TA RIS - Sentencia 66001333300220260025501-(16-10-2026)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

MAGISTRADA PONENTE: DUFAY CARVAJAL CASTAÑEDA

Aprobado por la Sala en sesión de hoy

Pereira, dieciséis de octubre de dos mil veintiséis

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026)

Accionante: María Teresa Siagama Arce

Agente oficioso: Oviel de Jesús Restrepo Siagama

Accionados: Pijaos Salud EPS Indígena y otro

Impugnación fallo

Procede el Tribunal a resolver la impugnación formulada por la entidad accionada, frente al fallo de tutela proferido el 27 de julio de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira, mediante el cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

La señora María Teresa Siagama Arce, actuando por intermedio de agente oficioso, promovió acción de tutela en contra de Pijaos Salud EPS Indígena, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana, los cuales considera vulnerados por la entidad accionada, en razón de las actuaciones y omisiones que le atribuye en relación con la garantía efectiva de los servicios requeridos para la atención de su estado de salud.

1. HECHOS.

1.1. La parte accionante manifestó que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado, a través de Pijaos Salud

salud.

1. HECHOS.

1.1. La parte accionante manifestó que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado, a través de Pijaos Salud EPS Indígena, en calidad de cabeza de familia. Así mismo, indicó que la señora María Teresa Siagama Arce pertenece al resguardo indígena Embera Katío delRadicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 2 municipio de Mistrató (Risaralda), donde reside en zona rural junto con su núcleo familiar.

1.2. Relató que el 24 de junio de 2026 la accionante ingresó a la Clínica Los Nevados de Pereira, remitida desde el municipio de Mistrató, debido a un cuadro clínico de aproximadamente cuatro meses de evolución, caracterizado por cervicalgia asociada a alteraciones de la sensibilidad y disminución de la fue rza en las extremidades superiores, con agravamiento de los síntomas durante la semana previa a su ingreso. En razón de lo anterior, fue hospitalizada y valorada por el servicio de neurocirugía.

1.3. Señaló que, durante la estancia hospitalaria, la tomografía de columna cervical evidenció fracturas de apariencia patológica en las vértebras C6 y C7, así como una imagen lítica localizada en el cuerpo vertebral y el pedículo izquierdo de C7. Posteriormente, las valoraciones médicas registraron la presencia de una masa epidural cervical, acompañada de cervicalgia secundaria, cuadriparesia e hipoestesia, hallazgos que ponían de manifiesto la complejidad de su condición de salud.

epidural cervical, acompañada de cervicalgia secundaria, cuadriparesia e hipoestesia, hallazgos que ponían de manifiesto la complejidad de su condición de salud.

1.4. Indicó que, con el propósito de determinar el alcance de la afectación cervical y definir la conducta terapéutica a seguir, el servicio de neurocirugía ordenó la práctica de una resonancia magnética de columna cervical simple, estudio para el cual también se contempló la aplicación de medio de contraste en evoluciones posteriores. Adicionalmente, el 3 de julio de 2026 se prescribió una tomografía computarizada de tórax extendida a abdomen total y pelvis con contraste, como parte del estudio diagnóstico orie ntado a descartar la existencia de lesiones metastásicas.

1.5. Adujo que Pijaos Salud EPS Indígena no ha autorizado de manera oportuna los procedimientos, exámenes especializados, insumos y tratamientos requeridos para la adecuada atención del estado de salud, circunstancia que, a su juicio, generó una prolongación injustificada de su padecimiento y la expuso a un riesgo de agravamiento de sus condiciones médicas.

1.6. Finalmente, el agente oficioso señaló que la accionante, de 65 años de edad, fue remitida a la ciudad de Pereira, circunstancia que ha requerido su acompañamiento permanente. Indicó que esta situación ha generado dificultadesRadicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 3 económicas para el núcleo familiar, debido a los gastos de alimentación, alojamiento y transporte asumidos durante su permanencia fuera de su residencia. Asimismo,

Acción de Tutela 3 económicas para el núcleo familiar, debido a los gastos de alimentación, alojamiento y transporte asumidos durante su permanencia fuera de su residencia. Asimismo, afirmó que la EPS accionada no ha brindado apoyo para cubrir dichos costos, lo que, a su juicio, afecta el acceso efectivo y digno de la paciente a los servicios de salud requeridos.

2. PRETENSIONES.

Solicita se tutelen los derechos fundamentales que se alegan conculcados por la entidad accionada y, consecuencia de ello, depreca lo siguiente1:

“[…]

CONCEDER de manera inmediata la Medida Cautelar Urgente y Prioritaria solicitada, ordenando a PIJAOS SALUD EPS -I emitir todas las autorizaciones retenidas para el manejo clínico de mi esposa en la Clínica Los Nevados.

ORDENAR a PIJAOS SALUD EPS-I autorizar y tramitar de forma inmediata el 100% de los procedimientos, insumos, citas con especialistas y cirugías ordenado por los médicos de la Clínica Los Nevados para mi esposa María Teresa Siagama Arce.

ORDENAR a la EPS otorgarle a mi esposa el Tratamiento Integral, garantizando de manera ininterrumpida todas las hospitalizaciones, órdenes médicas futuras, laboratorios y medicamentos para el manejo de su fractura cervical, hipertensión, migraña y edema.

ORDENAR a la entidad accionada a sumir de forma inmediata los gastos de transporte, alimentación y viáticos de estadía tanto para mi esposa como para mí (en calidad de esposo y acompañante único de adulto mayor), dada nuestra condición socioeconómica vulnerable y nuestra procedencia rural.

transporte, alimentación y viáticos de estadía tanto para mi esposa como para mí (en calidad de esposo y acompañante único de adulto mayor), dada nuestra condición socioeconómica vulnerable y nuestra procedencia rural.

3. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.

Se invocan como transgredidos los derechos fundamentales a la salud, la integralidad personal, la dignidad humana y la vida.

II. INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

2.1 Pijaos Salud EPS Indígena2, manifestó que no ha vulnerado los derechos

1 Samai, Juzgado – Documento 2. 2 Samai Juzgado – Documento 7.Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 4 fundamentales de la accionante, por cuanto ha realizado las gestiones necesarias para garantizar su atención en salud. Indicó que el 23 de junio de 2026 gestionó su remisión a la Clínica Los Nevados para valoración por ortopedia y neurocirugía, y afirmó qu e no existían autorizaciones pendientes respecto de los servicios solicitados por la IPS tratante.

Explicó que la paciente se encontraba hospitalizada por una masa epidural cervical y fracturas vertebrales a nivel de C6 y C7, precisando que corresponde a la Clínica Los Nevados la prestación efectiva de la atención intrahospitalaria, la definición de la conducta médica, la programación de procedimientos y la solicitud de servicios adicionales, mientras que la EPS tiene a su cargo la autorización y coordinación de las prestaciones requeridas.

Asimismo, se opuso a la pretensión de tratamiento integral al considerar que no se

la conducta médica, la programación de procedimientos y la solicitud de servicios adicionales, mientras que la EPS tiene a su cargo la autorización y coordinación de las prestaciones requeridas.

Asimismo, se opuso a la pretensión de tratamiento integral al considerar que no se acreditaron barreras administrativas, negativas injustificadas o interrupciones en la prestación del servicio atribuibles a la entidad. Frente al transporte, señaló que cuenta con mecanismos de reconocimiento de gastos mediante reembolso y que las necesidades de traslado derivadas de remisiones u hospitalizaciones deben tramitarse a través del proceso de referencia y contrarreferencia. Además, sostuvo que no existe prescripción médica que justifique un transporte especial o puerta a puerta.

En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, declarar que cumplió con sus obligaciones de remisión, autorización y coordinación de servicios, vincular a la Clínica Los Nevados para que informara sobre el estado clínico de la pac iente y rechazar las solicitudes de tratamiento integral abierto e indefinido, así como la de transporte especial, por carecer de sustento médico.

2.2 Contestación de La Clínica Los Nevados 3, al ejercer su derecho de defensa dentro del trámite constitucional, manifestó que la accionante se encuentra hospitalizada en sus instalaciones y que requ iere la práctica de una resonancia magnética; sin embargo, precisó que la realización de dicho procedimiento se encuentra supeditada a que Pijaos Salud EPS Indígena defi na la institución prestadora receptora mediante el correspondiente trámite de remisión.

3 Samai Juzgado – Documento 8.Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026)

prestadora receptora mediante el correspondiente trámite de remisión.

3 Samai Juzgado – Documento 8.Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 5 Explicó que la entidad no cuenta con habilitación para la prestación de ese servicio específico y que, además, este no hace parte del portafolio de servicios contratado con la aseguradora.

Indicó que la realización de procedimientos no habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) contravendría la normatividad aplicable al funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios de salud, razón por la cu al existía una imposibilidad jurídica para efectuar el examen diagnóstico en sus instalaciones.

En ese sentido, sostuvo que corresponde a la EPS autorizar el servicio requerido y garantizar el direccionamiento de la paciente hacia una institución perteneciente a su red de prestadores que cuente con la habilitación necesaria para su ejecución.

Asimismo, aclaró que la sola expedición de una orden médica por parte del profesional tratante no implica, por sí misma, que la clínica se encuentre habilitada o autorizada para practicar el procedimiento prescrito.

De igual forma, afirmó que no ha incurrido en acción u omisión alguna que comporte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, destacando que ha prestado y continuará prestando los servicios de salud para los cuales se encue ntra debidamente habilitada, siempre que medie la respectiva relación contractual con la EPS y las autorizaciones correspondientes sean expedidas a su favor.

Con fundamento en lo anterior, solicitó ser desvinculada del presente trámite de

para los cuales se encue ntra debidamente habilitada, siempre que medie la respectiva relación contractual con la EPS y las autorizaciones correspondientes sean expedidas a su favor.

Con fundamento en lo anterior, solicitó ser desvinculada del presente trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que las obligaciones relacionadas con la autorización, programación y direccionamiento del servicio reclamado recaen exclusivamente en Pijaos Salud EPS Indígena.

III. EL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia del 27 de julio de 20264, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira accedió al amparo de los derechos fundamentales, así:

«[…]

4 Samai, Juzgado – Documento 9.Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 6

1. Tutelar los derechos fundamentales a la salud y dignidad humana. En

consecuencia:

2. Ordenar a Pijaos Salud EPS-I que, en el término improrrogable de 03 días contados a partir de la notificación del presente fallo, articule, autori ce y asegure el traslado de la paciente MTSA a una Institución Prestadora de Servicios de Salud que cuente con la habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y con la suficiencia técnica para practicarle la resonancia magnética de columna cervical (simple y con contraste) y la tomografía computada de tórax extendido al abdomen total y pelvis. El traslado institucional de la usuaria deberá realizarse mediante transporte asistencial básico o medicalizado en ambulancia, en estricta

contraste) y la tomografía computada de tórax extendido al abdomen total y pelvis. El traslado institucional de la usuaria deberá realizarse mediante transporte asistencial básico o medicalizado en ambulancia, en estricta sujeción al criterio del médico tratante.

3. Ordenar a Pijaos Salud EPS-I garantizar a favor de la agenciada MTSA el tratamiento integral parcial, proveyendo de manera continua y sin interrupciones la totalidad de los servicios, insumos, medicamentos y procedimientos que prescriba el equipo médico para el manejo de los diagnósticos de fracturas vertebrale s (C6 -C7), masa epidural y las condiciones conexas que sustentan su actual internación cl ínica, durante el lapso que se extienda la referida hospitalización.

4. Ordenar a Pijaos Salud EPS -I asumir íntegramente los gastos de transporte intermunicipal, en favor del acompañante de la paciente, mientras perdure la necesidad médica de ser atendida por fuera de su municipio de residencia habitual (Mistrató) para garantizar los servicios médicos aquí amparados, y siempre y cuando ese traslado no se dé en la ambulancia en que debe ser trasladada la paciente en virtud de la referencia.

5. Ordenar a la Clínica Los Nevados SAS garantizar ininterrumpidamente los cuidados de atención en salud intrahospitalaria de la paciente ha sta que la entidad aseguradora materialice eficazmente la remisión ordenada, y una vez realizada la contraferencia, de ser el caso, hasta el alta médica. El costo de los servicios médicos brindados será asumido por la EPS.

[…]”

Como argumentos de su decisión, el a quo consideró acreditada la vulneración de

vez realizada la contraferencia, de ser el caso, hasta el alta médica. El costo de los servicios médicos brindados será asumido por la EPS.

[…]”

Como argumentos de su decisión, el a quo consideró acreditada la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana de la accionante, debido a que los servicios médicos ordenados (resonancia magnética de columna cervical y tomografía de tórax, abdomen y pelvis) hacen parte del Plan de Beneficios en Salud y están financiados con recursos de la UPC, pero no han sido garantizados oportunamente por la EPS.Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 7 Asimismo, observó que la IPS no acreditó haber adelantado las gestiones necesarias para la autorización, remisión y referencia de la paciente, limitándose a señalar que carecía de habilitación para prestar los servicios requeridos.

Resaltó que corresponde a la EPS, como entidad aseguradora, organizar y garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud, incluyendo los procesos de referencia y contrarreferencia, así como disponer de una red suficiente de prestadores que asegur e la continuidad e integralidad de la atención. En consecuencia, concluyó que tanto Pijaos Salud EPS-I como la Clínica Los Nevados S.A.S. incurrieron en una actuación omisiva que afectó el acceso efectivo a los servicios prescritos.

El Juez Administrativo adujo que, dado que la actora se encuentra en condición de especial protección constitucional, dispuso la prestación inmediata de los servicios requeridos y ordenó el tratamiento integral, limitado a las patologías que motivaron

El Juez Administrativo adujo que, dado que la actora se encuentra en condición de especial protección constitucional, dispuso la prestación inmediata de los servicios requeridos y ordenó el tratamiento integral, limitado a las patologías que motivaron su internación y mientras subsista la hospitalización. Lo anterior, por cuanto se acreditó la negligencia administrativa de la EPS y existen órdenes médicas concretas que sustentan la necesidad de la atención.

Respecto del transporte, indicó que este constituye un servicio financiado por el sistema cuando el paciente debe ser remitido a un municipio distinto para recibir servicios incluidos en el PBS. Por ello, determinó que la EPS debe asumir los gastos de transporte derivados de la atención ; sin embargo, únicamente ordenó cubrir el transporte del acompañante, siempre que este no viaje en la misma ambulancia de la usuaria.

Finalmente, negó la solicitud relacionada con gastos de alimentación y alojamiento, toda vez que no se demostró la falta de capacidad económica de la paciente o de su red de apoyo, ni que la ausencia de dicha cobertura pusiera en riesgo su vida o salud, requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ordenar excepcionalmente dichos viáticos.

IV. LA IMPUGNACIÓNRadicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026)

Acción de Tutela 8 Pijaos Salud EPS Indígena5, impugna el fallo de primer grado solicita la revocatoria o modulación de la orden de tratamiento integral parcial impartida en el fallo de tutela del 27 de julio de 2026, al considerar que dicha medida es improcedente en el caso concreto.

o modulación de la orden de tratamiento integral parcial impartida en el fallo de tutela del 27 de julio de 2026, al considerar que dicha medida es improcedente en el caso concreto.

Sostiene que ha garantizado de manera continua, oportuna y efectiva la atención en salud de la señora María Teresa Siagama Arce, mediante la remisión a la Clínica Los Nevados, la coordinación de su ingreso a un centro de mayor complejidad, la expedición de las autorizaciones requeridas y el acompañamiento permanente del proceso asistencial.

La entidad señala que no existen autorizaciones pendientes ni evidencia de barreras administrativas, negativas injustificadas, dilaciones o incumplimientos atribuibles a la EPS. Asimismo, manifestó que la paciente se encuentra bajo manejo especializado por los servicios de Neurocirugía y otras especialidades pertinentes, correspondiendo a la IPS tratante la ejecución material de los servicios intrahospitalarios y la definición de las conductas médic as necesarias según su evolución clínica.

Adicionalmente, argumenta que el tratamiento integral constituye una medida excepcional que no puede traducirse en una autorización abierta, indefinida e ilimitada respecto de servicios futuros e inciertos. En este sentido, afirma que las prestaciones en s alud deben fundarse en órdenes médicas concretas, actuales y determinadas, de conformidad con la autonomía médica y los criterios científicos aplicables. Por ello, considera que no se encuentran acreditados los presupuestos jurisprudenciales exigidos por la Corte Constitucional para impartir una orden amplia de tratamiento integral.

Finalmente, la EPS -I manifiesta que ha cumplido diligentemente las órdenes judiciales impartidas y que la protección del derecho fundamental a la salud de la

jurisprudenciales exigidos por la Corte Constitucional para impartir una orden amplia de tratamiento integral.

Finalmente, la EPS -I manifiesta que ha cumplido diligentemente las órdenes judiciales impartidas y que la protección del derecho fundamental a la salud de la accionante se encuentra garantizada. En consecuencia, solicita revocar el numeral tercero de la sentencia de tutela o, de manera subsidiaria, modular su alcance, declarando que no se acreditó la existencia de actuaciones omisivas, barreras administrativas o vulneraciones al derecho a la salud que justifiquen la imposición

5 Samai, Juzgado – Documento 12.Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 9 de una orden de tratamiento integral en los términos dispuestos por el juez de primera instancia.

V. CONSIDERACIONES

1. CUESTIÓN PREVIA - REMISIÓN Y REPARTO EN SEGUNDA INSTANCIA.

Antes de abordar el estudio de fondo del asunto sometido a consideración de la Sala, resulta pertinente realizar algunas precisiones de carácter procesal en relación con el trámite surtido dentro de la presente acción constitucional.

• Se observa que la solicitud de amparo fue radicada el 14 de julio de 2026 y repartida el día siguiente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira, conforme consta en el documento 001 del expediente digital obrante en el sistema SAMAI. Poster iormente, mediante auto del 15 de julio de 2026, dicho despacho admitió la acción de tutela y ordenó su notificación a las partes e intervinientes.

conforme consta en el documento 001 del expediente digital obrante en el sistema SAMAI. Poster iormente, mediante auto del 15 de julio de 2026, dicho despacho admitió la acción de tutela y ordenó su notificación a las partes e intervinientes.

-Asimismo, se advierte que el 27 de julio de 2026 el juzgado de primera instancia profirió sentencia dentro del presente trámite, actuación que se produjo dentro del término de diez (10) días previsto en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 para decidir las solicitudes de tutela.

-Igualmente, se constata que la entidad Pijaos Salud EPS Indígena presentó escrito de impugnación el 30 de julio de 2026, esto es, dentro del término de tres (3) días consagrado en el artículo 31 ibidem. Mediante auto del 5 de agosto de 2026, el Juzgado Seg undo Administrativo del Circuito de Pereira concedió el recurso interpuesto, decisión que obra en el documento 014 del expediente digital.

-En el documento 017 del expediente digital se evidencia el envío del oficio No. 00322 del 18 de agosto de 2026, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto que concedió la impugnación, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira remitió el expediente para reparto, con el fin de que se resolviera el recurso formulado contra la sentencia del 27 de julio de 2026.

-En el documento 019 del expediente digital se observa que la Oficina de Segundas Instancias de Pereira remitió el expediente el 19 de agosto de 2026 al correo

el recurso formulado contra la sentencia del 27 de julio de 2026.

-En el documento 019 del expediente digital se observa que la Oficina de Segundas Instancias de Pereira remitió el expediente el 19 de agosto de 2026 al correo institucional de Recepción de Demandas de Barranquilla, para el trámite de laRadicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026) Acción de Tutela 10 segunda instancia. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA26-12567 del 12 de agosto de 2026, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se adoptaron medidas excepcionales dirigidas a garantizar la prestación del servicio de administración de justicia en los municipios afectados por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026, asignando transitoriamente a los Tribunales Administrativos de Atlántico y Cesar la competencia para conocer de determinados asuntos constitucionales.

• Finalmente, se advierte que el 22 de septiembre de 2026 el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Barranquilla registró en el sistema SAMAI la remisión del expediente por competencia a Pereira, con el propósito de que se continuara el trámite de la impugnación presentada contra la decisión de primera instancia.

Es así que la actuación en la presente instancia inició a partir del reparto de fecha 30 de septiembre de 2026, según consta en el documento 01 del expediente digital.

2. COMPETENCIA.

Corresponde a esta Corporación el conocimiento del presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Decreto 2591 de 1991 y como quiera que no se advierte causal de nulidad que invalide la actuación que hasta

Corresponde a esta Corporación el conocimiento del presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Decreto 2591 de 1991 y como quiera que no se advierte causal de nulidad que invalide la actuación que hasta ahora se ha surtido, procede el Tribunal a proferir sentencia en segunda instancia.

3. OBJETO DE LA DECISIÓN.

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar o revocar la orden de tratamiento integral impartida en el numeral tercero de la sentencia de tutela del 27 de julio de 2026, para establecer si, de conformidad con las circunstancias acreditadas en el expediente, se encuentran reunidos los presupuestos jurisprudenciales que justifican la adopción de dicha medida frente a la señora María Teresa Siagama Arce, o si, por el contrario, como lo sostiene Pijaos Salud EPS Indígena, la atención en salud ha sido garantizada de manera continua, oportuna y efectiva, sin que se evidencien barreras administrativas, omisiones o vulneraciones al derecho fundamental a la salud que hagan necesaria la imposición de una orden amplia de tratamiento integral.

4. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO.Radicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026)

Acción de Tutela 11

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará la siguiente temática: i) la acción de tutela y su procedencia, ii) derecho a la salud, iii) el principio de continuidad del servicio de salud, iv) demora en la prestación de los servicios de salud, v) del tratamiento Integral y, vi) el caso concreto.

4.1. Acción de tutela-procedencia.

continuidad del servicio de salud, iv) demora en la prestación de los servicios de salud, v) del tratamiento Integral y, vi) el caso concreto.

4.1. Acción de tutela-procedencia.

La acción de tutela es un mecanismo procesal de rango constitucional destinado al amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales, en todo evento en que resulten afectados o en situación de riesgo, y se caracteriza por su preferencia, sumar iedad y subsidiariedad, a voces del artículo 86 superior. De conformidad con esta norma, la acción de tutela puede ser incoada por cualquier persona con el objeto de reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos sean amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La precedente norma superior fue desarrollada por el Decreto Ley 2591 de 1991, de cuyo artículo 5º se colige que la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos constitucionales fundamentales, procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de los derechos consagrados en el artículo 2º de la indicada Ley.

La acción de tutela como mecanismo residual y transitorio tiene su razón de ser en la necesidad de amparar los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados con la acción u omisión de las entidades públicas o incluso de los particulares por vía de excepción.

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 6º, contempla el carácter residual de la acción de tutela y las condiciones de su procedencia cuando existen otros mecanismos ordinarios de defensa, por lo cual es necesario valorar la situación

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 6º, contempla el carácter residual de la acción de tutela y las condiciones de su procedencia cuando existen otros mecanismos ordinarios de defensa, por lo cual es necesario valorar la situación particular conforme a las circunstancias del accionante.

Los presupuestos de procedencia de la acción de tutela son los siguientes:

1. Que se esté ante la vulneración o amenaza de un derecho fundamental por la acción u omisión de una autoridad o de un particular, en este eventoRadicación: 66001-33-33-002-2026-00255-01 (D-1467-2026)

Acción de Tutela 12 en los casos señalados en la Ley.

1. Es necesario que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial y,

1. Que en caso de que el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, la acción de tutela se interponga como un mecanismo transitorio de protección para evitar un perjuicio irremediable.

4.2. Derecho a la Salud.

En múltiples pronunciamientos la Corte Constitucional ha analizado el derecho a la salud, particularmente a partir de lo estatuido en los artículos 48 y 49 superiores, catalogados en el acápite de los derechos sociales, económicos y culturales; no obstante ello, se les ha reconocido expresamente carácter de derechos fundamentales per se, como un mandato propio del Estado social de derecho, que impone un sistema de salud conformado por entidades y procedimientos tendientes a procurar el bienestar social, orgánico y psíquico de los seres humanos, con sujeción a los principios de eficiencia, continuidad, universalidad, buena fe y

impone un sistema de salud conformado por entidades y procedimientos tendientes a procurar el bienestar social, orgánico y psíquico de los seres humanos, con sujeción a los principios de eficiencia, continuidad, universalidad, buena fe y solidaridad, para la prevención, promoción y protección de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.

El máximo órgano de cierre de esta jurisdicción le ha dado un doble alcance constitucional, el primero como derecho fundamental, y el segundo como servicio público6, lo que implica su prestación de manera oportuna, eficaz, de calidad y en igualdad de condiciones, atendiendo la disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y continuidad en su servicio; por lo anterior es que no resulta admisible que, en el desarrollo de su prestación, existan dilaciones más allá de las correspondientes al trámite común y corriente que se da en el ejercicio de su beneficio.

Como resultado de la amplia y reiterada jurisprudencia desarrollada en esta materia, la sentencia T-760 de 2008 estableció la obligación a cargo del gobierno nacional, especialmente, del Ministerio de Salud, de elaborar el proyecto de ley estatutaria tendiente a materializar la protección del Derecho fundamental a la Salud como categoría jurídica autónoma que no dependiente de la protección en conexidad con

6 Corte