TA HUI - Sentencia 410013333006-2019-00124-01 (24-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta

Neiva, veinticuatro de junio de dos mil veinticinco

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: YILIBET LÓPEZ CORREA DEMANDADO: NACIÓN-MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL RADICACIÓN: 41 001 33 33 006-2019-00124-01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

ACTA: 049

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva el 12 de febrero de 2020.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial , el señor Yilibet López Correa promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional ; deprecando que previa inaplicación del artículo 23 del Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000 y del artículo 7 de la Ley 1792 de 2016 , se declare la nulidad de la resolución 04414 del 31 de agosto de 2018; a través de la cual, fue ascendido a intendente jefe.

A título de restablecimiento del derecho, solicit a el ascenso como comisario y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales correspondientes.

Adicionalmente, que las sumas resultantes sean indexadas, que se

A título de restablecimiento del derecho, solicit a el ascenso como comisario y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales correspondientes.

Adicionalmente, que las sumas resultantes sean indexadas, que se reconozcan intereses moratorios en caso de incumplimiento, que se condene en costas a la accionada y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Cpaca.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

2

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, aduce lo siguiente:

a. El 11 de febrero de 1996 ingresó a la Escuela de Formación General Rafael Reyes, a realizar el curso de patrullero.

b. El 20 de enero de 1997 (resolución 00103) fue ascendido a dicho grado, y luego de superar el periodo de prueba, accedió a la propiedad.

c. A través de la resolución 03170 del 1º de septiembre de 2021 , fue ascendido a subintendente, con un retardo de 6 meses; como quiere que ello debió ser el 1º de marzo de 2001; al cumplir 4 años de antigüedad y satisfacer los demás requisitos.

d. El 7 de septiembre de 2011 (resolución 03065) fue ascendido a intendente (con un retardo de 5 años).

e. El 7 de septiembre de 2018 (resolución 04414) fue asc endido a intendente jefe.

3. Fundamentación jurídica.

Formuló los siguientes cargos:

e. El 7 de septiembre de 2018 (resolución 04414) fue asc endido a intendente jefe.

3. Fundamentación jurídica.

Formuló los siguientes cargos:

a. Infracción a las normas en que debía fundarse el acto administrativo demandado.

Estima que inicialmente no debió ascender al grado intendente jefe, sino al grado subcomisario; de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 132 de 19951; que era la norma vigente cuando ingresó la institución (el grado intendente jefe no existía; pues fue creado con la reforma2) y porque fue ascendido al grado subintendente con 6 meses de retardo.

b. Falsa motivación.

No es cierto que el ascenso se rigiera por el Decreto 1791 de 2000 y por la Ley 1792 de 2016, p orque ingresó a la institución el 11 de febrero de 1996 y tenía la expectativa de llegar al grado comisario con una antigüedad de 23 años.

c. Transgresión de la Ley 4 de 1992 y 180 de 1995.

1 Por el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. 2 Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

3 El acto demandado vulneró “…los principios, valores, y fines del Estado Colombiano, que, en el caso concreto, se materializan en la Ley 4 de 1992 y 180 de 1995, en los cuales se dispone claramente que a los integrantes de la Policía Nacional

Colombiano, que, en el caso concreto, se materializan en la Ley 4 de 1992 y 180 de 1995, en los cuales se dispone claramente que a los integrantes de la Policía Nacional quienes, encontrándose en servicio activo, ingresaron al escalafón de carrera del nivel ejecutivo, por homologación no pueden ser desmejorados ni discriminados en ningún aspecto”.

Las reformas introducidas al régimen aplicable a los agentes de la Policía Nacional no pueden desconocer los derechos adquiridos y las expectativas legítimas.

d. Vulneración de los derechos fundamentales de mi poderdante por aplicación retroactiva de normas inexistentes al momento de consolidarse el derecho de mi poderdante y la condición más beneficiosa.

Se aplicó retroactiva mente el Decreto 1791 de 2000, desconociendo los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 46 y 53 de la Constitución Política.

e. Excepción de inconstitucionalidad.

“Teniendo en cuenta que, el debate central no gira en torno a la legalidad del decreto 1791 de 2000, modificado por la ley 1792 de 2016, sino a su incorrecta aplicación, la cual resulta francamente vulneratori a de los derechos fundamentales de mi poderdante, razón por la cual es necesario que se lleve a cabo la aplicación de la figura conocida como excepción de inconstitucionalidad, para efectos de que sean inaplicadas al caso en concreto”.

4. La oposición.

Luego de referirse a cada uno de los hechos, la parte accionada se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000, el

4. La oposición.

Luego de referirse a cada uno de los hechos, la parte accionada se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 1791 de 2000 , “Por el cual se modificó las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional” , norma que derogó el Decreto Ley 132 de 1995.

El demandante ingresó como patrullero (r esolución 00225 del 1º de febrero de 1997), luego ascendió a subintendente (resolución 03170 del 1º de septiembre de 2001), intendente (r esolución 03065 del 1º de septiembre de 2011) e intendente jefe (resolución 04414 del 7 de septiembre de 2018).

En consecuencia, en la fecha en que el accionante ingresó al grado de intendente se encontraba vigente el Decreto Ley 1791 de 2000 , cuyo artículo 5º estableció la siguiente jerarquía del nivel ejecutivo (creó el grado de intendente jefe entre los grados intendente y subcomisario): a)Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

4 comisario, b) subcomisario, c) intendente jefe, d) intendente, e) subintendente y f) patrullero.

Así mismo, el parágrafo 2º del artículo 23, ibídem, dispuso “que los Intendentes que cumplieran antigüedad para ascenso hasta en el mes de septiembre

subintendente y f) patrullero.

Así mismo, el parágrafo 2º del artículo 23, ibídem, dispuso “que los Intendentes que cumplieran antigüedad para ascenso hasta en el mes de septiembre del año 2001, si podrán ser ascendidos al grado de Subcomisario en forma directa y que para aquellos cuya fecha fiscal se cumpla con posterioridad a dicho mes, podrán ser ascendidos al grado de Intendente Jefe, para el caso del demandante se tiene que para el mes de septiembre de 2001 solo ostentaba el grado de Subintendente, es decir, que no era Intendente, por lo que el demandante no podía haber ascendido en forma directa a Subcomisario”.

En ese orden de ideas, el acto acusado fue expe dido por la autoridad competente y de acuerdo con las normas vigentes.

Como el demandante controvierte la normatividad que creó la nueva estructura jerárquica de la Policía Nacional ( Decreto Ley 1791 de 2000, Ley 1168 de 2007 y Ley 1405 de 2010 ), debió p romover el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad y no el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones indebida escogencia de la acción e inexistencia de fundamentos legales, jurisprudencial y respaldo probatorio que soporten las pretensiones.

5. La audiencia inicial y alegatos de conclusión.

La audiencia inicial se llevó a cabo el 12 de febrero de 2020. En la misma, el a quo fijó el litigio, decretó pruebas y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte actora.

el a quo fijó el litigio, decretó pruebas y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte actora.

No se pronunció.

b. Parte demandada.

Reiteró los argumentos esbozados al contestar la demanda.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

6. El fallo impugnado.

El 12 de febrero de 2020 el a quo denegó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

5

Como fundamento, destaca que en el estado democrático de derecho existe tridivisión de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) , y que a l segundo le corresponde expedir normas de carácter general , de acuerdo con las necesidades de la sociedad; las cuales, por regla general, rigen a futuro.

Precisó que el derecho adquirido se caracteriza porque la situación jurídica se encuentra definida y consolidada (el derecho ingresa al patrimonio de una persona). Por su parte, la expectativa legítima es una institución que protege la confianza de la persona en la ley y en la probabilidad de adquirir un derecho (se protege con los regímenes de transición). La mera expectativa es un anhelo o una esperanza, porque la persona no cumple los requisitos ni se encuentra próximo a cumplirlos.

En el presente caso no existe un conf licto normativo, porque la Ley 578 de 2000 y el Decreto Ley 1791 de 2000 derogaron expresamente la Ley

los requisitos ni se encuentra próximo a cumplirlos.

En el presente caso no existe un conf licto normativo, porque la Ley 578 de 2000 y el Decreto Ley 1791 de 2000 derogaron expresamente la Ley 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995; siendo del caso recordar, que en materia de empleo público, la ley puede regir situaciones no consolidadas y en las que no existe una expectativa legítima.

En esa medida, el demandante no tenía el rango inmediatamente anterior para ascender al grado comisario en el año 2001.

Así mismo, no procede la excepción de inconstitucionalidad, como quiera que no se encuentra acreditado el descono cimiento de principios o derechos fundamentales.

7. La impugnación.

Inconforme, la parte demandante interpuso el recurso de apelación , formulando los siguientes reparos:

a. El régimen jurídico aplicable a los ascensos del demandante era el Decreto 132 de 1995, porque ingresó a la institución el 11 de febrero de 1996 y tenía la expectativa legítima de llegar al grado comisario, con una antigüedad de 23 años.

b. El acto ac usado desconoció las Leyes 4ª de 1992 y 180 de 1995 ; las cuales, preceptúan que los integrantes de la Policía Nacional en servicio activo que ingresaran al escalafón de carrera del nivel ejecutivo, no podían ser desmejorados o discriminados.

c. Procede la inaplicación deprecada, porque el cambio de las reglas de ascenso, implica la violación del debido proceso constitucional.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

6

c. Procede la inaplicación deprecada, porque el cambio de las reglas de ascenso, implica la violación del debido proceso constitucional.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

6

8. Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a. Parte demandante.

No se pronunció.

b. Parte demandada.

Reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la demanda.

c. Ministerio Público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1. La competencia del ad quem.

De acuerdo con las preceptivas consagradas en el artículo 153 del Cpaca, esta corporación es competente para resolver el recurso de apelación instaurado contra el fallo de primera instancia; amén de que no se advierten falencias sustanciales o adjetivas que invaliden la actuación.

En razón a que el fallo solo fue impugnado por la parte demandante; al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso3, sólo se abordará el análisis de los argumentos esbozados en el escrito contentivo del recurso.

2. El problema jurídico.

El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar el fallo de primera instancia; en particular: i) precisar si el ascenso del demandante se regulaba por el Decreto 132 de 1995; ii) si hay lugar a inaplicar por inconstitucional el artículo 23 del Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000, modificado por los artículos 8º de la Ley 1405 de 2010 y 7º de la Ley 1792 de 2016 y,

el artículo 23 del Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000, modificado por los artículos 8º de la Ley 1405 de 2010 y 7º de la Ley 1792 de 2016 y, iii) si el acto acusado soslayó la s Leyes 4ª de 1992 y 180 de 1995

3Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante úni co, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

7 (desmejoramiento de los policías que ingresaron al escalafón de carrera del nivel ejecutivo).

3. Lo probado.

En el sub lite se encuentra acreditado lo siguiente:

a. El 15 de febrero de 1996 el demandante ingresó a la Escuela de Policía Simón Bolívar.

b. El 29 de enero de 1997 ingresó al nivel ejecutivo, en el grado patrullero

a. El 15 de febrero de 1996 el demandante ingresó a la Escuela de Policía Simón Bolívar.

b. El 29 de enero de 1997 ingresó al nivel ejecutivo, en el grado patrullero (resolución 00225).

c. El 31 de agosto de 2001 fue ascendido al grado subintendente (resolución 03170).

d. El 31 de agosto de 2011 fue ascendido al grado intendente (resolución 03065).

e. El 31 de agosto de 2018 fue ascendido al grado intendente jefe (resolución 04414).

4. Vigencia de ley en el tiempo.

De acuerdo con la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado4, en el derecho colombiano existen las siguientes reglas generales de aplicación de las leyes , a partir de su vigencia (efecto hacia futuro, protección de derechos adquiridos y expectativas legítimas, irretroactividad de la ley penal, entre otros):

“1°. Todas las leyes se aplican hacia el futuro a partir de su vigencia, en el entendido de que no pueden desconocer los derechos adquiridos o situaciones consolidadas y que producen efectos de manera inmediata sobre las meras expectativas y las situaciones en curso.

2°. Constitucionalmente existen dos límites expresos en cuanto a los efectos de las nuevas leyes que debe respetar el legislador: la existencia de derechos adquiridos con justo título en el artículo 58 constitucional y la irretroactividad legal en materia penal del artículo 29. Como excepción que confirma la regla, el artículo 58 permite el sacrificio de los derechos adquiridos con justo título “por motivos de utilidad pública o interés social”, previa indemnización.

artículo 29. Como excepción que confirma la regla, el artículo 58 permite el sacrificio de los derechos adquiridos con justo título “por motivos de utilidad pública o interés social”, previa indemnización.

3°. El legislador puede definir la forma como cada ley en particular entra a regir, especialmente en relación con las situaciones en curso, estableciendo, si lo considera conveniente, un conjunto de reglas conocidas bajo el nombre de “régimen de transición,”

4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Enrique José Arboleda Perdomo. Providencia del 27 de julio de 2011 . Radicación 11001 -03-06-000-2011-00040-00(2064), Actor: Ministerio del Interior y de Justicia.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

8 que básicamente determinan las situaciones en curso sobre las cuales la ley derogada tiene efecto ultractivo, y en las cuales la ley nueva tiene efecto inmediato.

4°. Ante el silencio del legislador sobre la aplicación de la nueva ley a las situaciones en curso, y sin que implique desconocer la vigencia, suele acudirse a las reglas contenidas en el Código Civil y en la ley 153 de 1887…” (subra la sala).

5. Análisis de fondo.

Descendiendo al asunto sub examine, tomando como marco de reflexión los cargos formulados, bajo el alero d el anterior marco normativo y jurisprudencial, es pertinente puntualizar lo siguiente:

a. Se encuentra acreditado que el señor Yilibet López Correa ingresó a la Escuela de Policía Simón Bolívar el 15 de febrero de 1996 y el 29 de enero

jurisprudencial, es pertinente puntualizar lo siguiente:

a. Se encuentra acreditado que el señor Yilibet López Correa ingresó a la Escuela de Policía Simón Bolívar el 15 de febrero de 1996 y el 29 de enero de 19 97 fue incorporado en el nivel ejec utivo en el grado patrullero (resolución 00225).

En ese momento se encontraba vigente la Ley 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995; que regulaban la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional , y en las mismas se estableció la siguiente jerarquía: comisario, subcomisario, intendente, subintendente y patrullero.

b. En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 578 de 2000, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1791 de 2000, “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Naciona l”, cuyo artículo 5º creó en el nivel ejecutivo el grado intendente jefe (entre subcomisario e intendente). Norma que entró a regir el 14 de septiembre de 2000.

c. Con fundamento en este nuevo marco normativo, el accionante fue ascendido al grado subintendente (así se indica en los considerandos de la resolución 03170 del 31 de agosto de 2001).

En efecto, en el parágrafo 4º del artículo 21, ibídem, se establec en los requisitos para que los patrulleros del nivel ejecutivo en servicio activo concursen para ingresar como subintendentes (5 años en servicio en ese grado, entre otros); exceptuando a los patrulleros que cuando entró en

requisitos para que los patrulleros del nivel ejecutivo en servicio activo concursen para ingresar como subintendentes (5 años en servicio en ese grado, entre otros); exceptuando a los patrulleros que cuando entró en vigencia la norma cumplieran la antigüedad para ascender (hasta el mes de septiembre de 2001).

d. Los ascensos del demandante a los grados intendente (resolución 03065 del 31 de agosto de 2011) e intendente jefe (resolución 04414 del 31 de agosto de 2018 ), se r egularon por el nuevo marco normativo descrito.Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

9 e. En ese orden de ideas , es menester colegir que cuando entró en vigencia el D ecreto 1791 de 2000, el demandante tenía una mera expectativa de llegar al grado comisario; en los términos del Decreto 132 de 1995, porque en ese momento se encontraba ad portas de aspirar a ascender al grado subintendente; como quiera que no fungía en el grado inmediatamente anterior al de comisario (subcomisario).

f. En la medida en que el actor no ostentaba un derecho adquirido ni una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima de alcanzar el grado reclamado; de acuerdo con las preceptivas y las reglas mencionadas en el acápite anterior, el Decreto 1791 de 2000 afecta su situación jurídica a futuro, toda vez que no se puede aplicar ultractivamente la Ley 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995 (normas expresamente derogadas).

g. De igual manera, no se demostró que el tránsito normativo desmejorara

a futuro, toda vez que no se puede aplicar ultractivamente la Ley 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995 (normas expresamente derogadas).

g. De igual manera, no se demostró que el tránsito normativo desmejorara la situación salarial y prestacional que hasta ese momento gozaba el demandante (Leyes 4ª de 1992 y 180 de 1995 ). A contrario sensu, las pruebas allegadas permiten inferir, que bajo el nuevo marco normativo logró ascender a subintendente, intendente e intendente jefe, mejorando su posición dentro de la entidad.

h. Por las mismas razones (ausencia de vulneración de principios y garantías iusfundamentales), considera la sala que no hay lugar a aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 23 del Decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000, modificado por los artículos 8º de la Ley 1405 de 2010 y 7 de la Ley 1792 de 2016 (tiempo mínimo de servicio en cada grado).

1. Merced a lo anterior, se confirmará la providencia impugnada.

6. Costas.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA (adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021), no se condenará en costas de segunda instancia, porque no se advierte que la demanda carezca de forma manifiesta de fundamento legal.

7. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Cuarta de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y autoridad de la ley,Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y autoridad de la ley,Yilibet López Correa vs Policía Nacional 41001-33-33-006-2019-00124-01

10

F A L L A:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva el 12 de febrero de 2020.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TECERO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen.

Notifíquese.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAMIRO APONTE PINO JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente

ENRIQUE DUSSÁN CABRERA

Magistrado