TA PUT - Sentencia 860013333001-2025-00057-01 (26-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

SALA UNITARIA

Magistrado Ponente: MANUEL ALÍ RODRÍGUEZ MUSTAFÁ

Mocoa, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 860013333001-2025-00057-01 Referencia Acción de Tutela Accionante AUDINCO LTDA representada por Bairon Enrique Muñoz Lizarazo Accionados Asociación Agropecuaria Musu Pakarii Agencia de Desarrollo Rural – en adelante ADRMinisterio Público PROCURADORA 156 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Tema Tutela en derecho de petición en el marco de controversias precontractuales

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por AUDINCO LTDA, contra la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025), por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. – CONCEDER la protección constitucional del derecho fundamental de petición solicitado por el señor BAIRON ENRIQUE MUÑOZ LIZARAZO C.C.7.177.6349 – REPRESENTNATE LEGAL DE AUDINCO LTDA NIT 900276791, quien actúa a nombre propio, e interpone ACCIÓN DE

TUTELA en contra del ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSU PAKARII Nit

9010101285LEIDY NATALIA MELO ACOSTA y AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR. por las razones expuestas en la presente providencia.

9010101285LEIDY NATALIA MELO ACOSTA y AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR. por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al presidente de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) Dr. CÉSAR AUGUSTO PACHÓN ACHURY, para que de manera directa o a quien se haya delegado para tal fin, y a la Representante Legal: LEIDY NATALIA MELO ACOSTAASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSU PAKARII Nit 901010128-5o quien haga sus veces que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de la presente decisión, procedan a dar respuesta de fondo, oportuna, congruente, a cada una de las pretensiones solicitada en el derecho de petición de fecha mar 20/05/2025 11:21AM, radicada de manera electrónicos a los correos

utt.pasto@adr.gov.co , proyectos@musupakarii.co denuncias@adr.gov.co notificacionesjudiciales@adr.gov.co, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Para verificar el cumplimiento de lo ordenado, la entidad deberá remitir a este juzgado copia de constancia de su comunicación efectiva al tutelante, la cual deberá ser enviada a los correos electrónicos baironeml@gmail.com asesorsema@hotmail.com”Radicación: 860013333001-2025-00057-01

Demandante: AUDINCO LTDA

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/

Demandante: AUDINCO LTDA

Carrera 7A No. 15 – 53 Barrio Olímpico – Mocoa (P) Acceso Ventanilla Virtual - SAMAI: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/

Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co

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II. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Solicitud de tutela. 1.2. Hechos relevantes y pretensiones. 1.3. Posición de las partes accionadas y vinculadas. 1.4.

Fallo de primera instancia e impugnación.

1.1. Solicitud de tutela

1. El 26 de mayo de 2025, el accionante presentó acción de tutela contra el Asociación Agropecuaria Musu Pakarii y la ADR, alegando la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, petición y acceso a la administración de justicia, en el marco de un proceso de selección contractual adelantado por los accionados con ocasión a que la propuesta del accionante fue rechazada de manera injustificada, sin que se le permitiera ejercer su derecho de defensa ni acceder a la información y etapas procesales previstas en los términos de referencia, lo que habría afectado la transparencia y legalidad del procedimiento de selección para la adjudicación de un contrato financiado con recursos públicos.

1.2. Hechos relevantes y pretensiones

2. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se

sintetizan los siguientes:

3. Menciona el accionante que, la ADR aprobó la cofinanciación del proyecto mediante resolución en el marco del “PROYECTO INTEGRADOR DE

sintetizan los siguientes:

3. Menciona el accionante que, la ADR aprobó la cofinanciación del proyecto mediante resolución en el marco del “PROYECTO INTEGRADOR DE

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS

MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN PDET PUTUMAYO, PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL EN EL MARCO DEL PIDAR 292 DE 2024" , y la Asociación Agropecuaria Musu Pakarii fue la encargada de adelantar el proceso de selección bajo reglas de derecho privado, pero con recursos públicos y sometida a los principios de función pública y gestión fiscal. AUDINCO LTDA participó en la convocatoria, presentó observaciones y cumplió con los requisitos exigidos en los términos de referencia, sin embargo, no recibió respuesta a sus observaciones ni a los derechos de petición presentados.

4. Posteriormente, la oferta de AUDINCO LTDA fue rechazada, argumentando que no cumplía con el requisito de experiencia mínima exigida. El accionante sostiene que la evaluación fue errónea y que no se garantizó la transparencia ni la publicidad de los informes de evaluación, omitiendo etapas procesales esenciales como la solicitud y verificación de subsanaciones y la publicación de resultados.

Además, denuncia que la ADR guardó silencio frente a las solicitudes y observaciones presentadas, lo que constituye una vulneración al derecho de petición.

5. Finalmente, el accionante fundamenta su solicitud en la necesidad de restablecer sus derechos fundamentales, solicitando al juez que ordene a losRadicación: 860013333001-2025-00057-01

Demandante: AUDINCO LTDA

5. Finalmente, el accionante fundamenta su solicitud en la necesidad de restablecer sus derechos fundamentales, solicitando al juez que ordene a losRadicación: 860013333001-2025-00057-01

Demandante: AUDINCO LTDA

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Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 3 accionados cumplir con las condiciones y reglas establecidas en los términos de referencia, evaluar y habilitar la propuesta presentada por AUDINCO LTDA conforme a los requisitos legales y contractuales.

6. A título de amparo constitucional, la parte accionante adujo las siguientes

pretensiones (se trascribe):

“PRIMERA: Con el fin de garantizar restablecer mis derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la justicia y el Derecho de petición, respetuosamente solicito al Juez de la República con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a la A ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUSU PAKARII y a la Agencia de Desarrollo Rural que se cumplan las condiciones y reglas. Los tiempos y etapas establecidas en los términos de referencia, se evalué y habilite la propuesta presentada por AUDINCO LTDA dentro de los términos de referencia publicados en la pagina web de la Agencia de Desarrollo Rural.

SEGUNDA Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al derecho de

presentada por AUDINCO LTDA dentro de los términos de referencia publicados en la pagina web de la Agencia de Desarrollo Rural.

SEGUNDA Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, al derecho de defensa y debido proceso, en su dimensión del derecho a ser oído y de contradicción, al principio del juez natural, al derecho de acceso a la justicia material, al principio de legalidad, y a ser juzgado con leyes preexistentes al acto que se le imputa.

TERCERA: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al Juez de la República, el ordenar todo lo que el despacho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mi derecho fundamental de Petición.

CUARTA : Que se PREVENGA a la autoridad accionada para que en el futuro no siga vulnerando los derechos fundamentales conculcados” (sic)

1.3. Posición de las partes accionadas y vinculadas

7. La Sala realizará una síntesis de la posición asumida por las partes

accionadas y vinculadas así:

8. En su escrito la Asociación Agropecuaria Musu Pakarii, manifiesta que la ADR aprobó la cofinanciación del proyecto mencionado y que los Términos de Referencia (TDR) fueron publicados el 30 de abril de 2025. Aclara que las observaciones presentadas por AUDINCO LTDA fueron extemporáneas, ya que se radicaron después de las 5:00 p.m. del 2 de mayo de 2025, y que la respuesta a dichas observaciones fue emitida dentro del plazo establecido. Asimismo, afirma que la propuesta de AUDINCO fue presentada el 7 de mayo de 2025, pero no cumplió con los requisitos habilitantes exigidos en los TDR, particularmente en lo

dichas observaciones fue emitida dentro del plazo establecido. Asimismo, afirma que la propuesta de AUDINCO fue presentada el 7 de mayo de 2025, pero no cumplió con los requisitos habilitantes exigidos en los TDR, particularmente en lo relacionado con la experiencia técnica mínima.

9. Asimismo, señala que el proceso se rige por el derecho privado, conforme a las disposiciones de la ADR, y que los TDR son documentos vinculantes que establecen los criterios objetivos de evaluación. En este sentido, la propuesta de AUDINCO fue descalificada por no acreditar contratos que cumplieran con el valorRadicación: 860013333001-2025-00057-01

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Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 4 mínimo exigido, lo cual fue comunicado oportunamente mediante el Comunicado 1 del 13 de mayo de 2025. Se sostiene que todas las actuaciones se realizaron conforme a los manuales internos de la ADR y en estricto cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad.

10. En cuanto al derecho de petición presentado por AUDINCO el 20 de mayo de 2025, señala que fue respondido de manera oportuna y fundamentada el 23 de mayo del mismo año. La Asociación rechaza las afirmaciones del accionante sobre una supuesta vulneración de derechos fundamentales, argumentando que en todo momento se garantizó el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la información.

mayo del mismo año. La Asociación rechaza las afirmaciones del accionante sobre una supuesta vulneración de derechos fundamentales, argumentando que en todo momento se garantizó el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la información.

11. Por su parte la ADR, rindió informe mediante el cual infiere que no tiene responsabilidad en la presunta vulneración de derechos fundamentales, puesto que, en su respuesta, la ADR aclara que el proceso de contratación fue adelantado conforme a los lineamientos del Manual de Ejecución PIDAR y el procedimiento PRIMP-004 V8. Enfatiza que los Términos de Referencia (TDR) fueron publicados el 30 de abril de 2025, y que el plazo para presentar observaciones vencía el 2 de mayo a las 5:00 p.m., frente a lo cual AUDINCO LTDA presentó sus observaciones a las 7:43 p.m. del mismo día, por lo que fueron consideradas extemporáneas y no tramitadas, sin que ello implique vulneración de derechos fundamentales.

12. La ADR sostiene que la propuesta presentada por AUDINCO LTDA el 7 de mayo de 2025 fue evaluada conforme a los criterios objetivos establecidos en los TDR, y fue descalificada por no acreditar la experiencia técnica mínima exigida, equivalente al 100% del valor del bloque, conforme al numeral 7.2.2 de los TDR.

Esta decisión fue comunicada mediante el Comunicado 1 del 13 de mayo de 2025.

13. Respecto al derecho de petición presentado por AUDINCO el 20 de mayo de 2025, se indica que fue respondido oportunamente por la Asociación Musu Pakarii el 23 de ese mismo mes y año, explicando de manera razonada las razones de la

13. Respecto al derecho de petición presentado por AUDINCO el 20 de mayo de 2025, se indica que fue respondido oportunamente por la Asociación Musu Pakarii el 23 de ese mismo mes y año, explicando de manera razonada las razones de la no habilitación de la propuesta. Igualmente aclara que no tenía la obligación de responder directamente a observaciones presentadas fuera de plazo, y que la organización ejecutora actuó conforme a su rol.

14. Finalmente, refiere que la acción de tutela es improcedente, dado que no se configura una vulneración real y actual de derechos fundamentales, y que existen mecanismos ordinarios de defensa judicial, como las acciones contenciosoadministrativas. Además, destaca que la tutela no puede ser utilizada para revivir etapas contractuales vencidas ni para sustituir decisiones técnicas adoptadas conforme a la normativa vigente.

1.4. Fallo de primera instancia e impugnación

15. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante fallo del treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025), analizó la presunta vulneraciónRadicación: 860013333001-2025-00057-01

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Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 5 del derecho fundamental de petición, al no haber recibido un respuesta clara, de fondo y congruente de la petición del 20 de mayo de 2025, dirigido a las entidades

Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 5 del derecho fundamental de petición, al no haber recibido un respuesta clara, de fondo y congruente de la petición del 20 de mayo de 2025, dirigido a las entidades accionadas, conforme a lo exigido por la Constitución y la Ley 1755 de 2015. Señala que el accionante en su solicitud, requería información relacionada con el proceso de evaluación de propuestas dentro del Proyecto PIDAR 292 de 2024, cofinanciado por la ADR. A pesar de haber recibido una respuesta parcial por parte de la Asociación Musu Pakarii el 23 de mayo de 2025, esta fue considerada por el a quo como insuficiente, ambigua y carente de análisis sustancial, pues a su juicio, reiteró la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de petición, señalando que su núcleo esencial exige una respuesta oportuna, clara, precisa, congruente y de fondo.

16. En contra de esa decisión, el representante legal de AUDINCO LTDA, en contexto de lo sucedido, presentó escrito de impugnación, pues insistió en los argumentos de la tutela refiriendo que el proceso de contratación adelantado por la Asociación Agropecuaria Musu Pakarii, en el marco del Proyecto PIDAR 292 de 2024, financiado con recursos públicos y regido por derecho privado, ha desconocido los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad, al omitir la evaluación adecuada de la propuesta presentada por AUDINCO LTDA. Alega que, pese a haber cumplido con los requisitos de experiencia establecidos en los términos de referencia, su propuesta fue rechazada sin justificación técnica ni legal.

la evaluación adecuada de la propuesta presentada por AUDINCO LTDA. Alega que, pese a haber cumplido con los requisitos de experiencia establecidos en los términos de referencia, su propuesta fue rechazada sin justificación técnica ni legal.

17. Asimismo, señala que los términos de referencia, publicados por la ADR, constituyen ley para las partes y deben ser cumplidos estrictamente, en ese orden de ideas, aduce que AUDINCO LTDA presentó tres contratos que, en conjunto, superan el valor exigido en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), conforme a lo estipulado en los pliegos. No obstante, las entidades accionadas desestimaron esta experiencia sin motivación suficiente, lo cual constituye una vulneración del debido proceso.

18. Igualmente denuncia la negativa reiterada de las entidades accionadas a permitir el ejercicio del derecho de petición, contradicción y defensa, al no facilitar el acceso a las demás propuestas ni responder de fondo las peticiones formuladas por AUDINCO LTDA. Esta conducta, habilita a esta Corporación a revisar la vulneración de los derechos fundamentales antes descritos, pues según el impugnante, evidencia parcialidad e interés indebido en el proceso de selección.

Arguye que con esta acción no busca la adjudicación del contrato, sino que se garantice una evaluación objetiva y conforme a los términos de referencia, permitiendo la competencia en igualdad de condiciones , reconociendo la experiencia presentada por AUDINCO LTDA, con el fin de que se le otorgándole el puntaje correspondiente evaluando objetivamente su propuesta. Nos habilita a revisar el derecho de petición.Radicación: 860013333001-2025-00057-01

Demandante: AUDINCO LTDA

puntaje correspondiente evaluando objetivamente su propuesta. Nos habilita a revisar el derecho de petición.Radicación: 860013333001-2025-00057-01

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II. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Competencia. 2.2. Planteamiento del problema jurídico. 2.3. Tesis de la sala. 2.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala. 2.5. Improcedencia de la acción de tutela para resolver controversias precontractuales. Reiteración de jurisprudencia. 2.6. Análisis y decisión del caso concreto.

2.1. Competencia

19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para conocer de la impugnación de las sentencias de tutela dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial.

2.2. Planteamiento del problema jurídico

20. Le corresponde a la Sala, en términos de la impugnación y la situación fáctica planteada, establecer si en el presente caso hay lugar a pronunciarse de fondo respecto del derecho fundamental amparado o, por el contrario, la tutela es improcedente debido a que no cumple con el requisito de subsidiaridad.

2.3. Tesis de la sala

21. Fijada la controversia, esta Sala anticipa que revocará la solicitud de amparo

improcedente debido a que no cumple con el requisito de subsidiaridad.

2.3. Tesis de la sala

21. Fijada la controversia, esta Sala anticipa que revocará la solicitud de amparo puesto que en la presente acción de tutela no se demostró el requisito de subsidiaridad que permita excepcionalmente amparar derechos fundamentales en el marco de controversias precontractuales.

2.4. Fundamentos jurídicos que soportan la tesis de la Sala

22. Con el fin de desatar la discusión planteada, la Sala inicialmente hará referencia a las normas y la jurisprudencia que regula la materia, para posteriormente adentrarse al estudio del caso concreto, así:

2.5. Improcedencia de la acción de tutela para resolver controversias precontractuales. Reiteración de jurisprudencia

23. El artículo 86 de la Constitución Política, establece el derecho de toda persona de acudir a la acción de tutela en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, mecanismo constitucional que tiene la finalidad de solicitar la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial para tal efecto o que ésta se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A partir de los anteriores supuestos, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha desarrollado las condiciones de procedibilidad que debe analizar el juez constitucional respecto del caso que ha sido sometido a su consideración.Radicación: 860013333001-2025-00057-01

Demandante: AUDINCO LTDA

jurisprudencia ha desarrollado las condiciones de procedibilidad que debe analizar el juez constitucional respecto del caso que ha sido sometido a su consideración.Radicación: 860013333001-2025-00057-01

Demandante: AUDINCO LTDA

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24. Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela, debe analizarse (i) si la persona respecto de la cual se predica la vulneración, es titular de los derechos invocados – legitimación por activa; (ii) que la presunta vulneración pueda endilgarse a la entidad o persona accionada – legitimación por pasiva; (iii) la acción de tutela puede ser instaurada “en todo momento”1, en el sentido de determinar que, si bien la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad, la misma si deber ser instaurada en un plazo razonable, que se analiza conforme a las particularidades de cada caso concreto2. Este requisito, a su vez, ha sido denominado por la jurisprudencia como inmediatez; y (iv) que el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o se busque obtener el amparo de forma transitoria – subsidiariedad. Sobre este último aspecto, es importante precisar que la tutela procede como mecanismo definitivo cuando (i) el accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial en el ordenamiento jurídico, o (ii) a pesar de contar con el mismo, este carece de idoneidad y eficacia para

importante precisar que la tutela procede como mecanismo definitivo cuando (i) el accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial en el ordenamiento jurídico, o (ii) a pesar de contar con el mismo, este carece de idoneidad y eficacia para proteger los derechos invocados.

25. Por su parte, procede como mecanismo transitorio cuando a pesar de existir un mecanismo idóneo para la protección de los derechos, este carece de eficacia para lograr la protección invocada. En este último caso, el accionante deberá acudir a la justicia dentro de los 4 meses siguientes al fallo ―si no lo ha hecho―, y este surtirá efectos hasta que se emita un fallo de fondo sobre la controversia.

26. La Corte Constitucional3 ha precisado que es improcedente la acción de tutela al existir acciones y procesos definidos en la ley para ello, como lo son las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. Así lo señaló:

“(…) “Improcedencia de la acción de tutela para revisar la etapa precontractual de un proceso de contratación estatal

3. Como se sabe bien la acción de tutela es una acción subsidiaria y residual que sólo procede (1) cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados; o (2) cuando, pese a la existencia del otro mecanismo, se requiere la urgente protección para evitar la consumación de un perjuicio irremediable sobre un derecho fundamental. Según la Corte, para que pueda hablarse de la existencia de un perjuicio irremediable es necesario que concurran una

serie de condiciones que se explican como sigue:

“La acción de tutela, como se señaló, también puede ser interpuesta como mecanismo

hablarse de la existencia de un perjuicio irremediable es necesario que concurran una serie de condiciones que se explican como sigue:

“La acción de tutela, como se señaló, también puede ser interpuesta como mecanismo transitorio aun ante la existencia de otro medio de defensa judicial4, siempre y cuando su finalidad no sea otra que la de evitar un perjuicio irremediable, el cual se estructura a partir de la existencia concurrente de ciertos elementos, a saber: la inminencia, el cual se relaciona con la exigencia de medidas inmediatas; la urgencia que tiene la persona por salir del perjuicio inminente; y, la gravedad de los hechos que hace 1 Corte Constitucional, sentencias SU-108 de 2018 y T-246 de 2015. 2 Corte Constitucional, entre otras, sentencias T–060 de 2019, T–291 de 2017, T–060 de 2016, T-246 de 2015, SU-189 de 2012, T–290 de 2011, T–792 de 2009 y SU–961 de 1999. 3 Corte Constitucional, sentencia T373 de 2007, MP: Jaime Córdoba Triviño 4 El artículo 8° del Decreto 2591 de 1991.Radicación: 860013333001-2025-00057-01

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Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 8 impostergable la tutela como un mecanismo indispensable para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales5.6

(…)

Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 8 impostergable la tutela como un mecanismo indispensable para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales5.6

(…)

4. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para controvertir actos precontractuales, la Corte Constitucional ha señalado que, en principio, esta acción no resulta procedente. En efecto, para la controversia de tales actos existen recursos ordinarios que tienen la idoneidad de evitar la consumación de los perjuicios iusfundamentales que puedan encontrarse comprometidos en el proceso. Por su importancia para el presente caso la Sala reproducirá la doctrina sentada en la SU-713 de 2006 sobre la materia: En particular en materia de contratos administrativos ha dicho

la Corte:

De los mecanismos contenciosos de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las irregularidades que se presenten en los actos precontractuales, entre ellos, el correspondiente al pliego de condiciones. (De la improcedencia por regla general de la acción de tutela)

19. Esta Corporación, en diversas ocasiones, ha reconocido que, en el trámite de un proceso licitatorio, y en concreto, en el contenido del pliego de condiciones, es posible que los derechos fundamentales de por lo menos uno de los proponentes, sean eventualmente objeto de amenaza o violación. Sin embargo, de igual manera, en todas esas oportunidades, ha concluido que el ordenamiento jurídico reconoce otros mecanismos de defensa judicial para obtener su debida protección, dejando a salvo la procedencia de la acción de tutela, para aquellos casos en que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable7. Precisamente se ha admitido que el artículo

mecanismos de defensa judicial para obtener su debida protección, dejando a salvo la procedencia de la acción de tutela, para aquellos casos en que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable7. Precisamente se ha admitido que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, conforme a las modificaciones realizadas por la Ley 446 de 1998, establece distintos medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales que resulten vulnerados por los actos previos a la celebración de un contrato estatal, así dicha disposición reconoce: (i) Que los actos precontractuales y con ocasión de la actividad contractual, son demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación, y que, (ii) una vez celebrado el negocio contractual, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato, por intermedio de la acción contractual. En todo caso, según el mismo artículo 87 del C.C.A., la interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato8.

Ahora bien, la ley establece la posibilidad de acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya sea en ejercicio de la acción de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, o a través de la acción contractual, con el propósito de controvertir la validez de dichos actos administrativos precontractuales al margen de su alcance general o particular.

Cuando se acude a la Justicia Administrativa, para demandar la validez de un acto administrativo, por cualquiera de los medios anteriormente señalados,

margen de su alcance general o particular.

Cuando se acude a la Justicia Administrativa, para demandar la validez de un acto administrativo, por cualquiera de los medios anteriormente señalados, independientemente de que corresponda a actos proferidos durante el proceso licitatorio o en las fases de ejecución o liquidación del contrato, es viable proponer la suspensión provisional de sus efectos, en los términos y condiciones del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, aliviando temporalmente la afectación que 5 Corte Constitucional T-225/93, T-789/00, SU544/01, SU1070/03. 6 T613 de 2005 7 Corte Constitucional T-147 de 1996, T-154 de 1998, T-312 de 1999, T-724 de 2003, T-021 de 2005 y T-337 de 2005. 8 Corte Constitucional, sentencia C-1048 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.Radicación: 860013333001-2025-00057-01

Demandante: AUDINCO LTDA

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Correo Electrónico: scrtadmput@cendoj.ramajudicial.gov.co 9 sobre los derechos fundamentales de los proponentes, se producirían de continuar su ejecución (C.P. art. 238).

(…)

La razón que fundamenta la procedencia de la suspensión provisional frente a los actos administrativos precontractuales se encuentra en que la propia Constitución en el artículo 238 Superior, le otorga un carácter general a dicha medida cautelar frente a

(…)

La razón que fundamenta la procedencia de la suspensión provisional frente a los actos administrativos precontractuales se encuentra en que la propia Constitución en el artículo 238 Superior, le otorga un carácter general a dicha medida cautelar frente a toda clase de actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, incluidos por supuesto aquellos proferidos en el procedimiento de formación de la voluntad contractual de la Administración, con sujeción exclusivamente a los motivos y requisitos que establezca el legislador. Quien, ademá s, conforme a lo previsto en el artículo 152 del C