TA RIS - Sentencia 66001333300120180020802-(28-10-2026)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE: ANDRÉS MEDINA PINEDA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy Pereira, 28 de octubre de 2026

Nulidad y Restablecimiento del Derecho Asunto: Sentencia de segunda instancia Radicación: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

Demandantes: (I) Claudia Patricia Quintero Arias, (II) Adriana

Julia Cataño López, (III) Beatriz Lilian Marín Rivera y (IV) Silvio Osorio Noreña Demandado: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Procedencia: Juzgado 401 Administrativo Transitorio del Circuito de

Pereira

Tema: Prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 / Excepción de inconstitucionalidad Decreto 658 de 2008 artículo 6; artículo 8 de los Decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y Decreto 194 de 2014 / NIEGA súplicas de la demanda frente a Beatriz Lilian Marín Rivera / Declara probada la excepción de PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE DERECHOS LABORALES propuesta por la Nación – Rama Judicial, respecto de Silvio Osorio Noreña / ACCEDE frente al derecho reclamado por Adriana Julia Cataño López y Claudia Patricia Quintero Arias / REVOCA y Accede súplicas de la demanda frente a Beatriz

Lilian Marín Rivera / Declara Prescripción / MODIFICA reconocimiento

derecho reclamado por Adriana Julia Cataño López y Claudia Patricia Quintero Arias / REVOCA y Accede súplicas de la demanda frente a Beatriz Lilian Marín Rivera / Declara Prescripción / MODIFICA reconocimiento respecto de Silvio Osorio Noreña / Imprescriptibilidad de aportes a pensión

EL ASUNTO POR DECIDIR

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante (23 de agosto de 202 3) y demandada (2 2 de agosto de 2023) , contra la sentencia proferida por el Juzgado 401 Administrativo Transitorio del Circuito de Pereira el treinta y uno (31) de julio de 20231, que negó las súplicas de la demanda frente a Beatriz Lilian Marín Rivera, declaró probada la excepción de prescripción

1 Notificada el 08 de agosto de 2023. Archivo 024 del expediente digital Samai en otras instancias.Radicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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trienal de derechos laborales respecto de Silvio Osorio Noreña y accedió a las pretensiones de la demanda frente a las señoras Claudia Patricia Quintero Arias y Adriana Julia Cataño López.

1. LA SÍNTESIS FÁCTICA

Los señores (I) Claudia Patricia Quintero Arias, (II) Adriana Julia Cataño López, (III) Beatriz Lilian Marín Rivera y (IV) Silvio Osorio Noreña , por medio de apoderado judicial, instaur aron demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de

Beatriz Lilian Marín Rivera y (IV) Silvio Osorio Noreña , por medio de apoderado judicial, instaur aron demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la Nación – Rama Judicial, en procura de las siguientes:

2. PRETENSIONES

En la demanda se consignan las siguientes2:

2 Archivo 001 pág. 164 a 167 del expediente digital Samai primera instancia.Radicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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3. HECHOS

Se resumen de la siguiente manera3:

3.1. Los demandantes se encuentran vinculados a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, siendo sus cargos y períodos:

3.2. El artículo 14 de la Ley 4a de 1992, creó para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes

3.2. El artículo 14 de la Ley 4a de 1992, creó para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, una prima especial sin carácter salarial, que el Gobierno Nacional debía reglamentar, sin ser inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico mensual, prestación que se debía pagar a partir del 1 ° de enero de 1993. Igualmente, dicha prestación se otorgó a los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

3.3. En consideración a lo anterior, el Gobierno Nacional mediante decretos anuales ha fijado y fija el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial.

3 Archivo No. 001 pág. 167 a 172 del expediente digital Samai en otras instancias.Radicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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3.4. El régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial tiene dos grupos o categorías, uno compuesto por aquellos que optaron por lo dispuesto en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, y por aquellos que se

dos grupos o categorías, uno compuesto por aquellos que optaron por lo dispuesto en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, y por aquellos que se vincularon con posterioridad a la vigencia de estos, conocido o denominado como “ACOGIDOS” al cual pertenecen los demandantes , y el otro grupo, está compuesto por quienes no optaron por acogerse a las disposiciones antes enunciadas, a éstos se les conoce o denomina como “NO ACOGIDOS”.

3.5. Para el cargo de Juez de la República perteneciente al régimen de los “ACOGIDOS”, el Gobierno Nacional reglamentó la prima especial, y siempre ha dicho que “en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 4a de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual”.

3.6. Con base en la reglamentación en cita, se entiende que al 30% de la remuneración mensual legalmente establecida se le consider a prima especial sin carácter salarial, circunstancia que le quita o resta en dicho porcentaje los efectos salariales, aspecto que, por consecuencia, reduce la liquidación y pago de las prestaciones sociales y salariales y, además, no se ha pagado ni paga prima adicional alguna.

3.7. Conforme a la indebida reglamentación emitida, dicha prestación se paga indebidamente desde su génesis -01 de enero de 1993 - de manera habitual, con la misma periodicidad que el salario básico mensual y en un equivalente al 30%, así se desprende de todos y cada uno de los decretos anuales que ha dictado el Gobierno

indebidamente desde su génesis -01 de enero de 1993 - de manera habitual, con la misma periodicidad que el salario básico mensual y en un equivalente al 30%, así se desprende de todos y cada uno de los decretos anuales que ha dictado el Gobierno Nacional para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial pertenecientes al régimen de “ACOGIDOS”.

3.8. La prima especial mensual sin carácter salarial pese su indebida reglamentación, hace parte del régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, por cuanto su nacimiento deviene de la Ley 4a de 1992 -norma vigente-, y su incorporación, reglamentación y pago data del 01 de enero del año 1993, conservándose dentro de los haberes laborales percibidos por los servidores de la Rama Judicial.

3.9. El Decreto 194 de 2014 ha sido hasta la fecha, el último que ha definido expresamente el régimen salarial y prestacional de los servidores del régimen deRadicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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ACOGIDOS de la Rama Judicial, los expedidos con posterioridad sólo se han limitado a indicar el reajuste de las escalas salariales y prestacionales allí contenidas (Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016,1013 de 2017 y 337 de 2018).

3.10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha venido liquidando y pagando a los demandantes las prestaciones salariales y sociales, tales como, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de

3.10. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ha venido liquidando y pagando a los demandantes las prestaciones salariales y sociales, tales como, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, cesantías, seguridad social y demás emolumentos laborales con el 70% de su salario básico mensual legal y no con el 100% de éste, toda vez que, le ha venido restando un 30% para darle el título de prima especial sin carácter salarial en los términos del artículo 14 de la Ley 4a de 1992.

3.11. La entidad accionada toma el 30% de la remuneración básica mensual de los demandantes y lo denomina prima especial sin carácter salarial, con tal proceder disminuye en ese porcentaje el carácter salarial de su remuneración básica mensual legal, reduciéndola a un 70% y con esta remuneración básica disminuida, liquida todas sus prestaciones y derechos laborales, sin pagar prima adicional alguna.

3.12. La Rama Judicial durante el tiempo en que los señores (I) Claudia Patricia Quintero Arias, (II) Adriana Julia Cataño López, (III) Beatriz Lilian Marín Rivera y (IV) Silvio Osorio Noreña, se han desempeñado como Juez de la República, no les han pagado la prima especial mensual sin carácter salarial equivalente al 30% de su remuneración básica legalmente establecida, como una adición, incremento, sobresueldo, agregado o plus al salario, pues lo que dice pagar o que figura como prima en las nóminas, en realidad es parte de su asignación básica legalmente establecida en los decretos anuales que dicta el Gobierno Naciona l para

adición, incremento, sobresueldo, agregado o plus al salario, pues lo que dice pagar o que figura como prima en las nóminas, en realidad es parte de su asignación básica legalmente establecida en los decretos anuales que dicta el Gobierno Naciona l para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores de esa Rama pertenecientes al régimen de acogidos, como es el caso de los demandantes.

3.13. Según certificación laboral expedida por la Rama Judicial, el fraccionamiento y reducción que la entidad accionada hace a la remuneración básica mensual establecida a los demandantes para su cargo de Juez Municipal es así:Radicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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3.14. En contraste a la reglamentación y pagos que se realiza a los jueces de la República, del régimen de “ACOGIDOS”, la mentada prestación se reglamenta y paga en debida forma a los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil y aquellos servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público que no se acogieron al régimen salarial y prestacional consagrado en los Decretos 54, 57 y 110 de 1993, 106 y 107 de 1994 y 43 de 1995, conocidos como “NO ACOGIDOS”, tal como se aprecia en el artículo 10° del Decreto 201 de 2014 , artículo 4° del Decreto 204 de 2014 y en el artículo 8° del Decreto 196 de 2014 respectivamente,

como se aprecia en el artículo 10° del Decreto 201 de 2014 , artículo 4° del Decreto 204 de 2014 y en el artículo 8° del Decreto 196 de 2014 respectivamente, disposiciones en las que se aprecia una correcta redacción, motivo por el cual, a estos servidores se les paga la prima mensual especial sin carácter salarial, en un porcentaje equivalente al 30% de la asignación básica legalmente establec ida como un valor adicional o agregado al salario básico.

3.15. Para los servidores pertenecientes al antiguo régimen salarial y prestacional ; es decir, aquellos que no se acogieron a lo dispuesto por el Decreto 57 de 1993 y s.s. “NO ACOGIDOS'- el Gobierno Nacional al reglamentar la prima especial mensual sin carácter salarial, establece que “tendrán derecho a percibir a una prima especial, sin carácter salarial, equivalente al 30% del sueldo básico”, razón por la cual la Rama Judicial paga en debida forma dicha prestación, es decir, adicionándola a la remuneración mensual legal. Esta forma de regulación d e la prima se evidencia en los Decretos 51 de 1993, 104 de 1994, 47 de 1995, 34 de 1996, 47 de 1997, 65 de 1998,43 de 1999,2739 de 2000,1474 y 2724 de 2001, 682 de 2002,3568 de 2003, 4 71 de 2004, 935 de 2005, 388 de 2006, 617 de 2007, 657 de 2008, 722 de 2009,1405

de 2010 1041 de 2011, 848 de 2012,034 de 2013,204 de 2014,1105 de 2015,234 de 2016,1003 de 2017 y 333 de 2018.

3.16. El Consejo de Estado Sección Segunda en reciente sentencia de Nulidad adiada el 29 de abril de 2014 dictada en el proceso con radicación N ° 11001032500020070C087 00 (NI. 1686-07), con ponencia de la Conjuez Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, declaró la nulidad de los artículos de los decretos anualesRadicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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dictados por el Gobierno Nacional desde el año 1993 hasta el año 2007, mediante los cuales reguló la prima especial para los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, indicando que los efectos de la decisión es descargar o quitar el castigo contenido en las normas declaradas nulas, y a su vez consideró que la aludida prestación no puede ser inferior al 30% del salario básico, es decir, que sus salarios fueron restablecidos al 100% y la prima especial debe pagarse a sus destinatarios en el porcentaje antes indicado.

3.17. El Consejo de Estado - Sección Segunda, con ponencia de la Conjuez Carmen Anaya De Castellanos , y mediante sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho adiadas el 02 de septiembre de 2015 y 22 de febrero de 2016, dictadas dentro

Anaya De Castellanos , y mediante sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho adiadas el 02 de septiembre de 2015 y 22 de febrero de 2016, dictadas dentro de los procesos N ° 73001233100020110010202, y 73001233100020110062202, respectivamente, definió el problema jurídico planteado sobre la prima prevista en el artículo 14 de la Lev 4a de 1992, indicando que los artículos de los decretos que regulan esta prestación son ilegales e inconstitucionales por considerar una parte del salario como prima, lo que hace con esta reglamentación en vez de adicionarla al salario es reducir y castigar la remuneración de los servidores judiciales, por lo que ordenó a la Administración Judicial pagar la mencionada prestación como adición o incremento al salario en un equivalente al 30% del salario básico legalmente previsto en los decretos anuales dictados por el Gobierno Nacional, y por consecuencia, reliquidar todas las prestaciones sociales y salariales del servidor con el 100% de la asignación básica, y pagar las diferencias existentes entre lo pagado con el 70% y lo que resulte de la liquidación con el 100% del salario básico legalmente establecido.

3.18. Pese la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno Nacional y la Rama Judicial continuaron desde el año 2015 hasta la fecha, inclusive, con la misma actitud; es decir, regulando y pagando la prima especial en la misma forma que se hacía antes de haberse declarado nulos los apartes de los decretos anuales, circunstancia que evidencia una clara reproducción del acto anulado, actuación prohibida por el ordenamiento jurídico (artículo 237 del CPACA), tal como se aprecia

hacía antes de haberse declarado nulos los apartes de los decretos anuales, circunstancia que evidencia una clara reproducción del acto anulado, actuación prohibida por el ordenamiento jurídico (artículo 237 del CPACA), tal como se aprecia en los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016,1013 de 2017 y 337 de 2018, que aunque no contienen una redacción literal, mantienen vigentes las estipulaciones del Decreto 194 de 2014, cuya regulación es idéntica a la de los decretos anulados.

3.19. Los demandantes (I) Claudia Patricia Quintero Arias, (II) Adriana Julia Cataño López, (III) Beatriz Lilian Marín Rivera y (IV) Silvio Osorio Noreña, los días 31 deRadicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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mayo, 12 de mayo y 30 de mayo de 2017 respectivamente, solicitaron a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira - Risaralda, (i) la reliquidación de su remuneración mensual, prestaciones sociales y demás acreencias laborales, (ii ) el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo liquidado por la Administración Judicial con el 70% de su salario básico y la liquidación que resulte de tener en cuenta el 100% de su asignación básica legal, in cluyendo el 30% de ésta, que la accionada ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial, y (iii ) el reconocimiento y

su asignación básica legal, in cluyendo el 30% de ésta, que la accionada ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial, y (iii ) el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, como una suma adicional a la remuneración legalmente establecida, todo con las indexaciones correspondientes.

3.20. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira, despachó desfavorablemente las peticiones elevadas, emitiendo los siguientes actos administrativos:

3.21. Inconformes con la decisión, los días 08 de agosto de 2017 y 04 de agosto de 2017 respectivamente, los demandantes interpusieron recurso de apelación, los cuales a la fecha no han sido resueltos, configurándose un acto ficto o presunto negativo, entendiéndose con ello confirmada en todas sus partes los actos recurridos.

3.22. Con las respuestas emitidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administrador Judicial, los certificados de cargos ejercidos que indican fechas de vinculación equivocadas, y los demás documentos referente a salarios, prestaciones y cesantías los emitió de manera incompleta tal y como se evidencia con la documental aportada a la presente demanda, adoleciendo, además aquellos desde la fecha efectiva de vinculación de cada uno de los accionantes.Radicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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3.23. El requisito de procedibilidad se agotó ante la Procuraduría 38 Judicial II para Asuntos Administrativos de Pereira - Risaralda.

4. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

La parte demandante señala como normas quebrantadas las siguientes4:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 48, 53, 58 y 209. - Ley 4ª de 1992, artículos 2 y 14 - Ley 270 de 1996, artículos 152.7 y 153.1 - Código Sustantivo del Trabajo, artículo 10

Y como concepto de violación, aduce lo que se sintetiza así:

Indica que las prestaciones de los servidores v trabajadores del sector público y privado, bien sea salariales o sociales, representan para su destinatario un emolumento independiente v adicional al salario básico, en otras palabras, son un incremento a su asignación básica, conclusión inequívoca que se desprende de la regulación general contenida en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, que se refieren a los factores salariales y prestaciones sociales a que tienen derecho los servidores públicos del orden nacional. De ahí y de otras disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, se define claramente lo que constituye salario y lo que se tiene como prestación social, pero, dicha definición nunca afecta la remuneración fija o salario básico mensual, pues ésta es la base para la liquidación y determinación de tales emolumentos adicionales.

prestación social, pero, dicha definición nunca afecta la remuneración fija o salario básico mensual, pues ésta es la base para la liquidación y determinación de tales emolumentos adicionales.

Es así que, para determinar, a manera de ejemplo, la prima de servicios como factor salarial adicional, el art. 58 del Decreto 1042 de 1978, dispone que los servidores “tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración”, Seguidamente el artículo 59 consagra la base para su liquidación, disponiendo que para su determinación se tendrá en cuenta otros factores salariales, estos son: a) El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo, b) Los incrementos salariales por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto, c) Los gastos de representación, d) Los auxilios de alimentación y transporte, y e) La bonificación por servicios prestados.

Igualmente, en cuanto a la prima de navidad, como prestación social, el artículo 32 del Decreto 1045 de 1978, establece que esta prestación es “equivalente a un mes de

4 Pág. 172 y siguientes, ídem.Radicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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salario que corresponda al cargo desempeñado en treinta de noviembre de cada año ”, y para su determinación se tienen en cuenta los siguientes factores salariales : a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo, b) Los incrementos de

salario que corresponda al cargo desempeñado en treinta de noviembre de cada año ”, y para su determinación se tienen en cuenta los siguientes factores salariales : a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo, b) Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del Decreto -Ley 1042 de 1978, c) Los gastos de representación, d) La prima técnica, e) Los auxilios de alimentación y transporte, f) La prima de servicios y la de vacaciones, y g) La bonificación por servicios prestados.

Como puede apreciarse, todos los factores salariales y prestaciones sociales toman como base para su determinación la asignación básica legal, pero nunca afectan la remuneración fija mensual, lo que se realiza para establecer su monto es un cálculo matemático que surge como necesario, considerando varios ingresos laborales para fijar su cuantía o valor. En otras palabras, la remuneración básica mensual es el punto referente para la fijación de otros factores salariales y prestaciones sociales, más no es un emolumento sujeto a variación ni mucho menos reducción conforme nace prestación laboral alguna.

En ese orden de ideas, es claro e inequívoco que la reglamentación utilizada por el Gobierno Nacional para el establecimiento de la prima especial mensual sin carácter salarial contenida en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, es indebida, inconstitucional e ilegal, toda vez que desconoce (i) el principio de progresividad en materia laboral, (ii) el principio de igualdad de trato, (iii) el principio de buena fe que regula las relaciones laborales, entre otros.

Nítida conclusión es que, las primas y bonificaciones como emolumentos laborales

(ii) el principio de igualdad de trato, (iii) el principio de buena fe que regula las relaciones laborales, entre otros.

Nítida conclusión es que, las primas y bonificaciones como emolumentos laborales han significado desde su génesis un ingreso adicional para los servidores destinatarios, aspecto que se aprecia en las diferentes prestaciones sociales y factores salariales, como puede observarse en la prima de servicios, prima de productividad, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación por actividad judicial, bonificación judicial, entre otras.

Cita sentencia de Nulidad del Consejo de Estado, Sección Segunda. C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren de fecha 02 de abril de 2009.- Expediente No. 11001-0325-000-2007-0009800 (1831-07).

Expone las causales de nulidad de los actos demandados así:

1. De la reproducción del acto anulado:Radicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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El Consejo de Estado en consideración a lo consagrado en el artículo 237 de la Constitución Política ha conocido y resuelto un sinnúmero de acciones de nulidad por inconstitucionalidad formuladas contra los decretos dictados por el Gobierno Nacional, para reglamentar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, de la Rama Judicial y del Ministerio Público, específicamente en lo concerniente a la prima especial sin carácter salarial

Nacional, para reglamentar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, de la Rama Judicial y del Ministerio Público, específicamente en lo concerniente a la prima especial sin carácter salarial establecida en el artículo 14 de la ley 4a de 1992.

La Sección Segunda de la mencionada Corporación mediante sentencia de fecha 2 de abril de 2009, dictada dentro del proceso con radicación N ° 11001032500020070009800 (radicación interna N ° 1831-07), con ponencia del consejero Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, declaró la nulidad del artículo 7 del Decreto 618 del 02 de marzo de 2007, el cual disponía que el 30% dé la remuneración mensual de los servidores judiciales se considera como prima especial, sin carácter salarial.

Recientemente, con sentencia de nulidad adiada el 29 de abril de 2014, proferida en el proceso con radicación N ° 11001032500020070008700 (NI. 1686 -07), con ponencia de la Conjuez Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz , ratificó la posición contenida en fallo del 2 de abril de 2009, que se hizo mención en el párrafo precedente, con la cual declaró la nulidad de los artículos de los decretos anuales dictados por el Gobierno Nacional desde el año 1993 hasta el año 2007, mediante los cuales reguló la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, para los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, indicando que los efectos de la decisión es descargar o quitar el castigo contenido en

cuales reguló la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, para los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público, indicando que los efectos de la decisión es descargar o quitar el castigo contenido en las normas declaradas nulas, y a su vez consideró que la aludida prestación no puede ser inferior al 30% del salario básico, es decir, que se sus salarios fueron restablecidos al 100% y, además, la prima especial debe pagarse a sus destinatari os en el porcentaje antes indicado.

En consideración al fallo de nulidad del H. Consejo de Estado, el Gobierno Nacional desde el año 2015 no volvió a proferir decreto en los estrictos términos que veía realizándolo para reglamentar y establecer el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, esto es, que artículo por artículo consagraba los montos de las remuneraciones mensuales de los servidores según su nivel o jerarquía, así como las prestaciones a que tienen derecho, sino queRadicado: 66001-33-33-001-2018-00208-02 (A-2013-2023)

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emite decretos para únicamente actualizar las escalas salariales dispuestas en os decretos dictados en el año 2014, afirmación que se verifica claramente en el texto de los Decretos 12ÍS7 de 2015,245 de 2016 y 1013 de 2017, que aunque no contienen una redacción literal, mantienen vigentes las estipulaciones de los Decreto 186 y 194

de los Decretos 12ÍS7 de 2015,245 de 2016 y 1013 de 2017, que aunque no contienen una redacción literal, mantienen vigentes las estipulaciones de los Decreto 186 y 194 de 2014, que regulan los regímenes de los servidores del Ministerio Público y de la Rama Judicial, respectivamente.

De la interpretación dada por la alta Corporación, y estimando el contenido normativo de los decretos emitidos por los años 2015, 2016 y 2017, por el Gobierno Nacional para fijar los salarios y prestaciones de los servidores del Ministerio Público y de la Rama Judicial, se puede concluir inequívocamente que los mismos mantienen en rigor los efectos jurídicos del acto administrativo declarado nulo, toda vez que los artículos 1 y 2 de las mentadas disposiciones (Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016 y 1013 de 2017), pese no reproducir literalmente su contenido si mantienen vigentes los defectos de legalidad de las normas apartadas del ordenamiento, ello por cuanto al reajustar las escalas salariales y los beneficios prestacionales consagrados en tales disposiciones, no está realizando una adecuación normativa a efectos de subsanar los yerros ilegales evidenciados, sino que está reviviendo la misma reglamentación bajo una óptica literal diferente, desconociendo así la prohibición alegada, afectando con tal proceder los derechos de los servidores destinatarios de la prima especial contenida en el art. 14 de la Ley 4 de 1992.

Tan es así tal aseveración que, los pagos mensuales reflejados en los desprendibles o nóminas de las accionantes no han reflejado variación favorable en cuanto a su

contenida en el art. 14 de la Ley 4 de 1992.

Tan es así tal aseveración que, los pagos mensuales reflejados en los desprendibles o nóminas de las accionantes no han reflejado variación favorable en cuanto a su remuneración mensual y mucho menos en la base de liquidación de sus prestaciones sociales y salariales, lo que al ser comparado con los montos correspondientes de su salario básico legalmente establecido, previa aplicación de los reajustes decretados anualmente y con posterioridad al fallo de nulidad del año 2014, evidencian la misma afectación, es decir, que parte de su asig