecuencia, no le es aplicable el régimen del Decreto 1213 de 1990 (que regula a agentes y suboficiales), sino el régimen propio del nivel ejecutivo , el cual no permite en el caso del actor la configuración del derecho pretendido.

2.3. Ministerio Público.

Se mantiene silente a lo largo del proceso (f. archivos 8 y 25 Id.).

2.4. La sentencia de primera instancia (archivo 26 Id.).

2.3. Ministerio Público.

Se mantiene silente a lo largo del proceso (f. archivos 8 y 25 Id.).

2.4. La sentencia de primera instancia (archivo 26 Id.).

El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva profiere sentencia el 28 de febrero de 2024 en la que resuelve negar las pretensiones de la demanda (resolutivo 1°), no imponer condena en costas (resolutivo 2°) y, que en firme la decisión se archive del expediente (resolutivo 3°).

Seguidamente, precisa que el problema jurídico consiste en establecer si el demandante, exintegrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y retirado por destitución, tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro, con fundamento en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 y la Ley 923 de 2004, pese a no haber acreditado 20 años de servicio.

Entra a revisar e l marco jurídico invocado, iniciando con los Decretos 1212 y 1213 de 1990 donde se regulan la carrera y las prestaciones del personal de la Policía Nacional, estableciendo la posibilidad de acceder a la asignación de retiro con 15 años de servicio en ciertos casos, como la mala conducta , sigue con la Ley 923 de 2004 la cual fija los parámetros del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, estableciendo límites claros para acceder a la prestación en caso de destitución: un mínimo de 15 años y un máximo de 25 años de servicio.

Destaca que la regulación posterior fue revisada por el Consejo de Estado y anuladas

prestación en caso de destitución: un mínimo de 15 años y un máximo de 25 años de servicio.

Destaca que la regulación posterior fue revisada por el Consejo de Estado y anuladas algunas normas, entre ellas, el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 3, el parágrafo

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2007, radicación 11001 -0325-000-2004-00109-01 (1240-04), ponente: Alberto Arango Mantilla. Demandante: Ferney Enrique Camacho González. Razón de la nulidad: El artículo excedía la potesta d reglamentaria del Presidente, al imponer requisitos adicionales para el reconocimiento de la asignación de retiro sin sujeción a una ley marco.5

RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 4 y el artículo 2 del Decreto 1858 de 20125 por considerar que excedían los límites establecidos por la Ley Marco 923 de 2004 al imponer requisitos adicionales o más gravosos que los permitidos para el reconocimiento de la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Precisa que el Decreto 754 de 2019 es la norma vigente , aplicable para el personal incorporado directamente al nivel ejecutivo antes del 31 de diciembre de 2004 donde se establece que, si el retiro se produce por destitución, se requiere acreditar al menos 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro.

Adentrándose en el caso concreto, encuentra acreditado que el demandante ingresa

se establece que, si el retiro se produce por destitución, se requiere acreditar al menos 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro.

Adentrándose en el caso concreto, encuentra acreditado que el demandante ingresa como alumno del nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 6 de septiembre de 2004 y es escalafonado el 1 ° de septiembre de 2005 como patrullero, produciéndose su retiro por destitución el 30 de noviembre de 2022, cuando llevaba 18 años de servicio, incluyendo su período como alumno.

También encuentra probado que el actor solicita la asignación de retiro, la que le es negada por CASUR con el acto demandado porque no cumple los 20 años de servicio requeridos en el Decreto 754 de 2019; tesis que avala el juzgado al precisar que el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 solo es aplicable a quienes fueron escalafonados antes del 31 de diciembre de 2004, circunstancia que no concurre en el presente caso dado su ingreso directo al nivel ejecutivo.

Adicionalmente, expone que las decisiones judiciales citadas por el actor fueron emitidas antes de la entrada en vigor del Decreto 754 de 2019 y no resultan aplicables, ya que no analizan dicha norma.

Por lo tanto, al no cumplir el actor con el requisito temporal mínimo exigido por la normativa vigente, no tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro y en consecuencia deniega las pretensiones.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2012, radicación 11001 -03-25normativa vigente, no tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro y en consecuencia deniega las pretensiones.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2012, radicación 11001 -03-25000-2006-00016-00 (1074-07), ponente: Alfonso Vargas Rincón. Demandante: Juan Carlos Beltrán Bedoya. Razón de la nulidad: El parágrafo generaba un trato desigual al exigir más años de servicio que los previstos en la ley marco para poder acceder a la asignación de retiro. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2013-00543-00, ponente: César Palomino Cortés.

Demandantes: Julio César Morales Salazar y otros.

Razón de la nulidad: El decreto imponía condiciones que desbordaban los límites de la Ley 923 de 2004, al establecer requisitos más gravosos sin fundamento legal para el personal incorporado directamente al nivel ejecutivo.6

RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

2.5. El recurso de apelación (archivo 29 Id.).

El demandante interpone el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, para que sea revocada y en su lugar se acceda al reconocimiento pensional, argumentando que al haber ingresado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 6 de septiembre de 2004, antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 le son aplicables las disposiciones contenidas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990

argumentando que al haber ingresado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 6 de septiembre de 2004, antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 le son aplicables las disposiciones contenidas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 donde exigen para acceder al derecho pensional contar con al menos 15 años de servicios si el retiro es por causales distintas a la solicitud propia, incluyendo la mala conducta o la destitución y en su caso completó más de 18 años de servicio que le dan derecho a la prestación.

Invoca decisiones de esta jurisdicción donde se declara la nulidad de normas que excedieron los límites de la Ley Marco 923 de 2004 al fijar mayores tiempos de servicio para acceder a la asignación de retiro:

• Consejo de Estado, Sección Segunda. (2007) , radicado 11001032500020040010901: anula el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, por contravenir la reserva legal establecida en el artículo 150 -19-e de la Constitución para regular prestaciones sociales en la fuerza pública. • Consejo de Estado, Sección Segunda. (2013) radicado 11001032500020070006100: d eclara la nulidad del Decreto Ley 2070 de 2003 por establecer 18 años de servicio sin ley marco habilitante. • Consejo de Estado, Sección Segunda. (2014) , radicado 11001-03-25-0002007-00077-01 (1551-07), ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, anula el parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 por exceder los límites fijados en la Ley 923 de 2004.

parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 por exceder los límites fijados en la Ley 923 de 2004. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. (2018, septiembre 3) , radicado 11001-03-25-000-2013-00543-00 (1060-2013), anula el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012 por establecer exigencias inconstitucionales y discriminatorias para el personal del nivel ejecutivo.

De otro lado, cita jurisprudencia sobre la aplicación preferente del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 para quienes ingresaron al servicio antes del 31 de diciembre de 2004 y la causal de retiro por destitución no impide el reconocimiento de la asignación de retiro si superan los 15 años de servicio:7

RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

• Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (2021, mayo 27), proceso radicado 18001 -23-33-000-2017-00317-01 (2458 -2019), ponente Rafael Francisco Suárez Vargas : reafirma que el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 es aplicable a personal del nivel ejecutivo con más de 15 años de servicio retirado por destitución. • Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (2021, noviembre 11) , proceso radicado 3287/2020 : señala que no pueden exigirse más años de servicio que los previstos en el Decreto 1212 de 1990 para miembros activos al 31 de diciembre de 2004.

proceso radicado 3287/2020 : señala que no pueden exigirse más años de servicio que los previstos en el Decreto 1212 de 1990 para miembros activos al 31 de diciembre de 2004. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo (2010, febrero 18) analiza la causal de separación absoluta en el contexto del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y señala que la destitución o separación por condena puede incluirse en la causal de “mala conducta”, permitiendo el acceso a la asignación de retiro con 15 años de servicio. • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo (2021, junio 10).

Sentencia reiterativa : r eitera que la separación del servicio por causas disciplinarias o penales no excluye el derecho a asignación de retiro si se cumplen los 15 años exigidos en el Decreto 1212 de 1990.

En síntesis, plantea que todo miembro del nivel ejecutivo retirado por destitución , que haya prestado más de quince años de servicio antes de la vigencia de la Ley 923 de 2004, como el demandante, tiene derecho a la asignación mensual de retiro conforme al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y exigirle 20 años de servicio según el artículo 2º del Decreto 754 de 2019 resulta inconstitucional, por contrariar el principio de reserva legal previsto en el artículo 150-19-e de la Constitución, pues el precedente indica que el Ejecutivo no puede modificar los requisitos prestacionales a través de normas reglamentarias y por ello deviene ilegal el acto administrativo impugnado.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

a través de normas reglamentarias y por ello deviene ilegal el acto administrativo impugnado.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

El recurso es admitido por auto del 24 de abril de 2024 (archivo 3 Samai de 2ª inst.) y por no haber se solicitado pruebas en esta instancia, se ingresa el proceso al despacho para sentencia de segundo grado (archivo 5 Id.).8

RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

3.2. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para decidir esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA y a ello procede al no avizorarse irregularidades que invaliden lo actuado, las partes se encuentran legitimadas en la causa, toda vez que en el acto impugnado la entidad demandada niega al demandante el reconocimiento de la asignación mensual de retiro ; posición que avala la juez de primera instancia y contra la cual el demandante interpone el recurso de apelación, de ahí el interés en que se dirima esta instancia.

3.3. Problema jurídico.

Se plantea al Tribunal resolver el siguiente problema jurídico:

¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia negativa del reconocimiento de la asignación mensual de retiro al señor Wilmar Olaya Santanilla, exintegrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional retirado por destitución con más de 15 años de servicio, por considerar inaplicable el requisito de 20 años previsto en el Decreto 754

la asignación mensual de retiro al señor Wilmar Olaya Santanilla, exintegrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional retirado por destitución con más de 15 años de servicio, por considerar inaplicable el requisito de 20 años previsto en el Decreto 754 de 2019, en atención a la normatividad anterior (Decretos 1212 y 1213 de 1990), la Ley marco 923 de 2004 y la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha declarado la nulidad de disposiciones reglamentarias que excedieron los límites de la ley marco?

La tesis de esta Corporación es que debe confirmarse la sentencia, pues el demandante no cumple con el requisito de 20 años de servicio exigido por el Decreto 754 de 2019 para acceder a la asignación mensual de retiro en caso de retiro por destitución, norma vigente y aplicable a su situación fáctica, por lo que no resulta viable asumir el estudio de la asignación de retiro bajo el régimen previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990. Esta conclusión se funda en el análisis de: a) el marco normativo y jurisprudencial de la asignación de retiro y b) la resolución del caso concreto.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial.

El régimen de la asignación de retiro del personal de la Policía Nacional ha estado regulado por los Decretos 12126 y 12137 de 1990, que permiten su reconocimiento

6 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional” 7 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional”, el artículo 104

6 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional” 7 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional”, el artículo 104 trae disposición similar al artículo 144 del decreto 1212 de 1990.9

RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

a los oficiales, suboficiales y agentes con un mínimo de quince (15) años de servicio en ciertos eventos, entre ellos el retiro por mala conducta , como se aprecia en el artículo 144 del primero:

“ARTICULO 144. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísi ca, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servici o, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15)

les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.

PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.

PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación”. (Subrayas y negrilla fuera del documento).

Posteriormente, se crea el nivel ejecutivo de la Policía Nacional según la Ley 62 de 1993 en aras de optimizar la estructura jerárquica y operativa de la institución, cuya implementación se concreta con el Decreto 132 de 1995 expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República por la Ley 180 de 1995, norma que fija la estructura, funciones, escalafón y régimen especial aplicable a dicho personal.

En la Ley 923 de 2004 se fijan los parámetros generales para el régimen pensional

de 1995, norma que fija la estructura, funciones, escalafón y régimen especial aplicable a dicho personal.

En la Ley 923 de 2004 se fijan los parámetros generales para el régimen pensional y asignación de retiro de la fuerza pública, estableciendo en el artículo 3-3.1. un rango de tiempo de servicio entre dieciocho (18) y veinticinco (25) años para alcanzar la asignación de retiro a quienes ingresan al servicio en su vigencia , pues para quienes ya estaban vinculados, establece que no se puede exigir “un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal” (Subrayas propias).

El desarrollo reglamentario de la citada ley incluyó disposiciones como los artículos 14, 15-parágrafo, 24, 25-parágrafo 2° y 30 del Decreto 4433 de 2004 , así como el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 en los que se exigían 20 años de servicio para10

RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

acceder a la asignación de retiro cuando el mismo se ha generado por destitución o mala conducta y fueron anulados por el Consejo de Estado por exceder los límites de la Ley 923 de 2004 y vulnerar la reserva legal del artículo 150 -19-e de la Constitución Política8.

Ante el vacío normativo, el gobierno nacional expide el Decreto 754 de 2019 que se

de la Ley 923 de 2004 y vulnerar la reserva legal del artículo 150 -19-e de la Constitución Política8.

Ante el vacío normativo, el gobierno nacional expide el Decreto 754 de 2019 que se encontraba vigente al momento del retiro del demandante, el cual en su artículo 1° exige para el personal incorporado directamente antes del 31 de diciembre de 2004 y retirado por destitución, acreditar un mínimo de veinte (20) años de servicio para acceder a la asignación de retiro. Contra dicha norma cursan demandas de nulidad simple, las que han sido acumuladas y donde se pueden observar al menos dos decisiones negativas de la suspensión provisional de sus efectos jurídicos9.

3.5. Caso concreto.

3.5.1. Lo probado.

Para resolver el recurso de apelación, es necesario de antemano precisar que está probado según extracto de hoja de vida expedida el 30 de noviembre de 2022 (f. 49, archivo 3, Samai 1ª inst.) que el señor Wilmar Olaya Santanilla ingres a a la Policía Nacional el 22 de septiembre de 2004 en calidad de alumno nivel ejecutivo10, la cual ostenta hasta el 31 de agosto de 2005 y del 1° de septiembre de 2005 al 30 de noviembre de 2022 se desempeña en el nivel ejecutivo siendo su último grado el de patrullero en el departamento de Policía Huila, acumulando un tiempo de servicios de 18 años, 2 meses y 23 días.

El policial fue retirado del servicio el 30 de noviembre de 2022 cuando le es notificada la resolución No. 03921 del 24 de noviembre del mismo año, por la cual se hace

de 18 años, 2 meses y 23 días.

El policial fue retirado del servicio el 30 de noviembre de 2022 cuando le es notificada la resolución No. 03921 del 24 de noviembre del mismo año, por la cual se hace efectivo el fallo disciplinario del 12 de noviembre de 2021 confirmado en segunda

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2007, radicación 11001-0325-000-2004-00109-01, consejero ponente: Alberto Arango Mantilla ; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de abril de 2014, radicación 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018, radicación 11001 -03-25-000-2013-00543-00 (1060-2013), consejero ponente: César Palomino Cortés. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 11001032500020190039400 (2750-2019), 11001032500020210040000 (1962 -2021), 11001032500020210040300 (1966 -2021) [Acumulados]. Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves. Demandante: José Fernando Hoyos García. Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros: en este expediente pueden observarse autos negando medidas de suspensión provisional de la norma demandada , fechados: 31 de julio de 2023 y 20 de junio de 2025.

García. Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros: en este expediente pueden observarse autos negando medidas de suspensión provisional de la norma demandada , fechados: 31 de julio de 2023 y 20 de junio de 2025. 10 El tiempo como alumno según el artículo 3 -3.1 de la Ley 923 de 2004 cuenta para la asignación de retiro: ”3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. ..”11

RADICACIÓN : 410013333006-2023-00153-01

DEMANDANTE : WILMAR OLAYA SANTANILLA

DEMANDADO : CASUR

instancia el 15 de sept