TA RIS - Sentencia 66001233300020240013300-(28-10-2026)

Tribunal Administrativo de Risaralda

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Detalles

Título
TA RIS - Sentencia 66001233300020240013300-(28-10-2026)
Autor
Tribunal Administrativo de Risaralda
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS HINCAPIÉ MEJÍA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00

Protección de derechos e intereses colectivos Accionantes: Guillermo Márquez Vargas y Juan David Rueda Accionados: Municipio de Dosquebradas y otros

Coadyuvante: Cotty Morales Caamaño y Julio César Durán Morales

I. ANTECEDENTES

Los señores Guillermo Márquez Vargas y Juan David Rueda , actuando en nombre propio, presentaron demanda en ejercicio de la acción popular 1 consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política en contra del Municipio de Dosquebradas; la Dirección de Gestión de Riesgo de Dosquebradas ; la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER); la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo Risaralda; la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD); el Consorcio Box Dosquebradas, y el Grupo Civilec S.A.S. , con el fin de que se garantice la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos , que considera han sido transgredidos por las entidades demandadas, con fundamento en los siguientes:

II. HECHOS

Como presupuestos fácticos para sustentar sus pretensiones la parte actora indicó los que se resumen así2:

considera han sido transgredidos por las entidades demandadas, con fundamento en los siguientes:

II. HECHOS

Como presupuestos fácticos para sustentar sus pretensiones la parte actora indicó los que se resumen así2:

1 La cual en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, es denominada como el medio de control de «Protección de los derechos e intereses colectivos», pero que en esta providencia va a ser llamada acción popular, dado que en la Constitución Política de 1991 así fue consagrada (artículo 88). 2 Págs. 2 y ss. del Archivo 01 del exp. dig.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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2.1. El municipio de Dosquebradas suscribió contrato de Obra Pública No. 904 del 21 de febrero de 2023 con el Consorcio Box Dosquebradas.

2.2. El acta de inicio de obra se firmó el 6 de marzo de 2023.

2.3. Según indican los demandantes, para el momento del vencimiento del contrato el 6 de marzo de 2024, se había ejecutado un 47% de la obra, se habían desembolsado $8.000 millones de pesos y se había prorrogado por dos meses más.

2.4. Relatan que, la comunidad, constituida por cerca de 120 familias, se ha visto afectada por inundaciones ocasionadas por la ejecución de las obras contratadas, en particular, la reconstrucción del box culvert en el sector de los barrios El Japón y la Aurora.

2.5. Debido a lo anterior, l a comunidad afectada manifestó sus inconformidades al contratista respecto de la ejecución de la obra sin recibir respuesta.

en particular, la reconstrucción del box culvert en el sector de los barrios El Japón y la Aurora.

2.5. Debido a lo anterior, l a comunidad afectada manifestó sus inconformidades al contratista respecto de la ejecución de la obra sin recibir respuesta.

2.6. Frente a las reclamaciones extendidas por la comunidad el 21 de febrero de 2024, a la alcaldía y la DIGER de Dosquebradas solicitando intervención inmediata, la alcaldía guardó silencio y la DIGER , en criterio de los accionantes, no ofreció soluciones suficientes.

2.7. La Contraloría Municipal mediante respuesta del 1º de marzo , manifestó que, en cumplimiento de su misión institucional, estaría llevando a cabo el proceso de auditoría del contrato No. 904 a través de la actuación especial de fiscalización AEF 025-2023.

2.8. En esa misma fecha, los demandantes presentaron denuncia ante la alcaldía municipal incluyendo peticiones y un listado de 54 person as. Las cuales fueron respondidas mediante oficio del 11 de marzo de 2024 sin que, a su juicio, se brindaran soluciones efectivas.

2.9. En reunión del 7 de marzo de 2024, los lideres comunitarios, la DIGER y el Contratista Box Dosquebradas, llegaron a diversos acuerdos que luego fueron desconocidos por las entidades y la interventora.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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2.10. El día 15 de marzo, la Contraloría Municipal de Dosquebradas realizó visita técnica al sitio de la obra, durante dicha diligencia, se presentó una fuerte lluvia que

Acción Popular

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2.10. El día 15 de marzo, la Contraloría Municipal de Dosquebradas realizó visita técnica al sitio de la obra, durante dicha diligencia, se presentó una fuerte lluvia que ocasionó la inundación de las viviendas de la comunidad mientras el funcionario aún estaba presente en el lugar.

2.11. La Comisión de Moralizaci ón de Risaralda tras reunión llevada a cabo el 22 de marzo de 2024, solicitó al director general de la unidad para la gestión del riesgo de desastres y al alcalde de Dosquebradas información prioritaria con ocasión de los riesgos a los que se encontraba expuesta la población de esa localidad debido a la inestabilidad que comenzaba a presentarse en las viviendas cercanas.

2.12. El día 27 de marzo de 2024, los accionantes en calidad de l íderes comunitarios, se reunieron con el alcalde de la administración municipal para exigirle el cumplimiento del fallo del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira del 28 de febrero de 2023 que le ordenó al municipio de Dosquebradas realizar obras de mitigación y limpieza del cabezote o boca del Box antiguo para evitar inundaciones en el sector del barrio Aurora – Japón de Dosquebradas. Según indican, frente a sus peticiones el alcalde únicamente manifestó que analizaría la sentencia con sus abogados.

2.13. Manifiestan los accionantes que, pese a haber agotado todas las vías de diálogo, no han tenido resultados positivos encaminados a solucionar la problemática que aqueja a su comunidad, por el contrario, han sido víctimas de estigmatizaciones, discriminación, atropellos, chantajes e intimidación por las partes

diálogo, no han tenido resultados positivos encaminados a solucionar la problemática que aqueja a su comunidad, por el contrario, han sido víctimas de estigmatizaciones, discriminación, atropellos, chantajes e intimidación por las partes del contrato de obra pública.

2.14. Refieren que, hasta el momento en el que se instauró el mecanismo de protección popular, 15 casas se ha bían visto afectadas , número que podría aumentar de no tomar las medidas correctivas correspondientes.

2.15. En criterio de los accionantes, l a problemática expuesta ha generado intranquilidad en la comunidad, depresión en los adultos mayores y molestias en la población.

2.16. Finalmente, aduce que el contratista solicitó a los damnificados firmar un documento ile gal para poder acceder a un auxilio económico de arriendo, negándose a entregar copia de este a los residentes involucrados.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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III. INTERESES O DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS

Señala la parte demandante que las actuaciones y omisiones atribuidas a las entidades accionadas han generado la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la moralidad administrativa; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública ; al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la prevención de desastres previsibles técnicamente ; así como a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con sujeción a las disposiciones jurídicas vigentes, de manera ordenada y privilegiando

eficiente y oportuna; a la prevención de desastres previsibles técnicamente ; así como a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos con sujeción a las disposiciones jurídicas vigentes, de manera ordenada y privilegiando la calidad de vida de los habitantes3.

IV. PRETENSIONES

En el presente proceso se solicitó4:

«PRIMERA: Se amparen los derechos colectivos contenidos en los literales, a) -b)- g)-h), j), I) y m) del artículo 4 de la ley 472 de 1998. Y se declare que han sido vulnerados por acción u omisión por el municipio de Dosquebradas, el contratista e interventoría.

SEGUNDA: Ordenar al municipio de Dosquebradas representado por su Alcalde

municipal y sus dependencias:

2.1.- Ordenar al municipio de Dosquebradas cesar todo tipo de perturbación a los derechos colectivos, toda vez que existe un verdadero riesgo de vulneración concordante con los derechos fundamentales de los habitantes de toda la comunidad del barrio Aurora-Japón.

2.2Ordenar al alcalde de Dosquebradas, ROBERTO JIMENEZ, dejar de expresar, como lo ha hecho en los medios de comunicación, que somos unos invasores; el 99% de las viviendas tenemos las respectivas matriculas. Anexamos audio de la emisora Tropicana.

2.3-Ordenar al alcalde que demuestre a través de documento por escrito donde termina el Box -Dosquebradas en la quebrada frailes. Previendo que no vayan a dejar inconclusa dicha obra.

2.4Ordénese a la secretaria de Salud Pública, realizar de inmediato campaña de

termina el Box -Dosquebradas en la quebrada frailes. Previendo que no vayan a dejar inconclusa dicha obra.

2.4Ordénese a la secretaria de Salud Pública, realizar de inmediato campaña de desratización, control de vectores y demás acciones que eviten una epidemia de dengue u otra.

TERCERA: Ordénese a la alcaldía del municipio de Dosquebradas realizar el

cambio del alcantarillado de la calle 11 A con cra.20 y así evitar las constantes inundaciones de este sector.

3 Pág. 7 Ibid. 4 Págs. 8 y ss. Ibid.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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CUARTA: Ordénese a la alcaldía, contratista e interventoría Indemnizar económicamente a toda la comunidad del barrio Aurora por daños y perjuicios ocasionados por las inundaciones y las malas técnicas de construcción.

QUINTA: Condenar en costas, expensas y honorarios del proceso y en favor de los suscritos y la comunidad de aurora -Japón, a las entidades públicas o privadas responsables de estas amenazas a los derechos colectivos de la comunidad antes referenciada»

V. INTERVENCIONES DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS

El Municipio de Dosquebradas se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar que no existe prueba suficiente que acredite una acción u omisión atribuible a la entidad territorial capaz de vulnerar los derechos e intereses colectivos invocados . En consecuencia, sostuvo que la acción popular resulta improcedente, por cuanto la demanda carece de sustento probatorio suficiente y no

atribuible a la entidad territorial capaz de vulnerar los derechos e intereses colectivos invocados . En consecuencia, sostuvo que la acción popular resulta improcedente, por cuanto la demanda carece de sustento probatorio suficiente y no identifica una conducta específica del municipio que haya generado la afectación alegada5.

Propuso como excepciones «Improcedencia de la acción por falta de medios de convicción», «Improcedencia de la acción frente al municipio de Dosquebradas» y cualquier excepción que se encuentre probada.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER contestó la demanda señalando 6, en primer término, que ni de los hechos expuestos ni del material probatorio obrante en el expediente se desprende vulneración alguna de derechos e intereses colectivos atribuible a la entidad. En ese sentido, precisó que, si bien no se opone a las prete nsiones formuladas por la parte actora por no estar dirigidas en su contra, rechaza cualquier eventual condena que pueda imponérsele con ocasión de su vinculación al presente trámite. Asimismo, sostuvo que ha cumplido las competencias constitucionales y legales que le corresponden, particularmente las relacionadas con la asesoría y el acompañamiento técnico brindados en la ejecución del contrato de obra pública destinado a las obras de mitigación de la quebrada Agüita Montebonito, entre los barrios Japón y La Aurora del municipio de Dosquebradas.

Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva , al considerar que la construcción de obras civiles o de

5 Archivo 023 del exp. dig. 6 Archivo 025 del exp. dig.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

la causa por pasiva , al considerar que la construcción de obras civiles o de

5 Archivo 023 del exp. dig. 6 Archivo 025 del exp. dig.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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infraestructura excede el ámbito de sus competencias, las cuales se circunscriben a labores de asesoría y acompañamiento técnico. A su juicio, las funciones de ejecución, planificación y prevención de desastres corresponden al municipio dentro de su jurisd icción, mientras que la intervención de la CARDER, en su calidad de autoridad ambiental, tiene un carácter complementario y subsidiario, orientado a la gestión del riesgo desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD7 compareció al proceso mediante escrito de contestación extemporáneo8.

El Departamento de Risaralda , notificado por conducta concluyente 9, solicitó su desvinculación del trámite y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en su contra10. Como fundamento de su defensa, sostuvo que no existe acción u omisión atribuible a la entidad departamental relacionada con los hechos objeto de la demanda, ni participación administrativa, financiera o contractual en las obras que se ejecutan en los bar rios Japón y La Aurora del municipio de Dosquebradas, razón por la cual propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva . Asimismo, afirmó que el material probatorio allegado al proceso no permite atribuirle vulneración alguna de los derechos e intereses colectivos invocados, pues las actuaciones cuestionadas corresponden a entidades con intervención directa en el proyecto. De igual forma, explicó que, conforme a la

proceso no permite atribuirle vulneración alguna de los derechos e intereses colectivos invocados, pues las actuaciones cuestionadas corresponden a entidades con intervención directa en el proyecto. De igual forma, explicó que, conforme a la Ley 1523 de 2012, la gestión del riesgo recae de manera principal en los municipios, mientras que la intervención de los departamentos es de carácter coordinador y subsidiario. En tal sentido, señaló que su actua ción se limitó a brindar apoyo humanitario y a adelantar gestiones de articulación institucional tras los eventos de inundación ocurridos en el sector, sin que ello implique responsabilidad frente a las situaciones denunciadas por los accionantes.

Propuso igualmente las excepciones de «Ausencia de vulneración de los derechos colectivos», «Ausencia de violación a normas legales» y cualquier otra que se encuentre probada en el proceso.

7 Archivo 026 del exp. dig. 8 Constancia secretarial Archivo 029 del exp. dig. 9 Archivo 030 del exp. dig. 10 Archivos 27 y 28 del exp. dig.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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Las demás entidades demandadas encontrándose debidamente notificad as, no allegaron escritos de contestación11.

COADYUVANCIA

Mediante providencias emitidas el 15 de mayo de 202412 y el 27 de marzo de 202513, se accedió a las solicitudes de coadyuvancia efectuadas por la señora Cotty Morales Caamaño y el señor Julio César Duran Morales, quienes, a través de correo electrónico, solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes en la acción popular de la referencia.

Caamaño y el señor Julio César Duran Morales, quienes, a través de correo electrónico, solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes en la acción popular de la referencia.

VI. PACTO DE CUMPLIMIENTO

Mediante auto del 17 de febrero de 2025 se convocó a las partes a audiencia de pacto de cumplimiento 14, la que se realizó el día 1º de abril de 202 5, suspendiéndose el proceso por el término de dos (2) meses hasta el 1º de junio de 2025 en aplicación del artículo 131 de la Ley 2220 de 202215. Vencido el término de suspensión, y verificada la ausencia de ánimo conciliatorio entre las partes , se procedió con la continuación del trámite del proceso16.

VII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante auto proferido el 10 de marzo de 202617, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 472 de 1998. Según constancia secretarial visible en el archivo 085 del expediente digital, las partes concurrieron así:

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en sus alegatos de conclusión18, reiteró su oposición a las pretensiones de la demanda al considerar que no ha incurrido en acción u omisión alguna capaz de vulnerar los derechos e intereses colectivos invocados. Sostuvo que, de conformidad con la Ley

11 Constancia secretarial Archivo 029 del exp. dig. 12 Archivo 016 del exp. dig. 13 Archivos 048 y 050 del exp. dig.

derechos e intereses colectivos invocados. Sostuvo que, de conformidad con la Ley

11 Constancia secretarial Archivo 029 del exp. dig. 12 Archivo 016 del exp. dig. 13 Archivos 048 y 050 del exp. dig. 14 Archivo 043 del exp. dig. 15 Archivo 056 del exp. dig. 16 Archivo 067 del exp. dig. 17 Archivo 077 del exp. dig. 18 Archivo 080 del exp. dig.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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1523 de 2012, la implementación de los procesos de conocimiento, reducción y manejo del riesgo corresponde principalmente al municipio de Dosquebradas y, de manera concurrente y subsidiaria, al departamento de Risaralda y a las demás entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mientras que la UNGRD ejerce funciones de dirección, coordinación, orientación y apoyo técnico . En ese sentido, afirmó que no le compete ejecutar obras de mitigación, adelantar intervenciones de infraestructura ni asumir las obligaciones cuya satisfacción se pretende mediante la acción popular.

Agregó que una eventual intervención técnica o financiera de la entidad exige el agotamiento de los procedimientos previstos en la Ley 1523 de 2012 y la formulación de solicitudes concretas por parte de las entidades territoriales. Asimismo, destacó que los municipios y departamentos cuentan con competencias, instrumentos de planeación y mecanismos propios de financiación para atender la gestión del riesgo en sus territorios. Finalmente, invocó jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la distribución de competencias en la materia para sostener que

instrumentos de planeación y mecanismos propios de financiación para atender la gestión del riesgo en sus territorios. Finalmente, invocó jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la distribución de competencias en la materia para sostener que cualquier orden judicial debe respetar el principio de legalidad y el marco competencial de cada entidad, razón por la cual solicitó negar las pretensiones formuladas en su contra.

El Departamento de Risaralda, en sus alegaciones finales19, reiteró en esencia los argumentos desarrollados en su escrito de contestación, insistiendo en la ausencia de una acción u omisión atribuible a la entidad frente a los hechos que motivaron la presente acción popular y, por consiguiente, en la falta de leg itimación en la causa por pasiva.

El Municipio de Dosquebradas , en su escrito de conclusión 20, insistió en la improcedencia de las pretensiones al considerar que la parte actora no logró acreditar una amenaza o vulneración real, concreta y actual de los derechos e intereses colectivos invocados, ni una acción u omisión atribuible a la entidad territorial. Destacó que el material probatorio recaudado da cuenta de la ejecución de las obras de mitigación contratadas, del acompañamiento institucional brindado por la DIGER y de las gestiones adelantadas para la atención y reparación de las afectaciones ocasionadas a viv iendas del sector. En particular, señaló que el contratista, con seguimiento de la interventoría y acompañamiento de la

19 Archivo 081 del exp. dig. 20 Archivo 083 del exp. dig.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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administración municipal, ha venido suscribiendo acuerdos de transacción,

20 Archivo 083 del exp. dig.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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administración municipal, ha venido suscribiendo acuerdos de transacción, realizando reparaciones en algunos inmuebles afectados y avanzando en el cierre de las actas de vecindad correspondientes. Asimismo, sostuvo que las pruebas técnicas y documentales aportadas por la entidad desvirtúan las afirmaciones de la demanda respecto de presuntas deficiencias de la obra, mientras que lo s medios de convicción allegados por la parte actora resultan insuficientes para demostrar la vulneración alegada. Con fundamento en lo anterior, solicitó negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, al formular sus alegaciones finales 21, ratificó los planteamientos desarrollados en la contestación de la demanda, insistiendo en que la entidad ha actuado dentro del marco de sus competencias de asesoría y acompañamiento técnico, sin que exista vulneración de derechos colectivos que le resulte atribuible. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones dirigidas en su contra.

El Ministerio Público, no rindió concepto.

VIII. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Agotado el trámite procesal sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, y verificados los presupuestos procesales de la acción y del procedimiento, sin evidenciarse circunstancia alguna que afecte la validez de la actuación surtida hasta este momento, procede el Tribunal, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 152 numeral 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

sin evidenciarse circunstancia alguna que afecte la validez de la actuación surtida hasta este momento, procede el Tribunal, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 152 numeral 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 22, a emitir pronunciamiento de fondo en primera instancia sobre el asunto controvertido.

2. Procedencia de la acción

21 Archivo 084 del exp. dig. 22 ARTÍCULO 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...)

14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00

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La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política y reglamentada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

La mencionada ley, en su artículo 2º inciso segundo, señala que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; igualmente el artículo 9º ibidem, prevé que este medio de defensa procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que sea violatorio o amenace violar

restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; igualmente el artículo 9º ibidem, prevé que este medio de defensa procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que sea violatorio o amenace violar los derechos e intereses colectivos.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C -630 de agosto 24 de 2011, señaló:

«(...)Recientemente, a la luz de la jurisprudencia y de la doctrina en la materia, la Corte Constitucional ha sostenido que las acciones populares pueden ser entendidas “[…] como el medio procesal con el que se busca asegurar una protección judicial efecti va de los derechos e intereses colectivos, afectados o amenazados por las actuaciones de las autoridades públicas o de un particular, teniendo como finalidad la de a) evitar el daño contingente (preventiva), b) hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre esa categoría de derechos e intereses (suspensiva), c) o restituir las cosas a su estado anterior (restaurativa).” Uno de sus principales objetivos es, entonces, defender los derechos e intereses colectivos de todas las actividades que den lugar a perjuicios para amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotación de los recursos naturales, los productos médicos defectuosos, la imprevisión, omisión o retraso en la construcción de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos, la publicidad engañosa o los fraudes del sector financiero, por mencionar tan sólo algunos ejemplos. Ahora bien, como lo ha indicado la jurisprudencia anteriormente, la acción popular no tiene sus especificidades y particularidades, por lo que no tiene que ser regulada de la misma

sector financiero, por mencionar tan sólo algunos ejemplos. Ahora bien, como lo ha indicado la jurisprudencia anteriormente, la acción popular no tiene sus especificidades y particularidades, por lo que no tiene que ser regulada de la misma manera que otro tipo de acciones similares». (Subrayado de la Sala)

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que los supuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular son los siguientes: a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses23.

23 CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN PRIMERA –

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026) – MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓNRad. 66001-23-33-000-2024-00133-00 Acción Popular

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La Ley 472 de agosto 5 de 1998, cuya finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, reguló las acciones populares, sobre las cuales cabe señalar que tien en un carácter preventivo, como quiera que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (artículo 2°).

ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (artículo 2°).

El artículo 4° enuncia los derechos colectivos susceptibles de protección, los cuales están relacionados así:

«a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; b) La moralidad administrativa; c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; e) La defensa del patrimonio público; f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; i) La libre competencia económica; j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos;

oportuna; k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; n) Los derechos de los consumidores y usuarios. Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Intern acional celebrados por Colombia».

DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS – Rad. 73001-23-33-000-2022-00028-01 Pág. 25 #114.Rad. 66001-23-33-000-2024-00133-00

Acción Popular

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La norma señaló igualmente que gozan del mismo carácter de derechos e intereses colectivos, los señalados por la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia.

Esta clase de acción procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos , sin que se requiera interponer previamente los recursos administrativos como requisito para su procedibilidad; lo que indica que la acción procede, sin perjuicio de las demás acciones o recursos que tengan a su favor los ciudadanos.

Pese a lo anterior , el Consejo de Estado también ha advertido sobre la i

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